Entradas etiquetadas como Ley de Minería

En Teupasenti se declaran en contra de la minería

Lunes, 18 Agosto 2014 18:50

En cabildo abierto, los habitantes de Teupasenti se declaran en contra de la minería no metálica. Una reciente exploración señala la existencia de varios yacimientos de óxido de hierro en el valle del Coyolar.

Ver también:

Explotación minera no metálica en Teupasenti con pobladores en contra y alcalde a favor

Fuente: La Tribuna
La explotación minera no metálica ha tomado fuerza en el municipio de Teupasenti, luego de una inspección en las comunidades de Los Almendros, La Ciénega, El Carrizal, El Robledal y Santa Rosa. Tres de estos se encuentran en la línea divisoria de Teupasenti y Danlí.

Según el geólogo encargado mediante el estudio panorámico del relieve se pueden identificar varios yacimientos de óxidos de hierro en el valle que abarca Las Delicias, Los Almendros y San Lorenzo.
El alcalde municipal, Nery Cerrato, ha conocido del interés de la compañía que pretende invertir unos 200 millones de lempiras en la extracción del material que dejaría unos 20 millones de lempiras en impuestos a la corporación.

Sin embargo en apego a la Ley de Minería y el derecho de decisión que le asiste a las comunidades se ha procedido a realizar una consulta, mediante un cabildo abierto consultivo a los habitantes de las comunidades, sobre el posible ingreso de compañías dedicadas al rubro de la minería.

El edil informó que “nuestra responsabilidad es justamente la democracia, hoy la hemos fortalecido y escuchado. En este caso nuestro deber es elevar a las autoridades esta decisión prácticamente unánime de que no se proceda a entregar el otorgamiento de exploración y explotación de la minería metálica y no metálica en este municipio.

Ha quedado en punto de acta que haremos llegar a las autoridades correspondientes, me parece que es un procedimiento saludable y hemos hecho saber los alcances y limites que tienen las corporaciones municipales en el tema minero”.

“Hemos explicado que hay dos empresas que solicitaron la concesión, hemos pedido que autoridades de minería vengan al municipio ha conocer de esta decisión tomada en este cabildo abierto consultivo. Conocemos de esta zona que antes en este valle se hizo explotación de piedra de hierro y cementó, esto afectó de manera particular estas comunidades que hoy se han expresado en contra de la minería”.

Por su parte las comunidades invitaron de forma especial a Purificación Hernández y su equipo de abogados de la mesa nacional de gestión de riesgos, que también ofrecieron su punto de vista.

“Estamos constatando lo que acontece en el cabildo, teníamos entendido que se realizaría una declaratoria de municipio libre de minería como se ha hecho en otros 25 municipios a nivel nacional, nos encontramos con la sorpresa que el alcalde municipal no quiere incluir todo lo expresado. Esperamos que la redacción final del acta vaya acorde a lo que las comunidades quieren”.

El cabildo municipal abierto, instalado en la comunidad de Las Delicias, finalizó alrededor de las 2:30 de la tarde, con la lectura del acta por la secretaria que en sus líneas finales reza “el valle de El Coyolar elevó a la autoridad competente la voz de no a la minería en presencia de los abogados de la mesa de gestión de riesgos, la diputada Claudia Garmendia, comunidad en general, centros educativos y la corporación municipal en pleno por tanto se declara: No a la minería metálica y no metálica en la zona de Las Delicias, San Lorenzo, Los Almendros y alrededores.

El acta fue firmada por el alcalde, regidores, maestros y presidentes de los patronatos interesados quienes alzaron una voz de júbilo al dejar inscrito legalmente su voluntad de preservación del medio ambiente en el valle de El Coyolar.(CR)

Fuente: http://www.noalamina.org/latinoamerica/honduras/item/13210-en-teupasenti-se-declaran-en-contra-de-la-mineria

, ,

Deja un comentario

Coalición Nacional de Redes Ambientales exige la derogación de la Ley de Minería

Versión para impresiónVersión PDF

Siguatepeque, Comayagua (Conexihon).- La Coalición Nacional de Redes Ambientales (CNRA) de Honduras exigió este martes la derogación de la “nociva Ley de Minería” así como la cancelación de todas las concesiones mineras otorgadas a la fecha.
En su VI asamblea desarrollada este 10 y 11 de julio en la ciudad de Siguatepeque, la Coalición  pidió además “el reconocimiento de la decisión soberana de las poblaciones que en ejercicio de soberanía,  han declarado sus municipios libres de minería”.
En un comunicado público la CNRA exigió a los “órganos competentes del Estado la investigación y debida judicialización de todas las denuncias, sobre amenazas, secuestros y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos que acompañan a las comunidades y poblaciones que se oponen a las concesiones y explotaciones mineras  en sus territorios”.
La acción sobreviene tras la tragedia de la comunidad de San Juan Arriba, de El Corpus, Choluteca, donde ocho trabajadores de la mina artesanal fueron soterrados.
“Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de las personas soterradas en los tenebrosos túneles excavados para extraer oro en San Juan Arriba, El Corpus, Choluteca, y denunciamos al Gobierno sobre la doble moral con que ésta manejando esta penosa catástrofe, que se refleja en la indiferencia mostrada con la no resolución de los recursos legales presentados por organizaciones ambientalistas ante el Ministerio Público sobre la grave situación que desde hace años enfrentan nuestros compatriotas del sur”, indicaron.
De igual forma, la CNRA expresaron sus muestras de solidaridad y apoyo a las acciones que en defensa de sus derechos realizan los  pobladores de Azacualpa, La Unión, Copán, “quienes enfrentan amenazas de desalojo por la Empresa Aura Minerals que usufructúa territorios concesionados para la explotación minera en ese municipio”, así como, “los habitantes de las comunidades de El Tránsito, Nacaome, Valle, y Nueva Esperanza, Tela, que por idénticos motivos  a la defensa de sus derechos frente  a concesiones  y explotaciones mineras enfrentan procesos judiciales, persecución e intimidaciones por parte de operadores de justicia e inversionistas mineros”, indicaron.
A un año de aprobada la nueva Ley de Minería, los casos anteriores, solo son algunos ejemplos de los resultados negativos de la implantación de esta política extractivista, que desde esta Coalición habíamos oportunamente señalado, ya que la aplicación de políticas, legislaciones y modelos económicos incongruentes con la dignidad del ser humano y sus hábitat.
Twitter icon
Facebook icon
Reddit icon

Fuente:http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-conflicto-agrario-y-minero/coalici%C3%B3n-nacional-de-redes

, , ,

Deja un comentario

EL Derrumbe de Honduras: Minería y Crimen Organizado

La proliferación de minas legales e ilegales a lo largo y ancho de Honduras, antes y después de la aprobación de la cuestionada Ley de Minería y su reglamento, contribuye al enriquecimiento de un grupúsculo de compañías transnacionales, el crimen organizado y algunos de sus capataces locales.

El accidente acontecido en la mina de oro San Juan de arriba, en el cerro Cuculmeca, Municipio de Corpus, Departamento de Choluteca, donde quedaron atrapados 11 mineros, logró capturar la atención de un país sumido en los pormenores del mundial de fútbol y de la violencia apocalíptica a la que ha sido condenada Honduras, por un grupúsculo de traficantes de la miseria.

Tres de los once mineros fueron rescatados de los laberintos excavados en la mina artesanal, donde el año pasado en el mes de julio, ya se había dado un accidente que cobró la vida de dos mineros. Para colmo de males y como una muestra de la irresponsabilidad que suele aquejar al poder ejecutivo, el Sr. Juan Hernández, actual presidente del país, escribió un trino (twitt) anunciando el rescate de los 11 mineros, noticia que resultó ser desafortunadamente falsa, pero indica el grado de desconexión con la realidad que afecta al mandatario.

De “esclavitud moderna” calificó a la minería, el actual mandatario, Juan Hernandez, indicando además que algunas mineras “están relacionadas con el crimen organizado”. Indudablemente tanto las empresas transnacionales, locales, legales e ilegales están enmarcadas en una visión de explotación al máximo de la fuerza laboral y una destrucción total del medio ambiente. El código de comportamiento establecido por las compañías mineras se asemeja a las prácticas de los carteles del narcotráfico. No hay diferencia alguna entre Goldcorp, Five Star, los templarios o sus innombrables versiones locales.

Honduras desde la época de la colonia ha sido regida por la minería, y es hasta inicios del siglo XX que se implementa la entrega de franjas del territorio nacional a las compañías fruteras. Desafortunadamente todo parece indicar que el país en el siglo XXI será devorado por las empresas extractivas, beneficiando al capital extranjero, a través de la mafia que controla el poder local y sus sicarios.

Mientras los laberintos del cerro Culcumeca se desmoronan, el tejido social del país se deshace a una velocidad inusitada. El descalabro social llega a un nivel sin precedentes, hasta el punto que los menores de edad salen en hordas en búsqueda de supuestas oportunidades o simplemente fugándose de la violencia imperante.

Las escenas registradas en fotografías alrededor de la mina de San Juan de Arriba, al igual que las de los niños catapultándose a los vagones de los trenes en México demuestran el grado de putrefacción de un país colapsado, donde los sátrapas de turno en medio de lágrimas de cocodrilo persisten en desvirtuar la catástrofe en que nos encontramos sumidos.

Todo parece indicar que los ocho mineros soterrados ya fallecieron. Sin embargo sus familiares se aferran a la esperanza de por lo menos poder ver sus cadáveres. Lo mismo pasa con Honduras, en medio del derrumbe social en que vivimos, todavía hay remanentes de esperanza para los hondureños y hondureñas, y esa esperanza se fundamenta en la creencia que algún día podamos sacudirnos la dictadura del crimen organizado aferrada al poder en las últimas décadas, y de esta forma podamos neutralizar la bestia del sistema impulsora del triste éxodo de los infantes huyendo de las honduras del infierno.

