Archivos para 6/04/13

Se acentúa la tensión en el Golfo de Fonseca

06 Abril 2013
Tegucigalpa – La tensión en las aguas del Golfo de Fonseca se ha acentuado a raíz de las capturas de pescadores hondureños y salvadoreños, aseveró el alcalde de la isla de Amapala, Alberto Cruz Guevara.

En entrevista telefónica con Proceso Digital, Cruz Guevara argumentó que el destacamento de la Fuerza Naval de Honduras en esa isla del Pacífico hondureño, ha capturado a pescadores salvadoreños que han sido sorprendidos faenando en aguas hondureñas y en represalia, las autoridades del vecino país también han hecho los mismo con pescadores artesanales hondureños.

En ese sentido, aseveró que la tensión en la zona del golfo se ha acentuado a la espera de alguna solución que los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega; El Salvador, Mauricio Funes y Honduras, Porfirio Lobo, puedan acordar en una reunión que sostendrán la próxima semana.

“La situación hoy es más complicada”, reiteró el jefe edilicio, quien aseveró que la captura de pescadores de los tres países ribereños en el Golfo de Fonseca se han vuelto más frecuentes, lo que ha traído como consecuencia las represalias de uno y otro país a través de sus patrulleras navales.

En ese sentido, las aguas del golfo están siendo vigiladas por embarcaciones hasta artilladas y con hombres a bordo fuertemente armados.

Cruz Guevara señaló que para Honduras es un gran problema, ya que en la parte del golfo que pertenece al país los recursos marinos prácticamente se han agotado, ya que diariamente son hasta 10 mil pescadores nacionales los que salen a faenar.

Agregó que al no encontrar recursos, los pescadores hondureños optan por pescar en aguas territoriales de Nicaragua y El Salvador y por eso son constantemente capturados, junto a sus embarcaciones.

Lamentó que en Honduras no se hayan tomado medidas para evitar el agotamiento de los recursos marinos en el Golfo de Fonseca, ya que no se imponen vedas ni manejos sostenibles.

Las organizaciones de pescadores artesanales del Golfo de Fonseca han sostenido reuniones con representantes del gobierno, incluido el propio presidente Porfirio Lobo, y han acordado la dotación de un fideicomiso por 20 millones de lempiras, manejado a través del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

El pasado viernes 22 de marzo, Lobo se reunió con el comandante de la Fuerza Naval Rigoberto Espinoza, los ministros de Defensa Marlon Pascua, de Agricultura y Ganadería Jacobo Regalado, y con pescadores del golfo, con quienes habló sobre la problemática en esa región del Pacífico.

El gobierno también se comprometió a dotar a los pescadores con 62 lanchas decomisadas al crimen organizado y que están bajo custodia de la Oficina de Administradora de Bienes Incautados (OABI) y la Fuerza Naval.

Las naves se encuentran en las bases navales de Puerto Castilla y Caratasca, en el departamento de Colón, al norte de Honduras.

Sin embargo, las organizaciones de pescadores también demandan que se agilice de forma inmediata el trámite de una cosoberanía para el manejo integral del Golfo de Fonseca y garantizar la salida a aguas internacionales de acuerdo a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitida en 1992.

Fuente : http://www.proceso.hn/2013/04/06/Nacionales/Se.acent.C/66720.html

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Honduras: Comunidades indígenas lencas en rebelión contra depredación del territorio

sábado, 6 de abril de 2013

Foto Copinh

Sexto día de tranques paraliza proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”

