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Honduras combate la violencia con un presupuesto de $281 millones

28 de Octubre de 2014

10:49PM  –  Redacción  

La mayor parte de ese presupuesto es destinada a la Policía Nacional. Honduras tiene el segundo presupuesto más bajo de la región, según informe de Resdal.

Tegucigalpa, Honduras

En la lucha contra la violencia y criminalidad, en el 2013 Honduras tuvo un presupuesto de 281,292,483 dólares (equivalente a unos 5,786 millones de lempiras) lo cual representaba el 1.5 ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

La Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal), en su informe del año pasado, hace un análisis sobre los gatos que los diferentes países realizan en materia de seguridad, así como la ayuda que reciben de los fondos de cooperación internacional.

A nivel del área, Honduras presenta el segundo presupuesto más bajo de la región, después de Nicaragua. Los presupuestos más grandes los tienen Panamá y Costa Rica.

Según esta organización, la exposición presupuestaria hondureña presenta en su clasificación funcional “Defensa y Seguridad” incorporando además de los recursos específicos del área de seguridad, la totalidad de los recursos de la Secretaría de Defensa y de la administración de justicia en general.

Se suma el presupuesto de instituciones como el Consejo Nacional contra el Narcotráfico, Dirección General de Migraciones y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). La mayor porción del presupuesto recae institucionalmente en la asignación a la Secretaría de Seguridad, específicamente para la Policía Nacional que concentra el 69.5 por ciento de los recursos.

Asignaciones

Resdal realiza el siguiente desglose del presupuesto de seguridad que tuvo Honduras en el 2013: Policía Nacional, 195,538,848 dólares equivalente a un 69.5%; otros (no especifica) 5,586,570 dólares, igual a dos por ciento; Secretaría del Interior en el área de Migraciones 4,763,574 dólares, que representa un 1.7%; Consejo Nacional contra el Narcotráfico 453,238 dólares, que significó un 0.2%; Bomberos 5,201,200 dólares, equivalente a un 1.8 por ciento.

En la lista también aparece la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) con 13,289,081 dólares, lo cual representa un 4.7%; Ministerio Público 48,454,404 dólares, que significa un 17.2%; Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) con 3,139,002 dólares, igual a 1.1%; Procuraduría de los Derechos Humanos con 13,651,509 dólares igual a un 1.7%; Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial con 2,659,468 de dólares, equivalente a 1% y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia con 2,207,098 dólares, lo cual representa un 0.8%, resultando de todos estos montos la cantidad de 281 millones 292 mil 483 dólares.

Acomodo

A pesar de sus limitaciones, Honduras gasta anualmente miles de millones de lempiras en la lucha contra la violencia y la criminalidad.

Según Edmundo Orellana Mercado, exfiscal general, los resultados no son positivos por la falta de una política de seguridad que sea consecuencia de un inventario de las necesidades nacionales.

A su criterio, en la lucha contra la inseguridad y en un país con muchas carencias, los presupuestos se acomodan a las circunstancias, a las limitaciones, estableciéndose las debidas relaciones e interrelaciones con los recursos de las demás instituciones.

Por ejemplo, en el tema de la seguridad preventiva, la Policía no es la única responsable, también está la Policía Municipal, y eso a nivel constitucional; asimismo, las instituciones deben tener una parte de su presupuesto para dar seguridad a los programas y proyectos que tienen, de manera que en seguridad preventiva del orden público se puede perfectamente distribuir la responsabilidad entre todas las instituciones del Estado.

En materia represiva se puede combinar los recursos como se está haciendo con las Fuerzas Armadas, y finalmente está la parte de la investigación, que es un tema que está ausente en los presupuestos de la Policía. No hay recursos para investigación, por eso es que hay tanta impunidad en el país.

En cuanto a si el país tiene suficiente presupuesto para la seguridad, mejor sería preguntarse si está eficientemente utilizado el que ha sido asignado, cuestionó Orellana.

Si usted ve a lo largo de los años desde Manuel Zelaya, se han venido asignado recursos en enormes cantidades a la Policía y eso no se ha traducido en una efectiva lucha contra la violencia y el crimen.

Creo que lo que ahí habido es una falta de control y anualmente son miles de millones de lempiras que le asignan a la Secretaría de Seguridad para prevención y represión nada más, porque la investigación prácticamente es inexistente.

El gasto de tantos millones de lempiras en la lucha contra la violencia y la criminalidad, sin resultados positivos, es producto de la falta de una política de seguridad que sea consecuencia de un inventario de las necesidades nacionales, sostuvo Orellana.

Según él, a pesar de tantos recursos asignados, en relación con la capacidad del país, la inseguridad se le fue de las manos a las autoridades por varios factores y uno de ellos es el narcotráfico, que llegó a incidir tanto en la vida nacional que muchos se aprovecharon de él: “la empresa privada, los políticos, los funcionarios, absolutamente todos porque vieron que había una fuente de recursos que no tenía que darle cuenta a nadie y que por otro lado no era perseguido”.

Así se conformaron redes que ahora son difícil de destruir porque las arterias financieras de país están alimentadas por el narcotráfico.

Ahora estas organizaciones están bien posesionadas en el mercado nacional, centroamericano y latinoamericano que será difícil destruirlas, los capturados serán sustituidos por otros, de ahí la necesidad de que el gobierno avance más allá de la simple captura de los cabecillas.

Los demás países de Centroamérica han avanzado en la lucha contra la violencia y la criminalidad porque sus autoridades no tuvieron ese contubernio que aquí hubo con el hampa, ahí no hubo ese descuido, ha habido corrupción desde luego, pero no como en el caso de Honduras, lamentó Orellana.

Cooperación

Aparte de los recursos internos, Honduras al formar parte de la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (Carsi) recibe fondos de este programa.

Este proyecto nació en el 2008 como parte de la iniciativa Mérida (cuya finalidad era asistir contra el tráfico de drogas y el crimen organizado en México).
Carsi financia programas que incluyen desde asistencia técnica y entrenamiento hasta el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos y el mejoramiento de la situación económica y social de la población en general.

Es un programa de cooperación regional en seguridad entre Estados Unidos y los países de Centroamérica.

Para el 2013 los programas de financiamiento de Carsi tuvieron el énfasis puesto en la reducción de los niveles de delitos y violencia en los países de la región.

En el 2012 un monto de 30 millones de dólares fueron reprogramados para la región.

Para el 2013 Carsi requirió 600 millones de dólares para ayuda bilateral.

De la asistencia estadounidense a los países de Centroamérica durante 2011-2013, el 49 por ciento fue para Guatemala, el 0.3 por ciento para Belice, el 16 por ciento para El Salvador, el 27.4% para Honduras, el 6.4 para Nicaragua, el 0.5 para Costa Rica y el 1.5% para Panamá, según el estudio de Resdal.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/alfrente/762567-331/honduras-combate-la-violencia-con-un-presupuesto-de-281-millones

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Seguridad: Honduras tiene un policía y medio por cada mil habitantes

26 de Octubre de 2014

10:46PM  –  Redacción  

Panamá posee 6.2, El Salvador 3.5, Costa Rica 3.0, Nicaragua 1.9 y Guatemala 1.7 policías. En 2013 Honduras tenía el segundo presupuesto más bajo en materia de seguridad.

Tegucigalpa, Honduras

Con 112,492 kilómetros cuadrados de extensión, Honduras es el segundo país más grande de Centroamérica, sin embargo, posee la segunda fuerza policial más pequeña de la región y la tasa más alta de homicidios.

Este país, a pesar de haber implementado una serie de acciones legislativas, económicas y de lucha directa contra la violencia y la criminalidad en los últimos cuatro años, continúa sin superar el calificativo de la nación más violenta en el área.

Un estudio de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal), sobre los Índices de Seguridad Pública en Centroamérica, con datos hasta el 2013, muestra las condiciones con que cada país de Centroamérica lucha contra la inseguridad, asimismo, refleja el impacto de la violencia en cada una de estas naciones, especialmente la que viven los países del triángulo norte.

Según la investigación, en el 2013, Costa Rica era el país con menos homicidios al tener una tasa de 8.8 homicidios por cada cien mil habitantes.

Le sigue Nicaragua con 11, Panamá con 17.6, Guatemala con 34.3, El Salvador con 41.5 y por último está Honduras con 85.5 homicidios por cada cien mil habitantes.

Aunque en los últimos meses, la Secretaría de Seguridad ha publicado que se ha registrado un descenso de al menos un diez por ciento de los homicidios, la tasa aún sigue siendo muy elevada en relación con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es de 8.8 por cada cien mil habitantes.

Para el analista Raúl Pineda Alvarado, la extrema violencia en Guatemala, El Salvador y Honduras se debe a que estas tres naciones son las que a nivel regional muestran los mayores niveles de exclusión social y económica. “Aquí los niveles de pobreza son exagerados y además tienen altos niveles de corrupción”.

Caso raro es el de Nicaragua que tiene niveles muy bajos de desarrollo social, pero mantiene buenos niveles de seguridad ciudadana, gracias a que ha logrado insertar a la policía en la sociedad, además que vienen de un conflicto bélico que hizo que la sociedad comience a rechazar la violencia.

“En cuanto a Costa Rica, ahí hay grandes problemas, lo que pasa es que ellos manipulan las cifras”, dice el analista.

Al analizarse la situación de la violencia en Centroamérica también debe contemplarse que cada país de la región desempeña un papel en relación a esa corporación que se llama crimen organizado, añadió Pineda.

Él considera que en Nicaragua hay poco tráfico de drogas “porque es la tesorería del crimen organizado”, mientras que en Costa Rica “predomina más el lavado de activos”.

Mientras que Honduras, El Salvador y Guatemala son la vía que utiliza el crimen organizado para generar recursos.

“En Nicaragua se van a guardar los recursos, en Costa Rica se van a guardar y disfrutar, son una especie de santuario para los barones de la droga, o del crimen organizado”, sostuvo.

Acciones

En la última década, el crecimiento de la violencia y la criminalidad en Honduras alcanzó niveles escalofriantes producto de la falta de una política integral para hacerle frente al problema, según ha venido señalando continuamente el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Desde el 2010 Honduras comenzó a aprobar una serie de leyes para hacerle frente a la violencia, incrementó los presupuestos de defensa y seguridad, intentó depurar la Policía, creó una Policía Militar y un escuadrón TIGRES, sin embargo, la violencia continuó imparable y en ascenso.

Es hasta este año que la sociedad ve un ligero avance en el combate de la delincuencia, pero desde el punto de vista operativo, no así desde el ámbito de la prevención.

En los últimos cuatro años, el Poder Legislativo aprobó una treintena de leyes para combatir la inseguridad.

En febrero del 2010 se creó la Ley de Visión de País y Plan de Nación, donde se plantea que Honduras se desarrollaría en democracia con seguridad y sin violencia.

En septiembre del 2011 se conforma una Política Integral de Seguridad Ciudadana, que en el papel dice que tiene como fin fortalecer la gestión local y de los equipos de seguridad y realización de programa de prevención de la violencia.

En julio del 2011 también se crea la Ley de Seguridad Poblacional, que consiste en la conformación de un foro extrapresupuestario para seguridad.

Posteriormente, con el asesinato de dos estudiantes universitarios por parte de la Policía las autoridades gubernamentales comenzaron, a finales del 2011, a buscar alternativas encaminadas a parar el crimen.

Partiendo de que una Policía altamente corrupta era responsable del incremento del hampa al estar coludida con el crimen organizado y el narcotráfico, en noviembre del 2011 se creó la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), y en diciembre se conformó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, encaminado a diseñar, supervisar las políticas de seguridad, defensa e inteligencia.

En febrero del 2012 se le dio vida a la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CNRSP), que no sirvió para nada.

En mayo se creó la Ley de Depuración Policial que luego fue declara inconstitucional en lo de la aplicación del polígrafo; en junio de ese mismo año se creó también el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

Luego, solo en el 2013, el Congreso Nacional emitió 23 leyes relacionadas con seguridad. En abril creó la figura del Comisionado de Defensa y Seguridad, en junio le dio vida a la Ley de TIGRES y en agosto creó la Policía Militar y del Orden Público; sin embargo, en el 2013, a pesar de toda esta batería de leyes los homicidios no se redujeron como se esperaba.