Sambo Creek 11 de Julio del 2014

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Fuente: https://ofraneh.wordpress.com/2014/07/11/el-derrumbe-de-honduras-mineria-y-crimen-organizado/

, , , ,

Deja un comentario

Debilidad institucional e industria minera: binomio generador de conflictos

Jun 27, 2014

Partiendo de dos casos específicos: Mina San Martín al norte del departamento de Francisco Morazán y San Andrés en el occidental departamento de Copán, el  Instituto Centroamericano de Estadios Fiscales ICEFI llegó a la conclusión que la instalación de esta industria extractiva genera conflictos en las comunidades de Honduras.

Esta semana el ICEFI presentó en Tegucigalpa el “Diagnóstico de la situación minera en Honduras”, un documento que busca contribuir a un debate informado y técnicamente sustentado entre los actores vinculados a esta actividad.

Minería es sinónimo de conflictividad

El estudio destaca el carácter conflictivo de la instalación de la industria minera en Honduras debido al enfrentamiento de las empresas mineras con las comunidades. Esta conflictividad ha producido la muerte de 12 personas, existen 21 conflictos a nivel nacional y 30 personas están enfrentando procesos judiciales acusadas por los delitos de amenazas, sedición y traición a la patria, confirma Pedro Landa de la Coalición de Redes Ambientales de Honduras.

“La empresas mineras llegan creando conflictos en las comunidades, aprovechándose de sus múltiples necesidades llegan prometiendo regalías y proyectos a las comunidades, pero de fondo está la explotación que trae serías consecuencias para los habitantes, además de toda la división que provocan”, dijo Landa.

En el diagnóstico se desnuda la debilidad institucional que se manifiesta en la poca operatividad de las instancias  encargadas de la protección de los bienes naturales. La poca operatividad en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, traducida en la falta de personal calificado y de políticas salariales atractivas y competitivas, y la carencia de presupuestos adecuados que se unen a la ausencia de regulaciones y sanciones claras.

El economista Hugo Noé Pino, miembro del ICEFI aseguró que el Estado hondureño ha sido incapaz de monitorear las acciones relacionadas con la industria minera del país. “El ejemplo que ponemos es que durante el periodo 2004 a 2013 hubo una veda para las nuevas concesiones mineras, y fue precisamente durante ese tiempo donde hubo una serie de conflictos que el Estado fue incapaz de regular y mantener, ahora imagínese que pasará cuando el actual gobierno tiene una política de puertas abiertas para llegada de esta industria, por eso recomendamos al Estado el fortalecimiento a INGEOMIN (Instituto de Geología y Minas) y que cree políticas que sirvan para regular y monitorear la actividad”.

Mínima generación de trabajo, raquíticos ingresos

Jonathan Menkos, coordinador del ICEFI manifestó en entrevista con Radio Progreso que la contribución económica de la minería al país es reducida. Durante la década anterior, de los años 2000 a 2011 solamente la actividad contribuyó en promedio al 1.25 por ciento del Producto Interno Bruto y generó apenas 0.2 por ciento de la Población Económicamente, PEA, equivalente a unos 6 mil 300 empleos directos. Estos datos contrastan con la participación en el total de las exportaciones de bienes que durante la primera mitad de la década anterior andaban entre el 8 por ciento y el 12, reduciéndose, en los años 2007 y 2011, entre 4 y 8 por ciento.

En materia de pago de impuestos por parte de las compañías mineras se comprobó lo difícil que es conocer estos montos debido a la falta de información. “Las instancias gubernamentales que deben proporcionar estos datos son pocos transparentes, lo que imposibilita tener un dato exacto de la cantidad de impuestos que pagan estas empresas”, dijo Menkos.

De acuerdo a la legislación nacional, las compañías mineras que están instaladas en el país deben pagar el impuesto sobre renta con una tasa de 10 por ciento, cuando en promedio la tasa oscila entre el 25 y el 35 por ciento para el resto de personas naturales y jurídicas. A esto se suma el impuesto municipal que funciona como regalías mineras del 1 por ciento del valor de las exportaciones mensuales.

Una ley nociva

La debilidad institucional quedó manifiesta cuando en el año 1998 se aprobó la Ley General de Minería actualmente vigente, la cual padece de múltiples debilidades. Por ello en 2006 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional 13 de sus artículos. Pese a ello, no hay ninguna corrección jurídica y el marco legal se encuentra a deriva en cuanto a la aplicación de esos artículos.

Jonathan Menkos agregó que al analizar la nueva Ley de Minería, que entró en vigencia en enero de 2013, el informe advierte que el espíritu promotor de la misma, sin el suficiente consenso social para su aprobación, además de la falta de sanciones y una regulación dependiente de instituciones débiles, podrían conducir a mayor conflictividad con las comunidades cercanas a los proyectos mineros, así como a una mayor polarización del tema.

El diagnóstico finaliza haciendo una serie de recomendaciones. En su mayoría apuntan al señalamiento de la debilidad institucional que no será algo que el gobierno pueda superar en corto plazo y un exceso de aprobaciones en la actualidad darán lugar a que no se pueda monitoreo debidamente la actividad minera. La gravedad y la extensión de los conflictos estarán determinadas por el número y naturaleza de las nuevas aprobaciones.

En la actualidad Honduras cuenta con 72 concesiones metálicas vigentes y otorgadas las que se encuentran en los departamentos de Choluteca, Copán, Santa Bárbara y Francisco Morazán.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1125-debilidad-institucional-e-industria-minera-binomio-generador-de-conflictos

, , , , , , ,

Deja un comentario

Realizan seminario sobre derecho a la consulta previa y defensa de los territorios

Jun 12, 2014

San Pedro Sula. Fue por medio de un seminario que los analistas Ivania Galeano, Joaquín Mejía, Pedro Landa y Juan Mejía, dieron a conocer los diferentes temas de impacto que deben conocer las comunidades ante la amenaza que sufren sus territorios por parte de la industria extractiva y las leyes nocivas que entregan el territorio.

El seminario fue organizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y la Convergencia por los derechos humanos noroccidental, en el marco del contexto actual en el que muchas comunidades se ven amenazadas por alrededor de 300 nuevas concesiones mineras e hidroeléctricas bajo el paraguas de la nueva Ley de Minería y el gobierno de Juan Orlando Hernández que ha impulsado aún más estos proyectos, incluyendo las Zonas Especiales de Desarrollo o ciudades modelo.

La abogada Ivania Galeano miembro de la Convergencia por los derechos humanos, explicó la consulta previa desde una perspectiva del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. En esta perspectiva se deben tomar  en cuenta primero El Consejo de Derechos Humanos y Procedimientos Especiales. Y segundo los órganos de tratados que éstos a su vez son creados en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Joaquín Mejía, doctor en derecho internacional apuntó en su participación, que la gran obligación del Estado es respetar y garantizar los derechos de la población. A su vez esta gran obligación tiene cuatro sub-obligaciones importantes que el Estado debe tomar en cuenta: a) prevenir las violaciones a los derechos humanos, b) investigar y monitorear para ver que las leyes se cumplan c) sancionar a aquellos que no actúan de acuerdo a los establecido d) reparar y remover aquellos obstáculos fácticos y normativas que mantienen la discriminación.

“Cuando se investiga se combate la impunidad, para de esta forma sancionar a los responsables y así fortalecer la democracia en nuestro país”, dijo Mejía refiriéndose a los hechos que se han dado en los últimos años en los que las comunidades han sucumbido ante la explotación de sus territorios sin haberles consultado e ilegalmente, hechos que aún siguen en la impunidad.

En este seminario también se discutió la Ley de Minería que actualmente rige esta actividad en el país y la defensa de los territorios. El ambientalista miembro de la Coalición de Redes Ambientalistas de Honduras, Pedro Landa, enfatizó que los bienes son considerados como bienes mercantiles que pueden convertirse en dinero y es por eso que la amenaza cada vez es más palpable para las comunidades.

“El territorio no se delimita por un título de propiedad, tiene que ver más bien con los bienes para subsistir de un pueblo, de sustento, de armonía de quienes viven en él”, indicó.

El derecho minero y derechos de propiedad constituyen un derecho real distinto y separado de la propiedad del predio superficial donde se encuentra ubicado. Según el Art. 48 de la nueva ley de minería en ningún caso la Autoridad Minera otorga derechos mineros en las siguientes zonas: Las áreas protegidas, zonas que se encuentran en recuperación, zonas que generan energía y zonas declaradas como patrimonio nacional, sin embargo las cosas son distintas en la práctica.

La ley se contradice, explicó Landa en su ponencia, el Art. 43 de la misma ley indica que con el fin de evitar el monopolio de concesiones mineras, a una persona natural o jurídica, solamente podrá ser titular de un máximo de diez (10) concesiones mineras para lo cual debe acreditar ante la Autoridad Minera, la capacidad técnica para su funcionamiento.

“No se puede combatir los monopolios mineros cuando a una empresa se le otorgan esta cantidad de concesiones, ¿entonces solo de once (11) en adelante será monopolio?”, mencionó Landa.

Para muestra un botón

Para finalizar esta jornada, el ingeniero ambiental y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Juan Mejía compartió la experiencia del pueblo tolupán, el cual está conformado por 31 tribus.

Los tolupanes reciben un ingreso monetario mensual de 300 lempiras, con los cuales viven o sobreviven junto a sus familias. Un 95% de la población tolupán menor de 14 años sufre desnutrición. Los tolupanes en sus comunidades son buenos dirigentes comunales y de igual manera se desempeñan como delegados de la palabra de Dios y no solo predican la palabra, si no también hacen conciencia social en las personas.

Sin embargo, la riqueza de sus territorios es grande y ahora se ha convertido en una fuente de peligro por quienes quieren explorar sin tomarlos en cuenta. Un 30% de la población tolupán reporta plata en su territorios y un 70% reporta oro, “esto no quiere decir que nuestros compañeros tolupanes son ricos, sino más bien que están sentados en un botín  para los corruptos de este país, para las empresas madereras y empresas mineras”, concluyó Mejía.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1073-realizan-seminario-sobre-derecho-a-la-consulta-previa-y-defensa-de-los-territorios

, , , , , , , , ,

1 comentario

Bajo investigación 259 concesiones mineras

25 de Mayo de 2014

09:54PM  –  Redacción   

De confirmarse irregularidades se deduciría responsabilidad a exfuncionarios y empleados. Habrían sido otorgadas con base en leyes mineras no vigentes para evadir impuestos.

