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Policía da protección a taxistas por muerte de Marvin Sánchez

Viernes, 18 Julio 2014 23:53

Habrá patrulla permanente

Tegucigalpa, Honduras

El director de la Policía Nacional, comisionado Ramón Sabillón, dijo ayer que les ofreció protección a los taxistas del punto Villa Olímpica-Prados Universitarios- Centro, al cual pertenecía el ruletero Marvin Sánchez, quien murió en un incidente con el diputado Luis Galdámez.

Sabillón dijo que los taxistas de ese punto denunciaron amenazas a muerte por parte de un hijo de Galdámez.

“Estamos viendo, levantando el informe respectivo para hacer las investigaciones del caso”, dijo el comisionado durante la visita al barrio La Hoya, lugar donde se produjo el incidente el miércoles pasado.

Sabillón indicó que los ruleteros le solicitaron  que les asigne seguridad; así como el permiso de circular en contravía en la calle actualmente de una sola vía, que da acceso al punto de taxis.

“Como una acción inmediata, además del informe de seguridad de los trabajadores del transporte, también se ubicará una patrulla motorizada permanente en la estación para que no vayan a sufrir ninguna agresión física ni tampoco sus pasajeros ni sus medios de transporte”, indicó.

Galdámez se encuentra recluido en el Primer Batallón de Infantería por disposición de un juez natural nombrado para llevar el caso del diputado, quien le dictó prisión preventiva.

El Ministerio Público acusó a Galdámez por  homicidio simple y homicidio en su grado de ejecución de tentativa.

Fuente: http://www.tiempo.hn/sucesos/noticias/policia-da-proteccion-a-taxistas-por-muerte-de-marvin-sanchez?utm_source=sucesosTab&utm_medium=page&utm_campaign=tabs

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Comisionado Sabillón: Galdámez le entregó el arma a los policías

Jueves, 17 Julio 2014 23:15

El jefe de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, dijo que los dos policías serán pieza clave en el juicio del parlamentario José Luis Galdámez.

Tegucigalpa, Honduras

Los dos efectivos que acompañaban al periodista y diputado José Luis Galdámez cuando se produjo la muerte del taxista Marvin Sánchez (35), el miércoles anterior, “son parte de la escena y ya están participando activamente con la Fiscalía”, dijo ayer el jefe de la Policía, Ramón Sabillón, tras afirmar que el parlamentario le entregó el arma a los agentes del orden.

El comisionado se refirió al caso, en conferencia de prensa, en la que también expresó que “el requerimiento les dicta las pautas y ellos (los agentes) darán cuenta de todas sus actuaciones en base a la verdad de los hechos”.

La muerte de Sánchez se produjo en el marco de una riña callejera entre el legislador y varios   taxistas del barrio La Hoya de la capital, a raíz de una esquela que le impusieron policías de Tránsito a uno de los ruleteros.

“Queremos dejar constancia que la Policía Nacional siempre está para proteger la vida y la patrulla motorizada pasaba por el sitio que tiene un sentido único de circulación y se encontró un taxi en contravía, al igual que otro vehículo donde venían los dos diputados”, afirmó Sabillón.

Asimismo, los patrulleros de orden, “que no son policías de Tránsito les llama la atención que los vehículos circularan en sentido contrario por lo que procede a llamarles la atención por igual a los dos conductores”, prosiguió Sabillón.

Luego se produce una serie de palabras ente ambos grupos hasta el manoseo, en este sentido los efectivos policiales optaron por intervenir para que no ocurrieran más hechos que lamentar, indicó.

“Desgraciadamente los ánimos se excedieron y procedieron a la agresión física que no es correcto y en este sentido la intervención y una infracción de tránsito pasa a una situación de protección de vida de los dos diputados”, agregó el oficial.

“El grupo interviene y se produce un disparo a espaldas de un policía (…) luego llegan dos policías que trabajan para proteger al señor periodista Luis Galdámez, que goza de medidas de seguridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al efectuar el disparo (los agentes) le notifican que ha cometido un delito”, agregó.

Los policías le solicitaron el arma al diputado y Galdámez lo hace correctamente, sin importar que sea su protegido, indicó Sabillón.

Fuente: http://www.tiempo.hn/color-pol%C3%ADtico/noticias/comisionado-sabillon-galdamez-le-entrego-el-arma-a-los-policias?utm_source=color-pol%C3%ADticoTab&utm_medium=page&utm_campaign=tabs

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La DIECP registra más de 34 denuncias contra policías

Jul 17, 2014

Carlos Escobar, jefe de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) en la ciudad de El Progreso, Yoro informa  que en lo que va del año 2014 se registran 34 denuncias contra elementos policiales. 

Carlos Escobar comenta sobre el seguimiento que como institución están dándole a las denuncias interpuestas por la ciudadanía en contra de los funcionarios policiales de la zona Noroccidental del país.

“Las denuncias siempre han sido por lesiones, todas las denuncias están en proceso de investigación y estamos concluyendo cinco denuncias mensuales, la mayor cantidad de denuncias provienen del departamento de Cortés, después Yoro, Copán y por último Colón”, añadió Escobar.

Escobar también dijo que la mayoría de las denuncias son contra agentes, pero también tienen denuncias contra oficiales, desde Comisionados hasta Policías.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1187-la-diecp-registra-m%C3%A1s-de-34-denuncias-contra-polic%C3%ADas

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Nombran magistrado para juzgar a diputado hondureño por supuesto homicidio

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue nombrado como juez natural para el diputado José Luis Galdámez que fue acusado por el Ministerio Público por homicidio simple contra el taxista Marvin Sánchez.

La responsabilidad recayó sobre el magistado de la Sala Constitucional, Vicente García, que juzgará al parlamentario que fue presentado este jueves ante el Poder Judicial para iniciar el juicio.

Se informó que García conocerá la causa más el requerimiento fiscal que libró el ente acusador contra Galdámez por el delito de homicidio simple y pide una pena de 15 años de cárcel.

De igual forma, se nombró un tribunal de apelaciones que lo integrarán los magistrados Raúl Enrique Interiano, Dilma López Rivera y Silvia Trinidad Santos.

Con relación al tribunal de sentencia, será integrado por el presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés y los magistrados Rosa Lourdes Paz Haslam, Víctor Manuel Martínez Silva y Reina Sagrario Solórzano.

Por su parte, el también comunicador aseguró que tuvo que utilizar su arma porque iba a ser agredido por taxistas enardecidos del punto de taxis de la Villa Olímpica, del que formaba parte el hora occiso.

Entretanto, el jefe policial Ramón Sabillón reconoció que hubo incapacidad de los escoltas del diputado por Libre para repeler la paliza que los conductores pretendían cometer contra el director del noticiero Tras la Verdad.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/nombran-magistrado-para-juzgar-diputado-hondure%C3%B1o-por-supuesto-homicidio

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Órdenes de captura contra extraditables no han llegado a la Policía de Honduras

16 de Julio de 2014

10:07PM   – Redacción:  redaccion@laprensa.hn

La Policía desmintió que la Corte Suprema de Justicia haya enviado las órdenes de aprehensión contra extraditables.

Según la Policía, la CSJ no ha enviado las órdenes de captura.
Según la Policía, la CSJ no ha enviado las órdenes de captura.

Tegucigalpa, Honduras.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha enviado a la Policía Nacional las cuatro órdenes de captura que se habrían emitido contra personas ligadas al crimen organizado, afirmó Ramón Sabillón, director general de la institución armada.

“A mí, Ramón Sabillón, como director general de la Policía, no me han enviado nada”, recalcó.

El comisionado sostuvo que en el momento en que la Policía tenga esas órdenes comenzarán las acciones para capturar a los sospechosos.

Dijo que no han sido notificados de ninguna orden de aprehensión ni alertas migratorias, por lo que no se puede saber a quiénes deben capturar.

La magistrada Edith María López aseguró el pasado martes que se habían emitido las órdenes de captura contra personas solicitadas por otros países para extraditarlas.

La togada afirmó que para comenzar el proceso de extradición era necesario que la Policía ejecute las órdenes contra los presuntos criminales.

Las autoridades no dieron a conocer los nombres de las personas pedidas en extradición.

Sabillón afirmó que al conocer las órdenes se ejecutarán porque la institución armada tiene le deber de cumplir las capturas de los acusados de cometer algún delito.

El Poder Judicial manifestó que, una vez ejecutadas las órdenes, los casos serán analizados por los jueces naturales nombrados por el pleno de magistrados de la CSJ.

Se conoció que entre los solicitados en extradición se encuentran hondureños y extranjeros que estarían vinculados al crimen organizado.

Las peticiones de extradición fueron presentadas por Estados Unidos y México.

En el caso de los hondureños, los jueces deberán actuar según el procedimiento establecido en el tratado de extradición suscrito entre Estados Unidos y Honduras.

Además tendrán que aplicar el auto acordado redactado por el Poder Judicial en el que se indica el proceso que se seguirá en solicitudes de extradición de hondureños.

 

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/729982-96/%C3%B3rdenes-de-captura-contra-extraditables-no-han-llegado-a-la-polic%C3%ADa-de

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Diputado hondureño a tribunales por supuesto homicidio de taxista

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Un taxista perdió la vida este miércoles luego que recibiera un disparo supuestamente del diputado Luis Galdámez, mientras éste era objeto de golpiza por una turba de ruleteros a inmediaciones del centro de la capital de Honduras.

El fallecido respondía al nombre de Marvin Sánchez García (35), quien murió en la sala de operaciones del hospital Escuela cuando era intervenido quirúrgicamente para extraerle el casquillo; se informó que el motorista venía en sentido contrario cuando se encontró con el vehículo en el que se transportaba Galdámez y este le habría reprendido de por qué hacía tal maniobra.

Luego del reclamo, un grupo de enardecidos conductores del punto de taxis de la colonia Villa Olímpica agredieron al también periodista que repelió la acción haciendo dos disparos, uno de ellos impactó en el ahora occiso.

De acuerdo a las imágenes descritas por varios canales nacionales, al parlamentario lo iban agrediendo hasta que fue introducido en la patrulla policial y de inmediato fue trasladado a la sede de la Policía Metropolitana.

Al cierre de esta nota, no existe un parte policial que detalle las causas en que ocurrió el incidente donde falleció Sánchez.

El director del noticiero “Tras la Verdad” cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por recibir amenazas de muerte desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

Entre las medidas que tiene Galdámez Álvarez es el resguardo de dos efectivos de la Policía Nacional para preservar la vida.

Por su parte, el portavoz policial, Julián Hernández, dijo que los escoltas no podían intervenir en el momento que el comunicador repelía la agresión.

“Si una persona dispara y si un policía se encuentra cerca, este no puede intervenir”, detalló.
Horas después del incidente, el diputado por Libre explicó que minutos antes, venía de un ayuno de sus compañeros de bancada cuando disponía a salir del estacionamiento, en dirección a la antigua Penitenciaría Central (PC), cuando el taxi estaba por llegar en contravía al sitio de abordaje de pasajeros.

En ese instante -añadió- fue ofendido verbalmente por otros compañeros de trabajo cuando uno de ellos llegó con un objeto contundente a golpearle, mientras los demás le rompían la camisa y le rompían el teléfono que portaba.