Ante la imparable violencia aún en el 2014, el Legislativo siguió aprobando más acciones tendientes a controlar la criminalidad.

Las últimas medidas se tomaron la noche del martes 21 de octubre, recién pasado, cuando el Congreso Nacional reformó los artículos 116, 122, 322 y 323 del Código Penal, incrementando las penas contra los asesinos de los operadores de justicia.

Comparativo

El informe de Resdal hace un comparativo de los esfuerzos que realiza cada país centroamericano, desde el punto de vista legislativo, administrativo y operativo para hacerle frente al azote de los criminales.

El informe también refleja los resultados de una lucha que se libra sin parar a nivel de toda la región.

Con una población de 8,555,072 habitantes, Honduras posee la segunda población más grande de Centroamérica.

Guatemala tiene 15,073,384 habitantes; El Salvador tiene 6,213,730; Nicaragua tiene 6,213,730; Costa Rica tiene 4,713,168, mientras que Panamá posee una población de 3,850,735 de habitantes.

En cuanto a extensión territorial, Nicaragua es el más grande con 130,373 kilómetros cuadrados, le sigue Honduras con 112,492 kilómetros cuadrados.

Después Guatemala con 108,889 kilómetros cuadrados, Panamá con 75,517 kilómetros cuadrados, Costa Rica con 51,100 kilómetros cuadrados y por último aparece El Salvador con 21,040 kilómetros cuadrados.

Sobre la fuerza policial que posee cada país, Honduras se ubica en el penúltimo lugar.

Con 26,201 elementos, Guatemala es el país con más policías.

Le sigue Panamá con 23,824 policías; El Salvador con 22,055; Costa Rica con 14,201; Honduras con 12,805 agentes y después aparece Nicaragua con 11,732 policías.

En relación a la cantidad de policías por población, los cuadros muestran que Panamá posee 6.2 policías por cada mil habitantes, El Salvador 3.5 policías, Costa Rica 3.0, Nicaragua 1.9, Guatemala 1.7 y Honduras 1.5 policías por cada mil habitantes.

Desde el punto de vista territorial, Panamá tiene 31.5 policías por cada 100 kilómetros cuadrados; le sigue El Salvador con 104.8 policías; Costa Rica con 27.8; Guatemala con 24.1; Honduras con 11.4 y Nicaragua con 9.0 policías por cada 100 kilómetros cuadrados.

Los agentes mejor pagados son los de Panamá con un salario de 690 dólares mensuales.

Le sigue Guatemala con 509 dólares, Costa Rica con 481 dólares, Honduras con 472 dólares (unos 9,709 lempiras), El Salvador con 424 y Nicaragua con 120 dólares.

Acerca de los recursos asignados a seguridad, con una cantidad de 281.2 millones de dólares, unos 5,780 millones de lempiras, en 2013, Honduras se ubicó con el segundo presupuesto más bajo en relación con los demás países centroamericanos, superando nada más a Nicaragua que en el año pasado tenía una asignación de 107.6 millones de dólares.

La nación con el presupuesto para seguridad más alto es Panamá con 997.5 millones de dólares, le sigue Costa Rica con 856.8 millones, Guatemala con 718 millones y luego El Salvador con 433 millones de dólares.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/alfrente/761886-331/seguridad-honduras-tiene-un-polic%C3%ADa-y-medio-por-cada-mil-habitantes

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Director de la Policía justifica asesinatos en el transporte: Nos juegan la vuelta, dice


  • Martes, 21 Octubre 2014 12:53

El director policial se encuentra aún en la ciudad de San Pedro Sula, donde deberá permanecer hasta que se aclare el asesinato de dos fiscales. El director policial se encuentra aún en la ciudad de San Pedro Sula, donde deberá permanecer hasta que se aclare el asesinato de dos fiscales.

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa - El director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Sabillón, reconoció este martes que las muertes se continúan registrando en el rubro del transporte, porque el delincuente “le juega la vuelta al operador de justicia”.

Manifestó que por medio de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), han buscado brindar seguridad tanto a los transportistas como a los usuarios de las unidades.

No obstante, dijo que “desgraciadamente, se da ese escenario, que el delincuente anda jugándole la vuelta al operador de justica”.

Anunció que continuarán ejecutando acciones para contrarrestar el flagelo de violencia en el rubro del transporte.

Este martes, propietarios y conductores de unidades del transporte público de la capital decidieron paralizarse a partir de las primeras horas del miércoles en esta ciudad.

Cabe señalar que la tarde del lunes, un conductor del transporte urbano fue asesinado por sujetos desconocidos en el bulevar Fuerzas Armadas de Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa, capital del país.

Los conductores del transporte urbano constantemente son víctimas de pandilleros que cobran el mal llamado impuesto de guerra.

Según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, durante el 2013 se registraron 90 hechos violentos que dejaron como saldo la muerte de 45 conductores de taxis, 21 conductores de moto-taxis, 21 pasajeros, 3 propietarios de taxis, un despachador, un supuesto secuestrador, la esposa de un conductor de moto-taxi en estado de embarazo y 10 personas particulares.

Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/89917-director-de-la-polic%C3%ADa-justifica-asesinatos-en-el-transporte-nos-juegan-la-vuelta-dice.html

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DE NUEVO EL FUERO MILITAR

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La Doctrina de Seguridad Nacional desempolvada para enfrentar al narcotráfico nos recuerda la era que impuso el Pentágono a Rosuco y a los chafas en 1980.

Las agencias de Washington le dijeron a aquellos títeres de entonces que el enemigo era el comunismo internacional y sus aliados locales.

Los jueces eran todopoderosos en aquellos días, porque ellos investigaban, requerían y juzgaban, por supuesto si un militar cometía abusos y violaciones lo limpiaban en los batallones.

El fuero militar encubrió las brutalidades de los militares y policías de la guerra fría, eran intocables… hoy vemos a esos oficiales viejos amansando caballos, predicando en iglesias costosas y paseando sus perros en centros comerciales.

Hemos vuelto a esos tiempos en los que la policía fue absorbida por las Fuerzas Armadas, tiempos de infiltración y penetración de lo social, de inteligencia de combate, de exhibicionismo de armas ridículas y de protagonismo político de los chafas.

Es por eso que don Wil Yánez no alcanzó justicia por la muerte de su hijo Jassiel, asesinado por militares en 2012. El sistema protegió a los imputados.

Y por eso la ciudadana Alba Ochoa Camacho y 22 personas vejadas en agosto de 2009 rechazaron el ascenso del oficial de policía Elder Madrid Guerra, al grado de comisionado general de Policía, porque está acusado directamente de dirigir aquellos actos violentos que incluyeron torturas y ocultamiento de manifestantes contra el golpe de Estado. El Congreso Nacional lo premió y el poder judicial no decide aún si juzgarlo o entretenerlo.

Hemos vuelto a aquellos tiempos en los que la policía fue absorbida por las Fuerzas Armadas, tiempos de infiltración y penetración de lo social, de inteligencia de combate, de exhibicionismo de armas ridículas y de protagonismo político de los militares.

Por eso los agentes antidrogas que cometieron asesinatos y torturas contra habitantes misquitos de Ahuás, junto con militares de Estados Unidos, en mayo de 2012, no han sido juzgados. Son muchos los malabares del poder judicial para impedir su juzgamiento.

Y lo mismo hace Estados Unidos, encubrir a sus agentes que han cometido violaciones a derechos humanos en territorio hondureño y tratar del peor modo de disuadir a las víctimas con migas a través de una organización supuestamente misquita, que no se conoce.

El líder de la colonia Planeta de San Pedro Sula José Reynaldo Cruz sigue desaparecido y hasta la fecha todas las acciones judiciales no llegan al juzgamiento de los imputados, que se presume son policías corruptos y sicarios de la zona, que han provocado secuelas adicionales al círculo familiar como en los peores días de las desapariciones forzadas de personas.

Estos casos y otros trazaron una tendencia que en diciembre de 2013 alcanzó un punto máximo, cuando el Congreso Nacional en su diarrea legislativa de la última semana aprobó una reforma para devolvernos al viejo fuero militar. Cualquier chafa que cometa una violación bajo la bandera del combate al narcotráfico será juzgado por togados militares, por su propio sistema, donde no hay balanza ni reparación para las víctimas.

Pero como en los viejos tiempos, los militares volverán a ser utilizados contra el pueblo por defender los intereses ajenos, y quedarán desprestigiados, unos quizás en prisión, otros cuidando caballos y rezando sus culpas, con dinero pero sin riqueza.

Bueno sería que piensen un instante antes de cumplir las nuevas órdenes del Comando Sur…

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3296:de-nuevo-el-fuero-militar&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Honduras: Diez policías y dos militares implicados en sexo con menor

16 de Octubre de 2014

11:16PM  –  Redacción  

EL HERALDO tuvo acceso al expediente judicial del caso de la presunta proxeneta Xiomara Olivera, detenida en Olancho, quien es hermana de la madrastra de la menor. La joven asegura que la mujer la hacía sostener relaciones sexuales hasta con diez hombres por semana. Niña salpica a coronel

Tegucigalpa, Honduras

La separación de sus padres y el viaje de su madre al extranjero marcaron una difícil camino en la adolescencia de “Candy” (nombre ficticio), la menor de 15 años víctima del delito de proxenetismo en el cual se implica a la hermana de su madrastra, Xiomara Patricia Olivera Paguaga, quien hoy será presentada en audiencia inicial en los Juzgados con Jurisdicción Nacional.

Según el requerimiento fiscal, la menor vivía en una colonia de Tegucigalpa junto a sus padres, pero después de la separación, su padre viajó a Olancho y su madre al extranjero por lo que ella fue llevada a vivir con una hermana de su papá.

En el expediente judicial al que EL HERALDO tuvo acceso, la niña relata que después de un tiempo su padre se hizo de una nueva esposa con la cual no tiene una buena relación por lo que no podía vivir con él, ya que su madrastra no la toleraba.

La niña indica que su nueva madre “no me quiere mucho por eso es que yo tengo un año de estar viviendo con Xiomara Patricia Olivera Paguaga, ella es hermana de mi madrastra”.

La menor le dijo a los fiscales que llegó a vivir donde Xiomara porque su madrastra no la quiere y la supuesta proxeneta le ofreció ayudarle con los estudios a cambio que le apoyara con el oficio de una tienda de ropa que tiene en Juticalpa, Olancho.

Ante la negativa de su padre de tenerla con él, y sin contar con el apoyo de otro pariente, la niña, que estudia el segundo curso de ciclo común, aceptó irse a vivir a vivir donde la hermana de su madrastra, por lo que “ella (la madrastra), me trajo donde ella (Xiomara)”.

Comienza el infierno

El relato de la joven indica que ya en poder de Xiomara, comenzó a trabajar en la tienda, en donde conoció a un muchacho que le propuso ser novios pero su “cuidadora” se negó aduciendo que su padre no lo permitiría y se enojaría al darse cuenta, por lo que la niña se negó a ser su novia.

A los pocos días, al negocio llego un doctor, mayor de edad quien dijo estar interesado en unos boxers, por lo que la menor le dio el número telefónico de Xiomara para que le diera más detalles del producto.

“Entonces, según sé, ellos se pudieron de acuerdo y un día ella me dijo que el doctor quería salir conmigo a comer un helado y yo le dije que no quería salir con ese viejo, pero ella insistía en que saliera con él porque me iba a apoyar en todo, sin pedirme nada a cambio”, establece el expediente.

La menor relata que después de eso siguió saliendo con el médico porque le daba dinero y Xiomara la presionaba para que aportara en los gastos de la casa. “Con él no tuve relaciones porque las veces que él me proponía yo me negaba porque no me gustaba”, dice la declaración.

Hace siete meses, la presunta proxeneta le dijo a la menor que saliera con otro joven, con quien ella ya se había puesto de acuerdo de tener relaciones sexuales al hacerse pasar por ella (la menor). Xiomara le dijo a la menor que fuera al parquecito donde la iba a esperar un hombre y que se fuera con él porque le iba a prestar un dinero.

