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“Ley mordaza” violenta 14 artículos de la Constitución

Jueves 21 de marzo de 2013
10:46 pm  – RedacciónAdemás, según un estudio hecho por el Conadeh, se vulneran la Ley de Emisión del Pensamiento, el Código Civil, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de Chapultepec. + Documento

Tegucigalpa,

Honduras

Las reformas propuestas en el proyecto de Ley de Telecomunicaciones claramente atentan contra la garantía a la libertad de prensa y de expresión, privada y comunitaria, criticó Ramón Custodio, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

El ombudsman aseguró se pretende legislar sobre un ejercicio arbitrario del poder desde el Estado, en contra de la seguridad jurídica de los medios y su uso en beneficio del bien común. Según Custodio, “si Honduras supuestamente ha hecho un gran esfuerzo para navegar con bandera democrática, y se proclama en teoría una reconciliación de la familia hondureña, está dando el mensaje totalmente equivocado, y le señalo al señor Presidente de la República (Porfirio Lobo) y al señor presidente del Congreso Nacional (Juan Hernández) que esto es producto de malas asesorías en esta materia”.

“Los que somos libres porque creemos en la libertad y la practicamos por cualquier medio, sabemos que la mejor regulación es el respeto a la libertad y a los derechos de los demás, considerando que el Estado y la sociedad deben tener siempre presente esa norma frente a la persona humana, que es su fin supremo”, leyó Custodio en conferencia de prensa llevada a cabo en las oficinas del Conadeh.

Garantías

Recordó que en concordancia con las recomendaciones 106, 110, 112 y 113 del Examen Periódico Universal (EPU) al Estado de Honduras, se necesitan reformas legislativas en el sector de las telecomunicaciones para garantizar el acceso a la libertad de prensa, de expresión y el derecho a la manifestación pacífica; se le recomienda asegurar la libertad de expresión de conformidad con las obligaciones del Estado hondureño con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en particular con relación a periodistas, activistas de derechos humanos y la oposición. Precisamente las dos últimas garantizan que los periodistas, formadores de opinión, miembros de la oposición y defensores de derechos humanos, puedan expresar sus críticas y opiniones libremente y en paz.

La legislación hondureña en materia de libertad de pensamiento, expresión y de manifestación pacífica, no es nueva, ni tampoco el funcionamiento de un ente regulador para la asignación y control de frecuencias radioeléctricas, de modo que las falencias que se han dado se deben a la negligencia institucional, al abuso y a la tergiversación oficial en la aplicación de las normas y controles, por intereses ajenos al bien común y al interés comunitario.

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Las secuelas de la ley

Después de un análisis a las reformas propuestas a la Ley Marco de Telecomunicaciones, el Conadeh encontró lo siguiente: las regulaciones y controles que se extienden al ámbito de las comunicaciones por medios electrónicos pueden llevar a censuras o sanciones a los portales institucionales que publican todo lo relacionado a la transparencia y al libre acceso a la información.

En la sección denominada Servicios Públicos Comunitarios se abre la puerta a la participación comunitaria en los servicios públicos de telecomunicaciones, pero sometidos “de conformidad a las políticas formuladas por el Estado, a través del Presidente de la República”, según lo establecido en el anteproyecto de ley, anulando el rol del ente regulador.

El Estado, en contravención de las medidas de austeridad, se impone nuevas obligaciones de gasto público, sin garantizar la universalidad del servicio ni su independencia.

Se elimina la renovación automática, aunque se haya cumplido fielmente con todas las disposiciones de la ley, quedando sujetos a la decisión de Conatel, regulada por medio de un reglamento emitido por el Presidente de la República.

Se crea un vacío legislativo en lo relacionado a la creación y finalidad del Fondo Nacional de Desarrollo y Fomento de la Producción Audiovisual y Sonora entrometiéndose en las funciones de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes.

Se penaliza de hecho lo que podría ser la difamación y calumnia, y deja indefenso al supuesto responsable, violentando el principio de inocencia garantizados por la Constitución, convenios y tratados internacionales de los que Honduras forma parte, y se imponen sanciones sin haber sido condenado en la instancia competente.

Además de que ya existe en la Secretaría de Estado del Interior y de Población una Comisión que regula la programación, el Proyecto propone también la conformación de otra Comisión Reguladora de Programación, en la cual se excluye a los operadores de servicio y a los periodistas colegiados, de modo que más que la participación parece que se promueve la censura.

A las causas de extinción de la concesión se agrega que “también se pueden extinguir estos servicios, por cualquier otra causa”, lo cual es una puerta abierta a la arbitrariedad y al abuso absoluto, circunstancia inapropiada para el Estado de derecho.

Violaciones

Según el análisis del Conadeh, el proyecto de Ley de Telecomunicaciones violenta los artículos constitucionales número 72, 73, 74, 75, 103, 105, 106, 109, 110, 330, 361, 362, 363 y 364; la Ley de Emisión del Pensamiento que es la encargada de regular la libertad de prensa, la de expresión y el derecho a la manifestación pacífica; entra en contradicción con el Código Civil en lo que respecta al derecho de propiedad, derechos de sucesión y donación, entre otros, y violenta la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de Chapultepec.

Establece censura previa, convierte al Estado en productor de programas, cine y otros contenidos, vulnera los derechos de propiedad privada, posesión de bienes, patrimonio familiar, y limita, disminuye y tergiversa el derecho a la libre empresa

El anteproyecto, de aprobarse en la forma como está presentado, haría que el Estado de Honduras incumpla instrumentos internacionales vinculantes de obligatorio cumplimiento.

El artículo 38-A, que se refiere a la responsabilidad de la difusión por mensajes, en su redacción garantiza en apariencia toda la normativa nacional e internacional vigente, pero que se contradice en el resto de las reformas que se pretenden.

Censura

De acuerdo con Custodio, la propuesta de reforma dice claramente que van a revisar contenidos, “y revisar contenidos es esto sale y esto no sale; esto me gusta, auméntele; esto me disgusta, suprímalo. Hay un señalamiento importante entre las recomendaciones del examen periódico universal que le recomendaron al gobierno no abusar del encadenamiento de medios, sino para cosas de desastre o de verdadero interés nacional, no para hacer imagen política, para desafiar o para promover leyes como esta”.

Como ve, en el fondo vienen otras cosas agregadas, como el que se quiere someter a una revisión más frecuente la concesión o la licencia, pero al mismo tiempo se está estableciendo que, de acuerdo a lo que la autoridad decida, o sea, que antes del período de vencimiento el Estado pueda intervenirle su medio, requisarlo, o readjudicarlo o guardarlo, a pesar de que el Estado ha demostrado ser incompetente, ineficiente y negligente en el manejo de sus medios, si no miren el canal 8 y miren en qué lo han convertido, definitivamente el gobierno no es el mejor ejemplo de eficiencia gerencial.

Incluso se dice que “por cualquier causa”, estamos dejando demasiado abierta la puerta.

El Comisionado explicó que él no está en contra de la reforma, en una forma improvisada, sin previo estudio y análisis jurídico, político y social, de diferentes versiones que hay de un proyecto que se supone que ahora llegará al Congreso Nacional.

No se están cumpliendo las recomendaciones del examen periódico universal que nos señaló las falencias del Estado hondureño en ciertas materias de derechos humanos y se abre la puerta para reclamos a nivel del sistema interamericano y del sistema internacional, precisó.

Promotora

Sobre el hecho de que el Estado a través de la secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, promueva la violación de la libertad de expresión y de pensamiento, Custodio sostuvo “para defender los derechos humanos con propiedad, con cargo oficial o sin cargo oficial hay que ser independiente. Yo he tratado a través de mis actuaciones y decisiones practicar esa inde Marcpendencia, incluso frente al poder que me nombra que es el Congreso Nacional, entonces, por sus obras ustedes los conocen”.