Tegucigalpa, Honduras

Un verdadero festín de concesiones mineras, metálicas y no metálicas, se habría en el país, con la confabulación de falsos inversionistas del ramo y funcionarios corruptos de la administración pública.

EL HERALDO supo que estas concesiones habrían sido otorgadas, muchas de ellas, con la velocidad de un rayo, por lo que ahora se investiga a los funcionarios que se prestaron para cometer esta nueva anomalía.

De estas irregularidades ya estaría informado el presidente de la república, Juan Orlando Hernández, quien habría ordenado una exhaustiva investigación que conlleve al castigo de los responsables y a la cancelación de todas las concesiones viciadas de irregularidades.

En ese sentido, EL HERALDO supo que la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna) ya investiga 259 concesiones mineras cuyos permisos de exploración o de explotación habrían sido obtenidos de manera irregular.

Las concesiones

El primer aspecto que se está analizando es la parte jurídica, si las concesiones fueron tramitadas con base en la nueva ley, que deja importantes dividendos al Estado y a las municipalidades, o con base en las leyes anteriores, que nada o poco dejaban al país.

Entre las 259 concesiones mineras hay 98 que son metálicas (oro, plata) y 161 no metálicas (arena, grava, yeso, piedras).

Lo primero que encontraron los técnicos entre las 98 concesiones mineras de carácter metálico es que los sitios adjudicados fueron abandonados por los inversionistas, supuestamente a la espera de venderlos a otros empresarios y sacar ganancia sin dejar nada al Estado.

De este tipo de casos fueron detectados 22, lo que motivó a cancelar los permisos, informó a EL HERALDO Carlos Pineda Fasquelle, viceministro de Ambiente y Minas.

De manera minuciosa se están investigando las otras 76 concesiones metálicas.

Las otras 161 concesiones no metálicas están pasando por el mismo esquema de investigación.

Honduras es un país rico en recursos naturales a pesar de haber sido saqueado durante los trescientos años de la conquista española y la posterior presencia de aventureros que gozaron de jugosas concesiones otorgadas por los gobiernos de turno.

Cuando las autoridades de aquellos tiempos se enteraron que era necesario crear un marco jurídico, crearon un Código Minero (vigente desde principios del siglo pasado), posteriormente una Ley General de Minas, que estuvo vigente hasta abril del año pasado, y la recién creada Ley General de Minería.

Los dos primeros cuerpos jurídicos daban luz verde para otorgar concesiones de exploración y de explotación al mismo tiempo. Ahora, con la nueva ley, la exploración es una cosa y la explotación otra y ambas requieren de licencia ambiental.

Antes de que entrara en vigencia la Ley General de Minería, las comunidades solo tenían derecho a presenciar la explotación inmisericorde de sus recursos, algunos bajo la modalidad de cielos abiertos, con los consecuentes daños al ambiente y a la salud.

Ahora, con la nueva ley, si las comunidades no están de acuerdo no hay explotación. Incluso, las comunidades pueden aprobar o improbar la modalidad a utilizar.

Diferencia

Otra diferencia con las leyes anteriores es que la actual fija el pagadero de un canon según el área asignada y el pago del dos por ciento de las exportaciones a las municipalidades y otro dos por ciento al Estado (al Instituto Hondureño de Geología y Minas). También las empresas constituidas pagan impuesto sobre la renta.

A la fecha, con la entrada en vigencia del nuevo cuerpo jurídico, el Instituto Hondureño de Geología y Minas recibió ingresos por 53 millones de lempiras resultado de la exportación, hasta abril de este año, de 380 millones de dólares en minería metálica y no metálica.

Las primeras dudas que motivaron una intervención en las decenas de expedientes de exploración y explotación se basan en que algunas concesiones pudieron haber sido otorgadas tomando en cuenta las antiguas regulaciones jurídicas para evadir el pago de impuestos.

“Este es un escenario que hay que estar atentos porque ninguna ley es retroactiva, excepto el Código Penal”, recordó el viceministro de Ambiente y Minas, Pineda Fasquelle. “En el Código Minero no se diferenciaba, una concesión era para explorar y explotar al mismo tiempo. En la Ley General de Minería -que estuvo vigente hasta abril del año pasado- también las concesiones eran de exploración y explotación”, dijo el funcionario.

“Hay evidencia”, puntualizó, “de que en diez minutos alguien recibió diez solicitudes”.

Se le preguntó si sospecha que pudo haber dinero bajo la mesa o comisiones.

“Cuando hay gente corrupta hay dos: el corruptor y el que acepta el soborno. Eso es difícil comprobarlo, generalmente la gente que actúa así no deja huella”.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/alfrente/712841-331/bajo-investigaci%C3%B3n259-concesiones-mineras

, , , , ,

Deja un comentario

En el sur de Honduras rechazan explotación minera y exigen consulta previa

May 23, 2014

Centenares de pobladores y pobladoras de diferentes lugares del sur del país y convocadas por la Iglesia Católica participaron el pasado 20 de mayo en una movilización pacífica para defender la vida y rechazar las explotaciones mineras y proyectos de ciudades modelo.

Después de una caminata, los manifestantes realizaron un plantón en la comunidad de El Jícaro Galán donde varios sacerdotes de la Iglesia Católica junto al obispo de Choluteca Guido Charbonneau, indicaron su rechazo a la explotación minera en el país. Durante la actividad también se escucharon testimonios de varios pobladores afectados por la minería que llegaron desde Valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán.

Entre las exigencias de los manifestantes está derogar la Nueva Ley de Minería porque no trae ningún beneficio para las comunidades.  Asimismo piden a los alcaldes del sector sur del país defender el agua, la tierra, el bosque y no dejar que los empresarios se lleven las riquezas de los pueblos.

Según datos del Instituto Hondureño de Geología y Minas, Inhgeomin, en Honduras hay 64 zonas mineras metálicas, diseminadas en los departamentos de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro.

Pedro Landa, ambientalista hondureño, quien también acompañó a los pobladores de varias comunidades del sur en este acto de protesta, agregó que los proyectos mineros solo traen destrucción y muerte a las comunidades y que la Coalición Nacional de Redes Ambientales (CNRA), también exige la derogación de la nueva Ley de Minería y de ciudades modelos, así como la cancelación inmediata de las concesiones mineras y de proyectos hidroeléctricos.

En el mismo lugar de El Jícaro Galán, bajo el fuerte sol del mediodía, varios pobladores de los municipios de El Corpus y El Triunfo en el departamento de Choluteca se han pronunciado en contra de las explotaciones mineras y de los empresarios que se apropian de los recursos que pertenecen a las comunidades.

Pobladores de El Tránsito cuidan el cerro

En las comunidades de El Tránsito y Las Barajas, varios pobladores han decidido cuidar la entrada a uno de los cerros de donde se han extraído grandes cantidades de piedra, que según ellos contiene oro de hasta 25 kilates. Allí también hay varios nacientes de agua, árboles y animales.

Por esta razón se formaron en un patronato que decidió poner una cadena en la entrada del cerro y cuidar día y noche el lugar, para que no pase ningún carro o persona que quiera llevarse la piedra de donde sacan el oro o que quieran cortar los árboles.

José Isabel Meza afirma que la señora María Gertrudis Valle, quien reside en Tegucigalpa, es una de las personas que ha estado explotando el cerro, lo ha hecho a través de empleados que aseguran que todo es  de manera artesanal.

Sin embargo, al meternos en el terreno vimos grandes huecos que difícilmente se hacen con piochas y barras. Meza indica que él está seguro que los empleados de María Gertrudis Valle, a quien no la conocen personalmente, han utilizado dinamita para sacar camionadas de piedra del lugar.

“Nosotros estamos aquí desde el mes de febrero y no dejamos que salga material de este lugar, porque estamos cuidando la vida de la población. No vamos a dejar que nadie explote este cerro pues aquí hay varias fuentes de agua  y de eso depende la vida de toda la población, indicó Medardo García, otro de los pobladores de la comunidad de El Tránsito.

Medardo Mejía y José Isabel Meza, indicaron que  no tienen suficiente información como para asegurar si el terreno que supuestamente es de la señora María Gertrudis Valle, lo compró ella o se lo heredaron, son solo 10 manzanas y media y las ha mandó a cercar con alambre de púa, ha puesto un portón de hierro y un rótulo que dice: “prohibido pasar, propiedad Privada”. Además tiene varios hombres armados día y noche.

“Esta señora nos ha procesado a los  miembros del Patronato, nos ha acusado de usurpadores de tierra, pero nosotros no le estamos quitando nada a nadie, solo queremos proteger los bienes naturales, porque esos son del pueblo. Queremos que esta señora nos dé la cara y nos presente los documentos para saber si de verdad ella es la dueña”, dijo Meza.

Solo en el departamento de Valle hay más de 26 solicitudes para exploración minera en contra de la voluntad de las comunidades, según los pobladores de la comunidad de El tránsito.

Apoyo de la Iglesia Católica

En la entrada al cerro, los pobladores han colocado en un tronco de árbol una imagen de la Virgen del Tránsito, todos los días le cortan flores que nacen en el sector y dicen que por las noches se unen otras personas para rezar el Santo Rosario, le piden que les proteja en esta lucha, que ilumine a las autoridades para que no sigan dando concesiones a transnacionales ni a empresarios. Asimismo le piden que les dé fortaleza para continuar defendiendo la vida.

Los pobladores cuentan que algo que les ayuda a continuar es que cuentan con el apoyo de los sacerdotes de la Iglesia Católica y por medio de ellos están conociendo más sobre los daños que provocan las explotaciones mineras y entienden que luchar por los bienes naturales implica luchar por la vida de las presentes y futuras generaciones.

