La Comisión Internacional Contra la Impunidad

federico_alvarez

Por Federico Álvarez F.

Estoy seguro que la iniciativa del Presidente Lobo de pedir a las Naciones Unidas que instale en Honduras una Comisión Contra la Impunidad surge de un genuino interés por terminar con ese grave vicio de nuestro sistema de justicia y no, como se ha insinuado, de la mera necesidad de cumplir con un requisito impuesto por la OEA.

Pienso que el gobierno tiene una excelente oportunidad de pedir a la ONU que se amplíe el mandato de esa comisión, a fin de incluir en el mismo, el combate de la corrupción también. En ese caso sería una Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción.

Su función sería la de apoyar las instituciones hondureñas para que tengan una mejor capacidad de actuar con independencia, libres de presiones políticas, sirviendo además de valladar para que ningún poder el Estado pueda tratar de injerir en el Poder Judicial; reforzaría técnicamente las capacidades actuales de investigación y contribuiría, técnicamente también, a la formulación de casos sólidos y bien fundamentados, que no puedan ser fácilmente desechados por un juez. A la vez, colaboraría con los tribunales nacionales en apoyo de su labor de impartir justicia, para que la misma sea más rápida, más objetiva, más transparente y mejor fundamentada en la ley vigente.

Pienso que así se quebraría, por fin, con el paradigma de que en Honduras ningún gran personaje de la vida pública, cuyo rápido enriquecimiento resulta sospecho, va a parar a la cárcel.

Los principales beneficiarios directos serían el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público y la misma Corte Suprema de Justicia. Pero los beneficiarios en general, seríamos todos los hondureños y el mismo país.

Lo que sí debe cuidarse, esmeradamente, es que la comisión propuesta se enmarque estrictamente en lo dispuesto por la Constitución y la ley y que, en su funcionamiento, no se vaya a tratar de sustituir o suplantar las funciones de ninguna de las instituciones nacionales. De la  presencia de esa comisión en el país, debe resultar instituciones más fuertes y técnicamente más capacitadas.

Su mandato no debe contraerse a los casos de violación de derechos humanos únicamente, sino a todos aquellos casos en los que las condiciones del imputado o las dificultades del caso, obliguen a una objetividad mayor y a tener un acompañamiento técnico más fuerte.

Desde luego, que los funcionarios internacionales que integren esa comisión, deben ser personas de reconocida rectitud y capacidad. Personas que no actúan en base a ideologías sino en base a conocimientos técnicos. Personas que no se van a dejar manipular políticamente por nadie.

Para ello deberán revisarse con cuidado las personas que proponga ese organismo internacional y escudriñar detenidamente sus antecedentes.

Porque también en la ONU “se cuecen habas”.

http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=187794

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