Cofadeh denuncia masivas violaciones a los Derechos Humanos en Honduras cometidas desde 2010

Subsisten problemas  políticos originados por el golpe de Estado y estructurales que limitan el pleno disfrute de los derechos humanos, particularmente en relación con, el derecho a la Vida, la participación política, la disidencia, libertad de expresión y emisión del pensamiento,   exclusión, la marginalidad, la pobreza, la inequidad, la tenencia de la tierra, la impunidad y la falta de acceso a la justicia.

En el periodo examinado,  el  COFADEH ha registrado 278  amenazas a muerte,  de estas  138  son dirigidas a defensores de derechos humanos, 56 a testigos,  26  a familiares de líderes sociales de perfil nacional y  en resistencia y 62 a líderes intermedios de proyección local u operativa.

Desde febrero 2010, se observó una nueva forma de ataque a las bases de la oposición al régimen que asumió el control del Estado en enero de 2010, la individualización de la víctima y la labor de inteligencia parece ser la clave de la impunidad en una serie de casos, destaca este nuevo informe de la organización de derechos humanos.

Para esta institución los ataques violentos se dirigen a personas vinculadas por razones de parentesco  a activistas públicos de la Resistencia pero no al activista mismo, en algunas ocasiones las víctimas no han tenido participación política.

“De esta forma el régimen está suavizando el impacto público que tendría el ataque directo al blanco de sus preocupaciones: los activistas sociales, aspecto que mide desde el espacio geográfico en el que la víctima se desenvuelve”, denuncian.

En esa línea se produjo el asesinato de dos hijas de comunicadores sociales, el allanamiento a la residencia de otra, el secuestro y torturas al hijo de un activista sindical y malos tratos infringidos a la hija de una activista de la Resistencia.

Esta capacidad de actuar con impunidad, producto de las políticas de tolerancia y apertura al crimen que mantiene el Estado de Honduras ha provocado la muerte de al menos seis personas colaterales de miembros del Frente Nacional de Resistencia y ex funcionarios del Gobierno del Presidente Zelaya, en los que no quedaron claras las circunstancias ni las motivaciones.

Los asesinatos han sido cometidos principalmente en contra de líderes y sociales y campesinos que defienden el derecho a la tierra.

Numerosas personas fueron ejecutadas por razones políticas, en los meses que comprende el informe.

El mayor número de estos asesinatos se perpetró en los meses siguientes  a la ascensión de Porfirio Lobo  a la jefatura del Ejecutivo. En todos los casos hay una constante: se trataba de personas desarmadas, que no ejercían ningún tipo de violencia y que fueron muertas mientras  transitaban a sus casas o permanecían en ellas. Muchas de las víctimas estaban formadas como dirigentes de masas y poseían condiciones personales.

Comandos armados y operaciones clandestinas

Las actividades de los comandos  armados de operaciones  clandestinas,  el empoderamientos de las fuerzas de seguridad del  Estado y    el crimen organizado, incrementado a partir del 2009, continuaron teniendo un impacto gravemente negativo sobre  los derechos humanos.

Se aterroriza a la población a partir de la lucha contra el narcotráfico y, en realidad, lo que se observa en este momento en Honduras  es una guerra social: Es una guerra del poder contra las organizaciones de resistencia, contra una juventud que está siendo aniquilada en las calles que se han convertido en  campos de batalla de esta guerra contra todo lo que se mueve; ahí el paramilitarismo tiene una función qué cumplir.

Los defensores de derechos humanos, como resultado de sus actividades en  pro de los derechos fundamentales  y derechos humanos, y grupos de la sociedad civil, incluyendo, defensoras de derechos de mujeres,  sindicalistas, periodistas y miembros de ONGs,  han enfrentado el riesgo  y  ataques de grupos clandestinos  y criminales.

De esta forma el ámbito  en el cual las organizaciones de la sociedad civil operan se ha  agravado, debido a los mensajes, a menudo provenientes de funcionarios de alto nivel gubernamental, que equiparan el  trabajo por los derechos humanos con el apoyo a las organizaciones terroristas, poniendo así sus vidas en riesgo.

En el  2010 se registraron 25 asesinatos  de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, así como amenazas a muerte contra quienes defienden derechos etnoterritoriales de comunidades afrohondureñas y pueblos Indígenas, y ataques sistemáticos contra sus bienes.