“Elevamos la voz de alerta por la explotación minera en nuestras comunidades, especialmente en El Tránsito y en Las Barajas, ya que están contaminando y acabando con los mantos acuíferos, con la tranquilidad de la gente, con la salud y atropellando todos los derechos de la población. Por esta razón exigimos al gobierno y a la Fiscalía de Nacaome que proporcione un dictamen definitivo para desalojar a los mineros.

A Inhgeomin que revoque la concesión minera otorgada de manera indefinida a la empresa Cerros del Sur. Y a la Secretaría de Recursos Naturales que no otorgue licencias ambientales para la explotación minera  en nuestra comunidad. Manifestamos que defenderemos  con nuestra vida los recursos naturales, y que declaramos El Tránsito territorio libre de explotación minera por nuestra propia autodeterminación,” decían miembros de los Comités de Defensa de la Naturaleza, organización creada por la Pastoral Social Cáritas.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/956-en-el-sur-de-honduras-rechazan-explotaci%C3%B3n-minera-y-exigen-consulta-previa

, , , , , ,

Deja un comentario

Pobladores protestan contra explotación minera

22 mayo, 2014 – 2:10 AM

NACAOME, Valle. Más de un centenar de pobladores de varios municipios de este departamento, realizaron una protesta pacífica en contra de la exploración y explotación minera que se está dando en la zona y que atenta contra la salud de las personas y del entorno ambiental.

La marcha pacífica que inició a la salida de Nacaome hasta llegar a Jicaro Galán.

Organizaciones diversas protestaron a favor del medio ambiente y contra la minería a cielo abierto, además que exigieron la derogación de la nueva Ley de Minería por ser atentatoria a la vida.

El coordinador de la Coalición Nacional de Redes Ambientales, Pedro Landa, dijo que “hay problemas de minería en la mayoría de los nueve municipios de Valle, además en los municipios de El Corpus, El Triunfo en el departamento de Choluteca. Los empresarios mineros pretenden usurpar los recursos que le pertenecen a las comunidades”.

Landa informó que la población de Valle se ha volcado a las calles para exigir al gobierno la no realización de proyectos mineros ya que solo trae destrucción y muerte en las comunidades.

Asimismo dio a conocer que la Coalición Nacional de Redes Ambientales (CNRA), exige la derogación de la nueva Ley de Mineria y de ciudades modelos, así como la cancelación inmediata de las concesiones mineras, hidroeléctricas.

Por su parte el alcalde de Aramecina del departamento de Valle, Rony Fúnez,  dijo apoyar la manifestación pacífica de los lugareños de varios municipios y a las autoridades de la iglesia católica que están en contra de la minería a cielo abierto.

“No queremos una explotación minera en Aramecina. La mina que están explotando en la zona de El Porvenir, Curarén en Francisco Morazán, le pongan un alto ya que está afectando a nuestro municipio y las cuencas hidrográficas como también nuestra carretera ya que somos municipios vecinos”, aseguro.

A la marcha pacífica que inicio a la salida de Nacaome hasta llegar a Jicaro Galán, participó entre otras organizaciones el Comité de la Defensa para el Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (Coddeffagol), Caritas, Comités de Defensa de la Naturaleza y el CNRA, entre otros. (LEN)

Fuente: http://www.latribuna.hn/2014/05/22/pobladores-protestan-contra-explotacion-minera/

, , , , ,

Deja un comentario

Organizaciones exigen liberación de campesino Isabel Morales

May 16, 2014

Bajo la consigna “para Chabelo… Libertad”, centenares de personas realizaron una kilométrica caminata que duró 2 días camino hacia Tegucigalpa, lugar donde hicieron públicas sus exigencias entre ellas la liberación de Isabel Morales, campesino encarcelado por intereses políticos en medio de un conflicto de tierras en el Bajo Aguán.

Las organizaciones también demandaron la derogación de la Ley de Modernización Agrícola, la cancelación de proyectos mineros, la suspensión del proyecto de Ciudades Modelos y la solución a la problemática en la alcaldía de San Francisco de Opalaca, Intibucá.

José Isabel Morales fue condenado a prisión por 17 años y medio por el delito de homicidio culposo contra el señor Manrique Osorto. Este caso, es a criterio de profesionales del derecho y analistas del conflicto agrario, un expediente que denota la incapacidad del sistema de justicia que responde a favor de los terratenientes y grupos empresariales involucrados en la persecución y criminalización de la lucha por la tierra.

La manifestación fue planificada por varias instituciones campesinas y organizaciones refundacionales, iniciando el día miércoles 14 de mayo desde el sector de Zambrano partiendo hacia la capital de la república.

La actividad comenzó con aproximadamente 300 personas y luego al pasar las horas se fue sumando más gente. En la caminata llamada: “Por la dignidad, la soberanía y la libertad de Chabelo Morales” participaron plataformas sociales como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Central Nacional de Trabajadores del Campo, movimientos campesinos, organizaciones feministas, representación estudiantil, Frente Nacional de Resistencia Popular, Partido Socialista de los Trabajadores, comunidad internacional, entre otros.

El recorrido de la protesta fue desde el Zambrano hasta llegar en primera instancia a la Casa Presidencial y luego culminar con un plantón indefinido en los bajos del Congreso Nacional.

Diálogo

Cuando la caminata llegó a Casa Presidencial, la sorpresa de los manifestantes fue que las calles estaban cerradas y militarizadas; aproximadamente 600 elementos entre Policía Preventiva y Policía Militar, cercaron los alrededores de la Casa del Presidente y se encontraban listos para recibir cualquier orden de desalojo y represión.

A pesar de esto, los manifestantes agotados por la caminata que hasta ese momento llevaba más de 24 horas, iniciaron un plantón frente al bloqueo policial, gritando consignas que exigían libertad para Isabel Morales y la derogación de las leyes lesivas para el pueblo hondureño.

De pronto miembros del ejército se acercaron a los manifestantes para consultarles si querían nombrar una comisión de 5 personas para que dialogaran con las autoridades gubernamentales y exponerle sus demandas.

Ante esto, los organizadores crearon la comisión que estuvo compuesta por Berta Cáceres del Copinh, Hermes Reyes del MADJ, Johnny Rivas de la Plataforma Agraria, Dunia Pérez del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric) y Merlin Morales, hermano de Isabel Morales.

La comisión entró de inmediato a Casa Presidencial, donde fueron atendidos por el asistente de Estado de la presidencia, Roger Ordoñez, quien escuchó a los integrantes de esa instancia en el planteamiento de sus posturas.

Al salir de la reunión que duró aproximadamente una hora, Berta Cáceres dio un discurso a los manifestantes notificándoles los resultados del diálogo: “Hemos planteado los puntos de exigencia que traemos para esta movilización; lamentablemente no fuimos atendidos ni por el Presidente, ni por los designados presidenciales, porque no se encontraban; entonces nos atendió el secretario de la presidencia, el señor Roger Ordoñez. Sabemos que no hay interés de parte del gobierno por solucionarnos esta situación, porque están a favor de los grupos de poder en el país. Pero no nos vamos a detener, seguiremos en la lucha. Ya vienen más personas en camino hacia el Congreso Nacional, lugar donde protestaremos de forma indefinida”.

Luego de Cáceres, discursaron Johnny Rivas y Hermes Reyes, culminando con la entonación del himno nacional por la artista en resistencia, Karla Lara.

Reforma Agraria integral y con equidad de género

Durante toda la movilización, el movimiento campesino que participó exigió la derogación de la Ley de Modernización Agrícola, iniciativa que fue implementada desde el gobierno de Rafael Leonardo Callejas a inicio de los años 90´s. Esta ley ha permitido el desorden agrícola y el beneficio para los grandes grupos empresariales que se han apoderado de la tierra de todo el país, el conflicto en el Bajo Aguán que ya cobra la vida de decenas de campesinos es una muestra.

En el marco de esta situación, la Secretaria General de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) en El Progreso, Magdalena Morales, dice que ellos están exigiendo a través de la movilización, que se derogue la Ley de Modernización Agrícola y en su lugar que se discuta y se apruebe una reforma agraria integral y con equidad de género, que permita la soberanía alimentaria y el desarrollo social.

“Es tiempo que se nos escuche, y que nos den un espacio para aplicar medidas justas, equitativas en lo que nos interesa, que es el acceso a la tierra. Con esta reforma queremos más equidad de género, porque la ley de ahora permite que cuando se le entregan los títulos de propiedad, solo va dirigida a los hombres y no a las mujeres, por esa razón queremos ser incluidas,” argumentó Morales.

Morales dice que el movimiento campesino está urgido por un cambio  estructural del sistema de gobierno, que pasa por permitir el acceso a la tierra de los trabajadores del campo, para así trabajarla y generar alimento para sus comunidades y por ende para el país.
Miembros de las organizaciones campesinas, aseguraron que estarán en pie de lucha, abanderando esa exigencia, que les permita conseguir una nueva demanda para los trabajadores del campo a nivel nacional.

Comunidades en contra de la minería y las ciudades modelo

La caminata tuvo la participación de organizaciones de varias comunidades perjudicadas por la implementación de proyectos mineros y por la venta del territorio a través de las Zonas Especiales de Desarrollo o Ciudades Modelos.

Esta fue otra de las exigencias que se hizo al gobierno de la república, que en los últimos años de gestión se ha empecinado por vender el país al mejor postor.

“Hoy estamos haciendo público, que no queremos minería en nuestras comunidades, que no queremos que se venda nuestro territorio, ni recursos naturales al mejor postor, ni a las transnacionales, es por eso que no vamos a parar la lucha en la calle, para que sepa este gobierno que las comunidades se oponen al daño que le están haciendo al pueblo”, afirmó Hermes Reyes en su discurso ante los protestantes.

La lucha de las comunidades en los sectores afectados por la minería y ciudades modelo, ha dejado ya varios muertos y heridos, dejando claro el carácter represivo del Estado y el poder de las grandes empresas en territorios que no les pertenecen.