Abuso

Acerca de la actitud de Casa Presidencial, que por un lado dice defender la libertad de expresión y por otro la violenta, bloqueando el acceso de los periodistas al Twitter del presidente, por pe tición del mismo gobernante, custodio manifestó: “Definitivamente estamos con Dios o estamos con el diablo, estamos por la libertad o restringimos la libertad. Lo que usted señala es una restricción de una libertad y de un derecho”.

Puede ser que estas acciones del gobierno tengan algún fondo de distracción, pero la verdad es que “se está manoseando, acabando y mutilando la libertad de pensamiento y de expresión, y hay una ley sobre eso, y sin derogarla prácticamente la están poniendo a un lado, la están arrinconando metiéndola en el cajón de la basura y definitivamente hay que tener mucho cuidado. Yo siempre alerto al pueblo hondureño que el poder absoluto corrompe absolutamente y tenemos una cierta tendencia que el que accede a alguna forma de poder se vuelve arbitrario, prácticamente como que la ética falla.

Juicio político

En cuanto a la aprobación del juicio político, Custodio lamentó una concentración del poder, porque eso es el camino al absolutismo. “Estas cosas del juicio político ya las doy por bienvenidas, verdad, y me alegraré mucho cuando se las apliquen a los que creen que no se les va aplicar nunca”.

Artículos constitucionales violentados

Art. 72.-  Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones.

Art. 73.-  Los talleres de impresión, las estaciones radioeléctricas, de televisión y de cualquier otros medio de emisión y difusión del pensamiento, así como todos sus elementos, no podrán ser decomisados ni confiscados, ni clausuradas o interrumpidas sus labores por motivo de delito o falta en la emisión del pensamiento sin perjuicio de las responsabilidades en que se haya incurrido por estos motivos, de conformidad con la ley.

Art. 74.-  No se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías y medios indirectos, tales como el abuso de controles, oficiales o particulares, del material usado para la impresión de periódicos; de las frecuencias, o de enseres o aparatos usados para difundir la información.

Art. 75. La ley que regule la emisión del pensamiento podrá establecer censura previa para proteger los valores éticos y culturales de la sociedad, así como los derechos de las personas, especialmente de la infancia, de la adolescencia y juventud.

Art. 103.  El Estado reconoce, fomenta y garantiza, la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la ley.

Art. 105. Se prohíbe la confiscación de bienes. La propiedad no puede ser limitada en forma alguna por causa de delito político. El derecho de reivindicar los bienes confiscados es imprescriptible.

Art. 106.-  Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificado por la ley o por resolución fundada en ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada.

 

Art. 109.-  Los impuestos no serán confiscatorios. Nadie está obligado al pago de impuestos o demás tributos que no hayan sido legalmente decretados por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias. Ninguna autoridad debe imponer disposiciones en contravención a este precepto sin incurrir en la responsabilidad que determine la ley.

Art. 110. Ninguna persona natural que tenga la libre administración de sus bienes puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramiento.

Art. 330.  La economía nacional se sustenta en la coexistencia democrática y armónica de diversas formas de propiedad y de empresa.

Art. 361.-  Son recursos financieros del Estado: los ingresos que perciba por impuestos, tasas, contribuciones, regalías, donaciones o por cualquier otro precepto. Los ingresos provenientes de empresas estatales, de capital mixto o de aquellas en que el Estado tenga participación social; y los ingresos extraordinarios que provengan del crédito público o de cualquier otra fuente.

Art. 362.- Todos los ingresos y egresos fiscales constarán en el presupuesto general de la República, que se votará anualmente de acuerdo con la política económica planificada y con los planes anuales operativos aprobados por el gobierno.

Art. 363. Todos los ingresos fiscales ordinarios constituirán un solo fondo. No podrá crearse ingreso alguno destinado a un fin específico. No obstante, la ley podrá afectar ingresos al servicio de la deuda pública y disponer que el producto de determinados impuestos y contribuciones generales sea dividido entre la hacienda nacional y la de los municipios, en proporciones o cantidades previamente señaladas. La ley podrá, asimismo, de conformidad con la política planificada, autorizar a determinadas empresas estatales o mixtas para que perciban administren o inviertan recursos financieros provenientes del ejercicio de actividades económicas que les correspondan.

Art. 64.-  No podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias. Los infractores serán responsables civil, penal y administrativamente.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Ley-mordaza-violenta-la-Constitucion

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Pedro Canales: “Lo que se está preparando para mí es muy grave”

Thursday, 21 March 2013 16:18 Marvin Palacios

 

Pedro Canales

Tegucigalpa.

Nuevas amenazas surgidas en contra del presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), Pedro Canales indican que su vida se encuentra en peligro de muerte.

Así lo dio a conocer a defensoresenlinea.com cuando expresó que “últimamente con todo lo que se está dando como amenazas y situaciones muy difíciles en contra de dirigentes de la ADEPZA y en mi contra, he recibido avisos de personas muy confiables que me han pedido que tenga mucho cuidado porque lo que se está preparando para mí es muy grave”.

En torno a esta situación, Pedro Canales dijo que ha tenido que tomar medidas de seguridad y conducirse con mucho cuidado para preservar su vida y la de su familia.

Canales expuso que las amenazas vienen desde que se instaló  la radio La Voz de Zacate Grande en pleno golpe de estado de 2009, “que es un medio alternativo que le sirve a la comunidad pero claro, se convierte como la piedra en el zapato para los ricos y famosos de este país que están ubicados en el Club de Coyolito”.

“La lucha por la tierra es algo que no hemos quitado el dedo de la llaga y yo he estado muy involucrado en esto, lo que significa que ha habido intentos por querer negociar y nosotros nos hemos negado a ello, porque sabemos que las negociaciones en este momento para nosotros sería muy peligroso, porque lo que hay que negociar es la entrega de algunos territorios de Zacate Grande a los ricos”, explicó el líder comunitario que reside en la comunidad La Flor.

Indicó que como presidente de ADEPZA siempre se ha manifestado en contra de que exista una negociación con las familias pudientes que poseen casas de veraneo en la zona,  porque considera que las tierras de Zacate Grande les pertenecen a las 10 comunidades que habitan la península desde hace varias décadas.

“La tierra la tenemos, las playas de los Hornos, el Mudo, El Curil y Playa Julián las poseen las comunidades así como las tierras, entonces lo que toca es luchar por escriturar las tierras, porque no solo los ricos pueden tener escrituras, nosotros tenemos derecho, no solo los ricos pueden hacer turismo, también nosotros, entonces todo esto es una lucha que la hemos echado a andar nosotros y la vamos a defender”, advirtió Canales.

Gerardo Aguilar y Roxana Corrales de la Voz de Zacate Grande

Recalcó que las amenazas son fuertes, ante una negociación que nosotros no aceptamos entonces se nos vienen encima las amenazas, en este caso “yo he tenido muchas amenazas a muerte por gente vinculada a los ricos y en este aspecto a Miguel Facussé, corre peligro mi familia y otros dirigentes de ADEPZA”, denunció.

Más amenazas por la lucha de ADEPZA

El dirigente indicó que en las últimas semanas otras personas se han presentado a Zacate Grande para reclamar tierras, tal es el caso de la familia de Carlos Avilés.

El 20 de febrero de este año, se apersonaron a la comunidad Los Huatales en la casa de la vice presidenta de la ADEPZA, Victorina Bonilla, el señor Carlos Avilés acompañado de dos abogados del bufete Burdet y Asociados (propiedad del abogado Martín Antonio Burdet de Tegucigalpa) y dos policías preventivos asignados a la posta policial de Puerto Grande.