Igual situación vivió el diputado Edgardo Castro que acompañaba al periodista.

Galdámez aseguró que actuó “por defensa propia, la turba me tenia del cuello arrinconaron a los policias, me golpearon a la cara, los mismos policias fueron agredidos y acorralados”.

“Me dijeron que nos iban a hallar ensacados”, relató al tiempo que señaló que tuvo que hacer uso de su arma de fuego para repeler la golpiza ya que un taxista iba a herirlo con un machete.

Dijo que un disparo lo hizo al aire y el segundo a un muro, impactándole al ruletero, por lo que este fue trasladado al centro hospitalario donde murió.

“Lamento lo que ha ocurrido”, sostuvo el congresista.

Asimismo, señaló que se entregó de inmediato a sus escoltas para que fuera trasladado a la sede policial donde se encuentra detenido.

Tras el hecho, el diputado de Libre y abogado, Rasel Tomé, informó que asumirá la defensa de Luis Galdámez.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/diputado-hondure%C3%B1o-tribunales-por-supuesto-homicidio-de-taxista

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La tasa de homicidios bajó a 60%

16 julio, 2014 – 2:15 AM

11 ComentariosComentarios  

La tasa de homicidios bajó a 60 este año frente a la de 84 por cada 100 mil habitantes que se registraban en el 2012, afirmó ayer el ministro del Seguridad, Arturo Corrales.

Un aumento de casi 2,000 capturas también reportan las autoridades policiales en el 2014.

El funcionario recordó que hace varios años esa misma tasa era del 20 por ciento, pero entre el 2012 y 2013 se elevó a 84 por ciento.

Gracias a las políticas aplicadas desde el año pasado la tasa bajó a 60 por ciento a junio del 2014, reportando un descenso de 20 puntos, enumeró el ministro en un programa televisual.

Corrales también reveló que se han incrementado las órdenes de captura de 1,700 el año pasado a 3,600 este año relacionadas a diferentes tipos de delitos, incluyendo la extorsión y homicidios.

Igualmente, se duplicaron las capturas pasando de 14,906 en el 2013 a  28,312 en el presente año. El funcionario reportó también que llevan 500 personas capturadas por extorsión. (EG)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/07/16/la-tasa-de-homicidios-bajo-a-60/

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Dan clase contra tortura a los policías y militares

15 julio, 2014 – 11:10 PM

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Con el objetivo de evitar la violación de los derechos de los privados de libertad, miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, participaron hoy en un taller enfocado en ese tema.

En el taller participaron miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de Honduras.

La charla fue impartida por miembros de la Comisión Nacional de Prevención de Torturas, Tratos Crueles y Similares (Conaprev).

Según el vocero de la Policía Nacional para la zona noroccidental, César Jhonson, lo que se pretende es evitar que ese tipo de acciones se den de manera individual, ya que en los centros penales por lo general siempre se dan denuncias de violaciones a los derechos de los internos.

“Además se busca brindar un mejor nivel de vida a las personas que por algún motivo han perdido su libertad, ya que el hecho que estén presos no significa que han perdido sus derechos, por lo que hay que respetárselos” expresó el oficial.

Al mismo tiempo reconoció que con anterioridad, ese tipo de prácticas eran comunes; sin embargo, aseguró que en la actualidad no se están realizando.

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/07/15/dan-clase-contra-tortura-a-los-policias-y-militares/

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Desalojan a mineros en carretera del sur

Martes, 15 Julio 2014 23:04

Desalojan a mineros en carretera del sur
Tegucigalpa, Honduras

Un contingente militar-policial utilizó gas lacrimógeno la mañana de ayer para desbaratar una toma pacífica que realizaban los familiares, amigos, vecinos y compañeros de los mineros que murieron soterrados hace dos semanas en la mina Cuculmeca, en el Corpus, porque impedían el paso en la carretera Panamericana, en Choluteca. Ellos reclamaban suspender los procesos judiciales contra sus jefes, acusados criminalmente.

Fuente: http://tiempo.hn/nacion/noticias/desalojan-a-mineros-en-carretera-del-sur?utm_source=nacionTab&utm_medium=page&utm_campaign=tabs

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¿Quién es el responsable de la huida de los niños hondureños?

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Dana Frank

Dana Frank

De pronto, todos los ojos están sobre los 47.000 menores no acompañados por adultos que procedentes de América Central han sido interceptados en la frontera de los EE.UU. desde principios de este año, el mayor número de los cuales provienen de Honduras. Con toda razón, la mayoría de los debates han puesto de relieve que las pandillas y la violencia son la causa inmediata de su huida.

Sin embargo, en esta discusión sobre Honduras no aparece el régimen post-golpe de Estado que rige el país, que es en gran parte responsable de la gran criminalidad que ha sobrepasado el país. Igualmente ausente es la responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos con este régimen. Sí, las pandillas están fuera de control en Honduras. Pero la pandilla verdaderamente peligrosa es el gobierno de Honduras. Y los dólares de nuestros impuestos  se están vertiendo en él, mientras que nuestros altos funcionarios alaban sus virtudes.

Este 28 de junio se cumplió el quinto aniversario del golpe militar que depuso al presidente de Honduras democráticamente electo Manuel Zelaya. Desde entonces, una serie de administraciones corruptas ha desatado un control criminal abierto de Honduras, de arriba a abajo del gobierno. El actual presidente Juan Orlando Hernández, quien asumió el cargo en enero, era él mismo un entusiasta partidario del golpe de Estado, los informes del Congreso de Honduras establecen que en 2012 llevó a la expulsión ilegal de cuatro miembros de la Corte Suprema y el nombramiento ilegal de un nuevo Fiscal General para un mandato de cinco años.

La policía de Honduras es mayoritariamente corrupta, opera en estrecha colaboración con el narcotráfico y el crimen organizado. En agosto pasado, incluso una comisión del gobierno hondureño que supervisa la depuración de la policía admitió que el 70 por ciento de la policía está “más allá de poder rescatarla.” InSight Crime concluye: “una serie de poderosos grupos locales, conectados a las élites políticas y de la economía … manejan la mayor parte de las actividades del hampa en el país.  Ellos han penetrado profundamente la policía hondureña.”

La respuesta de Hernández a la corrupción de la policía, sin embargo, ha sido la militarización peligrosa. No sólo el ejército regular ahora patrullan los barrios residenciales, aeropuertos y cárceles, pero la nueva fuerza de  5.000 efectivos  de la policía militar de Hernández va expandiéndose en todo el país. El poder judicial y los fiscales a menudo son corruptos también. El Informe del Departamento de Derechos Humanos del Estado de los EE.UU. para el año 2013 en Honduras habla de “impunidad generalizada”, causada por un sistema de justicia débil. “Los autores de asesinatos y otros crímenes violentos rara vez son llevados ante la justicia”, informa la orgaización Human Rights Watch. Como resultado, después del golpe Honduras ahora cuenta con la tasa de homicidios más alta del mundo, según cifras de las Naciones Unidas.

Peor aún, la policía y los propios militares matan y golpean a las personas con impunidad. La organización Human Rights Watch ha documentado numerosas denuncias de asesinatos de activistas de los derechos de la tierra por parte de fuerzas de seguridad, e informa que “la impunidad de los graves abusos de la policía es un problema crónico.” Hasta el pasado mes de diciembre, el jefe nacional de la policía fue Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, quien de acuerdo con documentos obtenidos por la Associated Press (AP), participó en los asesinatos de muerte en el período 1998-2002. Más recientemente la AP ha documentado al menos cinco presuntos asesinatos de los escuadrones de la muerte por la policía hondureña. El 13 de mayo, los nuevos policías militares rodearon, gasearon y  golpearon brutalmente, y expulsaron por la fuerza de la sala principal del congreso a 36 congresistas del partido de centro-izquierda de la oposición LIBRE.

Al mismo tiempo, el gobierno post-golpe de Estado está destruyendo rápidamente gran parte de lo que queda de la economía hondureña. En los dos años siguientes al golpe, 2010-12, el gasto en vivienda pública, la salud y la educación se redujo, según el Centro para la Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research), mientras que la pobreza extrema se incrementó en 26,3 por ciento. “A través de las privatizaciones neoliberales, recortes y reorganizaciones que están acabando con empleos sindicalizados del sector público”, observa German Zepeda, Secretario General de la Federación de Honduras de Trabajadores Agroindustriales. En mayo, por ejemplo, todo el organismo encargado de los asuntos de la infancia fue eliminado y todos sus activos liquidados. La AFL-CIO reporta que las leyes laborales raramente se cumplen, los asesinatos y amenazas contra sindicalistas no son investigados, y un programa del sector privado, “la creación de puestos de trabajo” tan pregonado rompe el tiempo completo, el empleo permanente y lo convierte en un trabajo precario a tiempo parcial, eliminando el acceso al sistema de salud pública y la elegibilidad para la sindicalización, junto con un salario digno.

En este escenario global, los niños de hecho mueren. Con pocos puestos de trabajo y sin un sistema de justicia penal eficaz, las pandillas verdaderamente aterradoras han proliferado, y el tráfico de drogas engendra violencia espectacular, incluyendo múltiples masacres de niños en abril y mayo divulgadas en todos los medios. Según Casa Alianza, la organización independiente que lidera y aboga por los niños sin hogar en Honduras, solo en el mes de mayo 2014, 104 jóvenes fueron asesinados; entre 2010 y 2013, 458 niños menores  de 14 años fueron asesinados.

El 6 de mayo, José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, denunció que la policía están operando operar “limpieza social” escuadrones de la muerte matando a los niños.

Dos días más tarde, su coche parado fue embestido por un vehículo de seguridad del gobierno y fue brutalmente golpeado y arrestado por la policía militar, según Amnistía Internacional (Amnesty International).

Sin embargo, a pesar de la abrumadora evidencia, el gobierno de EE.UU. sigue apoyando, incluso celebrando el régimen. Dos días después de que los policías militares atacaron a los miembros de la oposición en el Congreso, la Embajadora de  EE.UU. Lisa Kubiske elogió sin rodeos al presidente Hernández, alabó los TIGRES – una peligrosa nueva unidad de fuerzas especiales que ha promovido – y dijo que los EE.UU. quiere invertir “más y más en la policía hondureña”.  El Comandante John Kelley del Comando Sur de EE.UU., al visitar Honduras el 19 de mayo, elogió Hernández por su “impresionante” y exitoso trabajo contra los narcotraficantes. Ahora, como una respuesta a la afluencia de los menores no acompañados en la frontera, la Casa Blanca ha autorizado $ 8,5 millones en fondos adicionales para la corrupta policía hondureña.

Los EE.UU. está vertiendo ciertamente fondos a la policía hondureña y los militares, en nombre de la lucha contra el tráfico de drogas. Las cifras exactas no están disponibles, pero de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso aproximadamente $ 25 millones fluyeron a las fuerzas de seguridad de Honduras en 2013. Otros fondos de Estados Unidos apoyan las fuerzas hondureñas a través de USAID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad (CARSI).