“Me llevó a un motel… y cuando estuvimos ahí, me dijo que íbamos a tener relaciones sexuales y yo le dije que no, que Xiomara me había dicho que solo me iba a prestar un dinero y fue así que me di cuenta que Xiomara ya había tratado con él y le había dicho que me diera dinero para tener relaciones sexuales, porque él me dijo que nada era gratis y que íbamos a tener sexo ya que en eso habíamos quedado y así me di cuenta que ella se hacía pasar por mí y fue por eso que accedí”, indica la acusación.

Después de tener relaciones sexuales, el sujeto llevó a la menor hasta la casa de Xiomara, a quien la niña le entregó el dinero completo “ya que antes de salir me había dicho que no llegara si no le llevaba el dinero porque yo no aportaba a la casa de ninguna forma, que tenía que ganar dinero, que yo era como una carga y fue por eso que acepté tener relaciones con hombres a cambio de dinero”.

La menor le dijo a los fiscales que después de eso, ella sostenía relaciones sexuales con ocho o diez hombres a la semana, en el día o en la noche, algunos la llevaban a moteles.

Clientes uniformados

En ocasiones los actos sexuales se realizaban en la sala de la casa de Xiomara “cuando los clientes eran policías o militares conocidos de ella, con los que tenía confianza”.

La menor afirmó que la sospechosa hacía los tratos por teléfono haciéndose pasar por ella y después solo le decía qué hombre pasaría a traerla o llegaría a la casa.

“Ellos me pagaban a mí, pero como ya habían hecho el trato con ella, ella ya sabía cuánto me pagaban y me obligaba a darle todo el dinero, sin quedarme con nada”, agrega.

En el relato dice que Xiomara le decía que ese dinero era un pago a lo que ella le daba como la comida, los estudios y la estadía en su casa.

“Yo he tenido relaciones sexuales con policías (menciona a diez, pero se omiten por efectos de investigación) los cuales algunos son oficiales porque ellos me lo han dicho y también con militares de nombre coronel Andrés Flores (capturado hoy. Igualmente se menciona a otro que también se omite por estar bajo investigación)”, acusa la menor.

Ella indica que los tratos siempre fueron con Xiomara que solo le decía quién llegaría a traerla y que al regresar debía entregarle todo el dinero “porque sino ella me va a correr de la casa y yo no tengo a dónde ir”.

La menor indica que la mujer le cobraba a los clientes según su condición económica, “siempre era entre una cantidad de 300, 500 a 2,000 lempiras”. La menor dice en su declaración que en una ocasión trató de tomar parte del dinero para comprarse una camisa pero la presunta proxeneta le regañó y la empujó, al mismo tiempo que le dijo que no fuera a gastar el dinero, que debía entregárselo completo.

Los capturados

El martes la Fiscalía Especial de la Niñez allanó la vivienda de Xiomara, ubicada en el barrio Belén, de Juticalpa, Olancho, en donde recuperó a la menor y capturó a la presunta explotadora sexual.

Luego, en los Juzgados de Juticalpa se detuvo al agente Edi Rolando Caballero Merlo, quien de manera voluntaria se presentó luego que le dijeran que su nombre estaba en una lista de agentes que pagaban por tener relaciones sexuales con una menor.

Cabe mencionar que en la lista que da la menor, no aparece este agente, quien también es estudiante de la carrera de Ingenieria en Negocios de la cual cursa las últimas clases. Además es un joven casado y padre de un bebé de pocos meses de nacido.

El clase I de Policía afirmó que no conoce a la presunta proxeneta y mucho menos a la menor afectada, por lo que desconoce la razón por la cual lo vinculan al caso.

La Fiscalía de la Niñez acusó a Caballero Merlo por el delito de relaciones sexuales remuneradas en perjuicio de la menor, quien no lo nombra en su lista .

Audiencia

Hoy a las 10:00 AM, se realizará la audiencia inicial en contra de los dos acusados, quienes ante el juez con Jurisdicción Nacional deberán aportar los medios de prueba para tratar de desvanecer los argumentos del Ministerio Público.

Como una prueba anticipada en el caso, ya se presentó la declaración de la menor afectada quien se encuentra bajo protección de la fiscalía, ya que no tiene un familiar que la proteja, según su propio testimonio.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/758771-331/honduras-diez-polic%C3%ADas-y-dos-militares-implicados-en-sexo-con-menor

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Director de la Policía no regresará a Tegucigalpa hasta que dé con asesinos de fiscales: Hernández


  • Miércoles, 15 Octubre 2014 20:21

El gobernante Hernández exigió resultados sobre la muerte de dos fiscales en San Pedro Sula. El gobernante Hernández exigió resultados sobre la muerte de dos fiscales en San Pedro Sula.

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – El presidente Juan Orlando Hernández dijo este miércoles que el jefe de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, tiene instrucciones de no regresar a Tegucigalpa hasta que dé con los asesinos de las fiscales ultimadas el pasado viernes.

En el marco de la entrega de 42 vehículos con fondos de la Tasa de Seguridad, para las tareas que realizan los fiscales del Ministerio Público (MP), Hernández reafirmó este miércoles en el campo de Parada Marte, que “todos los Operadores de Justicia, desde la Policía, las Fuerzas Armadas, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía contarán siempre con mi apoyo incondicional en las tareas de seguridad ciudadana y del Estado”.

“Vamos a estar solidarios con el MP y demás fuerzas de seguridad del Estado, hombro a hombro”, subrayó, el Mandatario hondureño, al tiempo que expresó su orgullo por la labor que están efectuando la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, Corte Suprema de Justicia, y el MP, con el afán de devolver la paz, libertad y tranquilidad al pueblo hondureño.

No obstante, el jefe de Estado afirmó que no ha sido fácil la tarea realizada por parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pero “juntos vamos, con el pueblo a recuperar y construir una nueva Honduras”.

Asimismo, informó que como producto del plan operativo de seguridad integral del Estado, las Fuerzas Armadas, pondrán a disposición los conocimientos adquiridos de 72 efectivos expertos en protección de dignatarios, para ponerlos al servicio de los jueces y fiscales especiales.

Asesinato de fiscales no quedará impune

En ese aspecto, el Mandatario recordó la muerte de las fiscales de Delitos Comunes, Marlene Banegas y del Medio Ambiente, Patricia Eufragio, hecho acontecido el pasado viernes en San Pedro Sula, y recalcó que esa violación a la ley no quedará impune. “Mi más profundo pésame para las familias de las dos fiscales, pero también quiero divulgar algo, que a funcionarios corruptos y delincuentes no los toleraremos”.

Añadió que dos cosas no estarán separadas: “Primero, si alguien ha obtenido bienes de manera dolosa, les serán quitados, como prueba, la entrega de algunos vehículos incautados ya están operando para las fuerzas de seguridad del Estado”.

Y en segunda instancia, citó que a los que logren dineros producto del narcotráfico y otras actividades ilícitas, serán igualmente decomisados y puestos al servicio del Gobierno. De igual forma el titular del poder ejecutivo reveló que el director general de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, regresará a la capital hasta que dé con los autores materiales de la muerte de las dos fiscales en San Pedro Sula.

“Sabillón no está acá porque le dije que va a regresar hasta que tenga el caso resuelto con la muerte de las dos fiscales. En esta determinación (recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño) no vamos a retroceder ni un tan sólo milímetro”, puntualizó.

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Por otro lado, Juan Ramón Molina, Miembro de la Comisión Técnica de la Tasa de Seguridad, dijo que “el acto formal de entrega de este lote de 42 vehículos al Ministerio Público, lo fortalece en su capacidad de investigación y servirá para brindar mayor seguridad a los fiscales”.

Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/89592-director-de-la-polic%C3%ADa-no-regresar%C3%A1-a-tegucigalpa-hasta-que-d%C3%A9-con-asesinos-de-fiscales-hern%C3%A1ndez.html


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Desarticulan banda de proxenetas en Olancho; policías y militares eran los principales clientes


  • Martes, 14 Octubre 2014 11:38

La fiscal de la Niñez, Nora Urbina. La fiscal de la Niñez, Nora Urbina.

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – La Fiscalía Especial de la Niñez del Ministerio Público, desarticuló una banda de proxenetas que prostituían a menores en el departamento de Olancho, al tiempo que se conoció que sus principales clientes eran miembros de la Policía y altos oficiales del Ejército hondureño.

La fiscal de la Niñez, Nora Urbina, manifestó que la acción tuvo lugar gracias a operaciones encubiertas que se han venido ejecutando desde hace varios días.

Indicó que una persona identificada como Xiomara Patricia Olivera Paguada del sector de Olancho, ya fue puesta frente a los tribunales como responsable de trata de personas.

Añadió que entre las víctimas de los casos, figuran menores de edad.

La fiscal refirió que identificaron como principales clientes de explotación sexual a miembros de la Policía Nacional y del Ejercito de las Fuerzas Armadas.

“En este caso, hemos logrado constatar que hay policías y personal del Ejercito involucrados como clientes explotadores. Los principales clientes de esta tratante son personas de la fuerza del orden quienes por disposición legal, deben proteger a la niñez hondureña”, expresó.

Indicó que ya hay un policía que fue presentado a los tribunales por parte de los fiscales que intervinieron en esta operación, quien responde al nombre de Eddy Rolando Caballero Merlo.

Asimismo, Urbina exteriorizó que también existen órdenes de captura pendientes contra altos funcionarios del Ejército.

Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/89494-desarticulan-banda-de-proxenetas-en-olancho-polic%C3%ADas-y-militares-eran-los-principales-clientes.html

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Honduras: Nueva amenaza de desalojo contra indígenas lencas de Río Blanco

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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunció este lunes sobre nuevas amenazas de desalojo por parte de la Policía Nacional contra el pueblo Lenca de Río Blanco, en el occidental departamento de Intibucá.
Según la denuncia el jueves 9 de octubre un grupo de militares y policías llegaron al lugar conocido como el Achotal y el Culatón, zona de siembra común de la comunidad indígena, “advirtiendo que este lunes 13 de octubre a ejecutar un desalojo”.
Los miembros de la Fuerza de Seguridad, “en una actitud hostil” eran acompañados por “cuatro miembros de la familia Madrid, allegados a la zona y quienes vendieron ilegalmente pedazos de tierra a la empresa DESA para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”.
Desde hace 20 meses, los pobladores indígenas lencas iniciaron un “levantamiento territorial histórico que se mantiene, logrando detener el avance de este proyecto de privatización de bienes de la naturaleza, defendiendo sus territorios, el sagrado Río Gualcarque, su vida y cultura”.
Del mismo modo, se informó que el 23 de agosto del presente año,  el mismo grupo de policías irrumpieron violentamente e hicieron destrucción  en el  centro de salud  de la Tejera, Río Blanco, mientras se desarrollaba una reunión sectorial para analizar y tomar decisiones sobre la concesión ilegal al Río Cange, otro río comprendido en territorio Lenca e invadido por la empresa Blue Energy.
El Convenio 169 de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, que Honduras ratificó en 1995 garantiza el respeto de las culturas, formas de vida e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas, y la consulta y participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que les afectan.

Fuente: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/pueblos-indigenas/honduras-nueva-amenaza-de-desalojo-contra-ind%C3%ADgenas

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Honduras: El COPINH alerta sobre nuevos actos de amenaza de desalojo contra el Pueblo Lenca de Río Blanco.

lunes, 13 de octubre de 2014

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH
Barrio Las Delicias Frente la Llantera Lempira, Intibucá, Honduras. C.A.  Copinhonduras.blogspot.com; FB: Copinh Intibucá; web: copinh.org
El COPINH, denuncia y alerta sobre nuevos actos de amenaza por parte de la Policía Nacional contra el Pueblo Lenca de Río Blanco, Intibucá,  específicamente por parte del destacamento asignado  para fustigar a estas comunidades que continúan en lucha defendiendo sus territorios, el sagrado Río Gualcarque, su vida y cultura.