Plantón indefinido en el Congreso Nacional

Luego del diálogo en Casa Presidencial, los manifestantes se trasladaron en caminata hacia los bajos del Congreso Nacional, lugar que ha sido epicentro de varias protestas durante la semana.

Ya instalados afuera del Congreso Nacional, los manifestantes declararon que habrá un plantón indefinido, hasta que el gobierno escuche y permita la liberación inmediata de Isabel Morales; así como la respuesta y solución a todas las demandas de la protesta.
“Estaremos acá hasta que nos den respuesta y hasta que hayan condiciones humanas para seguir exigiendo nuestras demandas”, sentenció el dirigente Luis Méndez.

Es así, como una nueva jornada de resistencia muestra el camino a seguir por parte del movimiento social y popular organizado para rescatar sus derechos y conquistas.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/933-pueblo-organizado-exige-liberaci%C3%B3n-de-campesino-isabel-morales

, , , , , , ,

Deja un comentario

Movilización Nacional de Territorios “Por la Dignidad, la Soberanía y la Libertad de Chabelo”

E-mail Print PDF

Tegucigalpa.

Más de 25 organizaciones del movimiento social, se movilizaron desde la zona norte al centro del país para demandar de las autoridades del Gobierno,  la derogación de una serie de leyes que atentan contra los bienes comunes de las comunidades y la soberanía del país.

La denominada Movilización Nacional de Territorios “Por la Dignidad, la Soberanía y la Libertad de Chabelo”  exige  la inmediata libertad del campesino preso político, José Isabel Morales, “Chabelo”, a quien se le ha violentado el pleno derecho a demostrar su inocencia, condenándole por intereses políticos injustamente a 17 años de cárcel, en plena violación de la Constitución de la República y de los derechos ciudadanos.

Las organizaciones demandan la derogación de la Ley de Modernización Agrícola, y en su lugar aprobar la  Ley de “Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y Desarrollo”.

“Nos movilizamos para exigir se derogue la ley de minería y la salida de Proyectos Hidroeléctricos y Mineros de los Territorios”, coreaban los protestantes en su recorrido a pie desde la comunidad de Zambrano en ruta hacia la capital.

Nos movilizamos para exigir se derogue la Ley que da vigencia a las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (ZEDE) llamadas Ciudades Modelo, y exigir que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Corte Suprema de Justicia por representantes de organizaciones del Movimiento social y popular.

Los movilizados y movilizadas quieren que se esclarezcan los feminicidios a nivel nacional por parte del Estado y que se castigue a quienes amparados en la impunidad que impera en el sistema de Justicia, siguen cometiendo actos de barbarie.

La movilización dio inicio el miércoles 14 de mayo, en horas de la mañana, saliendo de la comunidad de Zambrano y permaneció en la capital los día 14 y 15 de mayo. La movilización realizó plantones en cercanías de Casa Presidencial, el Tribunal Supremo Electoral y pernoctó en l Plaza de los Desaparecidos (Plaza La Merced) en donde varios de los movilizados se mantuvieron en ayuno de 48 horas en apoyo al movimiento social.

A la movilización se unieron Colectivos del Frente Nacional de Resistencia Popular, organizaciones de base, organizaciones del movimiento social y popular urbanos, artistas, escritores, feministas, juventudes, organizaciones políticas de izquierda, organizaciones de la diversidad sexual ( LGTBI) y todas las organizaciones en pie de lucha contra el sistema opresor y continuador del Golpe de Estado del 2009, organizaciones en lucha contra las políticas neoliberales, el imperialismo y el patriarcado.

Es importante contar con la solidaridad de la ciudadanía en general, llevándonos agua, granos básicos (frijoles, arroz etc) frutas, verduras, colchonetas, cobijas y medicamentos durante la caminata y especialmente para el plantón indefinido que tendremos a partir del 15 de Mayo en los bajos del Congreso Nacional.

Asimismo en la zona norte del país, nutrieron la movilización representantes de la Plataforma Regional Agraria del Aguan, (MOCRA, MARCA, MUCA, MCA) Empresa Asociativa Rigores, Empresa Asociativa Vallecito, Empresa Asociativa Gregorio Chávez, Empresa Asociativa Salado Lis Lis. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC. Asociación Intermunicipal y Vigencia Social de Honduras (AIDEVISH), Organizaciones de la Plataforma del Movimiento Social y Popular; Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, Región Norte.

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan COPA, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Instituto Ecuménico de Servicios a la Comunidad (INEHSCO) Red de Comercialización Comunitaria, Red COMAL. Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP. Capítulo Honduras – Articulación de Movimientos Sociales hacía el ALBA ( ALBA-MOVIMIENTOS).

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3132:movilizacion-nacional-de-territorios-por-la-dignidad-la-soberania-y-la-libertad-de-chabelo&catid=58:amb&Itemid=181

, , , , , ,

Deja un comentario

Caminan por liberación de Isabel Morales y por una verdadera reforma agraria

May 15, 2014

Ayer comenzó la Movilización Nacional de Territorios “Por la dignidad y soberanía y la libertad de Chabelo Morales” que desde el valle de Amarateca camina hacia Casa Presidencial para exigir un cese a las políticas de criminalización de la lucha en Honduras.

En este momento la caminata compuesta por diversas organizaciones populares está llegando a la capital política de la república y se movilizan hasta Casa Presidencial con pancartas. Sus demandas son:

1. Libertad para el preso político, campesino Isabel Morales.

2. Derogación de la Ley de Modernización Agrícola y aprobación de la Ley de Transformación Agraria Integral.

3. Derogación de la Ley de Minería.

4. Derogación de la Ley de ZEDES.

5. Salida de los proyectos hidroelécrticos de los territorios.

6. Esclarecimiento de los feminicidios a nivel nacional.

“Hay todo un pueblo en movilización para exigir la libertad del compañero Chabelo pero también para exigir una ley de reforma agraria integral que responda a lo que los campesinos y campesinas necesitan. Necesitamos un Estado que nos de respuestas, no hay razón de seguir callándonos tanta violencia en este país”, expresó uno de los caminantes.

Las organizaciones participantes son: Copinh, CNTC, organizaciones campesinas del Aguán, movimiento estudiantil, FNRP, Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia, organizaciones feministas, Partido Socialista de los Trabajadores, Plataforma Agraria, ERIC, entre otras.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/929-caminan-por-liberaci%C3%B3n-de-isabel-morales-y-por-una-verdadera-reforma-agraria

, , , , ,

Deja un comentario

Pueblos de los territorios hondureños protestan en Tegucigalpa contra medidas neoliberales

Contra los megaproyectos, los femicidios, la impunidad y por una verdadera reforma agraria integral

Por Giorgio Trucchi

Cientos de pobladores de distintos territorios de Honduras ya están en Tegucigalpa, en el marco de la Gran Movilización Nacional de Territorios “Por la Dignidad y la Soberanía”.

De acuerdo con un comunicado hecho público el pasado martes por las organizaciones convocantes, entre los objetivos de la movilización destacan exigir “la inmediata libertad del preso político, José Isabel ‘Chabelo’ Morales”, quien fue condenado injustamente a más de 17 de reclusión “violentando sus derechos ciudadanos y el derecho a demostrar su inocencia”, así como la derogación de la Ley de Modernización Agrícola y la aprobación de la Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género.

Asimismo, piden la derogación de la nueva Ley de Minería, que en estos días cumple un año de vigencia, la salida de los proyectos hidroeléctricos y mineros de los territorios, la derogación de la ley que dio vida a las cuestionadas y polémicas Zede (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), mejor conocidas como Ciudades Modelo, y que la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de inconstitucionalidad presentado por las organizaciones del movimiento social y popular hondureño.

El fin de los femicidios y el castigo para los asesinos que “amparados en la impunidad que impera en el sistema de justicia, siguen cometiendo actos de barbarie”, son otros de los objetivos que caracterizan esta gran movilización.

Según las organizaciones convocantes, entre otras, la Plataforma regional agraria del Aguán, la Plataforma del movimiento social y popular hondureño, el Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (COPINH), la Organización fraternal negra de Honduras (OFRANEH), el Movimiento amplio por la dignidad y la justicia (MADJ), el Frente nacional de resistencia popular (FNRP) y el Capítulo Honduras de la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA (ALBA MOVIMIENTOS), la llegada a Tegucigalpa está prevista para el día 15 de mayo y la permanencia frente al Congreso Nacional será por tiempo indefinido.

“Convocamos el pueblo a acompañarnos contra el sistema opresor y continuador del golpe de Estado del 2009, contra las políticas neoliberales, el imperialismo y el patriarcado”, concluye el comunicado.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/pueblos-de-los-territorios-hondure%C3%B1os-protestan-en-tegucigalpa-contra-medidas-neoliberales

, , , , , , , , ,

Deja un comentario

Avanza la Movilización Nacional de Territorios “Por la Dignidad, la Soberanía y la Libertad de Chabelo”

Versión para impresiónVersión PDF

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- A primeras horas de la mañana de este 14 de mayo, campesinos, campesinas, pueblos indígenas, pobladores y pobladoras del Movimiento Social y Popular fueron llegando a la comunidad de Zambrano para iniciar la Movilización Nacional de Territorios “Por la Dignidad, la Soberanía y la Libertad de Chabelo”.
Seis planteamientos que movilizan a hombres y mujeres que exigen un alto a la impunidad y el cese a la barbarie en contra de pueblos campesinos, indígenas y negros.
“En esta movilización nacional de territorios, de forma contundente se deja saber ante el pueblo hondureño y ante la comunidad internacional que el Estado de Honduras desde su Corte Suprema de Justicia, que el Gobierno de Juan Orlando Hernández es un continuador de la violación de los Derechos Humanos a través de este inoperante y mercantilizado sistema de justicia que,  sin tener pruebas impone una condena de 17 años de cárcel a José Isabel Morales, “Chabelo”,  condena que se imponen sin contar con la evidencia del caso”, indicaron más de 20 organizaciones participantes en un comunicado conjunto.
A esta movilización de suman las exigencias sobre:
  • La derogación de la Ley de Modernización Agrícola y por la aprobación del Decreto de Ley de “Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y Desarrollo”.