Por Giorgio Trucchi | LINyM

En agosto de 2009, en medio de la crisis institucional generada por el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, un deslegitimado Congreso Nacional aprobaba la Ley General de Aguas, con la que se garantizaba la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país.
Un mes después, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció la licitación internacional 100-1293-2009, para la contratación de 250 MW de energía renovable. En diciembre del mismo año, la empresa concluyó el proceso con la apertura de 50 ofertas.
Fue hasta en abril de 2010, pocos meses después de asumir la presidencia Porfirio Lobo, que el Ministerio de Recursos Naturales (SERNA) procedió a adjudicar la licitación a 47 empresas nacionales, más del 70 por ciento de las cuales miembros de la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER), es decir los mismos grupos económicos que ya controlaban – y siguen controlando – casi la totalidad de la generación térmica en el país.
La concesión de decenas de ríos en manos de empresas privadas fue considerada “turbia y amañada” por varios expertos del sector, entre otros, Juliette Handal, en aquel entonces presidenta de la CPN (Coalición Patriótica Nacional), mientras en el Congreso se preparaban las condiciones para nuevas licitaciones y un total de casi 300 proyectos hidroeléctricos.
Fue así que entre junio de 2010 y noviembre de 2011, los poderes ejecutivo y legislativo aprobaron 24 proyectos1 más de generación de energía renovable, con una inversión aproximada de casi unos 1,000 millones de dólares. Entre ellos el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V. (DESA), y realizado, entre otros, con fondos del BCIE (Banco Interamericano de Integracvión Económica) por 24.4 millones de dólares.
Resistencia
El proyecto Agua Zarca, que se propone la generación de 21.3 MW (Megawatt) y que se está desarrollando en la zona noroccidente de Honduras, específicamente entre los Departamentos de Santa Bárbara e Intibucá, ha sido fuertemente cuestionado por varias comunidades indígenas lencas, las cuales han votado en contra de su ejecución durante los cabildos abiertos organizados por los gobiernos municipales de la zona, así como en el marco de la Asamblea Indígena, que se ampara en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.
Es por eso que, desde hace 6 días, más de 300 habitantes de cinco comunidades de la zona, miembros del Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y personas solidarias, han subido el tono de la protesta y han puesto tranques en la carretera que conduce al sector de Río Blanco, donde se desarrolla el proyecto hidroeléctrico.
En un primer comunicado, las comunidades exigen el “retiro inmediato del proyecto Agua Zarca” y acusan a varias empresas y a instituciones municipales y estatales de no haber querido escuchar “la decisión de nuestras comunidades de rechazo total y reiterado  a este proyecto”, que de hecho “privatiza el sagrado Río Gualcarque y el territorio”, así como provoca “daños ambientales, desplazamiento, daños al patrimonio cultural y económico, militarización y amenazas contra miembros de las comunidades”, se lee en el comunicado.
Sobre este caso ya fueron presentadas denuncias ante la Fiscalía de Etnías, el Congreso y Serna, sin embargo, hasta el momento dichas instituciones no se han pronunciado al respecto.
Según el Copinh y las comunidades indígenas de la zona, este proyecto hidroeléctrico estaría siendo financiado también por Financiera Comercial Hondureña SA (Banco Ficohsa), cuyo gerente general es Javier Atala, quien el año pasado suscribió un convenio por 20 millones de dólares con el Banco de Desarrollo Francés (Proparco), para proyectos de energía renovable.
Entre las empresas que estarían ejecutando el proyecto se mencionan a la compañía contratista china Sinohydro – la cual fue recientemente sancionada en Ecuador por graves irregularidades en cuanto a su trato a los empleados del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair –, la empresa de construcción Concreto Preesforzado de Centroamérica SA (Copreca) y la alemana Voith Hydro, que ganó un contrato de suministro de turbinas hidráulicas y otras partes.
“Nos reunimos en asamblea y la gente decidió continuar con la toma de carreteras hasta que la empresa (DESA) no se retire de la zona y cierre el proyecto. Estamos expuestos a la intemperie, nos están amenazando de muerte y la militarización de la zona ha venido creciendo con el pasar de las horas, sin embargo la gente está animada y con mucho entusiasmo”, dijo Bertha Cáceres, coordinadora del Copinh, a la LINyM.
Según ella, los alcaldes de la zona, miembros de las empresas involucradas en la ejecución del proyecto, así como los guardias de seguridad y los cuerpos de policías, estarían organizando un desalojo violento, involucrando a miembros de otras comunidades, para hacer creer a la opinión pública que las comunidades indígenas están a favor del proyecto Agua Zarca.
“Hemos visto un gran despliegue de vehículos de la empresa y mucho movimiento de ejército y policía alrededor de la toma. Quieren desalojarnos, sin embargo nos vamos a mantener firmes, porque no podemos permitir que sigan acaparando y depredando nuestros territorios y los recursos naturales”, apuntó la dirigente indígena.
En un segundo comunicado, el Copinh reportó las graves amenazas vertidas contra sus dirigentes de parte de personal de las empresas DESA y Sinohydro, así como la constante presión de sus guardias de seguridad que, como frecuentemente ocurre en Honduras, cumplen tareas semi-militares, amenazando y amedrentando a la población organizada.
Amenazas 
Para el día de hoy (6/4), se espera la llegada de varios observadores internacionales y defensores de derechos humanos, para resguardar la incolumidad de las personas. Las comunidades lencas han informado que, de no ser escuchadas, profundizarán la protesta con acciones de mayor contundencia, para lograr la liberación de su territorio que ha sido invadido.
“Hay un cerco mediático de parte de los medios corporativos de información que ocultan nuestra lucha y nuestras razones. Desde ya estamos responsabilizando a las empresas, a los alcaldes, al Congreso Nacional, a SERNA y a la Policía por cualquier acto de represión, amenazas y violencia en contra de nuestra integridad física, psicológica y emocional”, aseveró Cáceres.
Finalmente, la dirigente indígena recordó que en ningún momento el Copinh y las comunidades han estado en contra del desarrollo, sino de los “proyectos de muerte”.
“El pueblo lenca hace un planteamiento proprio del concepto de ‘desarrollo’. Un planteamiento basado en la dignidad humana, en el respeto a la madre tierra, en el bienestar de las comunidades, en el delicado equilibrio entre los seres humanos y los bienes comunes, desde una visión de justicia social y económica.
Lo que no aceptamos – continuó –  es la lógica de privatización y depredación de nuestros recursos para tener más ganancia. Lo que no aceptamos es la lógica extractivista del capitalismo”, concluyó.