Avilés le expresó a Victorina Bonilla que él es el legítimo dueño de 85 manzanas de tierra que están actualmente en litigio y que cuenta con escrituras de las mismas. Avilés acusó a Victorina Bonilla de haberse apropiado ilegalmente de las tierras. Sin embargo la vice presidenta de la ADEPZA le expresó que los terrenos pertenecen a la empresa campesina y que su familia las ha trabajado por más de 30 años.

Las tierras (53 manzanas) en litigio se encuentran ubicadas en el lugar conocido como “El Veraneo” y ADEPZA informó que fueron entregadas en posesión por la familia Bonilla a la empresa campesina hace 6 años en la comunidad Los Huatales.

La ADEPZA informó a través de un comunicado emitido el 10 de marzo de 2013, que Carlos Aviléz nombró a la señora Cayetana Godínez como cuidadora de las tierras, ella es vecina de los Huatales, y a Perfecto Hernández (conocido como Santos) quien reside desde el 13 de septiembre de 2012 en la comunidad y que ha amenazado de muerte en varias ocasiones a Victorina Bonilla.

“Eso ha provocado que estos señores busquen a asesinos que sabemos que son criminales acostumbrados a matar y que permanecen en la comunidad de los Huatales, por donde circulamos todos los días, es algo muy peligroso y se suma a tantas amenazas de otros ricos que están ubicados en Coyolito”, afirmó Pedro Canales.

Por otra parte en el comunicado de la ADEPZA se lee en el numeral quinto lo siguiente: Que a raíz de esta situación, el presidente de la ADEPZA , Pedro Canales recibió amenazas el 23 de febrero, una persona le dijo que:..”debía de tener mucho cuidado al pasar por la comunidad Los Huatales, porque con su actitud está molestando a muchas personas y le podía suceder algo malo…”.

El líder comunitario advirtió que se está sembrando el terror en la comunidad de Zacate Grande cuando se observa a policías acompañando a guardias de seguridad que realizan patrullajes en la zona, acción que la calificó como muy peligrosa.

“Eso es tan peligroso porque la gente de Zacate Grande está con un miedo tremendo, incluso hay muchas actividades que ya nos la realizan las personas, y lo más peligroso es que en este país estamos en un estado de indefensión, nos matan y la muerte así se queda, estamos casi igual como cuando se inauguró la Voz de Zacate Grande, en aquel atentado de la gente de Miguel Facussé,lo mismo estamos viviendo ahorita;  porque imagínese cómo se siente la gente cuando ve a 4 o 5 hombres armados cruzando las comunidades, que son tranquilas, porque no estamos acostumbrados a ver armas en manos de nadie, más que el machete de cultivar y el cuchillo que se usa en la faena pesquera”, reveló Canales.

El 7 de marzo de 2013, Pedro Canales junto a otros miembros de ADEPZA salieron muy temprano en la mañana de la comunidad de Puerto Grande hacia Tegucigalpa porque asistirían a un evento de memoria histórica del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) en Santa Ana.

Canales informó que fueron seguidos durante el trayecto por un vehículo camioneta. Mas tarde durante el evento en Santa Ana, un individuo se le acercó para preguntarle con insistencia a qué hora retornaría a Zacate Grande.

El 12 de marzo del año en curso, se emitió una nueva alerta por parte de la ADEPZA, al presentarse nuevas amenazas a muerte contra Pedro Canales. En el documento se denuncia que sicarios están intimidando constantemente al líder comunitario y lo amenazan con quitarle la vida.

En el comunicado Pedro Canales denunció que “el empresario Miguel Facussé se ha dado a la tarea de contratar a sicarios provenientes de El Aguán y del departamento de Olancho para que nos persigan”. La ADEPZA sostuvo que en las últimas semanas se ha estado observando que vehículos sin placas con vidrios polarizados merodean las comunidades en forma sospechosa día y noche. “La seguridad del presidente (Pedro Canales) y los demás compañeros está amenazada, ya que al salir de Zacate Grande es perseguido también, como paso el 7 de marzo”.

En su parte final el comunicado expresa: …”la seguridad de los pobladores y las pobladoras está amenazada, llamamos a las organizaciones defensoras de derechos humanos a vigilar y denunciar lo que está pasando en nuestra comunidad…”

El jueves 21 de marzo en horas de la mañana el Area de Acceso a Justicia del COFADEH presentó la denuncia ante el Ministerio Público para demandar que se investiguen las amenazas a muerte que pesan en contra de Pedro Canales y otros miembros de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA).

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2501:pedro-canales-lo-que-se-esta-preparando-para-mi-es-muy-grave&catid=54:den&Itemid=171

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“No nos van a amedrentar con amenazas”: Presidente del Congreso hondureño sobre discusión de Ley de Telecomunicaciones

“No se equivoquen con nosotros, no nos van a amedrentar, vamos a actuar con responsabilidad para regular los abusos”, Presidente del Congreso Nacional.
Artículo | Marzo 21, 2013 – 4:11pm

Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, denunció el inicio de una campaña de ataques por parte de un dueño de medios con el apoyo de otros canales y radios del interior del país en contra del Poder Legislativo por el inminente inicio de discusión de la Ley de Telecomunicaciones.

“Hay un dueño de medios que ha estado llamando a otros del interior del país a decirles unámonos ya van a ver estos tales por cuales…” aseguro Hernández, al tiempo que menciono que si la ley llega se va a discutir abiertamente.

Aseguró que se compromete a que la Libertad de Expresión se va a defender, sin importar que contiene el borrador que el Ejecutivo enviará al Congreso Nacional

“No se equivoquen con nosotros, no nos van a amedrentar, vamos a actuar con responsabilidad para regular los abusos, así lo hicimos nosotros con el tema de la depuración de la Policía, salvar Inprema o controlar los maestros, en todos esos casos nos amenazaban pero actuamos por el bien del país, así lo haremos ahora” expreso el titular del Ejecutivo

Afirmó que de manera independiente varios diputados también han recibido amenazas de no apoyar esa ley si quieren continuar con su carrera política.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/no-nos-van-amedrentar-con-amenazas-presidente-del-congreso-hondure%C3%B1o-sobre-discusi%C3%B3n-de-ley-

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Latinoamérica asiste dividida a reunión crucial para el futuro de la CIDH

14:08, 21 Marzo 2013
Bogotá – Los países latinoamericanos asisten divididos a la reunión extraordinaria de la OEA en la que mañana se tratará de culminar un proceso de reforma de la CIDH que no solo ha desnudado las debilidades del sistema interamericano, sino disparado las alarmas de los defensores de los derechos humanos.
La reunión de la Asamblea General de la Organización de Derechos Humanos (OEA), a la que asistirán mayoritariamente cancilleres, se producirá tres días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como órgano autónomo, aprobara la reforma de su reglamento, políticas y prácticas.

La reforma, que entrará en vigor el 1 de agosto de 2013 y modifica 13 artículos del reglamento de la CIDH, no está ya en discusión, pero un grupo de países miembros de la OEA, encabezados por Ecuador, ha lanzado iniciativas para profundizar los cambios que sí serán estudiadas mañana.

La clave de la reunión, según los comisionados de la OEA, que hoy comparecieron en una rueda de prensa, y distintas delegaciones de la OEA, está en un intento de cambiar la forma en que se financia el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), compuesto por la CIDH y la Corte Interamericana (CorteIDH), con sede en la capital de Costa Rica, para impedirle buscar financiación externa.

Los cancilleres conocerán un proyecto de resolución, que no logró consenso en una reunión del Consejo Permanente de la OEA celebrada el pasado martes, en el que se establece el compromiso de lograr que el SIDH se financie plenamente a través del presupuesto regular de la OEA.

Hoy en día una tercera parte de los fondos que financian el SIDH es aportada por naciones de fuera de la región, como España, Noruega o Francia, según dijo a Efe el subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Cancillería mexicana, Juan Manuel Gómez Robledo.