 El día jueves 09 de octubre del presente año, mientras nuestros hermanos y  hermanas trabajaban  en la milpa y siembra común en el lugar conocido como el Achotal y el Culaton lugares recuperados y en resistencia, se hicieron presente  un grupo de la Policía Nacional acompañando a 4 miembros de la familia Madrid, allegados a la zona y quienes vendieron ilegalmente pedazos de tierra a la empresa DESA para lo que sería el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, el cual produjo desde hace 20 meses un levantamiento territorial histórico y que hasta este día se mantiene, logrando  detener el avance de este proyecto de privatización de bienes de la naturaleza.

La actitud de este grupo  de invasores y policías fue hostil y manifestaron amenazas de desalojo contra los compañeros y compañeras del COPINH, advirtiendo que llegarían el día de hoy lunes 13 de octubre a ejecutar el mismo.
Hacemos del conocimiento público, que estos mismos Policías el 23 de agosto del presente año, luego de que desarrolláramos una reunión sectorial para analizar y tomar decisiones sobre la concesión ilegal al Río Cange, otro río comprendido en territorio Lenca e invadido por la empresa Blue Energy, irrumpieron violentamente e hicieron destrucción  en el  centro de salud  de la Tejera, Río Blanco.
Llamamos a las autoridades competentes, para ponerle fin a estas nuevas agresiones y cesar cualquier intento de desalojo  ya  que este territorio es ancestralmente Lenca y la   comunidad  está ejerciendo su derecho legítimo de recuperación y reafirmación territorial  en base a títulos antiguos, al Convenio 169 de la OIT  y la Declaración de la ONU sobre  Derechos de los Pueblos Indígenas.
El COPINH  continuará con esta gesta de dignidad en defensa de los derechos del Pueblo Lenca,  lo reafirmamos hoy nuevamente, conmemorando la resistencia indígena, negra, popular, mestiza y diversa  a  522 años de invasión y coloniaje.
Dado en Intibucá, a los 13 días del mes de octubre del 2014.
Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!
¡Río Blanco, no es cuartel, fuera fuerzas represivas!
COPINH

escuchenos en vivo:
http://giss.tv:8000/guarajambala.mp3.m3u
web:  copinh.org
blog:  copinhonduras.blogspot.com
fb:     Copinh Intibucá
twitter: @COPINHHONDURAS

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/10/honduras-el-copinh-alerta-sobre-nuevos.html

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Pandilleros de la 18 planeaban un atentando en velatorio de fiscal

12 Oct 2014 / 07:07 PM /

Desde el penal habrían ordenado la muerte de la fiscal. Hay 4 pandilleros de la 18 detenidos.

San Pedro Sula, Honduras.

Los cuatro pandilleros capturados anoche en la colonia Suyapa de Chalemecón de San Pedro Sula por vinculos con el crimen de la coordinadora de la Fiscalía de delitos contra la vida, Marlene Banegas y la fiscal del medio ambiente, Patricia Eufragio, planeaban un atentado criminal en el velatorio de las fiscales, confirmaron fuentes policiales.

Los miembros de la pandilla 18 se enfrentaron con los policías y en la balacera resultaron dos agentes heridos, que ya están fuera de peligro.

Lea: Más de 50 disparos recibió la fiscal

Además: Así era la fiscal Marlene Banegas

Los detenidos son Elvin Omar Herrera López, Stuart, Erick Eduardo Valladares Bonilla, Chele, Helen Maricruz Ortiz Pastrana, la Loba, quien tiene orden de captura por homicidio, y Marvin Israel Ríos Reyes, Smoking, a quien la Policía señala como cabecilla de la mara. A ellos les decomisaron varias armas, entre ellas una AK-47, una M-16 y una nueve milímetros.

Ramón Sabillón, director de la Policía Nacional, informó que los detenidos podrían estar implicados en la muerte de las dos fiscales. Dijo que cotejarán los casquillos de bala recolectados en la escena del crimen para compararlos con los del enfrentamiento de ayer en Chamelecón.

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Así quedó la vivienda donde estaban refugiados los pandilleros.

Las mataron con saña

El crimen de las profesionales del derecho que ha conmocionado a los hondureños ocurrió el pasado miércoles en la colonia Prado Alto de San Pedro Sula.

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Marlene Banegas era coordinadora de la Fiscalía de delitos contra la vida.

La hipótesis de que el crimen de las acusadoras públicas fue cometido por integrantes de la pandilla 18 parte de que la fiscal Banegas recibió amenazas de muerte de parte de integrantes de esa organización criminal.

Banegas fue amenazada por los integrantes de la pandilla 18 luego de que un tribunal de sentencia declarara culpable a tres miembros de esa pandilla por la muerte de 17 personas.

Las autoridades que participaron en el levantamiento del hecho indicaron que el cadáver de la abogada Marlene Banegas presentaba al menos 52 impactos de bala, lo que indica que el objetivo principal era ella. Se informó que el cuerpo de la fiscal de Protección al Ambiente, Olga Eufragio, tenía ocho heridas de arma de fuego.

Fuente: http://www.laprensa.hn/sucesos/757222-417/pandilleros-de-la-18-planeaban-un-atentando-en-velatorio-de-fiscal

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Capturas de “narcotraficantes” obedecen a órdenes del gobierno de Estados Unidos

Oct 10, 2014

En menos de una semana, la administración de Juan Orlando Hernández, a través de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, capturó a varios miembros de “grupos de narcotraficantes”, solicitados en extradición por Estados Unidos por suponerles los encargados del traslado de droga hasta ese país. Para los analistas políticos  las capturas de los hermanos Valle Valle y la de Héctor Emilio Fernández –Alias Don “H”- solo evidencia que Honduras “es una colonia más de Estados Unidos”.

Capturas

El domingo, 05 de octubre, el director de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, informó que 80 integrantes de la tropa TIGRES y la Unidad Antidrogas de la Policía asignada en la Embajada Americana realizaron la “Operación Saturno 2”, con la que se detuvo a Luis Alonso Valle Valle y a Miguel Arnulfo Valle Valle, perseguidos por el gobierno de los Estados Unidos por “el tráfico de drogas”.

De acuerdo a lo declarado por las autoridades policiales, la captura se realizó en la Hacienda El Portillo, frontera con Guatemala, lugar en el que se escondían y estaban armados con dos fusiles M16.

Dos días después, los miembros de la Policía Nacional anunciaban que a través de la denominada “Operación Coral” que había sido capturado en la aldea Las Crucitas, de El Hatillo, por elementos de la Tropa TIGRES, el supuesto narcotraficante Héctor Emilio Fernández Rosa (Alias Don “H”).

Ramón Sabillón, director de la Policía Nacional, detalló que Fernández Rosa (Alias Don “H”) lideraba un cartel que operaba al norte de Honduras. La captura de Fernández Rosa era la séptima que se realizaba ejecutando orden de un juez competente, por solicitud de extradición del gobierno estadounidense.

“El gobierno no tiene dinero, entonces se ve en la obligación de cumplir”

En opinión de Edmundo Orellana Mercado, analista político y ex Fiscal General de la República, las anteriores capturas se ejecutaron porque “Estados Unidos lo exigía y seguramente por las condiciones de país que son, realmente, deprimentes”.

“El gobierno no tiene dinero ni para pagar sus empleados, se ve en la necesidad de cumplir estos dictados de Estados Unidos, porque seguramente, de lo contrario habrán consecuencias, y las consecuencias es que Estados Unidos tiene una influencia altamente decisiva en instancias como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial”, manifestó Orellana Mercado.

Agrega que “aquí lo penoso es que estas personas, a pesar de que hoy se revela que son individuos de alta peligrosidad, en ningún momento se les habían iniciado investigaciones contra ellos oficialmente”.

La Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad aseguraron, ante los medios de comunicación, que las operaciones de captura “están logrando tener éxito como producto del empeño decidido de todo los operadores de justicia” buscando  cumplir “la orden del presidente Juan Orlando Hernández de todos luchar por devolverle al pueblo hondureño la paz y la tranquilidad”.

En Honduras no se “puede hacer justicia”

Desde una perspectiva política se podría entender que Honduras no es un Estado sino que una colonia de los Estados Unidos, apunta el abogado y analista en seguridad, Fabricio Herrera, en entrevista a aMecate Corto.

“Aquí el gobierno de Estados Unidos decide y tiene peso, y hay malos hondureños que se glorían de eso, empezando desde el presidente de la república. Para mí es una vergüenza como hondureño que el Estado de Honduras no pueda hacer justicia, ni tener investigación y definir por sí mismo quiénes puedan estar cometiendo delitos”, comenta Herrera.

Herrera apunta que luego de las últimas capturas de supuestos miembros de carteles no hay que dejar de echar una mirada a las experiencias o situaciones a las que se han enfrentado los gobiernos de Colombia y México, quienes implementaron una “lógica brutal de buscar una solución militar al problema del tráfico de drogas”.

La tarde de ayer jueves, 09 de octubre, la Corte Suprema de Justicia anunció que recibió nueve solicitudes más de extradición enviadas por el gobierno de Estados Unidos, las que serán evaluadas en los próximos días.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1389-capturas-de-%E2%80%9Cnarcotraficantes%E2%80%9D-obedecen-a-%C3%B3rdenes-del-gobierno-de-estados-unidos

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Vienen más pruebas de confianza en la Policía Nacional de Honduras

Hasta ahora, la DIECP ha expulsado unos mil policías vinculados a actos de corrupción y de tener nexos con el crimen organizado; esta cantidad, según organizaciones defensoras de la vida, ha sido poca la efectividad de la institución.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Altos mandos de la Policía Nacional de Honduras y el secretario de Seguridad se someterán a pruebas de confianza para determinar su están vinculados al crimen organizado.

Sobre el tema, el titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva, dijo que a partir de este lunes inician los exámenes a la cúpula policial, dentro del proceso de depuración que se practica en la institución armada.

También, el titular de Seguridad, Arturo Corrales, se someterá a la evaluación.
Asimismo, anunció que esperan contar con un centro de control que realice pruebas periódicas a los agentes y oficiales y que esperan concretar en el mediano plazo y con ello ejercer más vigilancia en los agentes del orden.

Hasta ahora, la DIECP ha expulsado unos mil policías vinculados a actos de corrupción y de tener nexos con el crimen organizado; esta cantidad, según organizaciones defensoras de la vida, ha sido poca la efectividad de la institución.

Hace poco, envió alrededor de 100 expedientes al Ministerio Público de agentes y oficiales que se habrían enriquecido de manera ilícita y algunos de ellos no pudieron demostrar el origen de sus fortunas.

Al respecto, comentó que “son expedientes de diferentes denuncias presentadas a la DIECP y que en algunas encontramos indicios de responsabilidad penal y en otras no y estoy preparando los documentos para enviarlos al Ministerio Público porque es el único que puede confirmar o cerrar un caso”.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/vienen-m%C3%A1s-pruebas-de-confianza-en-la-polic%C3%ADa-nacional-de-honduras

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DIECP anuncia pruebas de confianza para altos mandos de la Policía, incluido el ministro de Seguridad


  • Sábado, 04 Octubre 2014 14:04

Desde que se practican las pruebas de confianza más de mil miembros de la carrera policial han salido de la institución. Desde que se practican las pruebas de confianza más de mil miembros de la carrera policial han salido de la institución.

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – El titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva, anunció este sábado que la próxima semana se practicarán pruebas de confianza a los altos mandos de la Policía Nacional, incluido el propio ministro de Seguridad, Arturo Corrales.

Villanueva también indicó que se trabaja en lo que se conocerá como Centro de Control de Confianza de la Policía Nacional de Honduras, que es el mecanismo científico que la DIECP aspira a tener.

Indicó que con ese centro, se resolvería el problema de la vigilancia que le corresponde sobre la conducta de los miembros de la carrera policial.

Aseveró que desde que se practican las pruebas de confianza, van más de mil miembros de la carrera policial, los que han salido de la institución.

El 23 de septiembre pasado, en seguimiento al proceso de depuración, la DIECP anunció que enviaría 104 expedientes al Ministerio Público, en su mayoría de casos de corrupción que salpican elementos de la entidad, al tiempo que otros 99 policías serán sometidos a audiencias de descargo por haber reprobado las pruebas de confianza.