1 Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (Sociedad Mercantil Desarrollos Energéticos), planta hidroeléctrica Sueño II (Sociedad Hidroeléctrica Energy, S.A. de C.V.), hidroeléctrica Zinguizapa (Sociedad Mercantil Gutiérrez Arévalo, S.A. de C.V.), Hidroeléctrica Blanco La Puerta Etapa II (Gutiérrez Arévalo Energy, S.A. de C.V.), Hidroeléctrica La Cuaca (Sociedad Mercantil Generación de Energía Múltiple) e Hidroeléctrica Río Quilio (Sociedad Mercantil Compañía Fuerza de Occidente, S.A. de C.V.), proyecto Hidroeléctrico Río Frío (Sociedad Mercantil Sesecapa Energi Company, S.A. de C.V.), Proyecto Hidroeléctrico San Juan (Sociedad Industria Contempo, S.A. de C.V.), Proyecto Hidroeléctrico San Juancito (Sociedad Industria Contempo, S.A. de C.V.), Planta Hidroeléctrica Agua Blanca (Sociedad Mercantil Agua Blanca, S.A. de C.V.), Planta Hidroeléctrica Río Tapalpa (Sociedad Mercantil Compañía de Generación Eléctrica, S.A. de C.V.), Planta Hidroeléctrica El Tornillito (Sociedad Mercantil Hidroeléctrica El Volcán), Proyecto Geotérmico Platanares (Sociedad Mercantil Geotérmica Platanares, S.A. de C.V.), Hidroeléctrica La Vegona (Sociedad Mercantil Compañía Hondureña de Energía Renovable), Central Hidroeléctrica Xacbal (Sociedad Mercantil HidroXacbal), Hidroeléctrica Blanco\La Puerta Etapa III (Sociedad Mercantil Gutiérrez Arévalo), Hidroeléctrica Blanco\La Puerta Etapa I (Sociedad Mercantil Gutiérrez Arévalo Energy, S.A. de C.V.) e Hidroeléctrica Los Laureles (Sociedad Mercantil Generadora El Reto, S.A. de C.V.), Chamelecón 280 (Sociedad Mercantil Generación de Energía Renovable), Río Perla (Sociedad Mercantil Río Perla), Puringla Sazagua (Compañía Eléctrica Centroamericana, S.A. de C.V.), Wampú Chinacla (Sociedad Mercantil Hidroluz, S.A. de C.V.) Río Blanco Los Puentes (Compañía de Generación Eléctrica, S.A. de C.V.)

Fuente : http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2013/04/honduras-comunidades-indigenas-lencas.html

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Hernández: “Operadores de justicia deben rendir cuentas porque ya no aguantamos más”

06 Abril 2013
Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández, se refirió este fin de semana a la rendición de cuentas que harán a partir del martes los operadores de justicia en la sede del Legislativo, iniciando ese día con Luis Rubí, fiscal general del Estado.