Al mismo tiempo, las políticas de los Estados Unidos están contribuyendo directamente a la destrucción de la economía hondureña – de ahí la falta de puestos de trabajo viables. El Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA), por ejemplo, ha obligado a los pequeños y medianos productores a competir con la agroindustria EE.UU. y otras corporaciones. En Honduras como en otros lugares, las políticas neoliberales impuestas por el Fondo financiado por Estados Unidos Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial promueven la eliminación de puestos de trabajo del sector público, la privatización y la reducción de los servicios sociales un comunicado fechado el 13 de junio del Directorio Ejecutivo del FMI, por ejemplo,  aboga por  “la reducción de la masa salarial” del gobierno hondureño.

El Congreso de los EE.UU., sin embargo, ha desafiado en voz alta y claramente la política de EE.UU. El 28 de mayo, 108 miembros del Congreso, encabezados por la congresista Janice Schakowsky (D-Illinois), enviaron una carta al Secretario de Estado John Kerry cuestionando el apoyo de EE.UU. para el régimen. La Ley de Asignaciones Consolidadas de 2014 coloca los derechos humanos como condicionante en una parte sustancial de la asistencia de los EE.UU. a las fuerzas de seguridad hondureñas.

Mientras los jóvenes hondureños corren el riesgo de peligros espectaculares al cruzar las fronteras para tratar de escapar del horror de su país, los EE.UU. debe asumir la responsabilidad de esa pesadilla, y cortar sus lazos con las pandillas de los oligarcas que gobiernan Honduras, dejar de verter fondos en sus policías y militares incluidos los fondos para la capacitación de la policía.  Al mismo tiempo, tenemos que tratar a los niños que llegan con gran cuidado y respeto, que se observen los procedimientos legalmente establecidos. Tenemos que darles abogados, permitir a los observadores independientes inspeccionar todas las instalaciones en las quelos retienen, y si sus padres están aquí, hacer todo lo posible para reunirlos con sus familias en los EE.UU.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3221:iquien-es-el-responsable-de-la-huida-de-los-ninos-hondurenos&catid=67:monitoreo&Itemid=192

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Honduras: Militares y policías toman control de zona minera

sábado, 12 de julio de 2014

Los uniformados se apostaron en la zona desde el primer día, pero luego del zafarrancho pidieron refuerzos para evitar mayores problemas.
Los uniformados se apostaron en la zona desde el primer día, pero luego del zafarrancho pidieron refuerzos para evitar mayores problemas.

latribuna.hn/ 12 julio, 2014 – 3:17 Am.   EL CORPUS, Choluteca. Un contingente militar y policial tomó el control de la mina La Cuculmeca para evitar que los mineros ingresaran a la zona, ya que existe una ordenanza municipal consensuada en sesión de corporación que manda el cese de labores durante un mes y el no ingreso para la extracción de oro.
Se expuso la necesidad de mantener la zona libre de mineros como de otros pobladores y periodistas, por la fragilidad del terreno. Se conoció además que los uniformados se mantendrán en la zona hasta que culmine la ordenanza de la municipalidad.
“Esto es una decisión tomada por las autoridades, por tanto a nosotros no nos toca más que hacer cumplir la ley, no habrá paso a la mina para evitar que haya más accidentes”, dijeron las autoridades policiales. (NJA)

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/07/honduras-militares-y-policias-toman.html

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Policías acusados de asesinato no habían sido sometidos a pruebas de confianza

23:17
10
Julio
2014
Tegucigalpa – La participación de tres agentes de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI) en la muerte de dos mujeres el pasado fin de semana, de nuevo obliga a indagar sobre la depuración que se lleva a cabo en la Policía hondureña.

 

- Un 42 por ciento de los policías han realizado las pruebas de confianza; ocho mil efectivos aún no se someten a estos instrumentos científicos.

Otra vez, elementos del cuerpo policial, ponen en entredicho los procesos de limpieza que comenzaron en octubre de 2011, luego del asesinato de dos jóvenes universitarios, entre ellos el hijo de la rectora Julieta Castellanos.

 

Los imputados, presentados en las últimas horas como autores materiales del doble crimen por el propio director de ese cuerpo de seguridad del Estado, no habían sido sometidos a las pruebas de confianza, confió a Proceso Digital el titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva.

 

“Los tres agentes (DNSEI) aún no se habían sometido a las pruebas de confianza porque estaban incluidos en nuestra programación de la totalidad de estos instrumentos de los 14 mil miembros de la Policía Nacional”, testificó Villanueva.

 

De los 14 mil empleados de la Carrera Policial, apenas se le han practicado los instrumentos de confianza a 5 mil 932 policías, es decir un 42 por ciento del total.

 

“Esperamos haber evaluado a todo el personal en el segundo semestre de 2015. Este año pretendemos llegar a los 10 mil”, especificó.

Los tres agentes asesinos

El titular de la DIECP le confió a Proceso Digital que tuvieron denuncias que el crimen contra las dos féminas había sido cometido por agentes de la DNSEI, por lo que comenzaron las pesquisas del caso con el apoyo de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida y que finalmente concluyeron con las órdenes de captura para los agentes activos.

 

“Pudimos tener el resultado oportuno que nos llevó a la identificación de los imputados y su posterior aprehensión, confirmada por el propio director de la Policía”, detalló.

 

Los agentes son acusados por asesinato en perjuicio de Yuri Fabiola Hernández y Jessi Marleni García, además por la comisión del delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de testigo protegida.

 

De su lado, el director de la Policía Nacional, Ramón Sabillón Pineda, calificó la entrega de los agentes como un “acto de transparencia” y advirtió que como cuerpo de seguridad del Estado serán “implacables” contra elementos del orden que cometan actos reñidos con la ley.

 

“Estos hechos son dolorosos, pero no vamos a renunciar al fortalecimiento de la Policía Nacional, y esto pasa por reportar estos casos”, afirmó el jerarca.

 

Continuó que “el día de hoy se ha resuelto el caso de la muerte violenta de dos mujeres, hecho ocurrido el pasado domingo 6 de julio en un sector de la colonia Loarque”.

 

Los supuestos homicidas de las féminas son los agentes de la DNSEI: Fredy Gerardo Mendoza Arriaza, Gregorio Alexander Anariba Meraz y Marvin Joel Gallego Suárez, todos ellos puestos a la orden de la Fiscalía hondureña.

Preocupa participación de policías en crímenes

Eduardo Villanueva manifestó que, pese a la acción inmediata de la DIECP para poner a disposición de la justicia a los tres agentes activos, les preocupa la participación de efectivos del orden en crímenes.

 

Aseveró que “sin embargo, la investigación oportuna realizada por la Carrera Policial y el Ministerio Público, ha permitido que ahora ocurra lo que llamamos la disminución de la impunidad de los delitos cometidos por policías”.

 

El funcionario dijo que trabajan para eliminar “la impunidad” en los crímenes que cometen los miembros de la Carrera Policial.

 

Datos de la depuración

La DIECP ha aplicado hasta la fecha 11 mil 230 pruebas de confianza a 5 mil 932 policías, incluidos 850 oficiales que representan el 89 por ciento de los niveles superiores de la Policía.

 

Asimismo, se han emitido resoluciones que involucran a 591 policías, con el objetivo de ser separados de la institución o sancionados administrativamente. Además se han realizado 338 audiencias de descargo, siguiendo el debido proceso.

 

Sobre las acusaciones contra oficiales presentadas por la DIECP, Villanueva señaló que “eso todavía continúa en estrados del Tribunal Superior de Cuentas, pero estamos preparando otros expedientes para ser remitidos a esa institución del Estado”.

 

Actualmente la DIECP practica las pruebas de confianza a 1 mil 400 aspirantes a policías, oficiales de la Academia Nacional de Policía (Anapo), así como a los procesos de ascenso.

 

Villanueva recordó que recientemente el Congreso Nacional creó una Superintendencia Nacional de Pruebas de Confianza, “pero en tanto no esté funcionando continuamos en la competencia de nuestras funciones que son hacer las pruebas de confianza e investigar delitos de miembros de la Carrera Policial”.

 

Finalmente, explicó que la DIECP no desaparecerá porque se convierten en una autoridad requirente del servicio que les dará la Superintendencia para practicar las pruebas toxicológicas, sicométricas, investigaciones patrimoniales y el polígrafo a los policías.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/07/10/Nacionales/Polic.C.ADas/89138.html

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Piden a operadores trabajar unidos en combate a la inseguridad

8 de Julio de 2014

10:00PM   – Redacción: Tatiana Paz. Redacción La Prensa tpaz@laprensa.hn

Empresarios, Poder Judicial, Ministerio Público y Seguridad se reunieron ayer.

En la reunión participaron los empresarios que conforman el Comité de Seguridad, Policía, militares, fiscalía y jueces.
En la reunión participaron los empresarios que conforman el Comité de Seguridad, Policía, militares, fiscalía y jueces.

La preocupación por la seguridad de los sampedranos reunió ayer a empresarios y autoridades policiales, militares, fiscales y del Poder Judicial.

En la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés se desarrolló el encuentro en que el participó el viceministro de Seguridad, Francisco Lima Bueso.

Los empresarios siguen preocupados porque pese a que se ha aumentado la presencia policial y militar los hechos violentos no se detienen.

A diario pierden la vida de forma violenta cuatro personas en San Pedro Sula, ese es el promedio de acuerdo a las cifras de Medicina Forense en los dos últimos meses.

San Pedro Sula, Honduras.

Al sector privado le preocupa que los hechos se den no solo en sectores donde hay alta incidencia delictiva sino que también en las vías públicas y a cualquier hora donde hay alta circulación vehicular.

El presidente de la Cámara de Comercio, Emín Jorge Abufele, dijo que como parte de los acercamientos que ya se han tenido se deriva esta reunión.

El mes pasado, en Consejo de Seguridad Nacional en esta ciudad, se acordó trabajar en conjunto y prestarle más atención a la zona norte. El mandatario Juan Orlando Hernández reconoció que en el Valle de Sula no se ha logrado reducir la violencia como en otras ciudades del país.

Los empresarios expusieron la necesidad de ver resultados y por eso se acordó tener este tipo de reuniones semanalmente para evaluar las acciones y coordinar estrategias en conjunto. Solicitaron a las instituciones interactuar y tener más comunicación a fin de dar mejores resultados.

“Que haya un trabajo institucional porque hay desconocimiento de cómo opera cada una y que resuelvan las diferencias y trabajen de forma unida para dar resultados a la población”, dijo Abufele.

Señalaron la importancia de una coordinadora que permita que la policía y fiscalía puedan tener las pruebas necesarias para elaborar una acusación contundente y un juez pueda dar un fallo contundente.

“Esa es la cadena que queremos ver, lo que más vemos es que hay voluntad y esfuerzos pero necesitamos que haya más interacción entre ellos y que quien cometa un delito se le prive de la libertad”, agregó Abufele.

El sector privado también demanda más presencia policial.

El viceministro de Seguridad dijo que están conscientes de la necesidad de la zona y de la exigencia de los empresarios de ver recuperados sectores con alta incidencia delictiva.

Para lograrlo dijo que se requiere el apoyo de toda la sociedad y agradeció la disposición de la empresa privada de esta ciudad en querer apoyar en lo que esta institución necesite.