Los documentos sobre las anomalías penales serán remitidos a la Fiscalía para que confirme o desvirtué los hallazgos detectados por la DIECP para determinar si se presentan requerimientos fiscales contra los sospechosos.

“Son expedientes de diferentes denuncias presentadas a la DIECP y que en algunas encontramos indicios de responsabilidad penal y en otras no y estoy preparando los documentos para enviarlos al Ministerio Público porque es el único que puede confirmar o cerrar un caso”, manifestó Villanueva.

El funcionario agregó que en los casos en que la Fiscalía determine que hay un indicio racional de responsabilidad en un delito se deberá presentar la respectiva acusación contra el policía.

Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/88884-diecp-anuncia-pruebas-de-confianza-para-altos-mandos-de-la-polic%C3%ADa-incluido-el-ministro-de-seguridad.html

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Desalojo en Barra Vieja conforma estrategia de expulsión del pueblo garífuna

Oct 03, 2014

“Lo que está pasando con nuestra comunidad es una clara violación a los derechos humanos y territoriales de las familias que habitamos la comunidad garífuna Barra Vieja, Tela,  siendo el  desalojo parte de una estrategia de expulsión del pueblo negro de la costa atlántica”, indicó Carlos Castillo, presidente del patronato de dicha comunidad.

El desalojo para las 400 personas que habitan Barra Vieja, se ejecutó el martes 30 de septiembre de 2014 con una fuerza combinada de policía y ejército. La comunidad Barra Vieja está ubicada contiguo al proyecto turístico Indura Resort, en la ciudad de Tela, Atlántida,  perteneciente a la élite de poder de Honduras, implicados directamente en el golpe de estado del 2009.

“Nosotros ese mismo día,  ya en horas de la noche regresamos a nuestra comunidad porque nos pertenece ancestralmente. Recordemos que fueron nuestros antepasados quienes llegaron en 1802 procedentes de lugares aledaños y comenzaron descombrar los guamiles que habían en esta zona  e hicieron las pequeñas casas para habitarlas”,  aseguró Carlos Castillo.

Argumentó que en esa misma comunidad empobrecida han nacido y crecido dignamente en sus pequeñas casas de manaca, madera y otros materiales. “Aquí mismo también  han nacido nuestras hijas y e hijos,  y hemos sobrevivido por más de dos siglos cultivando la tierra y desarrollando la pesca artesanal”.

“El proceso de desalojo inició desde el pasado mes de agosto, pero fueron truncados ante los repetidos fallos de redacción  de la orden de desalojo, la cual eran dirigidas a personas y no a la comunidad de Barra Vieja”, indicó Norma Quioto, dirigente de la comunidad.

Esta mujer, con su fuerza, lamentó la actitud de las autoridades judiciales  quienes el lunes 29 de septiembre después de la cinco de la tarde lograron elaborar una nueva orden de captura que fue la que se llevó  al día siguiente para ejecutar el desalojo.
Menores afectados

Cuando personas extrañas a la comunidad llegan a Barra Vieja, los niños y las niñas comienzan a sentir zozobra. “Nuestros hijos piensan que son los policías y los militares que vienen a desalojarlos de las casas”, aseguró una vecina quien cargaba a su hijo en brazos.

De acuerdo a testimonios de las madres y padres de familia, la mayor parte de los menores tiene problemas psicológicos ya que ellos y ellas vieron cuando los policías y militares armados  entraron a las casas y comenzaron a sacar por la fuerza las pertenencias de cada familia.

“A mí me sacaron mis juguetes y me los tiraron a la calle”, dijo un niño de 3 años de edad mientras sus ojos se llenaban de lágrimas creyendo que el equipo de Radio Progreso y el semanario aMecate Corto, éramos parte de las personas que íbamos a desalojarlos nuevamente.

“Mis hermanos y yo sacamos la ropa y los juguetes,  y salimos corriendo  para la lancha que está a la orilla del mar. Así no escapamos de esos hombres malos que vienen a sacarnos de nuestras casas  (Militares y policías)”, indicó una niña mientras junto a otros menores se mecían en una hamaca colgada de dos árboles de coco.

Mirna Zambulá madre de dos menores indicó que actualmente carecen de alimentos ya que no pueden salir a trabajar por el temor que en cualquier momento lleguen a ejecutar un nuevo desalojo.

“Nosotros necesitamos la ayuda de víveres  para que nuestros hijos puedan tener algo que comer. Además necesitamos la solidaridad de las diferentes organizaciones sociales del país, porque nos estamos enfrentando a las familias Maduro, Facussé, Atala, Rosenthal,  Juan Orlando Hernández,  etc, ya que son los principales socios de este proyecto turístico”, indicó.

“Hasta el momento son pocas las organizaciones que se han solidarizado con nosotros. Recordemos que aquí  tenemos un cerco mediático  que imposibilita que nuestros gritos de justicia salgan por los medios de comunicación. No así hay una campaña sobre las supuestas bondades del proyecto turístico para las comunidades garífunas y el pueblo hondureño.

 

 

La justicia al servicio del poder económico

“Con lo que está pasando en nuestra comunidad queda demostrado que aquí el sistema de justicia, la policía, los militares y la misma municipalidad son los mandaderos  de quienes  controlan el poder económico y político de Honduras”, indicó José Gamboa, vecino de la comunidad.

Las comunidades garífunas tienen una riqueza natural;  rodeadas por el mar,  por el parque nacional Jeannette Kawas,  las lagunas Los Micos, Quemada y El Diamante, por lo que el proyecto Turístico, conocido como Bahía de Tela, pretende quedarse con las tierras donde han vivido las comunidades garífunas.

El complejo turístico Bahía de Tela fue construido con una inversión de 122 millones de dólares, equivalentes a más de 2,400 millones de lempiras, mediante una alianza público-privada, en la que el gobierno de Honduras es dueño del 49% de las acciones y un grupo de empresarios, del 51%. El proyecto fue inaugurado en noviembre del año pasado, al mismo tiempo que se efectuó una reunión del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).

El complejo turístico cuenta con más de tres kilómetros de playa natural donde solo se puede ingresar como cliente. Este año fue inaugurado el uno de los mejores campos de golf del continente americano, el cual incluye 18 hoyos. El campo de golf, diseñado por el reconocido jugador Gary Player, quien está incluido en el Salón de la Fama del Golf. (En Honduras solo la alta clase económica y política juega este deporte).

La Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, culpa al proyecto turístico  de rellenar 80 hectáreas del humedal de Laguna de los Micos, para la construcción de un campo de golf, sin tomar en cuenta el daño ambiental causado en la zona.

“Más de 20 comunidades garífunas han sido incluidas dentro las Ciudades Modelo (Zede) que pretenden el Estado de Honduras subastar al capital extranjero para la creación de republiquetas cuasi independientes, siguiendo el modelo de los libertarios que han visto en Honduras un lugar propicio para instalar un laboratorio político social destinado a derruir los estado-nación existentes en Centroamérica”, según un comunicado de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh.

Desalojo en Barra Vieja conforma estrategia de expulsión del pueblo garífuna

“Lo que está pasando con nuestra comunidad es una clara violación a los derechos humanos y territoriales de las familias que habitamos la comunidad garífuna Barra Vieja, Tela,  siendo el  desalojo parte de una estrategia de expulsión del pueblo negro de la costa atlántica”, indicó Carlos Castillo, presidente del patronato de dicha comunidad.

El desalojo para las 400 personas que habitan Barra Vieja, se ejecutó el martes 30 de septiembre de 2014 con una fuerza combinada de policía y ejército. La comunidad Barra Vieja está ubicada contiguo al proyecto turístico Indura Resort, en la ciudad de Tela, Atlántida,  perteneciente a la élite de poder de Honduras, implicados directamente en el golpe de estado del 2009.

“Nosotros ese mismo día,  ya en horas de la noche regresamos a nuestra comunidad porque nos pertenece ancestralmente. Recordemos que fueron nuestros antepasados quienes llegaron en 1802 procedentes de lugares aledaños y comenzaron descombrar los guamiles que habían en esta zona  e hicieron las pequeñas casas para habitarlas”,  aseguró Carlos Castillo.

Argumentó que en esa misma comunidad empobrecida han nacido y crecido dignamente en sus pequeñas casas de manaca, madera y otros materiales. “Aquí mismo también  han nacido nuestras hijas y e hijos,  y hemos sobrevivido por más de dos siglos cultivando la tierra y desarrollando la pesca artesanal”.

“El proceso de desalojo inició desde el pasado mes de agosto, pero fueron truncados ante los repetidos fallos de redacción  de la orden de desalojo, la cual eran dirigidas a personas y no a la comunidad de Barra Vieja”, indicó Norma Quioto, dirigente de la comunidad.

Esta mujer, con su fuerza, lamentó la actitud de las autoridades judiciales  quienes el lunes 29 de septiembre después de la cinco de la tarde lograron elaborar una nueva orden de captura que fue la que se llevó  al día siguiente para ejecutar el desalojo.

 

 

Menores afectados

Cuando personas extrañas a la comunidad llegan a Barra Vieja, los niños y las niñas comienzan a sentir zozobra. “Nuestros hijos piensan que son los policías y los militares que vienen a desalojarlos de las casas”, aseguró una vecina quien cargaba a su hijo en brazos.

De acuerdo a testimonios de las madres y padres de familia, la mayor parte de los menores tiene problemas psicológicos ya que ellos y ellas vieron cuando los policías y militares armados  entraron a las casas y comenzaron a sacar por la fuerza las pertenencias de cada familia.

“A mí me sacaron mis juguetes y me los tiraron a la calle”, dijo un niño de 3 años de edad mientras sus ojos se llenaban de lágrimas creyendo que el equipo de Radio Progreso y el semanario aMecate Corto, éramos parte de las personas que íbamos a desalojarlos nuevamente.

“Mis hermanos y yo sacamos la ropa y los juguetes,  y salimos corriendo  para la lancha que está a la orilla del mar. Así no escapamos de esos hombres malos que vienen a sacarnos de nuestras casas  (Militares y policías)”, indicó una niña mientras junto a otros menores se mecían en una hamaca colgada de dos árboles de coco.

Mirna Zambulá madre de dos menores indicó que actualmente carecen de alimentos ya que no pueden salir a trabajar por el temor que en cualquier momento lleguen a ejecutar un nuevo desalojo.

“Nosotros necesitamos la ayuda de víveres  para que nuestros hijos puedan tener algo que comer. Además necesitamos la solidaridad de las diferentes organizaciones sociales del país, porque nos estamos enfrentando a las familias Maduro, Facussé, Atala, Rosenthal,  Juan Orlando Hernández,  etc, ya que son los principales socios de este proyecto turístico”, indicó.

“Hasta el momento son pocas las organizaciones que se han solidarizado con nosotros. Recordemos que aquí  tenemos un cerco mediático  que imposibilita que nuestros gritos de justicia salgan por los medios de comunicación. No así hay una campaña sobre las supuestas bondades del proyecto turístico para las comunidades garífunas y el pueblo hondureño.

La justicia al servicio del poder económico

“Con lo que está pasando en nuestra comunidad queda demostrado que aquí el sistema de justicia, la policía, los militares y la misma municipalidad son los mandaderos  de quienes  controlan el poder económico y político de Honduras”, indicó José Gamboa, vecino de la comunidad.

Las comunidades garífunas tienen una riqueza natural;  rodeadas por el mar,  por el parque nacional Jeannette Kawas,  las lagunas Los Micos, Quemada y El Diamante, por lo que el proyecto Turístico, conocido como Bahía de Tela, pretende quedarse con las tierras donde han vivido las comunidades garífunas.

El complejo turístico Bahía de Tela fue construido con una inversión de 122 millones de dólares, equivalentes a más de 2,400 millones de lempiras, mediante una alianza público-privada, en la que el gobierno de Honduras es dueño del 49% de las acciones y un grupo de empresarios, del 51%. El proyecto fue inaugurado en noviembre del año pasado, al mismo tiempo que se efectuó una reunión del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).