Mientras se logra el objetivo de que el presupuesto de la OEA asigne los fondos necesarios para el funcionamiento del SIDH, los países miembros deberían seguir haciendo aportaciones voluntarias “preferentemente sin fines específicos”, dice el proyecto de resolución al que tuvo acceso Efe.

El presidente de la CIDH, el mexicano José de Jesús Orozco, advirtió hoy de que si se restringe la capacidad de “acudir a donantes” externos, se producirá un “estrangulamiento financiero” de la Comisión, y la relatora para la Libertad de Expresión, la colombiana Catalina Botero, agregó que tendrá que cerrar su oficina.

Ecuador, que lleva la voz cantante dentro de la ALBA en el tema de la reforma de la CIDH, también promueve que se cambie la sede de la Comisión, actualmente en Washington, a un país latinoamericano, con el argumento de que EE.UU., al igual que Canadá y países del Caribe anglófono, no han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, el fundamento del SIDH.

Este último punto ha calado también en países latinoamericanos que no forman parte de la ALBA y en el proyecto de resolución se aboga por conseguir que todos los miembros ratifiquen el Pacto de San José.

La propuesta ecuatoriana ha disparado las alarmas de organizaciones como Human Rights Watch (HRW), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) o el Comité de Protección de Periodistas (CPJ), que afirman que está dirigida a debilitar el SIDH y especialmente la Relatoría de Libertad de Expresión.

Esas organizaciones y personalidades como el exsecretario general de la OEA César Gaviria han instado a los cancilleres a no permitir lo que, para el CPJ, sería “un golpe a la democracia”.

Antes de la reunión en Washington, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, realizó una gira por países del Caribe para ganar adhesiones a la iniciativa de su país.

Sin embargo, los analistas consideran que la clave está en qué postura adoptará mañana un líder de peso en la región como Brasil.

Según dijeron a Efe fuentes oficiales brasileñas en vísperas de la reunión, Brasil apoya básicamente y “en líneas generales” la reforma aprobada por la CIDH y respalda que la financiación se haga vía el presupuesto de la OEA.

Según un portavoz oficial, Brasil considera que “debe haber una reforma” para “fortalecer el funcionamiento de la CIDH y dotarlo de más transparencia”, sin que ello implique “limitar sus poderes y atribuciones”.

El Gobierno de México considera que es “muy importante” resolver la crítica situación financiera del SIDH y defiende la idea de que sean los “dueños del Sistema” los que se hagan cargo de su financiación, en lugar de dejar que lo hagan otros.

Mientras algunos países como Argentina aun no han desvelado su posición, un grupo numeroso, en el cual están Uruguay, Costa Rica, Colombia, Chile, México, Paraguay y otros, ha dejado en claro que su apuesta es por fortalecer el SIDH, no por debilitarlo.

El Gobierno que más claramente se ha desmarcado de la iniciativa de Ecuador es el de Colombia.

El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que “Colombia no comparte posiciones extremas, ni tampoco comparte la tentativa de debilitar por ejemplo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, cuyo papel ha sido crucial” para el desarrollo democrático, dijo.

El Gobierno de Perú ha calificado de “valioso referente” a la Relatoría de la Libertad de Expresión y respalda la conformación de una misión de cancilleres para buscar la adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos tanto de los países que no son parte de ella como de los que la han denunciado.

El Gobierno dominicano apoya propuestas “dirigidas a fortalecer el sistema interamericano de los derechos Humanos y sus órganos y a hacer más expedita la defensa de los derechos de los ciudadanos”.

“Todas aquellas cosas que apunten a reforzarlo (al SIDH) van a tener el respaldo de Chile”, apuntó el jefe de la diplomacia chilena, Alfredo Moreno, antes de destacar que la reforma aprobada por la propia CIDH es “extraordinariamente positiva e interesante”.

Los cancilleres de los países de la OEA deben “mandar al diablo a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA)” y cerrar el proceso de reformas del SIDH adoptando la propuesta de la CIDH, afirmó hoy el excanciller de México Jorge Castañeda.

Fuente: http://www.proceso.hn/2013/03/21/Reportajes/Latinoam.C.A/65985.html

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Fallido desalojo ilegal en “tierras de SABMiller” // Represión militar y policial se intensifican en el Valle de Sula.

 jueves, 21 de marzo de 2013
Foto   ADCP

21.03.2013     Familias campesinas luchan y revierten la situación 

Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA

Ayer, 20 de marzo, un fuerte contingente de policías y militares llevó a cabo un nuevo desalojo forzoso contra unos 1.500 campesinos organizados en la Asociación para el Desarrollo Campesino de Progreso (ADCP) y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), quienes tenían un mes de haber recuperado parte de las 3.644 hectáreas, que en mayo de 2012 el Instituto Nacional Agrario (INA) había expropiado al ingenio Azucarera del Norte SA (Azunosa).
Según el INA, este ingenio, que es propiedad de la empresa británico-sudafricana SABMiller, que en Honduras controla también la Cervecería Hondureña SA y posee la franquicia para producir Coca Cola, no habría solicitado, legal y en debida forma, el sobretecho establecido en la Ley de Reforma Agraria, ocupando y explotando ilegalmente y por décadas estas tierras para la siembra de caña de azúcar.
Ante esta situación y pese a que la transnacional presentara un recurso de amparo, apegándose a un tratado de protección comercial suscrito entre el Reino de Gran Bretaña y el Estado de Honduras, cientos de familias campesinas de la ADCP intentaron por tres veces recuperar las tierras, sufriendo igual número de desalojos.
Durante los primeros dos desalojos fueron detenidas 42 personas, entre ellas varios menores de edad, quienes fueron acusadas de “usurpación de tierra” y remitidos a los tribunales, donde les dictaron auto de prisión y les aplicaron medidas sustitutivas a la privación de libertad.
Esta vez, la tenacidad de las familias campesinas pudo más que la violencia de las armas.
“Llegaron a las 8 de la mañana y entraron al terreno. Nos dieron una hora para desalojar pacíficamente, exhibiendo una orden judicial que era ilegal, ya que la Corte de Apelaciones había admitido un recurso de amparo introducido por nuestro abogado”, dijo a La Rel, Isaúl Villalobos, vicepresidente de la ADCP.
Mientras militares y policías cercaban el lugar y la empresa enviaba a decenas de guardias de seguridad a tomarse el control de las tierras, las familias campesinas prefirieron no dar motivos que pudiesen “justificar” la represión.
Se reconcentraron en un terreno contiguo y esperaron el momento más oportuno para volver a recuperar lo que, aseguran, les pertenece.
“Cuando vimos que las maquinarias de Azunosa iban a destruir todo lo que habíamos sembrado para nuestra alimentación decidimos entrar nuevamente a las tierras, sacando a los guardias de seguridad”, continuó Villalobos.
Pocas horas más tarde, mientras centenares de policías regresaban al lugar y se aprestaban a desatar la represión, llegó la orden de la Corte de Apelaciones de suspender el desalojo.
“Fue un día muy difícil y lleno de tensión. Da vergüenza ver como se prefiere garantizar los privilegios y la impunidad a una transnacional, mientras miles de familias campesinas seguimos sufriendo hambre y miseria”, aseveró el vicepresidente de la ADCP.
“De aquí no nos vamos a mover, no importa cuántas veces nos desalojen. Ya tenemos la tierra cultivada con maíz, frijoles, hortalizas, hemos levantado nuestras casitas, y hemos ubicado el lugar donde construir las viviendas.
Exigimos al Estado de Honduras que reconozca nuestro derecho sobre estas tierras que fueron usurpadas por SABMiller”, concluyó Villalobos.
 Fuente: Rel-UITA

Pubblicato da

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Represión militar y policial se intensifican en el Valle de Sula.