“Los hemos llamado para pedirles cuentas de todo lo que les hemos aprobado y apoyado y queremos resultados, porque ya no aguantamos más”, dijo Hernández, recordando que el miércoles será el turno del secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla; el jefe de la Policía, Juan Carlos Bonilla; y el director de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva y el jueves comparecerá Jorge Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

“Los diputados, los miembros de la Alianza por la Justicia y la Paz, y cualquier otro ciudadano que quiera hacer su consulta a los operadores de justicia será bienvenido para que la haga”, explicó.

“Hemos venido luchando desde el Congreso Nacional en este tema, hemos hecho nuestra parte, pero tristemente otros, de repente, necesitan más agilidad o quizás necesitan un espacio para decirnos qué es lo otro que ocupan”.

“Les dimos presupuesto con la Tasa de Seguridad” -recordó- “y les hemos creado nuevas leyes, pero ahora necesitamos saber por qué no hay resultados satisfactorios. Hay algunos resultados, pero no es suficiente, pues tenemos que bajar la ola delincuencial ya que merecemos vivir en paz y tranquilidad. Esas comparecencias nos pueden ayudar a tomar las decisiones más acertadas para mejorar los niveles de seguridad en el país”

Hernández se refirió igualmente a las reformas a las medidas sustitutivas diciendo que “Vamos a revisar todo el sistema de justicia penal y uno de los temas importantes es ese, porque a veces se dan medidas sustitutivas a gente que anda con AK-47 y que está relacionada con el delito de extorsión y no puede ser. Por eso hay que ver la conducta de los jueces y de los fiscales en eso”.

Fuente : http://www.proceso.hn/2013/04/06/Term%C3%B3metro/Hern.C.A/66716.html

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El Tigre Bonilla: “No me inmuta que me llamen a rendir cuentas al Congreso”

06 Abril 2013
Tegucigalpa – El jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla aseguró que no teme a comparecer ante el Congreso hondureño y que no se inmuta por la citatoria que le hicieron para la próxima semana en ese poder del Estado.

Bonilla desvirtuó que se le pretenda destituir de su cargo. “En ningún momento están pidiendo mi cabeza, están pidiendo rendición de cuentas; en nuestra estrategia como Policía Nacional tenemos una dirección basada en la gestión calificada con eficiencia y en la rendición de cuentas”, afirmó.

Agregó que “no me inmuta que me llamen a rendir cuentas porque ya está en nuestra… y no sólo al Congreso, al que rendirle cuentas a toda la sociedad”.

Explicó que “cuando una cantidad de personas tanto del Estado mismo como la empresa privada o de cualquier organización, o se trata de cuestionar o estar satanizando un tema, sólo me voy a referir a lo que decía Miguel Cervantes y Saavedra en su obra El Quijote de la Mancha: amigo Sancho cuando los perros ladran significa que estamos avanzando”.

“No me inmuta que me pidan cuentas ante el Congreso o cualquier identidad (entidad) del gobierno o de la sociedad hondureña, esa es una obligación de cualquier funcionario”, finalizó “El Tigre” Bonilla.

Fuente : http://www.proceso.hn/2013/04/06/Term%C3%B3metro/El.Tigre.Bonilla/66712.html

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Unas 53,622 muertes violentas se registraron en Honduras entre 2000 y 2012

06 Abril 2013
Tegucigalpa – Unas 53,622 personas murieron de manera violenta en Honduras entre 2000 y 2012, informó hoy el comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, quien señaló además que en lo que va del actual Gobierno las víctimas suman 20,010.
La cifra de personas asesinadas durante la Administración de Porfirio Lobo, que inició el 27 de enero de 2010, representan el 37 por ciento del total de las víctimas, indicó Custodio en un comunicado.

En la Administración de Lobo “se registró la muerte violenta de 20.010 personas, es decir un promedio de 572 mensuales o alrededor de 19 víctimas diarias o una cada 76 minutos”, detalla el informe del organismo.

Custodio indicó que Honduras vive, desde hace varios años, en una situación de “epidemia, debido a la elevada tasa de homicidios que registra cada año”.

“Cualquier persona, en cualquier lugar y circunstancia, puede convertirse en víctima de la violencia, llegando inclusive a ser víctima de la privación de la vida”, subrayó.

El organismo que preside Custodio señaló que en los últimos años Honduras tuvo “un crecimiento acelerado” en la tasa de homicidios, al pasar de 37 muertes violentas en 2005 a 85,5 en 2012.

