Archivos para 9/03/11

Maestros presionan por despidos en Inprema

La junta directiva del Inprema se reúne este miércoles en la capital de Honduras para ratificar el despido de empleados por recomendaciones.

Tegucigalpa,Honduras

Maestros del sistema educativo público de Honduras decretaron paro de labores indefinido, exigiendo a la junta directiva del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema) el despido de personal recomendado por políticos y dirigentes magisteriales.

Desde tempranas horas, miembros de organizaciones magisteriales mantienen tomadas la instalaciones Inprema en Tegucigalpa.

Docentes de toda Honduras se apostaron frente al edificio ubicado sobre el bulevar Centroamérica, mientras alumnos de la escuela Normal Mixta Pedro Nufio, se unieron a la protesta con una marcha que inició en la colonia Kennedy, al oriente de la ciudad.

Los educadores exigen desde la semana pasada que se destituya al personal supernumerario con sueldos exhorbitantes. En respuesta, los empleados del Inprema paralizaron el tráfico vehicular, provocando congestionamiento en las calles aledañas.

No obstante, alrededor de las 11:00 AM, el directorio del Inprema declaró improcedente el despido de personal contratado por recomendación.

La junta directiva se reúne este miércoles para tratar la imposición de techos a las jubilaciones, ratificar y exigir al gobierno de Honduras el pago de 1,800 millones de lempiras que adeuda a la institución.

Crisis financiera

Inprema atraviesa una crisis financiera sin precedentes. De acuerdo a información obtenida por EL HERALDO, alrededor de 501 millones de lempiras fueron pagados a la institución, pero no están consignados en los libros contables.

Asimismo, existen 6,851 préstamos personales e hipotecarios que el Instituto de Previsión del Magisterio no puede cobrar porque no se sabe dónde están los deudores o los avales; mientrad 11,795 préstamos son incobrables porque el nombre del docente prestatario no coincide con el número de identidad que aparece en la documentación.

Otra de las grandes preocupaciones de los afiliados a la institución de previsión es que en 2008 se prestaron 10,972 millones de lempiras, cuando solo se había autorizado prestar 4,319 millones.

Personeros del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitan Honduras para realizar una evaluación de la economía nacional, advirtieron a los líderes del Poder Legislativo de la necesidad de implementar regulaciones que solventen los problemas de los régimenes de pensiones como el Inprema, pues de lo contrario podría desaparecer en cinco años.

http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2011/03/09/Noticias/Maestros-presionan-por-despidos-en-Inprema

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Disminuye violencia en Honduras, según Defensa

El ministro de Defensa manifestó además estar dispuesto a seguir apoyando a la Secretaría de Seguridad para continuar con los operativos.

Tegucigalpa,Honduras

A una semana de que se iniciaran en Honduras los operativos de la Policía Nacional en conjunto con las Fuerzas Armadas a fin de hacerle frente a la ola delincuencial que azota al país, las autoridades afirman tener “informes positivos” que indican una disminución de la violencia.

Sin dar datos específicos, el ministro de Defensa, Marlon Pascua, dijo estar informado de los avances en materia de seguridad en los lugares en donde se llevan a cabo las movilizaciones de efectivos policiales.

“Tenemos informes positivos en relación a la labor que se ha efectuado, sobre todo que se ha logrado disminuir considerablemente el clima de violencia que se había generalizado en las principales ciudades de Honduras”, manifestó.

Las declaraciones del funcionario se dan en momentos en que la población expresa su preocupación por los constantes hechos violentos que acaban con la vida de decenas de hondureños.

Para el caso, esta mañana se reportó la muerte de un vendedor y un vigilante, quienes fueron asesinados a balazos en la séptima avenida de Comayagüela, en el centro de Honduras, cuando intentaban repeler un asalto.

Mientras, en la zona norte de Honduras, la directora del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (Curla), Magda Elsy Hernández Munguía, se encuentra entre la vida y la muerte luego de ser víctima de un atentado.

El ministro de Defensa manifestó además estar dispuesto a seguir apoyando a la Secretaría de Seguridad para continuar con los operativos en las principales ciudades del país.