Miembros del ejército y la policía nacional desalojaron de manera ilegal   hoy  a 1500 familias organizadas en la Asociación de Desarrollo Campesino para el Progreso (ADCP) y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), de las tierras que ocupaban desde el pasado 16 de febrero en Agua Blanca Sur, del municipio de Progreso Yoro.
El desalojo fue ejecutado a las 6:30 de la mañana, donde llegaron al menos 15 patrullas, dos comandos del ejército, seis carros particulares con hombres fuertemente armados, tres buses transportando militares y una tanqueta preparada con gas pimienta para reprimir a los compañeros campesinos que se encontraban recuperando estas tierras.
En el desalojo ejecutado esta mañana por el ejército y la policía,  se pudo  constatar que era de forma ilegal, ya que se había interpuesto un recurso de amparo  en los Juzgados de esta jurisdicción el cual fue admitido con suspensión del acto reclamado. Horas más tarde los compañeros y compañeros al percatarse que la maquinaria de AZUNOSA iba a destruir más unas 200 manzanas que han sembrado de maíz, optaron por evitar esta acción, entrando a las 11: 00 de la mañana a recuperar la tierra que les pertenece como campesinos y campesinas Honduras.
Exigimos al Estado de Honduras la adjudicación inmediata de las 5,227 manzanas de tierra a las campesinas y campesinos  que su único propósito es contribuir con una verdadera soberanía alimentaria de este país y las que han sido explotadas por AZUNOSA, amparados en un convenio entre el Estado de Honduras y el Reino Unido el cual ya venció su tiempo de vigencia.
Responsabilizamos a los tres poderes del Estado y a  AZUNOSA, de cualquier atentado criminal  a la dirigencia  o a las bases campesinas.
Alertamos a los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, a que constaten las constantes violaciones a derechos humanos en Honduras.
No Somos Pájaros para vivir en el Aire, No somos Peces para vivir en el Agua, somos campesinos y campesinas que necesitamos vivir en la tierra.
LA TIERRA NO SE VENDE, SE RECUPERA Y SE DEFIENDE.

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Pesimismo sobre reforma policial en Honduras

Publicado el jueves, 03.21.13

Por ALBERTO ARCE

Associated Press

TEGUCIGALPA, Honduras — Un informe de seguimiento al proceso de reforma del sector de seguridad y la depuración policial en Honduras llegó a conclusiones muy pesimistas sobre sus logros y la voluntad política de impulsarlos al tiempo que el ministro de Seguridad reconoció que la situación es de emergencia.

El estudio, realizado por El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) y la Fundación Friedrich Ebert y divulgado el jueves a un año de la reforma concluyó que “existe una falta decidida de voluntad política”, que “las recomendaciones de la Comisión de Reforma del Sistema de Seguridad Pública de Honduras carecen de fuerza, vinculación y obligatoriedad”, que “se ha mostrado un alto grado de irrespeto por parte de organismos nacionales e internacionales al proceso de reforma” y que el gobierno muestra “incapacidad, miedo o colusión con el crimen y la violencia”.

A su vez, remarcó que “se pierde la esperanza y la credibilidad de los procesos impulsados por el gobierno”.

Jennifer Erazo, Coordinadora de la Fundación Ebert en Honduras dijo que “los avances en el proceso de reforma del sector seguridad son mínimos” y que se han solicitado planes de monitoreo del proceso para verificar su cumplimiento pero que “no se ha implementado ninguna verificación”.

El proceso de reforma de la seguridad pública de Honduras, el país con el mayor número de homicidios per cápita del planeta -91 por cada 100.000 habitantes- comenzó en marzo de 2012 cuando el gobierno, acorralado por la presión ciudadana y los medios de comunicación, tomó la decisión de corregir las prácticas indebidas de la policía, considerada una de las más corruptas del mundo.

Para cumplir ese objetivo se creó la Comisión de Reforma del Sector Seguridad con un período de vida de tres años cuyo objetivo era establecer las recomendaciones necesarias hacia el sector de seguridad y la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial para liderar el proceso de depuración de la policía.

Según Fabricio Herrera, consultor de CIPRODEH y la Fundación Ebert, “un año después, la Comisión hace recomendaciones a las instituciones de seguridad para que se reformen a sí mismas, algo que evidentemente no funciona”.

Herrera señaló que “cuando se cumple el 33% del período de aplicación de la reforma, esta no da resultados” y puso como ejemplo que tras casi un año en el que “se han realizado alrededor de 700 pruebas de confianza toxicológicas, socioeconómicas y de polígrafo sobre un total de unos 14.000 agentes de policía con el apoyo de las embajadas de Estados Unidos y Colombia es imposible conocer el número de policías que han sido separados de la institución en función de los resultados de las mismas”.

Para Herrera, “no va a haber depuración policial sin depuración de los tomadores de decisiones políticas”.

Arabeska Sánchez, consultora de las instituciones responsables del informe explicó que “la Organización de los Estados Americanos, los gobiernos de Chile y Colombia y una consultoría encargada por la embajada de los estados Unidos y al menos ocho fundaciones nacionales e internacionales realizaron diagnósticos sobre la seguridad que no han tenido ninguna correspondencia en la toma de decisiones”.

El propio presidente de la Comisión de Reforma, Víctor Meza, reconoció recientemente que “la policía de Honduras es una institución irreformable”.

El Ministro de Seguridad de Honduras, Pompeyo Bonilla, presente en el acto, dijo a The Associated Press que “la lentitud depende de la falta de fondos, de complejos procesos burocráticos y de que nos encontramos en un año político muy complejo para cierto tipo de toma de decisiones”.

Bonilla, que dice no disponer de la cifra de policías dados de baja tras un año de depuración policial, afirmó que “no hemos podido cumplimentar las medidas de bajas de policías en el cuerpo por excusas burocráticas como trabas en el proceso de notificación. Un ejemplo es que se ponen de baja médica para no venir a recogerlas. Hay que luchar contra estas trabas burocráticas, medidas garantistas que deberían ser expeditas en función de la situación de emergencia en seguridad en la que nos encontramos”.

El ministro reconoció que hay impaciencia en la sociedad, que debe “elevar su voz y exigirle a las instituciones que se haga lo que se tiene que hacer”.

Fuente: http://www.elnuevoherald.com/2013/03/21/1436242/pesimismo-sobre-reforma-policial.html

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Hondurans Protest Lack of Transparency in Extractive Industries

  • Written by  Thelma Mejia

The Honduran government’s announcement of its plans to join the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) has raised expectations as well as doubts, particularly due to the speed with which it aims to complete a process that has taken several years in other countries of the region. The EITI is a coalition of governments, companies, civil society groups, investors and international organisations that promotes better governance in countries rich in natural resources, through the publication and verification of tax payments made by the companies and of government revenues from oil, gas and minerals.

Honduras is not yet an official EITI candidate country, as Guatemala and Trinidad and Tobago have been since 2011, much less a fully fledged EITI compliant country, a status attained by Peru in 2012 after a process that began in 2004.

 

These are the only nations in Latin America and the Caribbean that currently form part of this initiative which now encompasses 35 countries, half of them in Africa. Honduras does not even appear on the EITI website among the countries that intend to implement the initiative. Nonetheless, its government has announced that it plans to complete the initial stage of adhesion to the EITI in a year and a half.

 

“Nobody could be opposed to transparency, but we have been rather taken aback by how these plans for adhesion have come about, without any consultation with the sectors involved, such as the communities where mining activities are carried out,” activist Pedro Landa of the National Coalition of Environmental Networks of Honduras commented to Tierramérica. Mr. Landa said that his organization will announce a public position in the coming weeks, “because transparency and accountability are essential, and we feel that up until now, the EITI process has not been sufficiently transparent.”