Sin embargo, en 2012 la tasa de homicidios en Honduras “no sólo se redujo un punto” en comparación a la registrada en 2011, cuando fue de 86,5 por cada 100.000 habitantes, “sino que evitó el crecimiento anual entre 3 y 10 puntos que se venía suscitando desde 2004”, indica el mismo informe.

La tasa de homicidios en Honduras, según las Naciones Unidas, es de 92 por cada 100.000 habitantes.

Custodio subrayó que el reto, tanto de las autoridades de seguridad como la sociedad civil, es “romper el círculo vicioso que forman la corrupción, la impunidad, la desconfianza, la violencia y la inseguridad”.

“La colaboración de todos los actores sociales es urgente”, apuntó el defensor del pueblo.

Los operadores de justicia comparecerán la próxima semana ante el Parlamento para responder sobre el trabajo que hacen para contrarrestar la violencia en Honduras.

La violencia en Honduras deja un promedio diario de 15 personas muertas, lo que hace figurar al país centroamericano entre los más violentos del mundo, según organismos nacionales e internacionales.

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Honduras: tribunales limpiarán delitos a nueve miembros de la dictadura de Micheletti

Artículo | April 6, 2013 – 2:39pm

Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, serán juzgados nueve miembros de la dictadura de Roberto Micheletti.
Los señalados, responden a los nombres de Reina Margarita Pérez, Blanca Melida Chávez, Rafael Cerrato Aguilar, Gregorio Reyes Maldonado, Sadi Orlandina Romero, Carlos Antonio Bernabé Castillo, Luis Rafael Gracia, Luis Alonzo Ramírez Vallecillo y Mirian Suyapa Vázquez, a quienes se les acusa de malversar fondos públicos.

Los imputados, quienes laboraban para la Comisión Presidencial por la Modernización del Estado de la Secretaría de la Presidencia no justificaron el uso de más de 1.7 millones de lempiras, dirigidos a programas sociales y becas.
El hallazgo del desfalco lo hizo el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en la cuenta de cheques 11101-01000798-4 asignada a la dependencia y aseguró que no hay soporte documental que acredite el uso de los fondos.
Por su parte, el Ministerio Público, en un comunicado informó que “los acusados adulteraron montos de las becas otorgadas a terceros y los ponían a nombre de personas afines a ellas”.
Este es el primer caso de supuesta corrupción del régimen despótico que la justicia ventila y se espera que los acusados respondan por el señalamiento que se les hace.
Hasta el momento, no ha sido citado el entonces usurpador de Casa Presidencial para que dé cuenta sobre el dinero que fue dilapidado mientras ocupó el cargo quitado a Manuel Zelaya.
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Dificilmente se le cite a  Micheletti  porque  tiene  un “seguro” en sus manos.

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Comparecencias de operadores de justicia ante diputados, una puerta para cambios

06 Abril 2013
Tegucigalpa – El presidente del Congreso hondureño, Juan Hernández, dijo hoy que no puede dar juicios concretos sobre el destino de quienes dirigen los entes operadores de justicia que comparecerán ante el legislativo a rendir cuentas.

“Yo diría que es necesario esperar la rendición de cuentas y después del día jueves, yo puedo contestar”, dijo a periodistas durante una gira por la norteña San Pedro Sula.

Posteriormente detalló que “yo no podría adelantarme a decir que si, solo podría decir que si en efecto, los niveles de resultado no son óptimos a pesar de lo que se les ha apoyado, yo creo que funcionarios, particularmente en el área de seguridad, de fiscalía y jueces deben estar ahí, bajo el entendido que la relación jurídica y la relación de base con el Estado para que se mantengan en el puesto”.

El titular del ministerio de Seguridad, Pompeyo Bonilla, el fiscal general, Luis Rubí y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, comparecerán la semana entrante a la cámara legislativa, donde, a petición de una coalición de organizaciones de sociedad civil, que encabeza la rectora universitaria Julieta Castellanos, deberán rendir cuentas.

La organización denominada Alianza por la Paz y la Justicia considera que el proceso de depuración de la Policía y el sistema de justicia en Honduras han colapsado y demandan cambios de funcionarios algunos de los cuales han señalado directamente.

En ese sentido Hernández expresó que se trata de un proceso de rendición de cuentas que se verificará los días martes, miércoles y jueves de la semana entrante y del que, según enfatizó, “tendrán que salir conclusiones y yo creo que ahí podemos ya revisar cuales son los resultados que hemos obtenido y cómo podemos mejorar sustancialmente lo que no hemos tenido en este momento” puntualizó.