  • Se derogue la ley de minería y la salida de Proyectos Hidroeléctricos y Mineros de los Territorios.

  • Se derogue la Ley que da vigencia a las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo, ZEDE ó llamadas Ciudades Modelo,  e exigir se resuelva el recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Corte Suprema de Justicia por representantes de organizaciones del Movimiento Social y popular.

  • Exigir el esclarecimiento de los femicidios a nivel nacional por parte del Estado y castigo a quienes amparados en la impunidad que ipera en el sistema de Justicia siguen cometiendo actos de barbarie.

  • A más de tres meses de toma de la Alcaldía en San Francisco de Opalaca, el COPINH demanda al Estado de Honduras   el respeto  al proceso de Gobierno Indígena  Lenca  de  San  Francisco  de Opalaca,  el  respeto  a  la   Alcaldía  Indígena  y  legitima, a su autoridades  ancestrales  e  históricas,  respeto irrestricto  a  su autodeterminación, territorios y bienes de la naturaleza, a la destitución oficial del Alcalde impuesto por el régimen de Juan Orlando Hernández.



Plataforma Regional Agraria del Aguan,  (MOCRA, MARCA, MUCA, MCA, Empresa Asociativa Rigores, Empresa Asociativa Vallecito, Empresa Asociativa Gregorio Chávez, Empresa Asociativa Salado Lis Lis. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC.  Asociación Intermunicipal y Vigencia Social de Honduras (AIDEVISH), Organizaciones de la Plataforma del Movimiento Social y Popular; Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, Región Norte, Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan COPA,  Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH,  Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos,  Instituto Ecuménico de Servicios a la Comunidad (INEHSCO), Red de Comercialización Comunitaria, Red COMAL, Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, Capítulo Honduras – Articulación de Movimientos Sociales hacía el ALBA.

Fuente: http://conexihon.info/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos-conflicto-agrario-y-minero/avanza-la-movilizaci%C3%B3n-nacional

, , , , , , ,

Deja un comentario

Hay 160 solicitudes de exploración minera a punto de ser aprobadas

Abr 16, 2014

A pesar que se realizaron 7 jornadas de socialización de la Ley de Minerías en la que la población dijo “NO”; los diputados y diputadas del Congreso Nacional siguieron adelante con esta ley que está causando serios conflictos a nivel nacional.

Luego de la aprobación de la nueva Ley de Minerías, se encuentran en trámite más de 160 solicitudes de exploración minera en el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin). Al menos 26 de estas solicitudes corresponden al departamento de Valle.

En la aldea El Transito, en el sur del país, la ciudadanía denuncia que el gobierno conoce el problema desde el año pasado y pese a que las organizaciones comunitarias todas las semanas realizan visitas o denuncias ante la Fiscalía del Medio Ambiente, policía nacional, DNIC, Inhgeomin, Serna, en fin en todos lados, todas las autoridades se hacen de la vista gorda y siguen dejando a una comunidad expuesta a las agresiones y graves riesgos como lo sucedido hace una semana donde se produjo un enfrentamiento entre mineros y comunidad.

Pamela Matamoros secretaria del patronato de El Tránsito en Nacaome Valle, aseguró que en el departamento de Valle, hay más de 26 solicitudes para exploración minera en contra de la voluntad de las comunidades.

Matamoros agregó que seguirán las acciones para evitar la instalación de esta industria que únicamente deja dolor y desolación en las comunidades.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/858-hay-160-solicitudes-de-exploraci%C3%B3n-minera-a-punto-de-ser-aprobadas

, , , ,

Deja un comentario

Instalada la “segunda fiebre del oro”, Honduras requiere aplicación de la nueva Ley de Minería

18:44
14
Abril
2014
Tegucigalpa – Las comunidades hondureñas involucradas en el rubro de la minería parecen desconocer las reglas claras para su exploración y explotación, la normativa vigente parece ser desconocida para ellos, este hecho les ha llevado incluso a declararse en alerta por considerar que se les está afectando su recurso agua y la contaminación del ambiente incide en su entorno. Pero la llamada “segunda fiebre del oro” se ha instalado en la región.
Así en la zona de Nueva Esperanza, en Atlántida, la población se opone a la exploración minera y ha iniciado sendas protestas, mismas que se repiten en las comunidades indígenas de Locomapa y El Negrito, en Yoro, otras en Intibucá, en occidente, y ahora en El Tránsito, en el departamento de Valle.

Pero también en Choluteca existe inconformidad acerca de la llegada de las minas, en vista de la amarga experiencia dejada por la minera Entremares en el Valle de Siria, en el central departamento de Francisco Morazán, en donde las secuelas siguen latentes.

Para evitar episodios de consecuencias insospechadas, los legisladores aprobaron entre el año pasado, la nueva Ley de Minería que de acuerdo a las autoridades del medio ambiente fue ampliamente consensuada entre las comunidades porque en la misma se indica que ellas son actores claves en la decisión acerca si opera o no una empresa minera en su zona.

El país incluso se sumó a la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), por sus siglas en inglés, orientada a que las empresas dedicadas a este rubro rindan cuentas y sean más transparentes en sus acciones.

La nueva Ley de Minería enfrenta ahora desafíos en donde se establece que cuando se quiera explotar una mina, habrá un plazo de 60 días para consultar a la comunidad y socializar el proyecto, algo que no ha pasado en la localidad de El Tránsito, en Nacaome, Valle.

Allí al parecer se ha querido reactivar una vieja mina que operó allá por los años 1800, en la época de la minera Rosario Minning Company. Particulares sin orden de ningún tipo están detonando en la vieja mina y los habitantes denuncian que se les está contaminando el agua.

El alcalde de Nacaome, Valle, Víctor Flores, manifestó que no ha autorizado ningún permiso de explotación, en tanto la nueva ley de minería que ya se encuentra vigente señala que el pueblo debe ser consultado para que opere una mina, y que si éste niega el permiso, la empresa puede en tres años volver a intentar una nueva consulta. Nada de eso está ocurriendo en la región de El Tránsito.

Fiscales del ambiente y técnicos de la Secretaría del Ambiente se han desplazado a la zona para analizar la problemática que al parecer es similar a la de otras zonas en el país, en donde el gobierno se ve obligado a atender el problema antes que los afectados se revuelvan o que los interesados dejen nula la nueva ley, ahuyentado así la inversión extranjera y las mismas garantías de seguridad jurídica que ofrece el Estado.

La Ley de Minería contempla un plazo para que los beneficiados de las licencias comiencen la etapa de explotación, caso contrario les quitarán ese derecho. Las concesiones mineras pueden ser de exploración, explotación y/o beneficio. Las mismas pueden ser metálicas, no metálicas, de gemas o piedras preciosas.

La Ley de Minería aprueba también la explotación de cielo abierto y pese a las protestas de grupos ecologistas, los legisladores dejaron este método de explotación por considerar que la nueva normativa contiene mecanismos más rigurosos de control y vigilancia.

Más del 60 por ciento del territorio hondureño es apto para la exploración y explotación minera, según cifras del gobierno hondureño, y en los últimos nueve años se ha producido una especie de una segunda fiebre del oro en Centroamérica al anunciarse el interés de empresas mineras canadienses y estadounidenses, de explorar y explotar al menos 250 proyectos a lo largo del istmo, diseminados en al menos 23 regiones vírgenes.

En Honduras el interés por la minería no sólo se traduce en oro, ahora también el país ha entrado a la fase del otro oro hondureño como es el óxido de hierro, el cual se exporta principalmente hacia Asia. Como las mineras, las empresas dedicadas a la extracción del óxido de hierro tampoco están dejando mucho beneficio a las comunidades y será hasta ahora que está vigente la nueva ley minera, que empezarán a pagar un canon más adecuado por exploración y explotación.

La industria minera genera al país divisas por un poco más de 300 millones de dólares, según proyecciones oficiales que esperan un repunte de la industria en los próximos años, siempre y cuando la participación de las comunidades sea efectiva, porque a diferencia de hace más de una década, la defensa del medio ambiente se ha instalado más fuertemente en Honduras.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/04/14/Ciencia+y+Tecnolog%C3%ADa/Instalada.la.segunda/85053.html

, , , , , , , ,

Deja un comentario

Hay más de 160 solicitudes de exploración minera en trámite

13 de Abril de 2014

10:00PM   – Redacción: Denisse Rodríguez. Redacción La Prensa denisse.rodriguez@laprensa.hn

En Honduras existen 64 zonas mineras metálicas diseminadas en Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro.

En Honduras, la explotación minera está diseminada en gran parte del territorio nacional. Hay subterránea y de cielos
En Honduras, la explotación minera está diseminada en gran parte del territorio nacional. Hay subterránea y de cielos

Tegucigalpa. Después de la aprobación de la nueva Ley de Minerías, este rubro ha cobrado mayor fuerza, pues en este momento se encuentran en trámite más de 160 solicitudes de exploración minera en el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).

“Más de 160 solicitudes de concesiones han llegado, pero no todas serán aprobadas, hay que depurarlas, ver si realmente cumplen los requisitos y verificar si la zona de exploración no es protegida.

Hay muchas cosas que evaluar”, informó a LA PRENSA Carlos Padilla, jefe de Fiscalización de Inhgeomin.

Sin embargo, dijo que las que serán aprobadas ya están casi listas para ser concesionadas. De esa manera, las empresas comenzarán la primera etapa, consistente en la exploración.

La Ley de Minerías fue aprobada el 23 de abril de 2013.

“La Ley de Minerías ya nos da la posibilidad de recaudar fondos para el instituto y el Estado, ya que de 2012 para atrás la ley estaba cancelada y no podíamos hacer cobros de canon y penalidades, entre otras”.