“El informe nos alegra mucho pero también nos compromete a seguir esforzándonos para apoyar al ministerio de Seguridad”, añadió Pascua, tras afirmar que “hemos trabajado fuertemente” para combatir la inseguridad.

La movilización de policías y militares inició el pasado 1 de marzo, por instrucción del presidente, Porfirio Lobo Sosa, como una estrategia para combatir la criminalidad.

Unos mil elementos del ejército participan del operativo.

http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2011/03/09/Noticias/Disminuye-violencia-en-Honduras-segun-Defensa

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Clase obrera no debe improvisar con el salario mínimo”: Así dice el dirigente sindicalista Daniel Durón

No estamos improvisando con la petición del nuevo salario mínimo, porque está elaborado científicamente, Daniel  Durón

Vamos a ser que se respete la ley, igualmente nosotros vamos  a cumplirla, manifestó el presidente de Central Nacional de Trabajadores de Honduras  CGT Daniel Durón, de acuerdo al obrero esta vez no llegaron improvisando con sus análisis puesto que han elaborado un estudio técnico, económico científicos elaborados por expertos.

En el convenio del salario mínimo  normalmente van funcionarios del gobierno, antes iban empresarios y se generaba la posibilidad de negociar de acuerdo a lo revelado por Durón,” Las personas que nos atienden no tienen la capacidad  de negociar ellos dicen que no van a tener en cuenta la propuesta, pero  esas son estrategias para irrespetar la ley”. Sostiene Durón.

Recientemente el ministerio de trabajo hizo un estudio que para los obreros es importante; sin embargo  los empresarios  la desechan porque no les conviene y el gobierno lamentablemente no apoya  dicha  tesis de costo de vida que aparece sobre un 20 ,22 por ciento, de incremento que es lo que ellos(los obreros) propusieron el año pasado.

En esta negociación los obreros llevaron ante la comisión negociadora no fue inventada, porque de acuerdo al Durón son cálculos científicos elaborados por analistas, técnicos y economistas   por lo que no hay excusa para que los empresarios no quieran aprobarles un salario justo que vaya incluido las verdaderas necesidades de los más desposeídos del país.

Después de decenas de años de  incumplimiento al salario mínimo  el presidente  Manuel Zelaya les  dijo, vamos a tratar de saldar esa deuda histórica que existe y decidió aumentar el salario  a 5500 lempiras (unos 289.47 dólares) que para muchos analistas de allí provino el enojo de los poderosos del país que posteriormente fueron los que patrocinaron el golpe de estado militar en junio de 2009 en contra de Zelaya.

http://www.ellibertador.hn/?q=article/clase-obrera-no-debe-improvisar-con-el-salario-m%C3%ADnimo-as%C3%AD-dice-el-dirigente-sindicalista-dan

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Cofadeh denuncia masivas violaciones a los Derechos Humanos en Honduras cometidas desde 2010

Subsisten problemas  políticos originados por el golpe de Estado y estructurales que limitan el pleno disfrute de los derechos humanos, particularmente en relación con, el derecho a la Vida, la participación política, la disidencia, libertad de expresión y emisión del pensamiento,   exclusión, la marginalidad, la pobreza, la inequidad, la tenencia de la tierra, la impunidad y la falta de acceso a la justicia.

En el periodo examinado,  el  COFADEH ha registrado 278  amenazas a muerte,  de estas  138  son dirigidas a defensores de derechos humanos, 56 a testigos,  26  a familiares de líderes sociales de perfil nacional y  en resistencia y 62 a líderes intermedios de proyección local u operativa.

Desde febrero 2010, se observó una nueva forma de ataque a las bases de la oposición al régimen que asumió el control del Estado en enero de 2010, la individualización de la víctima y la labor de inteligencia parece ser la clave de la impunidad en una serie de casos, destaca este nuevo informe de la organización de derechos humanos.

Para esta institución los ataques violentos se dirigen a personas vinculadas por razones de parentesco  a activistas públicos de la Resistencia pero no al activista mismo, en algunas ocasiones las víctimas no han tenido participación política.

“De esta forma el régimen está suavizando el impacto público que tendría el ataque directo al blanco de sus preocupaciones: los activistas sociales, aspecto que mide desde el espacio geográfico en el que la víctima se desenvuelve”, denuncian.