“Estamos dispuestos a trabajar en conjunto. En el Valle de Sula los delitos y muertes violentas han bajado, estamos satisfechos pero no conformes, la ambición y visión es que la población goce de paz”, dijo el viceministro.

 

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/sanpedrosula/727240-96/piden-a-operadores-trabajar-unidos-en-combate-a-la-inseguridad

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Persisten amenazas contra jefes policiales y operadores de justicia de Honduras

6 de Julio de 2014

10:00PM   – Redacción:  redaccion@laprensa.hn

El portavoz de la Policía Nacional de Honduras dijo que aunque traten de intimidarlos, no detendrán su lucha.

Julián Hernández, portavoz de la Policía Nacional de Honduras.
Julián Hernández, portavoz de la Policía Nacional de Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.

Altos oficiales de la Policía Nacional, incluido su director nacional Ramón Antonio Sabillón, están recibiendo amenazas de la delincuencia organizada.

Julián Hernández, portavoz de la Policía Nacional, dice que las amenazas tienen que ver con las acciones en nombre del Estado que han afectado a grupos que actúan al margen de la ley.

Según el vocero policial, con amenazas y daños a un operador de justicia, todo el aparato estatal no detendrá su lucha contra el crimen organizado. Hernández reveló que en la institución policial han sido amenazados varios oficiales superiores.

Confirmó que, además del director, las amenazas se extienden a otros operadores de justicia como jueces, fiscales y ahora también a miembros de las Fuerzas Armadas por sus funciones.

 

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/726588-96/persisten-amenazas-contra-jefes-policiales-y-operadores-de-justicia-de-honduras

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Fuertes amenazas para director policial

6 de Julio de 2014

08:35PM  -  Redacción   

 

Además, altos oficiales de la Policía y otros operadores de justicia han sido amenazados por el crimen organizado.

EL HERALDO supo que hay fuertes amenazas contra la vida del director de la Policía, Ramón Antonio Sabillón.
EL HERALDO supo que hay fuertes amenazas contra la vida del director de la Policía, Ramón Antonio Sabillón.

Tegucigalpa, Honduras

Las amenazas contra operadores de la justicia por parte del crimen organizado se han intensificado en los últimos meses, a tal grado que ni el propio director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Sabillón, se escapa de ese flagelo, según se informó a EL HERALDO.

La situación es tan grave que un grupo criminal también habría planificado causarle daño a una fiscal del Ministerio Público y a un juez por un caso de portación ilegal de armas.

Además, varios directores nacionales y oficiales policiales están bajo amenaza.

Las autoridades atribuyen que las amenazas son una respuesta a los golpes contundentes que se han asestado los últimos meses, tanto en la desarticulación de bandas, el decomiso de armas y drogas, entre otros.

Julián Hernández, portavoz de la Policía Nacional, dice que las amenazas tienen que ver con las acciones que se realizan en nombre del Estado y que han afectado a determinados grupos criminales que actúan al margen de la ley.

Según el vocero policial, no es mediante amenazas ni daños a un operador de justicia que todo el aparato estatal detendrá su lucha contra el crimen organizado.

“Hoy está al frente alguien, mañana estará otra persona, así que ninguna amenaza o acción criminal detendrá el anhelo del pueblo hondureño, que es buscar la paz y la tranquilidad”, indicó.

Quiénes son amenazados

Hernández reveló que en la institución policial han sido amenazados varios oficiales superiores.

Confirmó que el propio director general de la Policía Nacional, comisionado Ramón Antonio Sabillón Pineda, ha sido amenazado.

Prosiguió que las amenazas no solo son dirigidas a miembros de la institución policial, también se extienden a otros operadores de justicia como jueces, fiscales y ahora también a miembros de las Fuerzas Armadas por las funciones que ejercen.

Al consultarle cómo ha obtenido la Policía esa información, respondió que el país tiene una Dirección de Inteligencia que ha venido cumpliendo un rol importante respecto a las funciones que desempeña.

Además, dijo, que la Policía y las Fuerzas Armadas tienen sus propias unidades de información clasificada que trabajan de manera coordinada.

Es así, apuntó, como se toman las medidas, luego se abre una investigación del caso de la amenaza.

Manifestó que en ese sentido el Presidente de la República ha sido claro en advertir que no permitirá que grupos criminales amenacen o traten de causarle daño a los operadores de justicia.

Hernández es del criterio que los recursos del Estado deben orientarse y ponerse a disposición para luchar contra el crimen, como en el caso de la banda de “Los Espinoza” en Comayagua, en donde fallecieron varios policías y estuvieron bajo amenazas otros operadores de justicia.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/726626-331/fuertes-amenazas-para-director-policial

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Acción urgente

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El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), expresa su total repudio y preocupación ante el desalojo violento realizado el día jueves 03 de julio del 2014, por de miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III, en contra de unas 350 familias del Movimiento “Gregorio Chávez” de la finca Paso Aguán, ubicadas en la margen izquierda del Río Aguán en el Municipio de Trujillo, Colón, por los hechos siguientes:

1.- La acción se llevó a cabo a eso de las 11:00 de la mañana, cuando unos 300 policías y militares miembros de la Operación Xaltruch III, penetraron violentamente a la Finca, lanzando gases lacrimógenos y disparando bala viva indiscriminadamente a las personas que se encontraban dentro del lugar, donde se encontraban niños, niñas y personas adultas mayores.

2.- Como producto de esta operación, resultaron gravemente heridos por arma de fuego los campesinos José Sánchez Méndez y David Ponce, quienes fueron trasladados al Hospital de Tocoa, donde están recibiendo atención médica; asimismo resultaron heridos con arma contusa Mariano Baquedano y Roger Rodríguez, que también  fueron trasladados a ese centro asistencial para recibir atención médica.

3.- Además, en el desalojo fueron detenidas siete personas, entre los que se incluyen un menor de edad, una mujer, una persona de la tercera edad y un miembro del Observatorio permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán (OPDHA).  No obstante que fueron detenidos a las 11:00 de la mañana, los elementos del ejército los entregaron en las instalaciones policiales hasta las 4:00 de la tarde, cuando ya había vencido el término que otorga la ley para presentar el informe ante el Fiscal.

4.- Los detenidos son: Jorge Meléndez (46); Moisés Meléndez (56); Gloria Enamorado; Jeremías Cruz; José Chávez (60); Hernán Omar Ocampos y Ricardo Rodas (16). Según información, estás personas serán judicializadas, acusadas por el delito de Usurpación.

ANTECEDENTES:

La Finca Panamá fue ocupada  por el  grupo de campesinos “Gregorio Chávez”, desde el 4 de julio del año 2012, después de que guardias de Seguridad Privada, de la Corporación DINANT,  desaparecieran al campesino independiente Gregorio Chávez Aranda, encontrado posteriormente sepultado en las fincas del Agro industrial Miguel Facussé Barjum.

Los campesinos fueron desalojados en mayo de 2013, posterior a la exhumación realizada por antropólogos forenses, del cuerpo del también campesino independiente José Antonio  López Lara, el 25 de abril de 2013.

Desde esa fecha en repetidas ocasiones las familias de la aldea Panamá han sido desalojadas. En una ocasión  cuatro militares y  20 guardias  de seguridad penetraron ilegalmente a la parcela del  señor José Chávez  Aranda, Hermano de Gregorio Chávez, y  robaron gran parte de los cultivos que él tenía en su parcela, José Chávez es uno de los siete detenidos este día.

También se ha tenido conocimiento que el Subcomisionado Santos Núñez, miembro de la Fuerza de Tarea Xatruch III, ha intimidado a la Coordinadora del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA), Martha Arnold, al decirle que quiénes son ellos para andar documentando hechos,  y que aunque estén respaldados por organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, ”eso no les sirve de nada”, exigiéndoles además que presenten su personería jurídica; no tomando en cuenta los Convenios y Tratados Internacionales sobre la Defensa y Protección de los Derechos Humanos.

Así mismo, las intimidaciones de parte de elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III, que comanda Jovel Martínez, llegan a los líderes y lideresas campesinas en el departamento de Colón, en alguno casos como el del Coordinador de la Plataforma Agraria en el Bajo Aguán, Jaime Cárcamo, quien asegura que los uniformados lo tienen plenamente identificado y en varias ocasiones lo han señalado como “invasor de tierras”.

PETICION:

Solicitamos a la comunidad nacional e internacional, dirigirse al Estado de Honduras y solicitarle  tome las medidas necesarias para garantizar y proteger la vida y la integridad de los campesinos del Bajo Aguán que activan en la defensa de la lucha por la tierra; que instruya las diligencias investigativas, deduciendo las responsabilidades a quienes resulten responsables de los hechos arriba descritos.
Hacer llamamientos a las siguientes autoridades.
Abogado
OSCAR FERNANDO CHINCHILLA
Fiscal General de la República.
Fax (504) 2221-5667
Tel (504) 2221-5670  2221-3099

Señor
ARTURO CORRALES ALVAREZ
Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad
Teléfono: (504) 2229-0003
E-mail: medidgeovanny@yahoo.com

Abogada
KARLA EUGENIA CUEVA
SUB-SECRETARIA JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Tel: (504) 2231-1542; 2232-0231
Fax:  (504) 2232-0226
E-mail:  karlacueva144@gmail.com

Señor
ROBERTO HERRERA CACERES
COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Tel: (504) 2220-7648; 2232-0433
Fax:
E-mail:

Señor
JOSE ANTONIO MARADIAGA
COORDINADOR MINISTERIO PUBLICO
SECCION TRUJILLO, COLON
Fax: (504) 2434-4061

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3217:accion-urgente&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159

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Violento desalojo en finca Paso Aguán deja dos heridos y siete detenidos