Según un informe del Banco Central de Honduras (BCH), hasta el tercer trimestre de 2013, los productos no tradicionales reportaron un valor exportado de $1,817.8 millones, de los cuales las exportaciones mineras alcanzaron 6.9% de participación del total, que equivale a $125.42 millones, logrando un aumento de $8.1 millones por las exportaciones de óxido de hierro, zinc, plomo y plata.

Padilla informó que hasta el tercer trimestre de este año, Inhgeomin ha recaudado L28 millones, por lo que se espera que este año sea muy favorable para el rubro.

Zonas mineras

En Honduras existen 64 zonas mineras metálicas diseminadas en los departamentos de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro.

“Tenemos 64 zonas mineras a las que se les ha dado contrato. Esto no quiere decir que sea igual número de compañías porque algunas tienen varias zonas o puntos de donde extraen el mineral”, dijo Miguel Martínez, técnico catastral de Inhgeomin.

Explicó cada uno de los requisitos que deben cumplir las empresas que quieran explorar recursos minerales del país. Esta es la primera etapa para luego pasar a la explotación.

La exploración consiste en que la firma a la que se otorgó la concesión cuantifica el yacimiento o la reserva del mineral y con base en ese dato saca un porcentaje de ganancia, es decir cuánto hay de mineral y cuántos son los gastos y, si es factible, continúa con el proceso de explotación.

“Primero se pide la identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer actos de comercio. Eso tiene el fin de demostrar que tienen capacidad para ejercer el proyecto”.

Luego, el solicitante debe realizar una descripción de los vértices del área solicitada. Martínez explicó: “No quiere decir que si solicitan mil hectáreas, por ejemplo, para una exploración metálica, van a extraer todo el mineral. No es rentable. Tienen que buscar yacimientos que sean rentables para el proyecto y son puntos específicos, no serían todas las mil hectáreas”.

También el interesado debe identificar la sustancia de interés, presentar recibo de canon establecido, hacer un programa de actividades con la descripción correspondiente y plan de inversión mínima comprometida.

Además se debe presentar estados financieros, copia de la notificación presentada a la municipalidad correspondiente (ubicación de la zona minera), donde se informa de la intención de presentar la solicitud de concesión minera de exploración.

Una vez admitida la solicitud con los documentos respectivos, la autoridad minera por una sola vez deberá publicarlo en el diario de mayor circulación en la zona, en la radio y en la página de la institución. De esta manera, la gente interesada se dará cuenta y puede oponerse si es el caso, explicó Martínez.

Esperar más

Miriam Bueso, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (Anamimh), dijo que espera que el próximo año el rubro cobre mayor fuerza debido a que la ley aún es reciente.

“Para 2015 esperamos ver el panorama más seguro y que vengan más empresas; efectivamente algunas están entrando a hacer exploraciones”, expuso.

Indicó que la minería es una industria de alto riesgo porque la inversión es muy alta y se debe estar seguro de que el mineral que se busca tenga buen precio en el mercado internacional para sacar los costos de inversión.

 

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/641668-96/hay-m%C3%A1s-de-160-solicitudes-de-exploraci%C3%B3n-minera-en-tr%C3%A1mite

, , ,

Deja un comentario

El Negrito: primer municipio libre explotación minera

Mar 28, 2014

En ejercicio de su libre determinación, El Negrito, Yoro, se convirtió en el primer municipio en Honduras auto-declarado territorio libre de explotación minera. Esta decisión fue tomada en un cabildo abierto a petición de más de 50 comunidades quienes a través de una caminata exigieron a la actual administración encabezada por el alcalde Delvin Salgado que firmara esta determinación.

“Estamos amenazados por compañías mineras interesadas en la explotación de nuestros  bienes naturales. Todo esto motivado por la aprobación de la nueva Ley de Minería y la complicidad del Gobierno de la República;  el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin)  y  la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), quienes son las que dan el certero golpe  final legalizando y otorgando concesiones mineras por encima de la voluntad del pueblo”, indicó Modesta Morales, presidenta de la Red de Juntas de Agua del sector de Guaymas.

“Con esta determinación enviamos un claro mensaje de rechazo a la explotación de la minería y la tala del bosque,  rechazamos las tres solicitudes de concesiones mineras aprobadas, dos metálicas de oro y carbón y una no metálica, por SERNA, en nuestro municipio no queremos esta industria”, dijo el alcalde Delvin Salgado.

“Hemos visto los desastres que se han hecho en otros lados y las consecuencias que está viviendo mucha gente en el Valle de Siria ubicado al norte de Francisco Morazán y en el municipio San Andrés, Copán, en el occidente hondureño”, agregó el edil.

“Estamos en contra de aquello que venga a hacernos daño. Todas las fuentes de agua provienen de la parte alta de la montaña y es precisamente allí donde se quiere hacer la explotación minera”, expresó el sacerdote Andrés Colindres, encargado de la parroquia de El Negrito, y dijo que como iglesia también se han sumado a la lucha organizada en contra de esta explotación.

Aprueban veda forestal

Tras la autorización del Instituto de Conservación Forestal (ICF)  de cortar 200 árboles en la comunidad de Santa Elena, a pesar que están a menos de 80 metros de una fuente de agua y 400 árboles más ubicados en las aldeas El Cimarrón y La Coroza, las comunidades en cabildo abierto aprobaron una veda forestal. “La denuncia ya se interpuso en los diferentes entes, pues es preocupante para nosotros que se estén entregando los recursos naturales de un día para otro, en un mes el gobierno central y el Instituto de Conservación Forestal  ha otorgado la explotación de 3 mil metros cúbicos de madera en la cordillera Mico Quemado. Por eso las comunidades y la alcaldía hemos acordado  prohibir el corte de madera en toda esta zona”, expresó Delvin Salgado.

Por su parte José Ángel Hernández, presidente de la Comisiòn municipal de la compra de microcuencas, indicò que la decisión de  otorgar 10 años de veda es importante, ya que la desforestación  está reduciendo  la cantidad de agua que abastece al municipio.

El pueblo de El Negrito, que habita en 32 comunidades del sector de Guaymas, 18 comunidades de la montaña y todo el casco urbano  ha formado una Comisión para la compra y protección de Microempresas (COMIC), además son las principales protagonistas en la declaratoria de “municipio libre de explotación minera y los 10 años de veda en el bosque”.

La voz y fuerza del Pueblo    

El proceso tomó fuerza el año anterior cuando las comunidades se organizaron y desarrollaron  varias  movilizaciones en contra la imposición de explotación minera.  Las comunidades movilizadas y organizadas se unificaron en su diversidad con la consigna: “la voz del pueblo es la única que puede decidir sobre el presente y destino de sus territorios”.

Desde entonces se comprometieron a defender sus tierras, cultivos y forma de vida ante cualquier imposición o proyecto que ponga en riesgo a las futuras generaciones.  Estanislao Bustillo de la Red de Patronatos de Guaymas indicó que  la minería no solo amenaza los recursos de El Negrito, sino también los de El Progreso y Santa Rita en el departamento de Yoro.

En el caso de la ciudad ribereña, las organizaciones aglutinadas en la Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (Aidevish), arrancó un compromiso de las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Alexander López, de declarar al municipio libre de explotación minera.

Articulación de luchas

“Dentro de las estrategias de los mega-proyectos, las presas, hidroeléctricas y minas vienen juntas. Lo bueno es que poco a poco en Honduras y América Latina se está haciendo consciencia sobre la forma en que se les impone a las comunidades estos proyectos”, manifestó el ambientalista Juan Mejía.

El proceso de resistencia y articulación de los pueblos en defensa de los bienes comunes  lleva poco tiempo de construcción, sin embargo  es un reto desarrollar una verdadera articulación  para la  puesta en marcha de lucha nacional unificada.  “Lo ideal sería que se decrete al país como un territorio libre de explotación minera, pero eso se logrará en la medida en que el pueblo hondureño tome consciencia  y exija que estos proyectos de la muerte no se instalen en sus territorios, por eso la decisión tomada por la población de El Negrito es aplaudible y debe servir de modelo para el resto de los municipios”, concluyó el ambientalista.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/821-el-negrito-el-primer-municipio-libre-explotaci%C3%B3n-minera

, , , , , ,

Deja un comentario

COPINH advierte que detrás del discurso de centro izquierda de JOH, se esconden políticas entreguistas

E-mail Print PDF

Tegucigalpa.

La Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares  e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres advirtió recientemente que el gobierno de Juan Orlando Hernández comenzará a aplicar una serie de leyes que atentan contra la soberanía de los pueblos y que violan los derechos humanos de la nación hondureña. Cáceres dijo que detrás del discurso de “centro izquierda” que manejará el gobierno se esconden las políticas entreguistas de la actual administración.

La dirigenta se expresó en esos términos durante  un foro organizado por el Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia (Sitrapani) al cumplirse 30 años de la desaparición forzada en 1984 a manos de escuadrones de la muerte de su líder Gustavo Morales y del sindicalista de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Rolando Vindel.

Berta Cáceres señaló que el movimiento social tiene un gran reto por delante, porque la situación viene más difícil, con más militarización, más represión,  y la consolidación de la transnacionalización que es un hecho en este país y que tenemos que enfrentarlo de manera articulada, superando todas las diferencias y sectarismo que tengamos.

Cáceres advirtió que hay que estar preparados porque el gobierno de Juan Orlando Hernández comenzará a tener un discurso de “centro izquierda”, por lo que habrá que estar alertas, porque después de haber aprobado en el gobierno anterior las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la Ley de Minería, la Ley de Intervención de las Comunicaciones Privadas, ahora viene la aplicación de estas leyes.

En torno a la situación que enfrentan las mujeres en condiciones de abandono delas  políticas públicas, Cáceres apuntó que “ cuando se trata de mujeres indígenas o negras es triple la carga de marginación, por el hecho de que las mujeres son personas empobrecidas, surge la necesidad de luchar por las mujeres como sujetos políticos activos, no como objetos, floreros o adornos en las organizaciones, no como mujeres limitadas a una secretaría de la mujer, sino que a procesos liberadores que le apuesten a desmontar todas las formas de opresión”, expresó Cáceres.