En esa línea se produjo el asesinato de dos hijas de comunicadores sociales, el allanamiento a la residencia de otra, el secuestro y torturas al hijo de un activista sindical y malos tratos infringidos a la hija de una activista de la Resistencia.

Esta capacidad de actuar con impunidad, producto de las políticas de tolerancia y apertura al crimen que mantiene el Estado de Honduras ha provocado la muerte de al menos seis personas colaterales de miembros del Frente Nacional de Resistencia y ex funcionarios del Gobierno del Presidente Zelaya, en los que no quedaron claras las circunstancias ni las motivaciones.

Los asesinatos han sido cometidos principalmente en contra de líderes y sociales y campesinos que defienden el derecho a la tierra.

Numerosas personas fueron ejecutadas por razones políticas, en los meses que comprende el informe.

El mayor número de estos asesinatos se perpetró en los meses siguientes  a la ascensión de Porfirio Lobo  a la jefatura del Ejecutivo. En todos los casos hay una constante: se trataba de personas desarmadas, que no ejercían ningún tipo de violencia y que fueron muertas mientras  transitaban a sus casas o permanecían en ellas. Muchas de las víctimas estaban formadas como dirigentes de masas y poseían condiciones personales.

Comandos armados y operaciones clandestinas

Las actividades de los comandos  armados de operaciones  clandestinas,  el empoderamientos de las fuerzas de seguridad del  Estado y    el crimen organizado, incrementado a partir del 2009, continuaron teniendo un impacto gravemente negativo sobre  los derechos humanos.

Se aterroriza a la población a partir de la lucha contra el narcotráfico y, en realidad, lo que se observa en este momento en Honduras  es una guerra social: Es una guerra del poder contra las organizaciones de resistencia, contra una juventud que está siendo aniquilada en las calles que se han convertido en  campos de batalla de esta guerra contra todo lo que se mueve; ahí el paramilitarismo tiene una función qué cumplir.

Los defensores de derechos humanos, como resultado de sus actividades en  pro de los derechos fundamentales  y derechos humanos, y grupos de la sociedad civil, incluyendo, defensoras de derechos de mujeres,  sindicalistas, periodistas y miembros de ONGs,  han enfrentado el riesgo  y  ataques de grupos clandestinos  y criminales.

De esta forma el ámbito  en el cual las organizaciones de la sociedad civil operan se ha  agravado, debido a los mensajes, a menudo provenientes de funcionarios de alto nivel gubernamental, que equiparan el  trabajo por los derechos humanos con el apoyo a las organizaciones terroristas, poniendo así sus vidas en riesgo.

En el  2010 se registraron 25 asesinatos  de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, así como amenazas a muerte contra quienes defienden derechos etnoterritoriales de comunidades afrohondureñas y pueblos Indígenas, y ataques sistemáticos contra sus bienes.

El Cofadeh conoció diferentes denuncias de víctimas de violaciones a derechos humanos que han revelado que fueron interrogados por personas que tenían acento suramericano durante su cautiverio en centros de operaciones clandestinas.

La impunidad continúa siendo un serio problema las investigaciones en temas claves de derechos humanos  enfrentan la parálisis de la institucionalidad. Los riesgos  para el ejercicio de los derechos sindicales, gremiales y del periodismo independiente y crítico sigue siendo peligroso.

Asesinatos sistemáticos y militarización

Los riesgos y dificultades expuestos en el 2009, se incrementaron en el 2010.  Así como los asesinatos sistemáticos contra jóvenes presuntos infractores de la ley  se elevaron en el año en curso. Algunas  de estas víctimas son dirigentes o integrantes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP),  o jóvenes con ideas democráticas asesinados de forma selectiva.

A partir del proceso que desencadenó el golpe de Estado de junio 2009,  se produjo el cambio más notable en la actuación histórica de las  Fuerzas Armadas,  la militarización ha sido un factor fundamental y determinante en el grado de debilitamiento de la institucionalidad estatal y por ende del Estado democrático de Derecho. Ha sido un soporte de la impunidad y ha incidido directamente en la falta de confianza que la población en general siente con respecto a las instituciones públicas.