El Cofadeh conoció diferentes denuncias de víctimas de violaciones a derechos humanos que han revelado que fueron interrogados por personas que tenían acento suramericano durante su cautiverio en centros de operaciones clandestinas.

La impunidad continúa siendo un serio problema las investigaciones en temas claves de derechos humanos  enfrentan la parálisis de la institucionalidad. Los riesgos  para el ejercicio de los derechos sindicales, gremiales y del periodismo independiente y crítico sigue siendo peligroso.

Asesinatos sistemáticos y militarización

Los riesgos y dificultades expuestos en el 2009, se incrementaron en el 2010.  Así como los asesinatos sistemáticos contra jóvenes presuntos infractores de la ley  se elevaron en el año en curso. Algunas  de estas víctimas son dirigentes o integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP),  o jóvenes con ideas democráticas asesinados de forma selectiva.

A partir del proceso que desencadenó el golpe de Estado de junio 2009,  se produjo el cambio más notable en la actuación histórica de las  Fuerzas Armadas,  la militarización ha sido un factor fundamental y determinante en el grado de debilitamiento de la institucionalidad estatal y por ende del Estado democrático de Derecho. Ha sido un soporte de la impunidad y ha incidido directamente en la falta de confianza que la población en general siente con respecto a las instituciones públicas.

La ruptura del régimen democrático profundizó la impunidad de las décadas anteriores hasta convertirla sin rituales en política de Estado, lo que resquebrajó hasta la médula la débil e incipiente institucionalidad levantada después de los regímenes cívico militares golpistas anteriores.

A la vez, esta involución democrática también se expresa en corrupción de la justicia, desconfianza por la deficiencia y negligencia de la policía y el Ministerio Público, cada vez más percibidos en su proximidad con las élites golpistas y bandas del crimen organizado, que violan la vida, la libertad y depredan los recursos naturales.

Derechos sufren su peor embestida

No hay duda que en Honduras está instalada una dictadura. En este contexto, los derechos civiles y políticos sufren su peor embestida desde el Estado, y  los derechos económicos, sociales y culturales, están sometidos a la regresión por la vía administrativa del Ejecutivo y del Congreso Nacional, donde se legisla contra la progresividad.

En el agro, los conflictos por el recurso tierra y agua, se agudizan. Hay muertos y heridos en esta confrontación creciente. En la Zona del Aguán la negociación con militarización caracteriza el escenario: entre abril y septiembre han sido asesinados 11 campesinos por autoridades y paramilitares.

Los abusos de autoridad por agentes policiales aumentaron en el 2010, la mayoría de los expedientes abiertos por el COFADEH son contra  dependencias de Seguridad Pública,  policías municipales y unidades del ejército que realizan operativos conjuntos.

Policía levanta perfiles de la disidencia

La policía estatal implementó desde enero de 2010, dispositivos en barrios y colonias presuntamente para disuadir el delito en comunidades ubicadas en zonas de conflicto, sin embargo  los reportes de las víctimas  indican que  la policía ha enfocado toda su logística  en disuadir la protesta social, la articulación y organización de base, sobre esta línea la Secretaría de Seguridad inició indagatorias detalladas referente  a los líderes locales  utilizando diversos métodos.

Los testimonios recibidos dan cuenta que los efectivos policiales habían actuado a veces sin uniforme ni identificación, otras veces plenamente identificados y portando sus armas de reglamento. Muchas personas fueron detenidas y llevadas a delegaciones policiales pero luego sus cuerpos aparecieron  en parajes solitarios o en la Morgue Judicial.

La policía preventiva y las fuerzas agregadas como la policía municipal exhiben un notorio empoderamiento que profundiza el irrespeto a los derechos humanos y faltas a los deberes de los funcionarios.

En los últimos 12 meses,  19  líderes campesinos han sido asesinados,  estas violaciones fueron atribuidas a guardias privados de seguridad, policías preventivos y comandos de operaciones clandestinas.

La pasividad e ineficacia del gobierno y del Ministerio Público de Honduras, que no han llevado a cabo las investigaciones ni han iniciado los procedimientos necesarios para que los responsables de estas violaciones de los DDHH respondan ante la justicia multiplica la vocación  del crimen.

El Cofadeh ha recibido denuncias de  amenazas a muerte desde diferentes puntos de la geografía campesina hondureña e indígena   particularmente de amenazas  contra dirigentes de las organizaciones sociales del Aguan  y otras que luchan por el derecho a la tierra, por los derechos indígenas y el respeto de los  derechos humanos  en general.