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Tocoa, Colón (Conexihon).-  Al menos dos heridos por arma de fuego y siete personas fueron detenidas este jueves en medio de un violento desalojo protagonizado por elementos de la  Policía Nacional Preventiva, miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III y el 15 batallón de Fuerzas Especiales.
La Policía y el Ejército llegaron a la finca Paso Aguan a las 11:00 de la mañana e informaron a los campesinos, quienes desde el día anterior en horas de la tarde  habían tomado posesión de esta finca, que les daban una hora para que se salieran de la finca de manera pacífica.
Sin embargo, los campesinos se opusieron al desalojo, apostándose con piedras y palos en mano, en una de las calles que permite el acceso a esta finca. A las 12:00 del mediodía, los uniformados entraron a la finca lanzando bombas lacrimógenas y logrando dispersar a los campesinos mientras ellos lanzaban piedras con el objetivo de impedir el desalojo.
Los elementos del orden persiguieron a los labriegos por toda la finca e incluso hasta adentro de la comunidad de Panamá. Y cuando los campesinos se apostaron en la calle principal de la comunidad frente al campo de futbol, se dieron varios disparos con arma de fuego.
Heridos campesinos, policías y soldados
En la acción resultaron con heridas de gravedad, producto de arma de fuego, los campesinos José Isaías Sánchez y David Ponce quien presenta una herida de bala con orificio de entrada pero no de salida. Ambos se encuentran hospitalizados en el hospital San Isidro de la ciudad de Tocoa.
Igualmente, varios campesinos resultaron con heridas menos graves en diferentes partes del cuerpo, incluso en la cabeza y siete más fueron detenidos, por parte de los uniformados. Según se informó, también resultaron también con heridas menos graves producidas también por el impacto de piedras, tres policías y dos soldados.
De acuerdo con el reporte policial, detenidos son: José Chávez Andará, Jeremías Cruz, Jorge Meléndez, Moisés Meléndez, Gloria Marina Enamorado, Omar Hernán Ocampo y Ricardo Rojas.
Todos fueron trasladados a la jefatura policial de Trujillo, donde probablemente serán acusados por usurpación de tierras.
Bloqueada carretera a Trujillo 
Minutos después, como medida de presión, el Movimiento Campesino bloquearon la carretera de la margen izquierda a la altura de la comunidad de Panamá, municipio de Trujillo, exigiendo la  liberación de sus compañeros. La medida duró hasta las 6:00 de la tarde.
La mañana de este viernes, los dirigentes campesinos se movieron unos tres kilómetros hacia el desvío conocido como “Don Braulio”. “La toma de la carretera es de forma indefinida hasta que sus compañeros regresen a casas, por ahora no fue posible hablar con nadie de la Policía y el Ejército, esperamos que lo hagan en las próximas horas”, dijo Santos Torres, presidente del Movimiento Campesino Gregorio Chávez después del desalojo.
“Creíamos que con la llegada del coronel Jovel Martínez las cosas iban a estar bien, pero han salido peor,  tenemos dos compañeros José Isaías Sánchez y David Ponce, gravemente heridos en el hospital. Pero quiero dejar claro que no agarraron a nadie en la finca a los compañeros los agarraron en medio de la aldea, por lo que no tienen ningún delito”, subrayó.
Para Torres “lo que ocurrió hoy viene a empeorar la conflictiva situación en la zona, porque los familiares de estas personas heridas y golpeadas no van a quedar a gusto con lo sucedido, todos los compañeros que hay aquí son personas que los queremos son nuestros compañeros y nos duele lo que hoy sucedió, la situación se complica porque hoy no queremos ver militares en nuestra comunidad”.


David Ponce

Campesino herido
“Nosotros estábamos frente al campo cuando la Policía y el Ejército nos dispararon, yo miré cuando la Policía y el Ejército nos dispararon. Ellos están vendidos, nosotros no teníamos armas, solo teníamos piedras y palos. Creo que esta fue una orden de los terratenientes, porque ellos tienen mucha presión de los terratenientes”, lamentó.

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Corruption in the Northern Triangle: The siren song of crime – The new wave of illicit networks across Central America

 

Ivan Briscoe | July 03, 2014

The end of the civil wars in the Northern Triangle countries have made way for stable democracies. Despite this development, however, the governments of Honduras, Guatemala, Nicaragua and El Salvador remain infiltrated with corruption and malpractices. The former patrimonial regimes are still important sources of mobilization, which has created parallel states in these countries. Informal relationships, money and fear have initiated a vicious cycle of governmental emergency responses, militarization and crime that only virtuous policies with public backing can replace.

The tinkle of an ice-cream cart is possibly not the first sound that comes to mind at the thought of corruption. For the Congress of Honduras, however, tilín tilín is the chosen term to describe the payment of bribes to deputies. In light of the country’s predicament as Central America’s most violent country, the region’s second poorest and, according to Transparency International, its most corrupt, there is something jarring in hearing that one of the most systemically toxic forms of graft should be synonymous with a frozen sweet.

The Northern Triangle trilogy

This article is part of a trilogy on the security threats facing the Northern Triangle, that includes Honduras, Nicaragua, El Salvador and Guatemala. These countries are challenged by the highest levels of youth violence in the world, the highest homicide rates, powerful drug trading groups, weak institutions and political crime. The influx of migrants in the United States reflects the instability in Central-American countries, as people flee to escape violence and poor living conditions. Many national, regional and international strategies have been developed to combat the region’s biggest threats in an integrated way, but often they have been counterproductive.

This trilogy therefore address each of the problems separately - the drug trade, gang wars and corruption - in order to untangle their causal relationship. All three articles present an overview of the security problems and their causes, the different strategies that have been developed to counter the proliferation of drugs, gangs and corruption, and evaluate their success.

The article on the relationship between drugs and violence, by Pien Metaal and Liza ten Velde of the Transnational Institute, untangles the relationship between the drug industry and high homicide rates for more effective violence reducing policies. This article on illicit networks by Ivan Briscoe of the Clingendael Institute sheds light on the intertwined structures of patrimonial relationships and the development of the state after the civil wars in the Northern Triangle, creating a criminal complexion of governments. And the article on anti-gang policies and gang responses by Chris van der Borgh of the University of Utrecht and Wim Savenije of the Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, set out the gang phenomenon and how it’s evolution has been shaped by ineffective policies.

Over 17 years have now passed since the last of the civil wars which blighted the region came to a formal end. By that time, over 300,000 people had died across the region in three armed conflicts – in El Salvador, Nicaragua and Guatemala – that were rooted in extreme levels of social stratification and economic inequality, fanned by the breeze from the Cuban Revolution, and eventually fought according to the black-and-white logic of the Cold War.

It is no small achievement that relatively stable democracies have emerged since then, despite occasional interruptions like the Honduran coup of 2009. Nor can it be denied that constituencies previously excluded from political life – be they the former guerrillas of El Salvador (FMLN), the Sandinistas of Nicaragua or the Mayan peoples of Guatemala –  have grown in political prominence and, in the case of the first two, become dominant actors in government. And it is certainly a historical first that, following elections in El Salvador and Costa Rica this year, half of the region’s six Spanish-speaking countries are now run by the left, even though the other three remain in the hands of the right.

Yet whereas the old patriarchal regimes have seemingly fallen away, a criminal complexion and illicit infiltration of parties, state institutions, police and judiciary have been developing within the new wave of governments and now pose some of the most serious challenges to this post-conflict political transformation. Scandals pointing to deep collusion between criminals and officials are frequent, serious and generally go unpunished, above all in the Northern Triangle of Honduras, Guatemala and El Salvador (see the box below).

Finding proof of the collusion between criminals and officials

The International Criminal Court in The Hague is now carrying out a preliminary study into the murders of dozens of journalists, politicians and community leaders in Honduras since the coup. One assassination that has reached a local court, that of the 71-year-old former counter-narcotics chief Alfredo Landaverde, shot dead just days after accusing the police in San Pedro Sula of linkages to narco-trafficking, ended last year with the imprisonment of one low-level hit man. No link whatsoever to any organized criminal structure was proven, and possibly not even sought.

Meanwhile, it took the arrival in Guatemala in 2007 of a UN body, the Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG), to force the police and public prosecutors to devote attention to extra-judicial executions, trafficking and fraud carried out with official complicity. Yet the Commission has vented its frustration at the last ditch salvation of the suspects it has pursued: 18 leading magistrates, described by the CICIG in 2012 as the “Judges of Impunity”. It is currently hard to say how much of the work of the Commission and its crusading ally, Attorney General Claudia Paz, will remain in place once Paz leaves office in May, or when the Commission’s mandate ends next year.

An unstoppable tide?

The list of known cases and crimes goes on and on: deputies taking pay-cuts, customs servicing drug traffickers, police extorting locals, or members of military special forces operating drug cartels. Nevertheless, the ethical and legal plasticity of these officials does not strike most Central Americans as more than a minor problem; or at least, it is far from being their most acute worry. A recent report by the United Nations Development Programme on citizen security in Latin America (Seguridad Ciudadana con rostro humano) stresses that in the region as a whole, and most acutely in the Central American isthmus, citizens’ principal fear stems from their experience of petty crime, violent robbery, blackmail and murder; 80% of Guatemalans, for instance, regard youth gangs and ordinary crime as the most serious threats to their safety. A poll carried out at the start of this year by the country’s main newspaper, Prensa Libre, echoed these findings: while 52% stated that insecurity was the country’s main problem, only 3% regarded corruption as the most important concern.

It is this gap between the dominant fears of Central Americans, above all those living in Honduras, Guatemala and El Salvador, and the tolerance of systemic flaws in the way their countries are ruled, that goes to the heart of the difficulties in reforming state and judicial systems. On one side, this lop-sided public concern generates a political culture in which, despite all the evidence showing how ineffective the approach has been in curbing the rise of the region’s murder rate since 2000, repressive mano dura policies against crime with a military flavour remain enormously popular (while both Honduras and Guatemala rank among the Latin American countries most inclined to support a military rather than a democratic government).

Both Guatemalan President Otto Pérez Molina, a retired general, and the newly elected president of Honduras, Juan Orlando Hernández, have built their political reputations on a tough approach to crime, notwithstanding evidence that placing security forces on an emergency footing, or creating ‘liberated spaces’ for their action, has been the precondition to a most dramatic flourishing of state-connected organized crime. The current state of the de facto militarized Guatemalan prison system throws up an interesting example: an estimated 80% of the country’s blackmails, one of the crimes most feared by the public, are conducted from jails. One reason for this is the rising prices prison officials charge to exempt inmates from chores and other ritual humiliation.

It should be added that neither of these presidents are slave to a mano dura philosophy that they know from the inside. Pérez Molina is internationally recognized for his call to decriminalize drug use and trafficking, while Hernández has, among a flurry of initiatives, conducted a mini-purge of his country’s police force. However, there is no doubting the public inclination towards crime policies that are not only ineffective, but decidedly counterproductive. Alongside this punitive gut instinct is a readiness to indulge the corrupt acts of officials or, if not to approve them, at least to regard them as ineradicable, and so thoroughly embedded as to be beyond any power to reform.

The head of a local anti-corruption organization in Guatemala admitted to me last year that he had lost hope. “The situation has become unstoppable,” he said. “There’s a direct connection between politics and illicit business, and the country is losing the capacity to confront the problem. We don’t even bother going to Congress any more to discuss this with deputies. Laws are just passed for money.”

To prove his point, this activist advised me to consult a special investigation carried out by the newspaper El Periódico into the fortune accumulated by the Guatemalan vice-president, Roxanna Baldetti, whose property wealth is now estimated at 13.4 million dollars even though she has was born into a lower middle-class housing estate and has spent most of her professional life in public service. The report featured a number of photos extracted from her son’s (now defunct) Instagram account: among the shots of fancy shoes and views from private planes was a photo of the sun rising over a hotel swimming pool, with the caption ‘Champagne & cocaine !!!’. It is perhaps worth adding that legal action has been taken by Pérez Molina against the editor of the newspaper, José Ruben Zamora, for allegedly seeking to extort money from the state.

Military, parallel and opportunist states

At the same time, it is no mystery to any Central American to find that the main failures of the state, whether in its feeble provision of basic services, guarantees of security or capacity to generate equitable development, stem from a public sector and political establishment that act first and foremost on the basis of private, factional or criminal interests. Understanding how this system emerged, and how democracy has altered its shape and intensity, is crucial in pointing in the direction of what may be done to stop the seemingly unstoppable.