La ruptura del régimen democrático profundizó la impunidad de las décadas anteriores hasta convertirla sin rituales en política de Estado, lo que resquebrajó hasta la médula la débil e incipiente institucionalidad levantada después de los regímenes cívico militares golpistas anteriores.

A la vez, esta involución democrática también se expresa en corrupción de la justicia, desconfianza por la deficiencia y negligencia de la policía y el Ministerio Público, cada vez más percibidos en su proximidad con las élites golpistas y bandas del crimen organizado, que violan la vida, la libertad y depredan los recursos naturales.

Derechos sufren su peor embestida

No hay duda que en Honduras está instalada una dictadura. En este contexto, los derechos civiles y políticos sufren su peor embestida desde el Estado, y  los derechos económicos, sociales y culturales, están sometidos a la regresión por la vía administrativa del Ejecutivo y del Congreso Nacional, donde se legisla contra la progresividad.

En el agro, los conflictos por el recurso tierra y agua, se agudizan. Hay muertos y heridos en esta confrontación creciente. En la Zona del Aguán la negociación con militarización caracteriza el escenario: entre abril y septiembre han sido asesinados 11 campesinos por autoridades y paramilitares.

Los abusos de autoridad por agentes policiales aumentaron en el 2010, la mayoría de los expedientes abiertos por el COFADEH son contra  dependencias de Seguridad Pública,  policías municipales y unidades del ejército que realizan operativos conjuntos.

Policía levanta perfiles de la disidencia

La policía estatal implementó desde enero de 2010, dispositivos en barrios y colonias presuntamente para disuadir el delito en comunidades ubicadas en zonas de conflicto, sin embargo  los reportes de las víctimas  indican que  la policía ha enfocado toda su logística  en disuadir la protesta social, la articulación y organización de base, sobre esta línea la Secretaría de Seguridad inició indagatorias detalladas referente  a los líderes locales  utilizando diversos métodos.

Los testimonios recibidos dan cuenta que los efectivos policiales habían actuado a veces sin uniforme ni identificación, otras veces plenamente identificados y portando sus armas de reglamento. Muchas personas fueron detenidas y llevadas a delegaciones policiales pero luego sus cuerpos aparecieron  en parajes solitarios o en la Morgue Judicial.

La policía preventiva y las fuerzas agregadas como la policía municipal exhiben un notorio empoderamiento que profundiza el irrespeto a los derechos humanos y faltas a los deberes de los funcionarios.

En los últimos 12 meses,  19  líderes campesinos han sido asesinados,  estas violaciones fueron atribuidas a guardias privados de seguridad, policías preventivos y comandos de operaciones clandestinas.

La pasividad e ineficacia del gobierno y del Ministerio Público de Honduras, que no han llevado a cabo las investigaciones ni han iniciado los procedimientos necesarios para que los responsables de estas violaciones de los DDHH respondan ante la justicia multiplica la vocación  del crimen.

El Cofadeh ha recibido denuncias de  amenazas a muerte desde diferentes puntos de la geografía campesina hondureña e indígena   particularmente de amenazas  contra dirigentes de las organizaciones sociales del Aguan  y otras que luchan por el derecho a la tierra, por los derechos indígenas y el respeto de los  derechos humanos  en general.

Entre los hechos irreparables se documentaron  el asesinato de 14 indígenas Tolupanes y los  crímenes de dirigentes campesinos.

El universo de víctimas de delitos cometidos en el contexto del conflicto por la tenencia de la tierra en el Valle del Aguan, incluye el asesinato de niños y jóvenes.

La militarización de la zona no ha bajado los niveles de ataques contra los campesinos, por el contrario la innecesaria presencia de los cuerpos de seguridad ha provocado mayores niveles de inseguridad, no solo para los campesinos, también para los periodistas que han denunciado los abusos cometidos en los retenes donde los ciudadanos fueron sometidos a enérgicos registros corporales y de sus pertenecías.