Entre los hechos irreparables se documentaron  el asesinato de 14 indígenas Tolupanes y los  crímenes de dirigentes campesinos.

El universo de víctimas de delitos cometidos en el contexto del conflicto por la tenencia de la tierra en el Valle del Aguan, incluye el asesinato de niños y jóvenes.

La militarización de la zona no ha bajado los niveles de ataques contra los campesinos, por el contrario la innecesaria presencia de los cuerpos de seguridad ha provocado mayores niveles de inseguridad, no solo para los campesinos, también para los periodistas que han denunciado los abusos cometidos en los retenes donde los ciudadanos fueron sometidos a enérgicos registros corporales y de sus pertenecías.

Muchas de las víctimas ejecutadas desde motocicletas,  en marcha sin placas o secuestradas en automóviles sin placas, con vidrios polarizados por hombres de contextura atlética, vestidos en forma deportiva jóvenes  y el pelo recortado al estilo militar,  fuertemente armados, fueron encontradas dos o tres días después en solares baldíos o zonas conocidas como botaderos de cadáveres, con señales de tortura disparos tipo ejecución y atados de pies y manos.

Amenazas para que no se castigue a los criminales

No se preserva la escena del crimen ni las evidencias o pruebas existentes  no recaudan los testimonios de los testigos o familiares de las victimas u otras personas que  puedan contribuir a esclarecer las muertes.

Tampoco se garantiza el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas quienes junto a testigos  son amenazados para que se abstengan de denunciar o desistan de las acciones penales.

Los miembros de la Fuerza  de seguridad Pública implicados en casos de ejecuciones permanecen en servicio activo. Habitualmente el levantamiento de los cuerpos es realizado por las mismas unidades o delegaciones policiales implicadas en la autoría de los hechos.

En algunos casos, las amenazas a muerte tienen un carácter sistemático e interrelacionado, produciendo una atmósfera general de incertidumbre y peligro para el desenvolvimiento cotidiano de las víctimas y sus familias.

Este peligro aumenta si existe un alto grado de ineficacia del  Estado para proteger al afectado  y ausencia de investigación de los hechos.

La sutileza de las amenazas adquiere mayor fuerza en procesos de reivindicaciones sociales, denuncias, movilizaciones masivas de la defensa de un derecho o las movilizaciones de la Resistencia, de igual forma se acentúan  cuando se discuten proyectos de leyes  adversas a la población en algunos se materializan en atentados.

Se constató un aumento de las intimidaciones y amenazas de muerte a través de mensajes de texto y correos electrónicos contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes, lideresas sociales, comunitarios y miembros de otros grupos sociales.

La mayoría de las amenazas permanecen en la impunidad y en ocasiones las autoridades rápidamente las descalificaron, sin una investigación previa. Algunas amenazas incluyen la instalación de paramilitares a inmediaciones de la residencia de la víctima, los agresores se transportan  motocicletas, tanto en el área urbana como rural,  de igual forma se  ha identificado la utilización de taxis para vigilar a las víctimas en las zonas urbanas.

Las amenazas e  intimidación también se implementan  en contra de testigos de violaciones a los derechos humanos, es uno de los mecanismos utilizados para dejar en la impunidad la comisión de crímenes. Así, a través de la amenaza y la coerción en contra de testigos, los perpetradores reducen el acceso a la justicia para las víctimas.

Se registran casos operativos  de hostigamiento y persecución  en los que se utilizan hasta tres automóviles varios vigilantes que se relevan  en forma periódica y uso de equipo de fotografías y escuchas.

Las cifras y los móviles  demuestran que   en el marco de acciones de inteligencia del gobierno se ha producido una ola de amenazas de muerte a líderes sindicales, campesinos y estudiantiles y periodistas, lo que provoca que la población organizada se encuentre en un estado de alarma debido a los índices de amenazas, intimidación y acoso que se han registrado en el año en referencia.

El Cofadeh observa que existe un patrón de abusos graves que han sido cometidos contra diversos sectores de la sociedad civil que se ven afectados por la violencia selectiva, incluyendo  ex funcionarios del Estado.

Las operaciones de inteligencia ofensiva consistentes en llevar a la práctica diferentes ataques, montajes, amenazas de muerte repetidas y continuadas a los  familiares más cercanos de la victima principal, incluidos los hijos menores de edad, configurando una situación de ataques generalizados y sistemáticos.