The three states of the Northern Triangle, together with Nicaragua, were profoundly marked by their early and exceedingly brutal colonization by the Spaniards, which in turn gave rise to a stratified and segregated class and ethnic system and to governments led by and deferential to business and military elites. A social order that is unbreakable, repressive and yet prone to violent spasms suffuses the great 1946 novel by Guatemala’s Nobel Prize laureate Miguel Ángel Asturias, Señor Presidente. By the second half of the twentieth century, however, the soporific certainties of a cast-iron social structure were being challenged in numerous ways, not least by jolts in economic growth and surges in agro-industrial production generated by the Central American Common Market, established in 1960.

It is against this backdrop of social volatility, rising inequality, revolutionary agitation and a US-approved military backlash that the dictatorships and conservative regimes of all four countries – the Somozas in Nicaragua, the various military-sanctioned governments of Guatemala, ARENA in El Salvador and the Liberal-National party duopoly of Honduras – morphed into repressive forces. Counter-insurgency provided the justification for exceptional security measures, which were invariably brutal, and in the case of Guatemala, genocidal. Yet within the protected spaces carved out by the war against ‘subversion’, huge and illicit profits could also be generated. The Somoza regime discovered this in the grand theft of donations following the earthquake of 1972 – a crime that hastened its downfall. Elsewhere, control over borders, customs, prisons and arms provided all the means necessary to make contact with criminal groups, ally with them, and even incorporate them into state-led mafia.

Eventual peace and transitions to democracy signalled an end to this era, although each country followed its own path. Guatemala was guided to democracy under military control, and with strict business vetoes on policy through the strategic use of multiple informal channels such as the media, judiciary and political financing. Nicaragua’s exhausted voters ejected the revolutionary government at the first opportunity. However, even as the formal systems of power were reshaped, state and sub-state powers from the counter-insurgency anchored themselves into new informal networks. It is here that the ‘parallel state’ nestled: a concoction of politicians, retired and serving military and police, and criminal agents, who were intent on defending their business interests and taking advantage of opportunities for profit. 1 Its structure in Guatemala was first laid bare, famously, by the report Hidden Powers published by the Washington Office on Latin America, which named the cast and crew behind some of the most ungratifying episodes of pillage and political murder in the post-conflict period, above all that of Bishop Juan José Gerardi, bludgeoned to death in 1998 days after presenting a major report on war crimes.

Yet the composition of these sub-state units operating through mystery and intimidation, above all in Guatemala and El Salvador, could not withstand domestic and international scrutiny. Perhaps more importantly, they were also to be sidelined by two new entrants in Central America’s shadow political economy: narco-traffickers seeking an alternative route to the North American market, and urban gangs –most notably maras – formed out of a demographic shift to big cities and deportees from the United States.

The initial reaction of some political leaders in Honduras and Guatemala was to allow the parallel state structures to capture the drug market, and to eliminate the violent youth gangs. Hence the programmes of extra-judicial liquidation that seemingly flourished under Guatemalan President Oscar Berger (2004-2008), and which were documented by civil society groups in Honduras, where a significant percentage of the 1,500 young people murdered between 1998 and 2002 were reportedly killed by off-duty security forces and their accomplices. 2 But the forces that were distributing and decentralizing illicit opportunity, enabling markets for drugs, firearms, migrants (especially women and girls), extortion, robbery and fraud to spread, as well as cultivating far better gateways to launder money, have proved much stronger and more resilient than those seeking to concentrate criminal powers in a few dark offices.

A new opportunity space for crime

It is this dynamic that has generated Central America’s new condition as a decentralized opportunity space for illicit combinations that traverse the boundaries of crime, the state and business. Illicit networks can subvert the formal order of a sovereign state in any number of blatant or subtle ways. They grab territorial control when needed to traffic drugs, as in the municipality of El Paraíso in Copán, on the border of Honduras and Guatemala, ruled by a 32-year-old mayor who has 20 bodyguards and describes himself as “the king of the town”. Less obtrusively, these networks have woven criminal activity into numerous state and security bodies, especially when contracts and licenses are stake, influenced appointments across the judiciary, and pumped political parties with funds.

According to one experienced deputy in charge of campaigns for a Guatemalan party, “money is not a problem – I can get it. The problem is where I get it from.” By his reckoning, 50% of campaign funds now come from companies seeking special treatment, and 25% from narco-traffickers. It should be added that this latter figure reaches an alleged 90% in Honduras (according to a source linked to organized crime cases in the country), though it is of course impossible and extremely dangerous to verify these numbers.

The Guatemalan deputy in question is one of a number of honest and reformist politicians: many senior figures in Central America are repelled by avarice in public service. But it is hard to channel this indignation when political entrepreneurs have become so skilled at tapping new sources of illicit finance in favour of what they claim to be radical and reformist goals. Both Manuel Zelaya, deposed left-leaning president of Honduras, and Manuel Baldizón, a leading presidential candidate in Guatemala, have struck redistributionist and progressive stances, yet both – and Baldizón in particular  – appear to have nourished clandestine links. Indeed, it may now be hard even to conceive any form of political mobilization without some such ties.

Even so, it would be a mistake to discount the possibility of sweeping change. Central America’s economies are growing modestly as a whole – although there is a stark difference between booming Panama and El Salvador, one of Latin America’s worst performers. Any sudden reversal of economic fortune may expose deep grievances at poor governance. The CICIG in Guatemala, as well as the leadership of Attorney General Paz, have shown that major corruption cases can be fought – if not always won. Costa Rica’s electorate appears to have voted for its new president, Luis Guillermo Solís, largely on the basis of its revulsion at corruption. Meanwhile, the truce with the maras in El Salvador, or the relatively low crime rate achieved by community policing in Nicaragua, have shown the merits of novel initiatives within a local context. Though even in Nicaragua, as the drugs case against the nightclub empresario Henry Fariñas showed, it has been supremely difficult to separate the police from some form of involvement in the narco trade.

More than ever, it seems clear where Central America’s people and government should direct their efforts: to controlling money laundering, stiffening the autonomy of oversight bodies, bringing development to border regions, and eliminating graft from security forces and judiciaries. But in democracies where money and fear are important sources of mobilization, achieving public backing for these policies requires making lucid, tangible connections between progress in combating civil insecurity and improvements to the integrity of the state. It is this virtuous cycle that is needed to replace the current vicious cycle of emergency, militarization and crime, and the siren song of the ice-cream bell.

Co-reader

Benedicte Bull, director of the Norwegian Latin America Research Network and associate professor at the University of Oslo.

Photo credit main picture: Pablo Andrés Cardozo Hernández

Footnotes

  • 1. Briscoe, I. (2008). The proliferation of the Parallel State, Fride working paper 71.
  • 2. Amnesty International (2003) Honduras  Zero Tolerance… for impunity Extrajudicial Executions of Children and Youths since 1998

Fuente: http://www.thebrokeronline.eu/Articles/Corruption-in-the-Northern-Triangle-The-siren-song-of-crime?utm_source=The+Broker&utm_campaign=b6ab398d42-2014_07July_Monthly&utm_medium=email&utm_term=0_ce1057f088-b6ab398d42-236511853

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Continúa la criminalización de la lucha por la tierra en el Aguán

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Tegucigalpa.

Dos heridos con arma de fuego, dos con arma contusa y siete detenidos, entre ellos un menor de edad, es el saldo del brutal desalojo ejecutado por elementos del la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III, en la comunidad de Panamá, Trujillo, Colón.

La información brindada por miembros del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, OPDHA, expresa que José Isaías Sánchez Méndez (36), tiene heridas con arma de fuego en el tórax, a la altura de la clavícula izquierda, y David Ponce está herido en el abdomen.

Mientras que Mariano Baquedano y Roger Rodríguez fueron heridos con arma contusa. Los cuatro campesinos fueron trasladados al Hospital de Tocoa, Colón.

Los elementos armando capturaron al menor de edad Ricardo Rodas (16), José Chávez Aranda (60) hermano de Gregorio Chávez secuestrado, asesinado y enterrado en la Finca Paso Aguán en julio 2012; también está detenido Jorge Meléndez (46), Moisés Meléndez (56), Omar Hernán Ocampo (con golpe en la cabeza), y Jeremías Cruz, que es miembro del OPDHA, pese a que fue antes del medio que los privaron de su libertad, hasta en horas de la tarde fueron presentados en la jefatura policial de Trujillo.

Al cerca de 300 elementos entre militares y policías en horas de la mañana interrumpieron el día de unas 200 familias, cuando empezaron a lanzar bombas lacrimógenas para desalojarlos de la finca Paso Aguán, y dispararon sus armas para someterlos, luego de que ayer a las cuatro de la tarde procedieron a la recuperación de esas tierras.

“Llegaron como a las 6:15 de la mañana, nos fuimos al monte, porque ellos deseaban matarnos a todos, y a los que capturaron están sufriendo las consecuencias”, expresó Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán.

Dos centenares de personas se reunieron horas después del desalojo, y se procedió a la toma de carretera que conecta a Tocoa con la margen izquierda, exigiendo justicia ante el derramamiento de sangre, pues más de cien personas han sido asesinadas en esta lucha por la recuperación de la tierra, que inició en el año 2010.

El desalojo ejecutado por acciones de la Operación Xatruch al mando del coronel René Jovel Martínez, la Policía Nacional, permitió que los guardias de seguridad privada de la corporación DINAT, propiedad del terrateniente Miguel Facussé, quedaran custodiando la finca, tras el ataque contra familias del Movimiento Campesino “Gregorio Chávez”, ubicada en la margen izquierda del río Aguán en Trujillo, Colón.

Los afectados aseguran que no se presentó ninguna orden de desalojo, tampoco recuerdan que hubiera presencia del Ministerio Público. Y que además los militares fueron cuatro cuadras más allá de las tierras en recuperación, se metieron hasta la comunidad, donde capturaron a algunos compañeros.

En estas acciones las fuerzas armadas tratan de criminalizar la lucha por el derecho a la tierra; mientras los militares y policías llegan con sus armas de fuego, escudos, cascos y toletes, los y las campesinas contestan con el conocimiento que tienen sobre sus derechos humanos, y la aplicación en defensa de sus compañeros y compañeras.

Y prueba de ellos es el acompañamiento de parte del OPDHA, cuyos integrantes permanecen en el hospital, jefatura policial y la finca, para documentar e informar sobre lo que sucede, de tal modo que estos hechos no queden en el anonimato ni la impunidad.

Parte de la formación que reciben los y las defensoras de derechos humanos en esa zona del país, es propiciada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, que en esos días inicia un nuevo proceso de formación en la defensa y procuraduría de los DDHH.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3214:continua-la-criminalizacion-de-la-lucha-por-la-tierra-en-el-aguan&catid=54:den&Itemid=171

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Más de 1,600 armas han sido destruidas por la Policía Nacional de Honduras

1 de Julio de 2014

10:59PM   – Redacción:  redaccion@laprensa.hn

Entre 300 a 400 armas que han sido decomisadas o que están en desuso son eliminadas a diario.

El proceso de destrucción de armas puede ser presenciado por ciudadanos.
El proceso de destrucción de armas puede ser presenciado por ciudadanos.

Tegucigalpa, Honduras.

Unas 1,600 armas de fuego decomisadas y en desuso han sido destruidas por la Policía Nacional, informaron las autoridades.