Muchas de las víctimas ejecutadas desde motocicletas,  en marcha sin placas o secuestradas en automóviles sin placas, con vidrios polarizados por hombres de contextura atlética, vestidos en forma deportiva jóvenes  y el pelo recortado al estilo militar,  fuertemente armados, fueron encontradas dos o tres días después en solares baldíos o zonas conocidas como botaderos de cadáveres, con señales de tortura disparos tipo ejecución y atados de pies y manos.

Amenazas para que no se castigue a los criminales

No se preserva la escena del crimen ni las evidencias o pruebas existentes  no recaudan los testimonios de los testigos o familiares de las victimas u otras personas que  puedan contribuir a esclarecer las muertes.

Tampoco se garantiza el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas quienes junto a testigos  son amenazados para que se abstengan de denunciar o desistan de las acciones penales.

Los miembros de la Fuerza  de seguridad Pública implicados en casos de ejecuciones permanecen en servicio activo. Habitualmente el levantamiento de los cuerpos es realizado por las mismas unidades o delegaciones policiales implicadas en la autoría de los hechos.

En algunos casos, las amenazas a muerte tienen un carácter sistemático e interrelacionado, produciendo una atmósfera general de incertidumbre y peligro para el desenvolvimiento cotidiano de las víctimas y sus familias.

Este peligro aumenta si existe un alto grado de ineficacia del  Estado para proteger al afectado  y ausencia de investigación de los hechos.

La sutileza de las amenazas adquiere mayor fuerza en procesos de reivindicaciones sociales, denuncias, movilizaciones masivas de la defensa de un derecho o las movilizaciones de la Resistencia, de igual forma se acentúan  cuando se discuten proyectos de leyes  adversas a la población en algunos se materializan en atentados.

Se constató un aumento de las intimidaciones y amenazas de muerte a través de mensajes de texto y correos electrónicos contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes, lideresas sociales, comunitarios y miembros de otros grupos sociales.

La mayoría de las amenazas permanecen en la impunidad y en ocasiones las autoridades rápidamente las descalificaron, sin una investigación previa. Algunas amenazas incluyen la instalación de paramilitares a inmediaciones de la residencia de la víctima, los agresores se transportan  motocicletas, tanto en el área urbana como rural,  de igual forma se  ha identificado la utilización de taxis para vigilar a las víctimas en las zonas urbanas.

Las amenazas e  intimidación también se implementan  en contra de testigos de violaciones a los derechos humanos, es uno de los mecanismos utilizados para dejar en la impunidad la comisión de crímenes. Así, a través de la amenaza y la coerción en contra de testigos, los perpetradores reducen el acceso a la justicia para las víctimas.

Se registran casos operativos  de hostigamiento y persecución  en los que se utilizan hasta tres automóviles varios vigilantes que se relevan  en forma periódica y uso de equipo de fotografías y escuchas.

Las cifras y los móviles  demuestran que   en el marco de acciones de inteligencia del gobierno se ha producido una ola de amenazas de muerte a líderes sindicales, campesinos y estudiantiles y periodistas, lo que provoca que la población organizada se encuentre en un estado de alarma debido a los índices de amenazas, intimidación y acoso que se han registrado en el año en referencia.

El Cofadeh observa que existe un patrón de abusos graves que han sido cometidos contra diversos sectores de la sociedad civil que se ven afectados por la violencia selectiva, incluyendo  ex funcionarios del Estado.

Las operaciones de inteligencia ofensiva consistentes en llevar a la práctica diferentes ataques, montajes, amenazas de muerte repetidas y continuadas a los  familiares más cercanos de la victima principal, incluidos los hijos menores de edad, configurando una situación de ataques generalizados y sistemáticos.

Los ataques tienen conexión

Han sido ataques típicos del 2010, sabotajes a los automóviles, disparos contra personas, simulacros de ataque con armas, intentos de secuestro, asaltos violentos, disparos contra sedes, ingreso ilegales, robo de información.

También registros de comunicaciones telefónicas y de correos electrónicos realizados en contra de instituciones de la sociedad civil. Se suma a ello el espionaje sistemático a sindicatos, organizaciones de derechos humanos  y figuras público de oposición.

La persistencia de la práctica de la judicialización de acciones de la disidencia donde las pruebas contra las personas detenidas se centran únicamente con la información de inteligencia promovida por la policía.