Los ataques tienen conexión

Han sido ataques típicos del 2010, sabotajes a los automóviles, disparos contra personas, simulacros de ataque con armas, intentos de secuestro, asaltos violentos, disparos contra sedes, ingreso ilegales, robo de información.

También registros de comunicaciones telefónicas y de correos electrónicos realizados en contra de instituciones de la sociedad civil. Se suma a ello el espionaje sistemático a sindicatos, organizaciones de derechos humanos  y figuras público de oposición.

La persistencia de la práctica de la judicialización de acciones de la disidencia donde las pruebas contra las personas detenidas se centran únicamente con la información de inteligencia promovida por la policía.

El 20 de agosto de 2010, cuatro maestros que fueron víctimas de detención ilegal, torturas y otros vejámenes debieron enfrentar procesos judiciales sin  más  evidencia que  el informe de la policía preventiva. Con fundamento en los testimonios recibidos podemos asegurar que la impunidad de que gozan los agentes del Estado les permite detener personas en base a la subjetividad, con argumentos sobre la apariencia.

También incide en las detenciones arbitrarias la estigmatización  en relación a la vestimenta  o lugar de residencia, los barrios considerados bastiones de la oposición política son sometidos  a fuerte operativos anti delincuencia  y recolección arbitraria e ilegal de información. Algunas declaraciones  de los afectados  asumen que en el proceso de  indagaciones participan miembros  domésticos del crimen organizado que son los encargados de señalar a las víctimas  y amenazarlas en forma previa.

La tortura se agudiza

La tortura continúa siendo utilizada en la más absoluta impunidad y esto se afirma de  manera contundente cuando no aparece un solo caso con sentencia a torturadores.

Esta práctica no se da de manera aislada ya que generalmente se relaciona a otro tipo de violaciones a los derechos humanos y abuso de poder como son: desapariciones forzadas, secuestros, Detenciones arbitrarias, incomunicación de los detenidos, ejecuciones  arbitrarias.

La violencia y las amenazas, así como la política de desinformación del actual régimen y la autocensura impuesta a las fuentes, han convertido a Honduras en un país con un déficit informativo y expresivo sin precedentes.

En el 2010, también hubo detenciones arbitrarias de comunicadores sociales y criminalización de la libertad de prensa y expresión. Igualmente, la ciudadanía ha sufrido un año de limitaciones e irrespetos en el sistema tradicional de comunicación, al que es imposible acceder bajo el estigma de resistente o zelayista.

Además, las radios de corto alcance o comunitarias han sufrido el acecho financiero, legal y policial por ejercer críticamente sus derechos; el miedo y el terror generados por el crimen organizado ha desencadenado un nivel de autocensura de las fuentes, nunca antes vivido en el país.

Criminalizar la protesta social para disuadir

La Criminalización de la protesta social es la nueva forma de violentar el derecho de asociación y libre reunión  en Honduras. Ha crecido la protesta social como expresión del descontento ciudadano frente a decisiones  gubernamentales y en seguimiento al reclamo de retorno a la democracia  o por la implementación de medidas que les perjudican.

Para disuadirla el régimen ha asumido una política de represión y criminalización de la protesta social que implica acciones represivas policíacas que no son investigadas y sancionadas, y al mismo tiempo utilizar la ley para sancionar a quienes se enfrentan al Estado, en la lucha por sus derechos.

La criminalización se concreta en llevar el conflicto social a la arena judicial para someter a quienes se organizan y protestan a largos procesos judiciales. Esta política comprende prácticas como detenciones arbitrarias,  medidas sustitutivas  del  régimen carcelario,  formas de retención arbitraria, el arraigo, Violaciones al debido proceso, equiparación de los luchadores sociales con delincuentes y resoluciones judiciales  arbitrarias.

El panorama antes descrito se agudiza con las excesivas evidencias que ubican al Estado en condición fallida en territorios y regiones donde sicarios, narcotraficantes y corruptos ejercen poder en colusión directa con “autoridades”, dice el séptimo informe del COFADEH, el cual ha sido entregado por Bertha Oliva a parlamentarios canadienses este 09 de marzo y a otros actores internacionales que le dan seguimiento a la situación hondureña desde el golpe de Estado de junio de 2009.

http://www.ellibertador.hn/?q=article/cofadeh-denuncia-masivas-violaciones-los-derechos-humanos-en-honduras-cometidas-desde-2010

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