Fuente : http://www.proceso.hn/2013/04/06/Nacionales/Comparecencias.de.operadores/66699.html

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“Ley mordaza” afectará a todos los hondureños

Sábado 06 de abril de 2013

El exombudsman lamenta que el presidente Lobo cometa otro error. La Constitución prohíbe la censura previa y garantiza la libertad de prensa.

Los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández.

Los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo, Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández. (El Heraldo)

Tegucigalpa,

Honduras

La “ley mordaza” es un error más del gobierno de Porfirio Lobo Sosa.

Este es el criterio de Leo Valladares Lanza, extitular de la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Unos funcionarios del Poder Ejecutivo, el presidente del Congreso Nacional (CN), Juan Orlando Hernández, y algunos diputados promueven una reforma a la Ley de Telecomunicaciones, para muchos una “ley mordaza”. Son pocos los funcionarios del gobierno que públicamente tratan de defender el anteproyecto, entre ellos la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, y el comisionado de Conatel, Mauricio Aguilar.

En cambio una mayoría cuestiona la forma como el gobierno y algunos diputados pretenden coartar la libertad de expresión y de prensa.

Uno de ellos es el excomisionado de los DD HH, Leo Valladares, quien expuso su parecer en torno a la cuestionada iniciativa de reformar la Ley de Telecomunicaciones.

Califica la “ley mordaza” como otro error del gobierno. “Efectivamente, lo que se debe hacer es bajar las tensiones y revisar con toda tranquilidad lo que se está pidiendo”, dijo.

Base democrática

Su experiencia en el ámbito constitucional, de los derechos y garantías, le hace afirmar que el anteproyecto que promueve el Ejecutivo es ilegal ya que coarta la libertad de expresión y de prensa.

Para el caso la iniciativa propone conformar una comisión reguladora de contenidos de programación, para muchos se trata de una censura. “Hay un principio que establece nuestra Constitución, que no hay censura previa; es decir, en el tema de la libertad de expresión la persona es responsable una vez que ha expresado su criterio o ha dado la información”, expresó. “Pero eso de sujetar a cualquier organismo la revisión de lo que uno quiere decir, eso es violatorio a esa libertad, que es precisamente la base de la democracia”, puntualizó el defensor de los derechos humanos.

Violación a derechos

Según un informe del actual titular del Conadeh, Ramón Custodio, “la ley mordaza” violenta al menos 14 artículos de la Constitución de la República.

Valladares dijo haber estudiado el informe que emitió Custodio, el cual comparte.

“Me parece que el ombudsman está actuando cual debe ser su deber al alertar a la población y a las autoridades en caso de violación a sus derechos, como puede ocurrir si aprueban ese proyecto que reforma a la Ley de Telecomunicaciones”, advirtió.

En su criterio, los medios de comunicación del país están en la mejor disposición para que cada quien se exprese.

Asimismo, recomendó distinguir la libertad de expresión con las posibles regulaciones que el Estado promueva, sin violar tratados internacionales. Esto en relación a la utilización de las distintas frecuencias.

Valladares instó a los funcionarios a ser tolerantes a la crítica. “Creo que en un sistema democrático la crítica fortalece, hay que sentirse satisfecho cuando hay crítica”, dijo. “Un Estado que está en manos de una verdadera democracia debe permitir la crítica”, agregó.

Contradicción

Según el exombudsman, es digno reflexionar sobre la promoción de esta reforma con la entrada en vigencia, en el 2007, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. “¿Cómo es posible que ahora estamos pidiendo limitar el derecho de expresarnos, cuando por otro lado estamos abriendo la posibilidad de conocer todo lo que hace el gobierno o en general nuestras autoridades?”, expresó.

Pidió no olvidar que los gobernantes son servidores de los ciudadanos y ciudadanas, por lo que deben escucharlos y no molestarse por las críticas.

“Deben explicar realmente qué es lo que están haciendo en nombre y representación de ese pueblo que los ha elegido”, concluyó Valladares.

El anteproyecto fue enviado al CN, quien prometió una amplia consulta antes de someterla a la cámara para su discusión.

“La ley mordaza” se envió de manera apresurada sin contar con la opinión y recomendaciones del relator de la ONU, Frank La Rue; como lo había prometido la ministra Ana Pineda.