El 20 de agosto de 2010, cuatro maestros que fueron víctimas de detención ilegal, torturas y otros vejámenes debieron enfrentar procesos judiciales sin  más  evidencia que  el informe de la policía preventiva. Con fundamento en los testimonios recibidos podemos asegurar que la impunidad de que gozan los agentes del Estado les permite detener personas en base a la subjetividad, con argumentos sobre la apariencia.

También incide en las detenciones arbitrarias la estigmatización  en relación a la vestimenta  o lugar de residencia, los barrios considerados bastiones de la oposición política son sometidos  a fuerte operativos anti delincuencia  y recolección arbitraria e ilegal de información. Algunas declaraciones  de los afectados  asumen que en el proceso de  indagaciones participan miembros  domésticos del crimen organizado que son los encargados de señalar a las víctimas  y amenazarlas en forma previa.

La tortura se agudiza

La tortura continúa siendo utilizada en la más absoluta impunidad y esto se afirma de  manera contundente cuando no aparece un solo caso con sentencia a torturadores.

Esta práctica no se da de manera aislada ya que generalmente se relaciona a otro tipo de violaciones a los derechos humanos y abuso de poder como son: desapariciones forzadas, secuestros, Detenciones arbitrarias, incomunicación de los detenidos, ejecuciones  arbitrarias.

La violencia y las amenazas, así como la política de desinformación del actual régimen y la autocensura impuesta a las fuentes, han convertido a Honduras en un país con un déficit informativo y expresivo sin precedentes.

En el 2010, también hubo detenciones arbitrarias de comunicadores sociales y criminalización de la libertad de prensa y expresión. Igualmente, la ciudadanía ha sufrido un año de limitaciones e irrespetos en el sistema tradicional de comunicación, al que es imposible acceder bajo el estigma de resistente o zelayista.

Además, las radios de corto alcance o comunitarias han sufrido el acecho financiero, legal y policial por ejercer críticamente sus derechos; el miedo y el terror generados por el crimen organizado ha desencadenado un nivel de autocensura de las fuentes, nunca antes vivido en el país.

Criminalizar la protesta social para disuadir

La Criminalización de la protesta social es la nueva forma de violentar el derecho de asociación y libre reunión  en Honduras. Ha crecido la protesta social como expresión del descontento ciudadano frente a decisiones  gubernamentales y en seguimiento al reclamo de retorno a la democracia  o por la implementación de medidas que les perjudican.

Para disuadirla el régimen ha asumido una política de represión y criminalización de la protesta social que implica acciones represivas policíacas que no son investigadas y sancionadas, y al mismo tiempo utilizar la ley para sancionar a quienes se enfrentan al Estado, en la lucha por sus derechos.

La criminalización se concreta en llevar el conflicto social a la arena judicial para someter a quienes se organizan y protestan a largos procesos judiciales. Esta política comprende prácticas como detenciones arbitrarias,  medidas sustitutivas  del  régimen carcelario,  formas de retención arbitraria, el arraigo, Violaciones al debido proceso, equiparación de los luchadores sociales con delincuentes y resoluciones judiciales  arbitrarias.

El panorama antes descrito se agudiza con las excesivas evidencias que ubican al Estado en condición fallida en territorios y regiones donde sicarios, narcotraficantes y corruptos ejercen poder en colusión directa con “autoridades”, dice el séptimo informe del COFADEH, el cual ha sido entregado por Bertha Oliva a parlamentarios canadienses este 09 de marzo y a otros actores internacionales que le dan seguimiento a la situación hondureña desde el golpe de Estado de junio de 2009.

http://www.ellibertador.hn/?q=article/cofadeh-denuncia-masivas-violaciones-los-derechos-humanos-en-honduras-cometidas-desde-2010

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“Pepe” Lobo se compromete a sancionar reformas agrarias

TEGUCIGALPA.- Al asistir al 50 aniversario del Instituto Nacional Agrario (INA), el Presidente Porfirio Lobo Sosa ratificó hoy que con gusto sancionará las reformas a la ley agraria que planteen los campesinos porque la “tierra es de quien la trabaja”.