Un promedio de 300 a 400 armas son eliminadas a diario, declaró el oficial responsable del grupo encargado de inhabilitar definitivamente el uso de las armas. Explicó que el proceso comenzó la semana pasada, ya que primero se procedió a entrenar al personal que estaría asignado a esa unidad. Antes de destruir las armas, el oficial y demás encargados deben anotar en un libro de control el tipo de arma, número de serie y el número de registro asignado por la Policía al momento del decomiso.

Cada una de las armas es revisada antes, ya que en algunas se han encontrado proyectiles en su interior y se corre el peligro de que al ser cortadas por la máquina el proyectil salga disparado por la presión que se hace para el corte del arma.

Muchas de las armas que están siendo destruidas se encuentran en perfecto estado, pero deben ser inutilizadas para evitar que lleguen a manos del crimen organizado.

Entre las armas a destruir hay pistolas, revólveres, chimbas, escopetas y fusiles, además de munición de diferentes tipos.

A partir de esta semana, la ciudadanía puede presenciar el proceso de destrucción de las armas, para lo cual debe llamar al teléfono 2237-0527 y confirmar qué día llegarán a la Secretaría de Seguridad.

 

Fuente: http://www.laprensa.hn/sucesos/policiales/724982-96/m%C3%A1s-de-1600-armas-han-sido-destruidas-por-la-polic%C3%ADa-nacional-de

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Honduras: detienen a policía infiltrado en movilización de “La Resistencia”

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Un individuo que portaba de forma ilegal un arma de fuego fue capturado por los organismos de seguridad luego de haber sido descubierto el sábado anterior en la movilización de “La Resistencia”, en el que se conmemoró cinco años del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

Miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) interceptaron al desconocido que se había infiltrado en la caminata, cuando este pretendía disparar contra miembros del colectivo a inmediaciones del bulevar Suyapa de la capital.

Un vídeo grabado desde un automóvil en marcha, captó el momento en que el policía infiltrado huyó de la movilización para evitar ser requerido por los manifestantes.

En el intento por escapar, se encontró en el camino con un policía de Tránsito que, en un acto de complicidad, ocultó el arma de fuego y al instante llegaron miembros del FNRP para denunciar el acoso que había ejercido el agente del orden que se infiltró en la marcha.

Segundos después, llegó una segunda patrulla motorizada y un grupo de militares procedieron a capturar al compañero de labores.

Mientras era sometido a la impotencia al agente, el efectivo que había guardado el arma en su pantalón, lo sacó y no dio justificación de por qué portaba el artefacto.

Ya son varias ocasiones en las que miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas son descubiertos en movilizaciones del FNRP en levantamiento de perfiles de líderes del movimiento y simpatizantes.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/honduras-detienen-polic%C3%ADa-infiltrado-en-movilizaci%C3%B3n-de-%E2%80%9Cla-resistencia%E2%80%9D

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Denuncian que policías son autores principales en casos tortura en Honduras

lunes, 30 de junio de 2014

El asesor internacional en Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mario Coriolano, alertó torturas de policías hondureños. Foto tomada de agencia EFE.

El evento fue organizado por el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (MNP-CONAPREV), a través del apoyo institucional del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia Suiza para el Desarrollo, la Cooperación (Cosude) y la Unión Europea.
El foro tuvo la valiosa participación del Dr. Mario Coriolano quien es miembro del Subcomité de Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente pro-tempore del MNP-CONAPREV el Abog. Fernando Morazán, la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD, Consuelo Vidal Bruce, una comitiva de delegados del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), y el director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), el Dr. Juan Almendarez.

El presidente pro-tempore del MNP-CONAPREV, Fernando Morazán.
Tegucigalpa, 26 junio (EFE).- Los policías son los principales autores en los casos de tortura en Honduras, alertaron hoy defensores de derechos humanos y expertos de la ONU, que instaron al país a acabar con el hacinamiento en los centros de detención para prevenir ese delito.

El presidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mario Coriolano, dijo a Efe que “los cuerpos policiales y la vieja estructura penitenciaria” son los principales agresores de las víctimas de tortura en el país centroamericano.

“Son muchas las fuentes que señalan mucha violencia por parte del Estado, hay otros indicadores que son relevantes como es la cantidad de homicidios”, subrayó Coriolano, quien participó este jueves en una reunión conmemorativa del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

El experto de la ONU alertó de que en los centros policiales y cárceles hondureñas impera “una situación generalizada de tortura acompañada de una situación de hacinamiento, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Las 24 cárceles de Honduras son consideradas una “bomba de tiempo” por el hacinamiento y otras condiciones infrahumanas en las que viven los presos, lo que reconocen las autoridades del país centroamericano.

Las cárceles hondureñas albergan a más de 13.000 personas cuando su capacidad es para unas 8.000, según diversos organismos.

Coriolano dijo que a la ONU le preocupa “el aumento de la aplicación de tortura acompañada de altísimos niveles de impunidad” debido a la falta de investigación de loscasos.

En ese sentido, instó a las autoridades hondureñas a “reducir el hacinamiento” en las cárceles, a generar registros oficiales sobre los casos de tortura para que estos “no sean invisibilizados” y que los operadores de Justicia realicen “investigaciones independientes, prontas y exhaustivas”.

Asimismo, indicó que la falta de información sobre los posibles casos de tortura “no debe influir en poner en primer lugar la gravedad que esta teniendo en el efecto multiplicador de la violencia social e institucional”.

El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus familiares (CPTRT) registra 57 casos de tortura en Honduras entre julio de 2012 y junio de 2014.

Esos casos reflejan “la situación de violaciones a la integridad física y psíquica de las víctimas en un contexto político, social y económico caracterizado por la impunidad, la corrupción, la inequidad y la injusticia”, dijo la coordinadora de Salud integral del CPTRT, Eliomara Lavaire, en su discurso.

Lavaire coincidió con Coriolano al subrayar que entre los principales agresores de las víctimas de tortura figuran miembros de la Policía Nacional, Militares y personas desconocidas.

La coordinadora del Sistema de las Naciones Unidas, Consuelo Vidal, por su parte, dijo que los privados de libertad constituyen un “grupo vulnerable”, pero las mujeres, niños, grupos minoritarios (raciales, étnicos), migrantes y personas discapacitadas son los que “mayor riesgo corren de ser víctimas de tortura”.

En su discurso, Vidal manifestó que “la vulnerabilidad” de los más propensos a ser víctimas de tortura “se agudiza por la situación de desequilibrio de poder en la que se encuentra cualquier persona privada de libertad”.

Además, reiteró “el compromiso” de la ONU con la prevención de la tortura y el respeto a la dignidad humana, al tiempo que exhortó a Honduras a proteger a las víctimas de ese flagelo y evitar que hayan más personas afectadas. EFE

                                                                   

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/06/denuncian-que-policias-son-autores.html

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Policía ayudó a capo chapín a extender su red en Honduras

29 de Junio de 2014

10:33PM  -  Redacción   

 

Recibía cooperación de autoridades para que él y los miembros de su banda pudieran traficar droga.

El supuesto narcotraficante fue detenido en mayo pasado por delitos relacionados con el trasiego de droga.
El supuesto narcotraficante fue detenido en mayo pasado por delitos relacionados con el trasiego de droga.

Tegucigalpa, Honduras

La incautación de bienes y cuentas bancarias que manejaban testaferros del supuesto narcotraficante Jairo Estuardo Orellana Morales ha evidenciado cómo las organizaciones criminales del vecino país se han extendido en Honduras para ocultar sus propiedades de origen ilícito.

De acuerdo a informes de inteligencia en poder de EL HERALDO, Orellana Morales, alias “El Pelón”, contó con la complicidad de funcionarios gubernamentales para brindarle a él y sus compinches protección y documentos hondureños falsos para traficar con droga y adquirir bienes.

El sospechoso, detenido y acusado en Guatemala el 15 de mayo de 2014 por narcotráfico, tenía vínculos con los carteles de Los Zetas y Sinaloa, por lo que la ayuda que recibió de parte de los instituciones estatales significó un fomento de la extensión de esos grupos criminales en el país.

El documento indica que autoridades de la Policía Nacional fueron parte de los colaboradores del supuesto capo chapín y por eso se crearon las condiciones para que operara con impunidad durante un tiempo considerable.

La forma en que Orellana Morales recibía asistencia de parte de entes públicos generó impunidad e inseguridad jurídica, analiza el reporte.

El jueves pasado, el Ministerio Público incautó 17 propiedades en San Pedro Sula y Santa Cruz de Yojoa, cuatro empresas y 22 cuentas bancarias que estaban a nombre de “prestanombres” de ese supuesto narco de 40 años, nacido en Gaula, Guatemala.

Estilo Sinaloa

La información de inteligencia apunta a que Orellana Morales operaba en Honduras “al estilo Sinaloa”, por la forma sangrienta con la que exterminaba a sus enemigos.

Durante 2014 se han realizado varios ajustes de cuentas en los que han sido asesinadas al menos 13 personas por órdenes del guatemalteco, se indica en el informe.

Para el caso, el supuesto capo habría dado la orden para que se diera muerte a su exsocio guatemalteco Jorge Antonio Barillas, quien en Honduras se hacía llamar José Antonio Molina, porque se habría quedado con el dinero del pago de una droga.

De igual manera se supone que mandó a liquidar a los mexicanos Juan José López y Adolfo León López en San Pedro Sula porque, al parecer, se apoderaron de dinero que le pertenecía a Orellana.

Los infortunados llegaron a Honduras procedentes del cartel de Sinaloa utilizando documentos hondureños con los nombres de Juan Carlos Rivera Guerra y su hijo Luis Adolfo Rivera Fuentes.

Otra muerte relacionada con ajuste de cuentas ordenada por el guatemalteco es la de su asociado hondureño Dennys Bonilla Guzmán, asesinado en las inmediaciones de PriceSmart de San Pedro Sula, y en cuya residencia se encontró droga y 680 mil dólares, entre otras cosas que lo ligaban al crimen organizado.

A Jairo Estuardo Orellana Morales se le conoce como el “Rey del Tumbe” porque se dedicaba a tumbar (robar) droga a organizaciones enemigas o a grupos que pretendían venderle.

Su estrategia era casi siempre la misma, dice el informe, porque una vez acordada la compra de un cargamento a organizaciones hondureñas o incluso guatemaltecas, al momento de hacer la entrega les quitaba la cocaína y luego mataba a los repartidores.

El lugar donde se pactaba que se iba a hacer la transacción y realizaba la muerte de los vendedores de droga siempre tenía que ser una zona que estuviera bajo su control.

Ascenso criminal

El supuesto capo era el guardaespaldas de Waldemar Lorenzana, alias “El Patriarca” (extraditado a Estados Unidos), quien en 2008 le ordena matar a Juancho León, un poderoso narcotraficante guatemalteco con el que mantenían una ardua competencia.

Según el informe, “El Pelón” entendió que se le presentaba una buena oportunidad y se propuso ocupar el vacío dejado por León.

Posteriormente, Orellana se une con otro narco en ascenso, Mario Ponce, y juntos comenzaron a formar una alianza con Los Zetas para controlar el tráfico de droga de Centroamérica a México.

Años después, Ponce fue capturado en Honduras, lo que le dejó el camino libre a Orellana.