El complejo turístico cuenta con más de tres kilómetros de playa natural donde solo se puede ingresar como cliente. Este año fue inaugurado el uno de los mejores campos de golf del continente americano, el cual incluye 18 hoyos. El campo de golf, diseñado por el reconocido jugador Gary Player, quien está incluido en el Salón de la Fama del Golf. (En Honduras solo la alta clase económica y política juega este deporte).

La Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, culpa al proyecto turístico  de rellenar 80 hectáreas del humedal de Laguna de los Micos, para la construcción de un campo de golf, sin tomar en cuenta el daño ambiental causado en la zona.

“Más de 20 comunidades garífunas han sido incluidas dentro las Ciudades Modelo (Zede) que pretenden el Estado de Honduras subastar al capital extranjero para la creación de republiquetas cuasi independientes, siguiendo el modelo de los libertarios que han visto en Honduras un lugar propicio para instalar un laboratorio político social destinado a derruir los estado-nación existentes en Centroamérica”, según un comunicado de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1378-desalojo-en-barra-vieja-conforma-estrategia-de-expulsi%C3%B3n-del-pueblo-gar%C3%ADfuna

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Encuentran culpable de homicidio a agente de la DNIC

La Sala III del Tribunal de Sentencia por unanimidad de votos declaró culpable al agente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) Milton Josué Brooks Vásquez, por el Delito de Homicidio Simple en perjuicio de Fredy Edgardo López Cerrato por hechos ocurridos el 10 de agosto del año 2010 en la Colonia 1 de Diciembre.

De acuerdo a las investigaciones, el 10 de agosto del año 2010, tres agentes de la DNIC, entre ellos López Cerrato realizaban una operación de vigilancia en la Colonia en mención ya que en ese momento se estaba investigando a una supuesta agrupación delictiva que se dedicaba a cometer varios ilícitos en la zona.

Los agentes de la DNIC observaron a dos personas que se conducían en una motocicleta color rojo la que según ellos estaba siendo objeto de investigación, observaron que los sospechosos se detuvieron en un callejón a platicar con otro sujeto que estaba recostado en un taxi, en ese momento los agentes del orden se percataron que la persona que conducía la moto llevaba un arma en la cintura por lo que requirieron.

Los sospechosos que se conducían en la motocicleta hicieron caso omiso al requerimiento, por lo que los agentes les dieron persecución . El agente Brooks Vásquez disparó con su arma de reglamento sobre la humanidad del sospechoso, la víctima aun con vida fue trasladada al Hospital Escuela donde minutos después falleció.

En sede administrativa un testigo protegido identificó mediante fotografías al imputado declarando ante el Ministerio Público que el imputado seguía a la víctima y disparó contra la humanidad de López Cerrato.

Por el delito de Homicidio Simple el Código Penal en su artículo 116 contempla una pena de 15 a 20 años de reclusión.

El Tribunal después de valorar los medios probatorios emitió el correspondiente fallo condenatorio a la vez que convocó a las partes para el día lunes 20 de octubre del año en curso a las 9:00a.m para la individualización de la pena.

Fuente: http://www.tercerpoder.hn/encuentran-culpable-de-homicidio-a-agente-de-la-dnic/

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Honduras: Recaudo de la tasa de seguridad podría duplicarse al término de 2014

3 de Octubre de 2014

12:13AM  –  Redacción  

En 28 meses la Ley de Seguridad Poblacional ha acumulado un total de 3,204.6 millones de lempiras de los cuales ya se gastaron 2,873.4 millones de lempiras, informó el Comité Técnico.

Los fondos de la tasa de seguridad se han constituido en la principal fuente de financiamiento de las principales operaciones de defensa y seguridad del Estado de Honduras.
Los fondos de la tasa de seguridad se han constituido en la principal fuente de financiamiento de las principales operaciones de defensa y seguridad del Estado de Honduras.

Tegucigalpa, Honduras

En 28 meses de vigencia la Ley de Seguridad Poblacional, también conocida como tasa de seguridad, ha acumulado una recaudación total de 3,204.6 millones de lempiras.

De esta cantidad, una suma de 2,873.4 millones de lempiras ya fue desembolsada a los operadores de seguridad y justicia, revela un informe financiero actualizado del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad.

El documento refleja un sustancial incremento en las recaudaciones mensuales en comparación con los años 2012 y 2013, al extremo que al término de 2014 podría hasta duplicarse el ingreso del año anterior.

Para el caso, de enero a agosto del año en curso el total acumulado fue de 1,272.4 millones de lempiras, que reflejan un promedio mensual de 159 millones de lempiras recaudados.

De mantenerse este promedio al término del año en curso habrán ingresado a las arcas al menos 1,908 millones de lempiras, casi el doble del recaudo de 2013, período que cerró en 1,097.7 millones de lempiras.

El informe, divulgado en el portal http://www.tasadeseguridad.hn, establece que el 84.86 por ciento de lo recaudado proviene de los impuestos aplicados a las transacciones financieras de los hondureños.

Hay que señalar que el incremento en los ingresos de la tasa de seguridad tiene que ver con las reformas a la Ley de Seguridad Poblacional vigentes desde este año y que establecen que las cuentas de ahorros arriba de 120 mil lempiras deben cotizar dos lempiras por millar o fracción de millar por depósito o retiro.

También obedece a los nuevos aranceles aplicados a las tarjetas de crédito con límite superior a los 40 mil lempiras.

Otro 6.59 por ciento proviene de la contribución especial por protección del medio ambiente que están obligadas a realizar las empresas mineras y un 3.95 por ciento del recaudo ha sido generado por las comidas rápidas.

Además, el 3.14 por ciento del total acumulado ingresó de la telefonía móvil, el 1.24 por ciento del sector cooperativo y el 0.23 por ciento de los casinos y máquinas tragamonedas.

Cabe señalar que estas cifras están actualizadas al 30 de agosto, es decir, únicamente no incluyen el mes de septiembre, pero al agregarlo considerando los promedios de este año el saldo total de la tasa de seguridad a la fecha podría rondar los 3,363 millones de lempiras recaudados en 29 meses.

Inversión

Desde la vigencia de la tasa de seguridad el sector más favorecido con estos recursos es Defensa (Fuerzas Armadas), pues del total acumulado se ha agenciado 1,008.7 millones de lempiras.

Estos recursos han servido para la creación de los cuatro batallones de las Policía Militar (2,000 efectivos), operaciones y patrullajes, equipamientos, compra de patrullas y equipo tecnológico para la lucha contra el crimen y el narcotráfico.

La secretaría de Seguridad constituye el segundo sector con la mayor cantidad de recursos obtenidos de la tasa de seguridad con un total de 939.9 millones de lempiras.

En el caso de Seguridad estos fondos han sido destinados al equipamiento de la Policía, adquisición de patrullas, motocicletas y chalecos, mejoramiento de postas, compra y operación de centro de monitoreo, operativos de seguridad, entre otros.

La Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado aparece en el tercer lugar con una cantidad de recursos recibidos de 439.4 millones de lempiras, seguida por los diferentes programas y proyectos de prevención de violencia que suman 235.6 millones de lempiras.

Desde la creación de la tasa de seguridad entidades como el Ministerio Público (MP) han sido fortalecidas con 97.9 millones de lempiras, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con 96.3 millones de lempiras, las alcaldías con 55.3 millones de lempiras y la ENEE con 0.3 millones de lempiras.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/754109-331/honduras-recaudo-de-la-tasa-de-seguridad-podr%C3%ADa-duplicarse-al-t%C3%A9rmino-de

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Los Valle tenían un amigo oficial en la Policía

2 octubre, 2014 – 3:44 PM

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PRIMERA-HERMANO-VALLE-OFICIAL-580

Luego de la captura de José Valle Valle en la comunidad de Florida, en el occidente de Honduras, han salido a la luz pública una serie de fotografías que involucran a un oficial de la Policía Preventiva.

En las imágenes se puede observar como el uniformado compartía noches de parranda y diversión con uno de los integrantes de la banda criminal, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EEUU).

El elemento policial solo ha sido identificado como Murillo, quien según las autoridades fue relevado días antes de la detención de José Valle Valle.

En el operativo, denominado como Saturno, se decomisó un teléfono celular, donde se encontraron las fotografías que muestran al oficial muy unido al supuesto traficante de drogas.

Además, se logró incautar un AK-47, armas de distintos calibres, cargadores, municiones, dinero en efectivo, indumentaria militar y policial, un radio comunicador, un arma enchapada de oro, pasaportes, entre otros artículos.

No es la primera vez que miembros de seguridad están implicados en crímenes, narcotráfico y actos de corrupción.

Uno de los casos que conmocionó a la población fue el asesinato del hijo de la rectora de la Universidad Nacional  Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, Rafael Vargas Castellanos, y su amigo, Carlos David  Pineda, perpetrada por elementos de la posta policial de La Granja.

El seis de septiembre, cuatro efectivos de la Policía Nacional de Honduras fueron capturados “in fraganti” minutos después que asaltaron a una persona y la despojaron de más de 50 mil lempiras.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/10/02/los-valle-tenian-un-amigo-oficial-en-la-policia/

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Habitantes de la Mosquitia le meten fuego a posta policial

Martes, 30 Septiembre 2014 23:28

Así quedó una de las motocicletas y la posta policial del municipio de Wampusirpe, Gracias a Dios. Así quedó una de las motocicletas y la posta policial del municipio de Wampusirpe, Gracias a Dios.

TEGUCIGALPA.- Pobladores del municipio de Wampusirpe, la Mosquitia, Gracias a Dios, incendiaron la posta policial y dos motocicletas, luego de que cuatro agentes y doce militares en supuesto estado de ebriedad hirieran de bala a tres habitantes de aquel sector.

El pasado sábado los uniformados llegaron a la comunidad donde se realizaba una fiesta, “detuvieron a 40 personas y las forzaron hacer trole (física) como pechadas, sentadillas y saltos; después los soltaron”, aseguró Olvin Trino Castillo Angulo (24), quien recibió un disparo de fusil M-16 en una de sus piernas.

El joven herido relató que minutos más tarde los uniformados regresaron y lo apresaron sin justificación junto a 15 de sus amigos, porque “los azules y moteados andaban bolos y nos pidieron un litro de guaro para soltar a uno”.

Mientras el grupo caminaba hacia la celda recibieron empujones, patadas y dispararon sus fusiles en tres ocasiones, manifestó Castillo desde su lecho de enfermo en una camilla del Hospital Escuela Universitario (HEU).

Afirmó que desde el exterior de la posta los uniformados les tiraron a matar cuando ya estaban encarcelados. “Un disparo me agarró la rodilla, a otro le rozó el brazo y a Nacho Godoy la bala le hirió la espalda”, detalló.

PIDEN JUSTICIA
Por su lado, una hermana del paciente, Daisy Xiomara Castillo, expresó que los uniformados realizan disparos cada vez que se embriagan, pero “el juez de Policía de Wampusirpe, Orlando Rivas, nunca levanta las actas de las denuncias”.

La joven indicó que cada vez que ocurre algo solo cambian a las autoridades policiales y el alcalde, Beltrán Gonzáles, nunca se pronuncia.

HUYERON
Los 12 militares y cuatro policías huyeron hacia las montañas por temor a los pobladores. Sin embargo, Diario TIEMPO trató de comunicarse con el director de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, para constatar esa información, pero afirmaron que el oficial se encontraba en una reunión.

“Vamos a proceder a que se les aplique todo el peso de la ley por medio de la Fiscalía”: Eduardo Villanueva, titular de la DIECP.

MOSQUITIA F2

Fuente: http://www.tiempo.hn/naci%C3%B3n/item/3272-habitantes-de-la-mosquitia-le-meten-fuego-a-posta-policial

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Alarmante armamentismo amenaza Honduras mientras autoridades dan palos de ciego

Sep 26, 2014

Honduras es calificado como el país más violento del mundo, donde aproximadamente  20 personas son asesinadas  a diario con  armas de fuego. Sin embargo las políticas encaminadas a bajar la cultura armamentista no tienen resultados positivos porque no se ataca el verdadero problema.