 

When the Honduran Congress passed a new mining law in January, a generic article referring to the EITI was included at the last minute. “This came as a surprise, because no one knew the country was even trying to join the initiative,” said Mr. Landa.

 

The Coalition, which includes more than 40 community-based environmental groups, played a prominent role in the debate over the new law, whose draft text was submitted for consultations with different stakeholder sectors for over a year. When it enters into force, the new law will bring an end to a six-year moratorium on the issuing of mining permits, in place since the Supreme Court of Justice declared 11 articles of the previous law to be unconstitutional.

 

According to congressional deputy Donaldo Reyes Avelar of the ruling National Party, the novelty of the newly passed legislation lies in the fact that communities will directly participate in deciding whether or not mining projects will be given the green light. It also raises the royalties paid by mining companies from one to two percent, he told Tierramérica. But the Coalition withdrew from the final stage of consultations because the draft text “is not clear on community participation in decisions regarding the authorization of mining activities, and the mechanisms for transparency and accountability are not defined,” stressed Mr. Landa.

 

In fact, some 400 protesters took part in a 10-day march this month from the northern community of La Barca to the Congress building in Tegucigalpa to demonstrate their opposition to the new legislation. Francisca Valle, from the western department of Santa Bárbara, was one of the participants in the “Dignity and Sovereignty Step by Step” march. She called for “greater transparency in terms of the scope of the law, where we were not taken into account.” Her fellow marchers included representatives of indigenous, women’s and religious organizations.

 

“During these days of walking, staying overnight in community centers, we have received incredible support from the people. The government consulted on the law with its own ‘activists’ in the municipalities it controls, but the grassroots communities, the people, are angry, because they were not taken into account,” Jesuit priest Ismael Moreno told Tierramérica.

 

The protesters called for a 90-day period for changes to be incorporated into the draft legislation, based on wide social participation, and for President Porfirio Lobo to veto the bill approved by Congress. But when the marchers reached Tegucigalpa, “they told us we were too late,” said Mr. Moreno. President Lobo is expected to pass the law in the coming weeks. “The problem is that neither the government nor the members of congress are properly reading the country, and when a mining company comes in to set up operations, for example in Santa Bárbara, where people are angry, instead of being a solution, this law will be a source of conflict and violence,” warned Mr. Moreno.

 

When they arrived in Tegucigalpa, the marchers also learned about the government’s plans to join EITI. But Omar Rivera, executive director of the Civil Society Group, made up by a number of non-governmental organizations, has been closely monitoring the EITI process. The main challenge, he said, is to strengthen the institutions in charge of controlling mining activity, in terms of taxation as well as the environmental impacts and potential violation of the rights of communities where mining operations take place.

 

“At present, the state and municipal government institutions responsible for enforcing the legislation related to the mining industry are insignificant, with poor technical capacities and no political power,” said Mr. Rivera.

 

The government has other expectations with regard to the EITI. Roberto Herrera Cáceres, the high representative and national coordinator for the EITI in Honduras, told Tierramérica that one of the goals is to make the rules for exploration and exploitation in the extractive industries more transparent, with the assistance of the World Bank. Vice President María Antonieta Guillén reported that the government has complied with all of the requirements to join the initiative, including the creation of a consultative board with participation by the academic, business and civil society sectors.

 

The objective is for everyone to know how much is paid in taxes and what these resources are invested in. “We want to lay the foundations for genuine transparency in this sector,” the vice president stated at a local press conference. (3/20/13)

 

Note: This article was reprinted with permission. It was originally published by the Inter Press Service in New York, New York.

Fuente: http://www.hondurasweekly.com/2013032016652/news/national/16652-activists-protest-lack-of-transparency-in-extractive-industry.html

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El Banco Mundial debe dejar de financiar a empresa de palma aceitera involucrada en docenas de asesinatos

miércoles, 20 de marzo de 2013

 Washington (EEUU), 19 de marzo de 2013 – Organizaciones no gubernamentales internacionales condenarón hoy una declaración de la Corporación Financiera Internacional (CFI) [1] del Banco Mundial que defiende las actividades de la compañía de palma aceitera hondureña Grupo Dinant, involucrada en docenas de asesinatos y otras violaciones de derechos humanos. La declaración de la CFI admite explícitamente dar apoyo financiero para el entrenamiento de las fuerzas de seguridad de la compañía.Las ONG son: Amigos de la Tierra Internacional, Global Forest Coalition, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Urgewald, Rights Action, Salva la Selva, Global Justice Ecology Project, y Biofuelwatch.

El Ombudsman del Banco Mundial [2] investiga actualmente un préstamo de 30 millones de US$ al Grupo Dinant aprobado en 2009, del que al menos la mitad ya ha sido desembolsado.
Este mes, una Carta Abierta de 17 ONGs [3] y una protesta internacional a la que se adhirieron 63.000 personas [4] expresan rechazo  a  dicho crédito y piden al Banco Mundial que cese inmediatamente su apoyo al Grupo Dinant.

Desde 2009, organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado docenas de casos de asesinatos de campesinos y personas que acompañan su defensa frente a los conflictos por la tierra en los que está involucrado el Grupo Dinant, los guardias de seguridad de esta empresa, así como la policía y el ejército hondureños.

Las evidencias se reflejan en un informe elaborado por una Misión Internacional de Verificación realizada por organizaciones de derechos humanos en marzo de 2011 , una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2011, una audiencia pública internacional sobre los derechos humanos en mayo de 2012 [5] y un informe sobre las violaciones de derechos humanos atribuídas a efectivos militares, elaborado por Rights Action y publicado este mismo mes [6].

Este último informe confirma que al menos 88 miembros y acompañantes del movimiento campesino del Bajo Aguán, han sido asesinados de forma selectiva en la región durante los últimos tres años. Documenta además la responsabilidad directa de las fuerzas de seguridad armadas del Grupo Dinant por la violencia hacia los movimientos campesinos. Muy al contrario de lo que afirma el Banco Mundial acerca del fin de la violencia en 2012, dos campesinos fueron torturados y asesinados en febrero de 2013 [7].

Annie Bird de Rights Action afirma: “Es una acusación muy seria acerca del rol del Banco Mundial en el conflicto por la tierra en Honduras, ya  que la Corporación Financiera Internacional admite tener una conexión directa con el entrenamiento de los ‘guardias de seguridad’ paramilitares del Grupo Dinant. No está claro si esta conexión es una respuesta a las preocupaciones por las violaciones de los derechos humanos, pero de todas formas, reciclar paramilitares involucrados en asesinatos no es, en ningún caso, una respuesta aceptable. El Banco Mundial debe romper dicha relación y dejar de financiar al Grupo Dinant inmediatamente.”

Almuth Ernsting, miembro de la Global Forest Coalition y del Observatorio de los Biocombustibles Biofuelwatch añade que: “La afirmación del Banco Mundial de que los asesinatos están siendo investigados en los juzgados hondureños con la total cooperación del Grupo Dinant contradice las verificaciones hechas durante las visitas de los grupos de derechos humanos, que constatan una impunidad total alrededor de estos asesinatos. Tal estado de impunidad ha sido confirmado por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los Mercenarios. El Banco Mundial, no sólo debe cancelar el préstamo a Dinant, sino abrir una investigación completa sobre su rol en las violaciones de los derechos humanos en Honduras.”

En 2011, el banco alemán de desarrollo, DEG, canceló un préstamo al Grupo Dinant, basándose en las patentes relaciones de la empresa con las graves violaciones de derechos humanos. Y todavía hoy el Banco Mundial continúa respaldando a la compañía y desechando las evidencias independientes, como lo muestra su reciente declaración.