Fuente : http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Ley-mordaza-afectara-a-todos-los-hondurenos

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TPS

Con mucha sorpresa recibió el pueblo hondureño la noticia sobre la
ampliación por 18 meses más del Estatus de Protección Temporal, TPS, un
beneficio otorgado por el gobierno de Estados Unidos a la población
migrante de El Salvador, Nicaragua y Honduras tras el paso del
devastador huracán Mitch en 1998.
La sorpresa no está en la ampliación misma sino que ha sido la ampliación
que menos ruido mediático previo tuvo. En otras oportunidades, el
gobierno siempre ha tomado como una gran hazaña gestionar la
ampliación del beneficio y una vez obtenido lo pone como sus principales
logros de la administración gubernamental.
La ampliación del TPS para Honduras es muy importante por la situación
precaria que atraviesa el país en materia económica y por las escasas
oportunidades que tiene el pueblo para desarrollarse.  Por 18 meses más
los familiares seguirán recibiendo las remesas de más de 65 mil hombres
y mujeres que se amparan bajo este estatus, con lo cual podrán aliviar sus
grandes necesidades, sabiendo que de las manos de los familiares, el
dinero pasa a las cuentas de la gran empresa privada.
Se trata de la décima primera ampliación con lo cual los hondureños y
hondureñas podrán renovar su permiso para residir y trabajar en los
Estados Unidos por lo menos hasta enero del 2015. El presidente Porfirio
Lobo Sosa dijo que “el TPS es un avance importante para los nuestros en
Estados Unidos”, y no se equivoca pero también se le olvida que su
gobierno y el país entero se sostiene gracias a esa población que salió
expulsada porque no se les garantiza las mínimas condiciones para vivir
dignamente.
En lo que sí estamos de acuerdo con el presidente Lobo es el deseo
expreso de que se avance lo más rápido posible en la reforma migratoria
que plantea el presidente Barack Obama. Sin embargo la mayor felicidad
para la población sería tener la migración como una opción y no como una
obligación. Nadie quiere abandonar su país pero  las circunstancias los
obligan.
Estados Unidos no da nada gratis, algo se negoció ya, o se va a negociar, y
sin duda tiene que ver con la política de seguridad que el gobierno de los
Estados Unidos impulsa en Centroamérica desde sus estrictos intereses
geopolíticos. Para evitar que más población se vaya es necesario hacer
valer nuestro derecho al trabajo y a la seguridad social que nos permitan
vivir dignamente y en nuestra propia tierra.

Fuente: http://eric-sj.org/contentsj/index.php?option=com_content&view=article&id=1180:tps-06-abril-2013&catid=45:la-honduras-de-hoy&Itemid=63

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Kubiske: “No queremos ver algún día que el único medio (de prensa) sea el del gobierno”

06 Abril 2013
Tegucigalpa. La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Lisa Kubiske, advirtió que “no queremos ver algún día que el único medio (de comunicación) sea del Gobierno” en referencia a la “ley mordaza” cuyo proyecto fue enviado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo.

La diplomática hizo referencia por segunda vez en la semana a la preocupación de Washington al proyecto de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, ya que muchos sectores de la sociedad civil consideran que la misma violenta la libertad de expresión y de prensa.

Un informe especial del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos señala que la iniciativa del Ejecutivo por medio de Conatel y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos violenta al menos 14 artículos constitucionales, tratados internacionales, además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos.

La jefe de la misión estadounidense indicó que el proyecto de reforma a la ley es un debate importante y espera que el presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández, conozca el impacto de la pretendida reforma, por lo que espera que las discusiones sean serias.

Kubiske admitió que los gobiernos son responsables de la distribución del radio espectro eléctrico, que es la justificación inicial del gobierno para presentar el proyecto de reformas a la Ley de telecomunicaciones, la cual es resistida por la prensa, las empresas y parte de la sociedad civil.

La embajadora estadounidense recordó que es responsabilidad de todos los gobiernos proteger la libertad de expresión y de prensa, así como el buen clima empresarial.

La diplomática indicó que el buen clima empresarial también es responsabilidad de las empresas.

El Congreso Nacional ha señalado que socializará el proyecto de ley a partir de la semana próxima.

Fuente : http://www.proceso.hn/2013/04/06/Nacionales/Kubiske.A.E/66691.html

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