La última decisión tomada desde el Congreso Nacional (CN), a petición de la Policía Nacional Preventiva,  fue ampliar por seis meses más la amnistía para el registro de armas sin factura o no compradas en la Armería Nacional, que vencía el próximo 30 de octubre.

Al finalizar la extensión de la veda sólo se podrán registrar armas compradas en la Armería Nacional  desde donde en los  40 años de su  fundación  ha vendido  214 mil armas de fuego, según datos oficiales.

Actualmente en el país existen aproximadamente 1.8 millones de armas, de las cuales 600 mil están legalmente registradas, mientras más un millón de armas circulan ilegalmente, según acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Las frías estadísticas muestran que en los últimos nueve años fueron asesinados producto de un arma de fuego más de 36 mil personas en su mayoría jóvenes de entre 16 y 30 años de edad.

Varios estudios realizados por organizaciones internacionales indican que las armas preferidas por el crimen organizado en Honduras son: la escuadra 9 milímetros, AK -47, pistola calibre 3-80, el fal m74, R= 15, el rifle 2.23 entre otras.

Dando palos de ciego

“La iniciativa es buena pero el grave problema que tenemos en Honduras es el horrendo índice de asesinatos con armas prohibidas en posesión de los delincuentes como las AK-47 y otras armas ilegales”, indicó el comisionado de Policía, Aldo Oliva.

Consecuentemente, el Estado debe concentrarse en resolver el problema de los criminales con AK-47 y otras armas no registradas, y no central en resolver problemas que muy poco  existen con los ciudadanos y sus armas registradas; revólveres, pistolas, rifles y escopetas de todo calibre, señaló Oliva.

“Es al delincuente a quien se le debe impedir eficazmente que tenga armas, no al ciudadano; pero la agudización del  control  de armas que ya existe afectaría únicamente al buen ciudadano, ya que tales prohibiciones de hecho no abarcan a los delincuentes porque no las obedecen o porque usan armas ilegales como AK-47 y otras”, indicó Oliva.

Manifestó que otro elemento importante que se debe priorizar y ejecutar transparentemente es una verdadera  depuración policial y la potencializar la Policía Nacional Preventiva, y no a la militarización de la sociedad que tanto daño le está causando al país.

Creciente tasa de asesinatos 

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ha pasado de 42,1, en 1999, a 79.9, en 2013 y la media en el mundo no alcanza los diez. Incluso, Honduras dobla a su inmediato perseguidor en Iberoamérica, Venezuela, con poco más de cincuenta. Su inestabilidad se debe a la mayor gravedad de enfermedades que van camino a  hacerse crónicas en el país: la pobreza, el narcotráfico, inestabilidad política y la impunidad.

La crisis política ha influido en el agravamiento de la seguridad en Honduras. El episodio político más importante de los últimos años fue el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya Rosales,  el 28 de junio de 2009. Y ahí, la desconfianza de los ciudadanos con la clase política se disparó, así como, en las instituciones. Además los índices de pobreza se han elevado considerablemente; según datos oficiales el 70% de la población vive bajo la línea de la pobreza, de este porcentaje  el 40% vive en la miseria.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1358-alarmante-armamentismo-amenaza-a-honduras-mientras-las-autoridades-dan-palos-de-ciego

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Juzgado niega petición de Amnistía contra comisionado Elder Madrid

El comisionado de Policía, Elder Madrid Guerra, continuará el proceso judicial acusado por violaciones a los derechos humanos, luego que se negara la petición de aplicarle el decreto de Amnistía 2-2010 para casos políticos,  en la audiencia inicial en el Juzgado de Letras Penal de Comayagüela, realizada ayer.

Los testigos, que son parten de un grupo de 24 personas detenidas ilegalmente y torturadas por elementos del comando Cobras, bajo el mando de Madrid Guerra, el 12 de agosto del 2009, aunque no declararon, afirmaron que seguirán incesantes en esta búsqueda de justicia, y para que no se repitan estos hechos de lesa humanidad.

Las víctimas de vejámenes, falta a los deberes de los funcionarios y tortura, son Gerardo Arturo Flores Valeriano, Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera López, José Natividad Pérez Lorenzo, Oscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña Pavón, Darwin Isaac Amaya Alvarado, Alba Leticia Ochoa Camacho, Sergio Raúl Jerezano, Darwin Said Hernández Carbajal, Oslin George Cantillano, Rosario Vásquez, Emerson Rosicler Barahona y  Daniel Ángel Cárcamo Sánchez y otras nueve personas más, sumando en total 24 personas.

El grupo representado legalmente por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, ese día se movilizaba por el centro de Tegucigalpa, algunos habían participado en una manifestación pacífica contra el golpe de Estado del 28 de junio del 2009, otras iban transitando por donde el contingente policial los capturó sin dar explicación.

Ayer se iniciaba nuevamente el juicio contra el comisionado de policía Elder Madrid Guerra, quien al momento de los hechos fungía como encargado del comando Cobra, y desde entonces progresivamente ha sido ascendido de puesto.

Pese a que el artículo 116 de Ley Orgánica de la Policía, establece que: “Cuando a un miembro de la Carrera Policial se le haya dictado auto de prisión y medidas cautelares por delito doloso se suspenderá de inmediato de su cargo, sin perjuicio de sus derechos. Si la duración de la medida adoptada excediere los seis (6) meses, dará lugar a la terminación de la Carrera sin responsabilidad para el Estado, salvo que estas acciones sean derivadas del servicio o que haya indicios de legítima defensa, causa fortuita o fuerza mayor”.

Sin embargo, en el caso del comisionado Elder Madrid Guerra, quien estaba a cargo del Comando de Operaciones Especiales (Cobras), en el 2009, fue premiado y ascendido de cargo como jefe de Inteligencia y es el actual director estratégico de la Secretaría de Seguridad, por lo que “¿en manos de quién estamos?”, se pregunta Alba Ochoa, una de las víctimas de tortura el 12 de agosto del 2009.

La abogada del área de Acceso a la Justicia del COFADEH, Karol Cárdenas,  dijo que la cita de ayer era para el caso que se le sigue a Elder Madrid Guerra.

El Ministerio Público y el COFADEH, ofertaron los medios de prueba, las declaraciones de las víctimas, y al momento en que se le cedió la palabra a la defensa, se interpuso una la acción por falta de acción” (la falta de acción cuando no pueda proseguirse art. 46.2 del Código Procesal Penal) , argumentando que no se debe continuar con la acción penal, debido a que en este caso hay cuatro imputados más a quienes se les aplicó el decreto de Amnistía, y que así como se había beneficiado a ellos, también a su representado se le debería aplicar, y que se debe aplicar dicho decreto porque el Código Procesal Penal no  establece cuáles son los delitos por violaciones a los derechos humanos.

“Por lo tanto solicitamos que esa falta de acción se declare sin lugar, por carecer de asidero legal ya que los cuatro imputados no han sido beneficiados con el Decreto de Amnistía, porque existe un  recurso de apelación interpuesto por el COFADEH y el MP, que está pendiente de resolución, por lo tanto no está firme”, declaró Cárdenas.

Por otro lado, el Decreto de Amnistía 2-2010 en su párrafo II establece que en los delitos de lesa humanidad y violaciones a DDHH no será aplicado, manifestándole al defensor abogado Jacobo Humberto Salandía,  que Honduras es signatario de una serie de tratados internacionales de los cuales forman el Derecho Interno, y que la doctrina establece cuáles son los delitos de violaciones a derechos humanos, expresando e al juez que son aquellos cometidos por  funcionarios públicos en el ejercicio de su función, en este caso eran funcionarios armados contra civiles y sometidos a su custodia, que eso agrava la acción que había ocultado el hoy imputado.

El juez declaró sin lugar “la acción por falta de acción” y declara sin lugar la aplicación del decreto de Amnistía, por lo que la defensa interpuso un recurso de reposición el cual también  solicitamos sin lugar, y así lo estimó el juez, por lo que la defensa deberá reponer un recurso de apelación, y tiene tres días para hacer esto, declaró la procuradora del Cofadeh.

Hemos presenciado una audiencia conforme a derecho, y queda suspendida hasta que la Corte de Apelaciones resuelva, con estas suspensiones se dilata el proceso, en medio un ambiente que carece de asidero legal. Hasta entonces continuará el juicio, y los testigos y víctimas continuaran pendientes en búsqueda de justicia, apuntó Cárdenas.

Victimas esperan justicia

Una de las víctimas es  Mabel López, ella manifestó que se continua dando largas al asunto, aunque se desarrolló la audiencia, nosotros no declaramos, pero lo que quería Elder Madrid era ampararse en el Decreto de Amnistía y la nulidad del proceso que se lleva a cabo. Nosotros no nos damos por vencidos, creemos que este caso debe continuar y ver si se a plica o no la justicia.

Por su parte, Raquel Hernández, madre de un joven quien iba pasando por el centro de Tegucigalpa y fue capturado y torturado, y a quien se les negaba ver a su hijo, dijo que este hecho de no aplicar el decreto de amnistía a Madrid Guerra, le llena de fortaleza saber que no le ha aceptado dicha petición al responsable del grupo armado que les agredió. “Queremos que este caso y nuestra perseverancia en esta lucha sea un precedente de respeto a los derechos humanos de los demás hondureños”.

Mientras que José Natividad Pérez Lorenzo, originario de La Paz, recordó que él participaba en la manifestación del 12 de agosto del 2009, en exigencia del retorno del presidente depuesto por los militares, José Manuel “Mel” Zelaya.

“Fui capturado en los bajos del Congreso Nacional, un soldado se me paró sobre los pies, y vi  que capturaban a otras personas, a horas de mediodía, nos llevaron a un sótano del Congreso,  y después llevados al cuartel del comando COBRAS, en la colonia 21 de octubre de Tegucigalpa”.

Apareció Elder Madrid, lo logramos identificar porque vimos su apellido en el uniforme. Nos llevaron al Hospital Escuela,  ´solo a pasear´ porque no nos atendieron, me dijeron que “Mel” tenía dinero para pagarnos la curación porque medicinas allí no habían y que éramos unos callejeros y bandoleros, además que no teníamos que andar allí, relató don José.

Agregó que, “después nos llevaron al CORE-7, (Policía Metropolitana número 1)  al día siguiente nos llevaron al juzgado y después a la CSJ. A unos compañeros los trasladaron a Támara y a mí me llevaron a la oficina del COFADEH. Tenía la clavícula derecha quebrada”.

En este caso, don José Pérez, ve un sistema de justicia lento, siempre suspenden las audiencias, pero seguirán insistiendo.

Otra de las víctimas es Magdaleno Lazo Pineda, quien viajó desde el departamento de La Paz, a la audiencia, y dijo que seguirán en la lucha para que se haga justicia, que gente como Elder Madrid no siga abusando del pueblo, y que pague lo que hizo contra este grupo.

“También velamos para que con esta búsqueda de justicia no se repitan los abusos de autoridad sobre otros hondureños y hondureñas que luchan por un país de derecho. Que la policía recuerde que están para cuidar y defender al pueblo, y no para agredir y ofender”.

A mi ellos me maltaron física y sicológicamente,  me golpeaban el rostro y me decían que yo era un revoltoso y que andaba pagado por “Chávez” (Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela).

Cabe mencionar que se está iniciando nuevamente el juicio, porque a Elder Madrid Guerra, comisionado de Policía, se había quedado fuera del proceso y se le había dado un sobreseimiento definitivo, pero en febrero pasado la CSJ le revocó esa figura, y el grupo de afectados espera que se le pueda brindar prisión por todos los delitos que se le imputan,” ya que todos violentan nuestros derechos humanos”, aseguraron las víctimas.