Jeff Conant de Friends of the Earth/Amigos de la Tierra USA añade que “la declaración del Banco Mundial sobre el  Bajo Aguán revela la magnitud de su complicidad con una compañía de palma aceitera involucrada en algunas de las violaciones más graves de derechos humanos que están teniendo lugar en Centroamérica. Años después de una auditoría condenatoria de su financiación de proyectos de palma aceitera y una supuesta revisión de sus políticas, el Banco Mundial está legitimando el uso de fuerzas armadas paramilitares en contra de campesinos que reclaman su propia tierra, desestimando una gran cantidad de evidencias recogidas de manera independiente por misiones internacionales de verificación.”

Las ONGs demandan que el Banco Mundial suspenda el crédito al Grupo Dinant y que se realice una investigación inmediata, completa e independiente sobre la relación del Banco Mundial con el Grupo Dinant, que debe ir más allá de la actual investigación del Ombudsman.

CONTACTOS PARA LA PRENSA

En los EEUU:

Jeff Conant, Amigos de la Tierra EEUU / Friends of the Earth US +1 510 900 0016

Annie Bird, Rights Action, +1 202 680 3002

En Alemania:

Guadalupe Rodríguez, Salva la Selva, +49 40 410 38 04 o guadalupe@regenwald.org

NOTAS:

[1] www1.ifc.org/wps/wcm/connect/REGION__EXT_Content/Regions/Latin%20America%20and%20the%20Caribbean/Strategy/Corporacion_Dinant?

[2] Una queja remitida por Rights Action está siendo investigada actualmente por el Ombudsman de la Oficina de Quejas (CAO). CAO es una agencia independiente que investiga quejas remitidas por comunidades afectadas por proyectos financiados por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (CFI).

[3] http://www.fian.org/fileadmin/media/publications/Pronunciamiento_Internacional_CAO_-_Bajo_Aguan_01-03-201.pdf

[4] https://www.salvalaselva.org/mailalert/909/banco-mundial-credito-para-la-palma-de-la-muerte

[5] http://www.fian.org/fileadmin/media/publications/2011_07_InformeHondurasBajoAguan.pdf, http://hrbrief.org/2011/10/human-rights-situation-in-the-bajo-aguan-honduras/ y http://www.fidh.org/Declaracion-de-la-audiencia

[6] http://rightsaction.org/sites/default/files//Rpt_130220_Aguan_Final.pdf

[7] See http://www.coha.org/21693/

Acciones de Documento

OFRANEH

Organizacion Fraternal Negra Hondureña
Sambo Creek, Atlántida.
Honduras
telefax: 504-24541513 / 504-24490003
email:garifuna@ofraneh.org / ofraneh@yahoo.com

Twitter:@ofraneh

Publicado por Américo Roca Dalton en 14:55

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2013/03/honduras-el-banco-mundial-debe-dejar-de.html

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Presidente de Comisión de la Verdad no ve restricción a libertad de expresión en Ley de Telecomunicaciones // “Los equipos son del medio, la frecuencia es del Estado”: Ricardo Cardona, Director Conatel

miércoles, 20 de marzo de 2013

Enviado por Redacción 1  ultimahora.hn / 20/03/2013 – 13:37.

El presidente de la Comisión de la Verdad, Eduardo Stein, reveló que en el borrador que él ha visto sobre las reformas a la Ley de Telecomunicaciones no ha visto ningún indicio de ser violatorio de la libertad de expresión como algunos sectores critican.

“Nuestra recomendación no va encaminado a restringir la libertad de expresión, sino en evitar la concentración de medios de comunicación, pero hasta el momento no he visto que se esté restringiendo ningún derecho en el borrador que he leído, pero de haberlo sería el primero en denunciarlas” aseguró Stein.
El ex presidente guatemalteco dirigió la Comisión de la Verdad, conformada por instancias de la comunidad internacional para investigar los hechos acaecidos antes, durante y después del Golpe de Estado y ofrecer recomendaciones para que no vuelvan a ocurrir.

Una de sus recomendaciones era evitar el control que sobre los medios de comunicación tiene un pequeño grupo de hondureños.
Afirmó que no considera que haya una pluralidad en la tenencia de los medios de comunicación como algunos sectores están comentando, ya que en los análisis que hicieron posterior al golpe de Estado este fue uno de los elementos que los llevo a sugerir una reforma legal para que las comunidades, las organizaciones civiles y otros similares, pudieran contar con un medio de comunicación electrónico para democratizar el espectro.

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“Los equipos son del medio, la frecuencia es del Estado”: Ricardo Cardona, Director Conatel

Enviado por Redacción 1  ultimahora.hn  20/03/2013 – 14:19.

“No es una revisión de información en medios Radiales, Televisivos o Escritos, cada medio va a ser libre de transmitir contenidos, pero en horas que no afecten a nuestros hijos” afirmo.
Dijo que la recuperación de las frecuencias no utilizadas por parte del Estado es algo justo, “si usted no está usando una frecuencia de Radio o de Televisión, lo que hace el Estado es que se la pide para ponerla en subasta o dársela a alguien que de verdad la use,” añadió.
Cardona dijo que la infraestructura y el equipo es del canal y la radio es del propietario, pero el espectro si es propiedad del Estado, eso es en todo el mundo, no es verdad lo que se está diciendo.

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CN otorga plenos poderes a la Rectoría para administrar la UNAH

21 marzo, 2013 – 12:35 AM

Mediante las reformas a los artículos de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la rectora, además de recibir plenos poderes para administrar ese centro superior del Estado, podrá reelegirse en su cargo.

La bancada liberal se reunió en varias ocasiones para ponerse de acuerdo en acuerpar con sus votos la reforma.

La bancada liberal se reunió en varias ocasiones para ponerse de acuerdo en acuerpar con sus votos la reforma.

En una intensa jornada de trabajo, en la que los diputados jamás habían estado tan productivos como esta semana -antes de irse de vacaciones de Semana Santa-, fueron reformados los artículos 10, 11, 16, 17, 19, 26, 27 y 32 de la Ley Orgánica de la UNAH. Esta es la primera reforma que se hace al decreto número 209-2004, que, a su vez, reformó la vieja norma emitida por la Junta Nacional de Gobierno de 1957.

Sin oposición, no obstante a que el diputado nacionalista Rodimiro Mejía tuvo el admirable valor de criticar -en medio de abucheos de los estudiantes pro reelección de la rectora- hasta el último párrafo de los 10 artículos reformados, a altas horas de la noche del martes, en el pleno del Congreso Nacional.

Fue el titular del Poder Legislativo, Juan Orlando Hernández, quien movió todos los hilos de la negociación entre las bancadas y neutralizó la oposición que había al inicio en su bancada para que la propuesta de reforma, presentada a través de la iniciativa de ley ciudadana -que se estrenó con la reforma universitaria-, saliera airosa con una votación que superó los 94 votos en ciertos artículos.

Durante la sesión hubo alabanzas a la gestión de Julieta Castellanos, que produjo cambios importantes en la UNAH y, por eso, era difícil que “cuajara” la oposición entre los diputados. En ocho horas, Hernández construyó un auténtico consenso alrededor de la reelección de la rectora, que pasará por los cambios a la Ley Orgánica, que en las próximas horas serán enviados a la Casa Presidencial para su sanción y posterior publicación en el diario oficial La Gaceta y que entren en vigencia.

Los dictaminadores Claudio Roberto Perdomo (presidente de la comisión), Gladis Aurora López (PN), Yani Rosenthal (PL), Augusto Cruz Asensio (DC), Arturo Suárez Moya (Pinu), Luis Rigoberto Santos (PL), Miguel Fernando Ruiz (UD), Agapito Alexander Rodríguez (PN) y Rigoberto Chang Castillo (PN) le tendieron un puente de plata para que la Rectoría no solo logre su objetivo de buscar un nuevo periodo más, sino que neutralice los problemas de ingobernabilidad en el Alma Máter.

