Fracasó modelo político-institucional neoliberal en Honduras; la oligarquía perdió anoche la Corte Suprema

Edición / EL LIBERTADOR

El Congreso Nacional (CN) de Honduras reunido en pleno esta madrugada del 12 de diciembre aprobó la destitución de cuatro de los quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los diputados y diputadas en su mayoría – alrededor de 70 de los 128 – son los mismos diputados del Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL)  y PDCH que votaron a favor de la destitución del Presidente  Manuel  Zelaya como parte del golpe de Estado del 28 de junio de  2009.
Esta es, sin duda, una página más en el proceso sostenido de deterioro político-institucional del modelo neoliberal, en el marco de una profunda crisis tributaria, de la deuda interna y externa y la caída en picada de la economía nacional que bien pareciera confirmar los presagios del 12.12.12, fin del mundo maya, al menos en Honduras.
PIE DE FOTO DEL CONGRESO: El requerimiento del Congreso Nacional (CN) de la destitución de cuatro (4) de los quince (15) magistrados, que forman la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El Presidente del Congreso Nacional (CN), Juan Orlando Hernández del Partido Nacional (PN), en coordinación con el Presidente del Ejecutivo, Porfirio “Pepe” Lobo ha liderado la iniciativa de destitución de los magistrados por el pleno del Congreso, luego de consolidar su poder político con el triunfo en las elecciones internas  (primarias) de noviembre 2012 y su nominación como candidato del Partido Nacional a las elecciones generales de noviembre 2013.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia, bajo distintas presiones políticas y de grupos económicos declaró inconstitucionales varias leyes sancionadas por el Congreso Nacional que tenían respaldo del poder Ejecutivo como: la ley de “ciudades modelo” – considerada lesiva a la soberanía nacional y que movilizó a partidarios de la Resistencia y el partido LIBRE- , las leyes de depuración de la Policía Nacional para reducir la corrupción y la violencia; y la ley de recaudación tributaria que determinaría un pago del 1% del volumen de ventas como impuesto sobre la renta para las grandes empresas que han venido declarando pérdidas para evadir al fisco.
Pepe Lobo, en las últimas dos semanas, expresó abiertamente su desacuerdo con el pleno de la Corte Suprema de Justicia y denunció que grupos de poder económico, específicamente el empresario de origen árabe Jorge Canahuati – propietario de los diarios de derecha y pro golpistas La Prensa y El Heraldo – estaban detrás de las recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia contrarias al Ejecutivo y al Congreso.
Además, en las últimas horas Lobo y Hernández se habrían reunido con la cúpula militar, que es sin duda otro poder decisivo, para “consensuar” la decisión.
La mayoría de los miembros de la Corte-  cuyos nombramientos en Febrero de 2009 fueron político partidarios y quienes aprobaron la orden de captura contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales en Junio de 2009- ; estarían controlados por los sectores más conservadores y golpistas de ambos partidos; el Movimiento de Ramón Villeda Bermúdez (Villedismo)  ganador en la interna del Partido Liberal – que es apoyado abiertamente y financiado fuertemente por el ex Dictador Roberto Michelleti; y el Movimiento de Ricardo Álvarez,  perdedor en la interna del PN; que es apoyado por el grupo político y económico de bancarios y empresarios – cuya figura visible es  Ricardo Maduro expresidente del PN (2002-2006).
Maduro incluso encabezó una comitiva que viajó a Washington días después del golpe de Estado de 2009 a entrevistarse con congresistas y miembros del Departamento de Estado para negociar apoyo político y económico al gobierno golpista que encabezo  Micheletti. Formarían parte de este grupo económico-político fáctico Jorge Canahuati del grupo de medios de comunicación de prensa La Prensa-El Heraldo, el Grupo Financiero FICOHSA, el grupo económico Facusse- Nasser – de agricultura, biocombustibles de palma africana en el violento Aguan, energía térmica y distribución de combustibles- ; y líderes de las cámaras empresariales COHEP y ANDI.
Del otro lado, de este conflicto figuraría Hernández Presidente del CN y Lobo en el Ejecutivo, como parte de y apoyado por un grupo de políticos y empresarios  del Grupo Bancario “Atlántida” y el Consorcio de empresas “Colibrí” – con mayor poder político rural-terrateniente – que han aumentado recientemente su poder económico, ligado a los contratos “parásitos” del Estado que históricamente habían pertenecido de manera exclusiva a la oligarquía (familias de origen árabe); y su poder político con el reciente triunfo electoral de Hernández a lo interno del PN.
Al parecer la gota que derramó el vaso fue la presentación reciente de un amparo ante la Corte Suprema de Justicia por parte de Ricardo Álvarez candidato perdedor en las elecciones internas del PN, solicitando el reconteo de votos solicitud que fue denegada por el Tribunal Supremo Electoral. La inminente aceptación del amparo por parte de la CSJ habría llevado a la decisión de Hernández, Presidente del CN, y ganador en las elecciones internas del PN a destituir a los magistrados de la CSJ.
El Jefe de la Bancada del PN Celín Discua afirmó recientemente que los miembros de la Sala Constitucional habrían violado reiteradamente las leyes nacionales.  Previamente la Comisión Congresal nombrada para conocer de la destitución demoraba mientras continuaban los cabildeos políticos previo a la reunión del pleno en la sede del Congreso Nacional.
German Leitzelar, reconocido abogado y diputado por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) así como Marvin Ponce, Vicepresidente del Congreso y miembro del Partido UD renunciaron a la comisión que quedó  integrada únicamente por congresales del PN.
Mientras tanto, el fiscal general adjunto del Ministerio Público y Presidente del Colegio de Abogados manifestó ayer que los diputados(as) podrían ser acusadas de traición a la patria, de abuso de autoridad y de violación de los deberes de los funcionarios y consideró la acción como un inicio en la suplantación de poderes, del poder judicial, y un atentado al control del Estado.

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