Durante la ceremonia de aniversario, las autoridades del INA y el Presidente Porfirio Lobo Sosa, entregaron 55 títulos de propiedad.

El mandatario habló en esos términos en momentos en que se debaten en el Congreso Nacional (CN) las reformas a la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, que buscan enmiendas en el artículo 51 de esa normativa, a efecto de que el Estado pueda disponer de todas las tierras privadas ociosas, para otorgárselas a campesinos que estén dispuestos a trabajarlas, previó la compra de las mismas a su legítimo propietario.

Los actos de celebración del INA se desarrollaron en las instalaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) donde, además, se instaló el foro “Reforma Agraria y Retos para el Desarrollo de Honduras”. En acto se dieron cita las asociaciones campesinas.

Durante el evento, el Presidente Lobo Sosa dijo que hará todo lo que esté a su alcance para dar respuesta al sector agrario, aunque admitió que con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hay “algunos problemitas por ahí”, los cuales, aseguró irá superando.

Los campesinos reclaman al Poder Judicial por haber derogado en enero pasado el decreto 18-2008, que faculta al gobierno hacer la expropiación forzosa de tierras del sector privado.

El mandatario, además, ratificó nuevamente al director del INA, César Ham, al indicar que el funcionario estará en el cargo hasta  que él quiera.

Asimismo, aseguró que nunca ha limitado al funcionario en sus decisiones, pues lo único que le ha dicho es que tras sus actuaciones hay una ley que respetar.

Asimismo, aclaró que no es una política de su gobierno ordenar persecuciones por ideas políticas o de otra índole, ya que él es un fiel defensor de los derechos humanos.

Lobo Sosa instruyó a Ham para que siga ayudando a los pequeños propietarios de parcelas y grupos campesinos con la titulación de tierras, así como a las autoridades del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) con quienes se reunió el pasado martes para ofrecer precios de garantía a los pequeños productores.

Recordó que a su llegada al gobierno había una mora agraria con 665 grupos campesinos que tenían entre 30 a 40 años en posesión de sus parcelas de tierra, pero que jamás habían sido beneficiados con un título de propiedad.

Finalmente, indicó que su compromiso es hacer del INA un ministerio que garantice el apoyo a los campesinos.

De su lado, el director del INA, César Ham, ratificó la versión del mandatario en cuanto a que todas las decisiones que ha adoptado a la fecha las ha llevado a cabo por convicción propia y no por instrucciones de Casa de Gobierno.

Ham también dijo que el decreto 18-2008 es un enorme acto de corrupción, ya que el Estado ha pagado más de 200 millones de lempiras por tierras sobrevaloradas, que hoy en día se están legalizando.

Señaló que, además de corrupción, la acción es un fraude en contra del Estado hondureño, porque los avalúos no corresponden al verdadero valor de la tierra.

Asimismo, que en base al decreto se han entregado 275 títulos de 30,000 manzanas de tierra, beneficiando a más de 5,000 familias, pese a la “oposición de los grupos de poder y de la Corte Suprema de Justicia, que nos derogó el decreto”.

Anunció que en los próximos días se entregarán 5 mil bonos para los campesinos en apoyo a los cultivos de semilla mejorada y los productos de primera necesidad, al tiempo que manifestó que presentará al Congreso Nacional una ley que resuelva la mora agraria.

Igualmente, afirmó que en la lucha del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), por la posesión de tierras no ha ocurrido una resistencia del gobierno. “El gobernante Lobo Sosa no nos ha limitado, no ha intervenido en las decisiones de acompañar las luchas de ese grupo productivo del país”, añadió.

Durante la ceremonia de aniversario, se efectuó el reconocimiento a líderes que han luchado por la reforma agraria, entre ellos Rigoberto Sandoval Corea, Aníbal Delgado Fiallos, Gautama Fonseca, José Maldonado Muñoz, Miguel Murillo y Mario Ponce.

Finalmente, las autoridades del INA  procedieron a entregar 55 títulos de propiedad a campesinos organizados en microempresas de diferentes zonas del país.

http://www.latribuna.hn/2011/03/09/%E2%80%9Cpepe%E2%80%9D-lobo-se-compromete-a-sancionar-reformas-agrarias/

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