Cirugías de telenovela

Como hacen otros capos, Orellana se ha practicado varias cirugías de rostro “de telenovela” para no ser identificado, dice el informe.

El 13 de noviembre de 2012 escapó de un atentado armado en su contra en una clínica donde se disponía practicarse una nueva cirugía de rostro. Producto de este atentado murieron 7 personas. No se especifica en el documento dónde sucedió el ataque.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/sucesos/723909-219/polic%C3%ADa-ayud%C3%B3-a-capo-chap%C3%ADn-a-extender-su-red-en-honduras

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Policía Nacional de Honduras gemela de la tortura

Jun 27, 2014

Quizá usted piensa que la tortura es un acto de represión que sólo se practicó en los años ochenta o en el 2009, año en el que se perpetró el golpe de Estado al gobierno de Manuel Zelaya, pero no es así. Un informe del  Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) registra, en los dos últimos años, 57 casos de tortura directa e indirecta.

El informe, que se presentó en el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura -26 de junio-, detalla que de los 57 casos, 38 fueron víctimas directas y 19 víctimas indirectas.

Para los miembros del CPTRT los casos documentados, detectados en el período de julio 2012 a junio 2014, son el  reflejo de un contexto  político, social y económico caracterizado por la impunidad, la corrupción, la inequidad y la injusticia.

También se destaca las secuelas físicas en las víctimas, entre ellas: fracturas, laceraciones, costras en la piel, ardor en la piel, cicatrices, ardor ocular, conjuntivitis química y trastornos ginecobstétricos (amenaza de aborto).

Eliomara Lavaire, doctora del CPTRT quien realizó el estudio, puntualizó que “la mayoría de las víctimas directas de tortura recibieron golpes, fueron torturadas en espacios abiertos, en postas policiales, centros penitenciarios, y un importante número fueron torturados durante la detención”.

Fuerzas de seguridad mayores torturadores

De acuerdo al informe, los miembros de la Policía Nacional torturan a 14 ciudadanos; mientras que los integrantes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) torturaron a siete; las fuerzas militares a tres; y desconocidos con pasamontañas dos.
En la mayoría de los casos documentados no se han interpuesto denuncias por temor a represalias y por falta de confianza en las instituciones estatales encargadas de la aplicación de la justicia, indicó el CPTRT.

“Nosotros recogemos testimonios y las personas nos describen quienes fueron los perpetradores. En nuestro estudio 26 fueron torturados por policías. Las personas están en un proceso de recuperación lento, porque la tortura quiebra por completo la identidad de la persona,  pierde todo el sentido del placer y la confianza”, dijo la doctora Lavaire.

Informaron que, de acuerdo a las investigaciones, se han judicializado en total 16 casos, cinco por vejámenes y 11 por tortura, de enero  del 2002 a junio de 2014.

Los niños también son torturados

En los 57 casos de tortura directa e indirecta, se identificó que seis niños, entre 10 y 18 años, fueron también víctimas, informó el CPTRT. A continuación, A Mecate Corte da a conocer parte de los testimonios de los niños víctimas de tortura:
“Nos vendaron, nos pusieron cinta en la boca (tape), nos amarraron y nos pusieron una colcha gruesa”.

“Un policía se le tiró encima a mi mamá y le dijeron ¿Dónde está el muchacho? Eran de 20 a 23 hombres encapuchados, iban en un carro blanco, un carro gris y un carro rojo sin placas, la tiraron a la cama y le pusieron bolsas en la cara”.

“A mi mamá le pegaban con arma, la pusieron en la cama de hierro y como que le ponían electricidad, la asfixiaban, un policía le daba en un poste, le pegaba en la cabeza”.

“En la máquina de costurar me agarraron el dedo y me dijeron que me lo iban a cortar”.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1127-polic%C3%ADa-nacional-de-honduras-gemela-de-la-tortura

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Puerto Castilla, Honduras: Corporate and Military Interests Above Garífuna Community Survival

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Written by badmin
Wednesday, 25 June 2014 09:10

Six children from the community of Puerto Castilla, Trujillo, suffered severe respiratory damage resulting from an attack carried out on May 23, 2014 by the Honduran National Police, Military Police, and in conjunction with the Operation Xatruch III military unit. Hundreds of tear gas canisters were fired into the community in a haphazard manner as a means of dispersing a peaceful protest. After inundating the town with tear gas, the roughly 500 security force members entered the community, dousing anyone within reach with pepper spray.

Tear gas canisters landed in the yard of the kindergarten and the Colegio 14 de agosto, the local high school. The wind pushed concentrated levels of the gas into the classrooms. Younger students were foaming at the mouth and convulsing as they gasped for air.Canisters landed at doorsteps and windows of houses and businesses, which also filled with the noxious fumes. No one in the town could escape the irritant laden clouds. A cat, hit by one of the intensely hot canisters, has a permanent scar the size of a nickel on its head. The clouds of tear gas and pepper spray covered the entire town to the extent that many of the children had to be evacuated by small fishing boats out to the Bay of Trujillo. After a week, many of the children and adults still suffered nasal irritation and severe coughs while the four still hospitalized, one as young a six months old, continued to suffer headaches, vomiting, asthma like symptoms, and emotional trauma.

According to the Material Safety Data Sheet supplied to OSHA by a manufacturer of the gas,

Overexposureto some of the components (such as to people in a confined space) has been found to cause liver abnormalities and kidney damage in laboratory animals. Vapors can cause headache and nausea…  Medical Conditions Generally Aggravated by Exposure: May put persons with pre-existing heart disease at risk. Vapors released at high concentrations may have an asthmatic effect and will displace air in confined spaces.

According to medical professionals writing in Irish Medical Times:

CS (teargas) is a cyanide compound and when it is metabolized, cyanide can be detected in human tissue. Also, when exposed to fire, cyanide compounds are undoubtedly released…  According to the United States Army Center for Health Promotion and Preventive Medicine, CS emits “very toxic fumes” when heated to decomposition, and at specified concentrations CS gas is an immediate danger to life and health.

The Honduran security forces were acting at the behest of the Municipality of Trujillo and of the Empresa Nacional Portuaria (ENP, the National Port Authority). On its web page, it states that the primary user of the Puerto Castilla port is Dole, the multinational fruit company. Further, it states,

The National Port Authority is a decentralized institution of the Government of the Republic …  Our goal is to create leading market positions in order to establish and develop investment projects in the short, medium and long term to provide port services and profitability by offering our customers very competitive flexible rates to allow us to compete in a global economy.

Perhaps ENP’s goal of profitability and global competitiveness are in conflict with the promises that it has made to the local community. The first being a contractual agreement to pay for the potable water it gets from the town of Castilla which it has not fulfilled. Second, it has made promises to employ 270 people from the town, but only employs a small fraction of that number at any given time. It has also agreed to end the harassment of those who do work at the port which often takes the form of racial discrimination as well as threats to those who openly support the community. On the day of the attack, community members were protesting these and other issues.

Beginning on May 18th, Castilla, a coastal fishing community populated primarily by Afro-indigenous Garifuna, Miskito and Mestizo people, set up a roadblock, closing truck traffic to the port. This roadblock lasted until May 20th. Three days later, on the 23rd, after the community attempted to communicate with ENP to no avail, the roadblock went back up. Within hours, the police and military arrived. They made no attempt to talk to the community, but rather opened fire with teargas bombs and pepper spray.

According to OFRANEH, (The Fraternal Organization of Black Hondurans) the conflict between ENP and the town of Castilla stems back to 1974 when General Alvarez Martinez, a graduate of the School of the Americas, forced the Garifuna communities in the area, at gunpoint, to give up their communal land to ENP. This forced the communities to relocate to a very constricted area. The current living space has become more cramped as the population has grown.

Over the years, the residents have negotiated agreements with the Port Authority, agreements which the Authority has subsequently ignored.  As reparations for displacing the community from what is now the site of the port, an agreement was made to construct 250 houses for the community as well as parks and recreational areas, and reforestation projects in addition to the employment agreements.

A further demand of the community, as stated by Julio Cesar Paks, President of the Town Council, is the removal of Carlos Barquero, Superintendent of the port, and Godofredo Martines, Head of Port Security (Protección de la Instalación Portuaria/Unidad de Protección Portuaria) who, “through an abuse of authority, have exhibited a lack of respect to the community through their insults and threats of reprisals.” They further ask that, “newly named authorities of the port keep in constant communication with the Town Council in order to make a commonwealth plan and have better results that benefit both parties.”

Adding to this tension is nearby land, 120 hectares (about half a square mile), that sits idle. The Honduran government “loaned” it to a Japanese company Intermares in the 1990s for business development that never materialized. It is now in the possession of José Mauricio Weizemblut Oliva, a representative of Intermares, who now intends to sell the loaned property.

According to OFRANEH, the Garífuna community of Puerto Castilla has had a history fraught with lanciudadd seizures and harassment by both the Honduran government and corporate and military interests. A presidential decree in 1899 and a later presidential endorsement in 1904 granted the Garífuna ownership rights to territory on the peninsula in the Bay of Trujillo that measured 12 miles long and 3 miles wide.

In 1921, the government reneged on the decree and gave parcels of the land to the Truxillo Railroad Company, a subsidiary of the United Fruit Company, a US enterprise, that later became Chiquita Brands. Due to a soil disease in the banana plantations of the North Coast, the Truxillo R.R. abandoned the peninsula and the land reverted back to the Garífuna community in 1942. But they had lost other land when displaced in 1940. Garífuna residents were forced to move south down the peninsula due to the construction of a US military base built in preparation for entry into World War II. At the end of the war, the land was returned to Honduras, but not to the Garífuna community.

A Honduran naval base, with US naval personnel, is currently there. Recent construction of “heliports and a jetty for speedboats, both to facilitate actions against drug trafficking and organized crime,” guarantees that the area will be crowded with very little available land for the community to expand. Adding to this threat is a proposal by the Juan Orlando Hernandez administration to make the area one of the sites for a Charter City or Special Economic Development Zone (ZEDE in its Spanish acronym). This would effectively be a neo-colonial sale of sovereign territory to foreign investors with a legal structure decided by administrators, presumably selected by the investors to ensure that they maintain profit growth.

Two-year-old Fabricio Hernandez returned from the hospital 4 days after the attack. He plays with his siblings, running through the sand, but a fit of coughing forces him to stop. His mother fears that he may have developed asthma and he has trouble sleeping at night. She worries about the emotional effects that the attack has had on him and the other children in the community. She states, “We were horrified when we saw the police and soldiers running through the streets shooting the gas bombs everywhere, They didn’t care that there were children in the school or playing in the streets.” She explained that the security forces came far past where the protest was located and made it clear that military police’s primary aim wasn’t to break up the roadblock, but rather to terrorize the community. “There are more children in this community than adults,” she added, “what is the future going to be for them with the military in the streets?

Greg McCain is an International Human Rights Defender in Honduras. You can find more information about the human rights situation in Honduras by visiting hrohblog.wordpress.com

Fuente: http://upsidedownworld.org/main/honduras-archives-46/4905-puerto-castilla-honduras-corporate-and-military-interests-above-garifuna-community-survival

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