En los considerandos justificaron que  la UNAH está inmersa en un proceso de reforma integral, tanto a nivel administrativo como académico, algo que es menester consolidar para asegurar los resultados del mismo, dejando bases para su continuidad.

La reforma por adición del artículo 8 de la Ley Orgánica de la UNAH autoriza al Consejo Universitario a seleccionar y nombrar a los estudiantes que deben ser miembros del mismo, para luego proceder a nombrar la Junta de Dirección Universitaria, que es la que selecciona al nuevo rector y el que facilitará la reelección de Castellanos.

Desde el 2010 el Consejo Universitario carece de representación estudiantil ya que los universitarios, tras varios intentos fallidos, no han podido efectuar las elecciones en la UNAH, maniobradas para impedir que el Frente Unido Universitario Democrático (FUUD) tenga una victoria en detrimento de otros movimientos.

Por eso, la reforma aprobada por el Congreso Nacional le permite al Consejo Universitario, cuyos dos tercios de sus miembros son afines a la rectora Castellanos, escoger a los estudiantes que apoyen su reelección en la Rectoría. Además de afectar los derechos de los docentes al deshacerse del Estatuto del Docente Universitario y del Consejo General de Carrera Docente, opuesto a la gestión de Castellanos.

Otro de los problemas en el centro de estudios superiores del país es que las autoridades han sido incapaces e ineficaces en resolver los problemas de legalidad en cuanto a casi el 99% de las decanaturas y direcciones de centros regionales.

El único decano que ocupa legalmente su puesto es el de la Facultad de Medicina, las tres decanas de las nuevas facultades -Humanidades y Artes, Ciencias Sociales y Ciencias- están ilegales desde el año 2008, ya que las autoridades (Junta de Dirección Universitaria) les extendía su período, debido a su falta de eficacia en formar las juntas de las facultades.

Frente a esto, también se reformaron las atribuciones del Consejo Universitario para que con los dos tercios de la totalidad de sus miembros elijan a los integrantes de la Junta de Dirección Universitaria y establezcan los principios y criterios para la elaboración del Plan de Arbitrios de la UNAH y aprobarlo.

“Si por impedimento temporal justificable y después de haber hecho dos  convocatorias públicas con un intervalo de tres (3) días, no llegase el Consejo Universitario a contar con los dos tercios de la totalidad de sus miembros, se conformará el quórum con los miembros presentes. En este caso, las decisiones se tomarán mediante votación favorable de dos tercios de los miembros votantes presentes”, indica la nueva legislación.

Entre lo aprobado por el Congreso se redujo de nueve a siete los miembros de la Junta de Dirección Universitaria, electos por el Consejo Universitario por periodos escalonados en la forma que se determina en esta ley; sus miembros durarán en su cargo cuatro años y podrán ser reelectos y por una sola vez.

También le agregaron una nueva atribución a la  Junta de Dirección Universitaria (artículo 15, numeral 24) para crear las Secretarías Ejecutivas atendiendo necesidades de desarrollo organizacional de la UNAH, previa justificación técnico financiera.

La Junta de Dirección Universitaria se reunirá ordinariamente en forma quincenal y extraordinariamente por convocatoria de su presidente o cuando así lo determinen cuatro -en vez de cinco- de sus miembros o bien a solicitud del Consejo Universitario.

La piedra angular para la continuidad de la reforma está expresa en el artículo 17 al darle la facultad al rector de ser reelecto. Este artículo establece que “la Rectoría es la autoridad ejecutiva y ostenta la representación legal de la UNAH. El Rector (a) durará en su cargo cuatro  años, pudiendo ser reelecto (a) por una sola vez. En caso de ausencia o cualquier otro impedimento temporal, lo sustituirá el Vicerrector (a) Académico y a falta de este, el Decano (a) o Director (a) más antiguo; si dos o más de los Decanos (as) o Directores (as) tuvieren el mismo tiempo de servicio, entonces lo sustituirá el de mayor edad. Si la ausencia fuere definitiva, la Junta de Dirección Universitaria nombrará al Rector conforme lo establece esta ley”.

La rectora tiene entre sus facultades la de nombrar y remover de su cargo al secretario general de la UNAH y a los secretarios ejecutivos de Administración y Finanzas, Desarrollo Institucional y Desarrollo de Personal.

La Junta de Dirección Universitaria nombraba al secretario general, cuyo cargo está actualmente acéfalo, ya que no quisieron extender temporalmente al que vacó, pero en la reforma al artículo 27, la rectoría fue facultada a  a nombrar a la persona que ella desee en este cargo.

El secretario es el responsable de registrar, certificar y notificar los actos resolutivos y demás diligencias administrativas de la UNAH. El reglamento respectivo regulará lo concerniente al cargo y su desempeño.

Para tener control total, la Rectoría, a propuesta del decano o director, podrá nombrará al personal de las secretarías de las facultades, Centros Universitarios y Centros Regionales Universitarios, son las instancias dependientes de las Decanaturas o de las Direcciones de Centros Universitarios o Centros Regionales Universitarios.

También se creó una nueva secretaría, la de Administración de Proyectos de Inversión, además de las ya existentes: Administración y Finanzas, Desarrollo Institucional y Desarrollo de Personal. (NA)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2013/03/21/cn-otorga-plenos-poderes-a-la-rectoria-para-administrar-la-unah/

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Organizaciones del mundo llaman a la ONU a proteger los derechos humanos en el contexto de la protesta social

Wednesday, 20 March 2013 14:09 Administrador

En el marco del debate de un proyecto de resolución sobre protesta social por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos de todo el mundo unieron sus voces para solicitar a la ONU que brinde una protección significativa de este derecho democrático esencial.

El 7 de marzo enviaron una carta firmada por nueve organizaciones nacionales de América, África, Asia y Europa a los Estados miembro del Consejo. Las democracias deben reconocer diversas formas de participación pública. Los Estados deben garantizar esas actividades para cumplir con sus obligaciones de proteger, respetar y salvaguardar derechos humanos internacionales.

Las organizaciones firmantes celebran la atención ampliada y renovada a temas de libertad de asamblea pacífica y a la protección de derechos humanos, incluyendo la libertad de asociación, expresión y de opinión, en un contexto amplio de protesta social. Como actores focalizados en el trabajo nacional, contamos con décadas de experiencia en el monitoreo de la actuación policial en protestas y conocemos de primera mano las diversas y múltiples facetas del derecho a la asamblea pacífica y los derechos dentro del contexto de protesta social de manera más amplia. Aunque nuestras experiencias locales provienen de contextos políticos y sistemas legales diversos, nos unimos porque compartimos la convicción de que la protesta pública es un componente esencial para cualquier democracia dinámica. Nos une la preocupación por la protección de este derecho fundamental.

El proyecto de resolución “La promoción y protección de derechos humanos en el contexto de protestas pacíficas” se debate en Ginebra y su adopción está programada para la 22° Sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Las organizaciones firmantes son:

American Civil Liberties Union – ACLU (Estados Unidos)
Association for Civil Rights in Israel – ACRI (Israel)
Canadian Civil Liberties Association – CCLA (Canadá)
Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS (Argentina)
Egyptian Initiative for Personal Rights – EIPR (Egipto)
Hungarian Civil Liberties Union – HCLU (Hungría)
Irish Council for Civil Liberties – ICCL (Irlanda)
Legal Resource Centre – LRC (Sudáfrica)
Liberty (Reino Unido)

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2498:organizaciones-del-mundo-llaman-a-la-onu-a-proteger-los-derechos-humanos-en-el-contexto-de-la-protesta-social&catid=71:def&Itemid=166

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