Fuente: http://www.cofadeh.hn/node/278

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En el olvido trabajo de la Comisión de Reforma del Sistema de Seguridad Pública

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Tegucigalpa, Honduras. (Conexihon).- “En el olvido gubernamental”, se encuentra una importante propuesta encaminada a poner en práctica una política anticorrupción en el seno de la Policía Nacional, entregada al gobierno de Honduras desde el año 2012, por la Comisión de Reforma del Sistema de Seguridad Pública (CRSP). El planteamiento fue estructurado en base al objetivo principal de la CRSP, el que consistía en: “diseñar, planificar y certificar el proceso de reforma integral del sistema de seguridad pública”. El accionar de la Comisión abarcaba a policías, fiscales y jueces.    De acuerdo al documento “Seguridad y política anticorrupción en Honduras”, publicado por el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), el trabajo propuesto por la CRSP no fue tomado con la importancia necesaria por parte del propio Presidente de la Republica de ese entonces (Porfirio Lobo Sosa), ni por  sus más cernamos colaboradores. El CEDOH, destaca en su publicación, que al Gobierno de Honduras “no les pareció importarles mucho la necesidad de implementar una política en contra de la corrupción en el seno de las filas policiales”, aún y cuando la CRSP nació en consecuencia del clamor ciudadano de depurar e intervenir las estructuras policiales.  Bajo este contexto, la propuesta presentada por la CRSP, denominada: “Bases para una política anticorrupción en la Policía Nacional de Honduras”, es producto de varios meses de trabajo con diversos sectores de la sociedad hondureña, sin lugar a dudas valiosos insumos que lamentablemente se encuentran olvidados por el Gobierno de Honduras. Esta propuesta es una de las siete elaboradas por la CRSP y presentadas al Gobierno de Honduras, todas ellas encaminadas a poner en práctica una política anticorrupción en el seno de la Policía Nacional (PN).

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/transparencia-y-corrupci%C3%B3n/en-el-olvido-trabajo-de-la-comisi%C3%B3n-de-reforma-del-sistema-de

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Sauceda, nuevo jefe policial de Olancho; continúan rotaciones



Sauceda, nuevo jefe policial de Olancho; continúan rotaciones

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa- El subcomisionado de Policía, Leonel Sauceda asumió en las últimas horas la jefatura policial número 15 del departamento de Olancho, como parte de las rotaciones que realizan en la estructura del alto mando de la Policía Nacional.

Al momento de tomar el cargo, Sauceda quien fungía como titular de la Policía Internacional (Interpol), dijo que asume el mismo con responsabilidad y en busca del bienestar de la ciudadanía del departamento de Olancho.

Advirtió a sus subalternos que quien no haga el trabajo como debe hacerlo se les deducirán las responsabilidades del caso.

sauceda-siSauceda agradeció la labor realizada por el subcomisionado Henry Vicente Osorto Canales, quien pasó a otra dependencia policial.

Asimismo, el subcomisionado de la Policía, Julio Romero Canales, asumió en las en la zona de El Progreso. Anteriormente se encontraba en la Inspectoría General de la Secretaría de Seguridad.

Al cierre de la semana anterior, se conoció del primer cambio en el departamento de Lempira, donde salió el subcomisionado Walter Amaya Amador y el cargo fue tomado por su igual Orbin Galo Maldonado.

El director general de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, dijo que las rotaciones a lo interno de la institución se consideran normales.

Refirió que “esos movimientos son parte de la reasignación de la estructura policial y van orientados a dinamizar la gestión de seguridad ciudadana en todas las localidades, no son replanteamientos, porque no es completo, son modificaciones o ajustes organizacionales”, apuntó.

Fuente: http://www.proceso.hn/index.php/nacionales/item/88288-contin%C3%BAan-las-rotaciones-en-la-estructura-de-la-polic%C3%ADa-nacional.html

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Honduras: mandan al Ministerio Público 104 expedientes de policías corruptos

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) enviará 104 expedientes al Ministerio Público de policías involucrados en actos de corrupción.

Autoridades de la institución dijeron que esperan que el ente acusador pueda evacuar todas las pruebas y exima de culpa o emita requerimiento fiscal contra los agentes del orden.

El titular de la DIECP, Eduardo Villanueva, comentó que “son expedientes de diferentes denuncias presentadas a la DIECP y que en algunas encontramos indicios de responsabilidad penal y en otras no”.

Asimismo, detalló que en otros casos donde no se ha encontrado indicio racional “de su autor o la plena prueba de la existencia del delito, también le pedimos al Ministerio Público que cierre las investigaciones, en tanto que solo el MP es el órgano en este país que puede cerrar una investigación de tipo penal”.

“Estamos practicando 99 audiencias de descargo a miembros de la Policía Nacional que presentan algunos indicadores de falta de veracidad u otros tipos de circunstancias en evaluaciones practicadas anteriormente”, dijo.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/honduras-mandan-al-ministerio-p%C3%BAblico-104-expedientes-de-polic%C3%ADas-corruptos

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Citan a 99 miembros de la Policía Nacional para audiencia de descargo

Esta acción dijo Villanueva, es parte del proceso de depuración de la institución policial, por lo que deberán desvanecer las acusaciones de las que son objeto, de lo contrario serán separados de sus cargos.

El titular de Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva, citaron a 99 miembros de la policía Nacional, para audiencia de descargo por presentar una serie de indicadores de falta de veracidad.

Esta acción dijo Villanueva, es parte del proceso de depuración de la institución policial, por lo que deberán desvanecer las acusaciones de las que son objeto, de lo contrario serán separados de sus cargos.

Villanueva indicó que las audiencias se realizan en el cumplimiento del debido proceso dentro de los
procedimientos que la DIECP práctica.

El informe es enviado a la Secretaría de Seguridad, entidad que determinará la resolución pertinente.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/citan-99-miembros-de-la-polic%C3%ADa-nacional-para-audiencia-de-descargo

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Se avecina un nuevo remezón en la Policía Nacional de Honduras

22 de Septiembre de 2014

11:05PM  –  Redacción  

La máxima autoridad del ente policial revela a EL HERALDO que a más de 200 miembros se les sigue una “investigación administrativa disciplinaria”. Los primeros 43 fueron llamados.

Tegucigalpa, Honduras

El proceso de depuración no se detiene en la Policía Nacional y en los últimos dos años más de 1,400 miembros, entre agentes y oficiales, han sido separados, afirmó Ramón Sabillón, director general de la institución.

Sostuvo que el 12 por ciento de esta cifra son oficiales de la más alta graduación; el resto, de la escala básica y un porcentaje muy pequeño, los auxiliares. “Es la Policía que ha sacado esas fuerzas , esa voluntad de tener una fuerza pública transparente, al servicio de la comunidad, con alta calidad”, declaró.

El comisionado general afirmó que la depuración no solo se ha realizado desde el interior de la institución sino desde antes que ingresen ya que la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), ha realizado el trabajo de certificación con los postulantes a ingresar a la Policía Nacional.

Dinámica

Sabillón explicó que para realizar de una manera más eficaz el proceso, se ha determinado con las autoridades de la DIECP realizar primero las pruebas toxicológicas, la sociométrica, la socioeconómica y por último el polígrafo.

Comentó que realizar una prueba socioeconómica tarda mínimo tres meses, es por eso que se realizan primero las toxicológicas y la sociométricas, “porque si una persona no presenta indicios en las primeras, hay pocas probabilidades de que esa persona esté involucrada (en acciones ilícitas)”, afirmó.

Lo que se pretende, según Sabillón, es ser concretos en aras de descubrir personas que sí estén actuando al margen de la ley. Otras de las pruebas que se les aplica a los elementos policiales son por resultados en las acciones encomendadas, por lo cual se les exige un cumplimiento del 70 por ciento.

Afirmó que a muchos no les gusta la evaluación por rendimiento laboral, por lo que renuncian. “Con el mayor de los gustos, si no están produciendo los dejamos fuera de la institución”, comentó.

Los miembros de la Policía son evaluados anualmente, más las evaluaciones sorpresas que se realizan periódicamente.

Depurados

El jefe policial reveló que en total se han depurado 1,400 elementos, mientras que 300 están en proceso de cancelación luego de haber sido investigados por actos ilícitos.

“El promedio es de unos 1,700, policías suspendidos, por otras naturalezas, y hay 279 que los vamos a desincorporar por edad, por enfermedades, entre otras situaciones”, afirmó.

Lamentó que en el proceso de depuración no se previó el déficit en que quedaría la institución una vez que se expulsara a los malos miembros.

A pesar de la baja en agentes y oficiales, el general destacó la labor que realizan los elementos ya que los indicadores marcan que los actos delictivos han bajado. “Detenerlos (homicidios) fue un arte y luego llevarlos al descenso es un éxito”, expresó.

En relación a los agentes y oficiales que estaban asignados a la posta del barrio La Granja en Comayagüela, dijo que entre ellos habían varios que están certificados ya que pertenecían a la Policía Escolar y otros a la Policía Comunitaria, que no eran patrulleros comunes.

Fortalecimiento

El general avaló el valor con el que trabajan los elementos policiales que día a día exponen su vida en el cumplimiento del deber. Comentó que durante los enfrentamientos con criminales más de un centenar de agentes han resultado heridos y otros han fallecido.

Actualmente, la Policía cuenta con un poco más de 10,000 agentes y oficiales que prestan el servicio de seguridad, pero de estos, 500 están asignados a seguridad fija, es decir, a funcionarios y ministerios.

“Pero se ve a ese policía honesto, valiente, que se enfrenta en la calle al delincuente”, aseguró.

Sostuvo que el excelente desempeño de los miembros policiales no solo se refleja en la disminución de las estadísticas, sino en “más de cinco millones de llamadas de la ciudadanía al 911, eso es confianza pública, ayer tuvimos más de 1,100 denuncias cumplidas, se atendieron más, pero esas se cumplieron y más de 120 denuncias que recibieron los patrulleros en la calle, que fueron y atendieron la denuncia del ciudadano”, afirmó.

Dijo que los policías que han sobrevivido al proceso de depuración están realizando su trabajo con sangre, transparencia e inteligencia.

Se está incrementando esa “relación policía-ciudadano y eso nadie lo puede cambiar, eso es producto del buen trabajo”, expresó.

Los 43 citados

En relación a los 43 agentes y oficiales que fueron llamados al Cuartel de Casamata y de quienes se dijo que pasarían a disponibilidad, afirmó que se les llamó para informarles de que se encuentran bajo un proceso de investigación administrativa. Pero “hay más, hay más, son más de 200 los que se tienen en proceso de investigación administrativa disciplinaria”. Explicó que una investigación administrativa es más amplia que el proceso de las pruebas de confianza ya que implica una audiencia de descargo y una sanción, el proceso de desincorporación es mucho más amplio”. enfatizó. Dentro de esos (200), se encuentran elementos que no aprobaron las pruebas de certificación.

Explicó que en el caso de agentes y oficiales que han cometido faltas leves no son objeto de una suspensión, pero en las faltas graves o delitos tienen que ser suspendidos.

Cuando son delitos, los acusados son puestos a la orden de la Fiscalía para que los acuse. “Ahorita perdonamos, no toleramos ni un mínimo error”, enfatizó.

En el caso de los 43, “ellos vienen a conocer el proceso investigativo, quiero aclarar que ninguna persona de esas (del listado) está vinculada a hechos contra la ley o contra la misma institución en esta administración”, afirmó.

Aseguró que lo que se pretende es “darle vuelta a la página, porque se especula en administraciones pasadas de ellos, entonces queremos darle vuelta a la página mediante una investigación profesional.

Afirmó que en algunos casos existen dudas de nombre, se parecen pero no son el mismo, pero los vamos a someter igual, nosotros somos transparentes y no vamos a dejar de ordenar el proceso, un proceso ordenado, no de acuerdo a intereses de sectores oscuros que quieren que la Policía fracase.

Sabillón calificó como una irresponsabilidad que algunos oficiales de la lista han manifestado que fueron llamados para ponerlos en disponibilidad, “cuando no se ha hablado con ellos y se ponen a especular, son irresponsables; algunos, porque no son todos, ni tan siquiera han llegado a la sede policial”.

Afirmó que para tratar el caso de los 43 oficiales se ha nombrado una comisión especial. No descarto que muchos de los enlistados salgan absueltos de los cargos cuando sean indagados.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/inicio/750486-331/se-avecina-un-nuevo-remez%C3%B3n-en-la-polic%C3%ADa-nacional-de-honduras

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