Es desde esa lucha que el  COPINH ha venido haciendo un modesto esfuerzo donde mantenemos una batalla sin tregua, una lucha constante donde tiene que ver, no solo la defensa de los territorios donde estamos ubicados como pueblos originarios, sino también en la defensa de la autodeterminación, explicó la dirigenta social.

Cáceres resaltó que las mujeres están llamadas a luchar por toda una construcción cultural, política, histórica y espiritual que los pueblos han venido batallando desde hace miles de años.

Por otra parte resaltó que muchos movimientos sociales han asumido el compromiso de defender  la autonomía de los pueblos y de los “cuerpos”, porque las mujeres no han estado solo escuchando, sino también proponiendo y creando planes de vida.

“Esta realidad nos llama a tener más coherencia y a no solo limitarnos a tener un cargo para las mujeres o tener un discurso con inclusión de género o algún proyecto y metodologías con enfoque de género; debemos dar un paso más allá que implique un posicionamiento político contra la opresión, la lucha anti patriarcal y deben debatirse temas como la inclusión, la justicia, la igualdad, la democratización y la vida”, acotó Cáceres.

La dirigente del COPINH consideró que es necesario replantearse todos estos temas, porque en el COPINH no ha sido fácil posicionar una organización indígena mixta, con un posicionamiento anti patriarcal, no solo anticapitalista y antirracista.

Frente al avance de estos procesos  vienen reacciones sexistas, patriarcales violentas contra las mujeres, sobre todo cuando tenemos que liderar dichos procesos políticos, expuso Berta Cáceres.

“No es lo mismo recibir la agresión y la represión de los que dominan, sean capitalistas o patriarcales, no es lo mismo cuando somos mujeres, que cuando son hombres, así que desde experiencia de criminalización que hemos vivido por la defensa de nuestros derechos territoriales y culturales, como la lucha de Río Blanco que el próximo 1 de abril cumple un año de toma del territorio”.

“Día y noche, una lucha que ha expulsado a la transnacional más grande de este planeta en la construcción de represas como SYNOHIDRO (capital chino), enfrentar poderes como DESA, FICOHSA, el Banco Mundial, el Banco Holandés y a SIEMENS, a todos estos monstruos transnacionales, ese pueblo heroico sigue manteniéndose firme”, subrayó Cáceres.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3040:copinh-advierte-que-detras-del-discurso-de-centro-izquierda-de-joh-se-esconden-politicas-entreguistas&catid=58:amb&Itemid=181

, , , , , , ,

Deja un comentario

Los demonios de la minería en América Latina

17 marzo, 2014Publicado en: Destacada, Latinoamérica

Por Gilberto Lastra

latinoamerica_nomineriaSaquean empresas mineras a países de la América Latina con el consentimiento de sus propios gobiernos, y dejan una estela de contaminación irreversible por el uso de sustancias como el arsénico, cianuro de sodio o el ácido sulfúrico para la concentración de metales, por el método de extractivo a cielo abierto.

Organizaciones No Gubernamentales en América del sur, hablan que al día se utilizan 80 millones de litros de agua para el lavado de la molienda de la montaña tras la aplicación 8 toneladas de explosivos.

La pulverización de los cerros libera partículas de metales pesados que se introducen al organismo del ser humano, y afecta los tejidos y el metabolismo de los habitantes de las zonas cercanas a los aprovechamientos. Niños nacen deformes, brotan úlceras en la retinas y la piel sufre de hiperqueratosis.

La última resistencia son los pueblos, pero en centro y sur América, los gobiernos ajustan las leyes para evitar que protesten e impidan el acceso de la maquinaria en su territorio: se les criminaliza, agrede y detiene.

Según la ONG Mining Watch Canada, el gobierno de este país juega un papel preponderante en esta depredación porque el 60 por ciento las corporaciones mineras cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto con pocos requisitos, permitiéndoles esconder información y el 75 por ciento del total se registra en territorio canadiense.

En los países donde instalan sus proyectos, los negocios pagan solamente por impuestos por sus trabajadores y no por los metales que extraen. Y al comprar o rentar los terrenos, lo hacen por un valor inferior su precio comercial, detallan activistas de América Latina.

El extractivismo aumentó en los últimos años por el incremento en las demandas de algunos metales como el oro, la plata, cobre y litio para insumo de la industria automotriz y de telefonía celular, como en la de alimentos, el aluminio para la fabricación de latas.

 

El paraíso de las mineras

Una empresa minera en Canadá puede cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto con más facilidades que en otros centros financieros en el mundo, porque se les exigen menos requisitos como lo son las pautas voluntarias, reportar recursos minerales y menos informes.

Jen Moore, encargada del programa para América Latina para Mining Watch Canada, asegura que también existen ventajas tributarias: no pagan impuestos sobre inversiones fuera del país; existen relaciones exteriores armonizadas para servir la industria minera, que incluye la promoción diplomática, la cooperación internacional; impunidad en casos de abuso; fuerte dependencia sobre mecanismos voluntarios; poca implementación de la ley anti-corrupción, respuestas lentas a solicitudes bajo la ley de acceso a la información, y obstáculos para demandar a empresas en Canadá por violaciones fuera del país.

Moore habla de 12 casos en que funcionarios canadienses abren brecha o interfieren con gobiernos o activistas, uno de ellos en España, en Guatemala fue en tres ocasiones, y en la Canadá misma una vez; en Honduras y Ecuador presionaron los diplomáticos para la creación o reformas de una ley minera; en Filipinas y Costa Rica también participan al promover o mediar en conflictos de empresas.

En el caso de México, relata Moore la presencia de funcionarios canadienses fue en los estados de Chiapas y Morelos. En el primer caso, por medio de solicitud de acceso a la información al gobierno canadiense, se dio a conocer que la embajada apoyó a la empresa Blackfire Exploration que se le involucra en el conflicto por actividades mineras en que fue tiroteado el activista Mariano Abarca. Y en los documentos se detalla que sabían de existencia de activista antes de su asesinato.

En Morelos, habla Moore sobre la intervención de la embajadora Sara Hradecky a favor de la empresa Esperanza Resources, mina que causó protestas de los pobladores, junto con el Gobernador Graco Ramírez.

Miguel Mijangos Leal, activista de la Red Mexicana de Afectados por la Minera (REMA), asegunda a Moore en el tema las facilidades ofrecidas por el gobierno canadiense, al afirmar que este 60 por ciento de empresas, emiten acciones en Bolsa se inscribe en el Toronto Stock Exchange (TSX), en donde, entre 2007 y 2011, se destinaron 220 mil millones de dólares canadienses al financiamiento minero, más de un tercio del total mundial.

La Bolsa de Toronto se ubica muy por delante de su competidor directo, el London Stock Exchange (LSE). En 2011, el 90 por ciento de las acciones emitidas por el sector minero en el mundo fueron administradas por el TSX.

 

Relatoría de la ONU y sus asegunes

En el documento “Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indíge­nas, James Anaya”, (A/HRC/18/35) para el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el año del 2011, hay un reconocimiento explícito del daño en las comunidades nativas de los territorio del globo terráqueo por la industria extractiva.

Da la razón que: “los proyectos de extracción de recursos naturales y otros grandes proyectos de desarrollo llevados a cabo en territorios indígenas o en proximidad de ellos constituyen una de las fuentes más importantes de abuso de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo”.

En otro informe, James Anaya, urge a los Estados a crear legislación para regular el modelo extractivista, por ser la única manera viable de garantizar que no habrá abusos por las empresas trasnacionales ni en su territorio ni en sus recursos naturales.

Fue en el reporte «Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya: Las industrias extractivas y los pueblos indígenas » (A/HRC/24/41), Consejo de Derechos Humanos, de 2013.

“En el contexto de las industrias extractivas, la obligación del Estado de proteger los derechos humanos entraña necesariamente la existencia de un marco regulatorio que reconozca plenamente los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, así como los derechos que pueden verse afectados por las operaciones de extracción; que exija el respeto de esos derechos tanto en todas las decisiones administrativas pertinentes del Estado como en el comportamiento de las empresas extractivas; y que prevea sanciones y recursos efectivos cuando esos derechos sean vulnerados por actores públicos o privados. Ese marco regulatorio requiere leyes o reglamentos que incorporen las normas internacionales de derechos indígenas y que las pongan en práctica a través de los distintos componentes de la administración del Estado que rigen la tenencia de la tierra, la minería, la extracción y explotación de petróleo, gas y otros recursos naturales”.

Según Silvia Herrera, asesora de proyectos para la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), Anaya, para solicitar el respeto de los pueblos indígenas, utiliza la herramienta legal, la debida diligencia, para que aplicar las leyes internacionales en el momento que la del Estado sea débil o nula.

Herrera refiere los estos fragmentos de los informes del Relator Especial y habla que aún y con estos mecanismos legales a nivel internacional, en el momento de la instalación de una empresa extractiva, no se les solicita si quiera audiencia para tener el consentimiento a los pobladores de los lugares donde pretende extraer minerales en América.

Cita los ejemplos de la etnia Ixil en Guatemala, de la comunidad afro-descendiente de Anchicayá en Colombia, e incluso de los Guarani-Kaiowá en Brasil.

“A pesar de lo anterior, y de los avances en el ámbito legislativo y jurisprudencial en varios países de la región (referente al Convenio 169 creado por la Organización Internacional del Trabajo), el desarrollo de proyectos sin el consentimiento libre, previo e informado – y sus consecuencias en materia de violación de los derechos de los pueblos indígenas- son aún una constante en América Latina”.

Reconoce los puntos a favor de las comunidades al Relator Especial, pero contrapone en el último informe, en el que habla Anaya de la “extracción preferida”, para lograr una asociación entre los nativos y las empresas, pues considera que en América Latina no existen las condiciones, al menos en el corto plazo, para que se logre por el sistemático abuso de las negociantes mineras.

Otro de los puntos que critica Herrera sobre los informes del Relator Especial, es quién debe de hacer las consultas para aprobar la instalación de un proyecto extractivo, porque en reiteradas ocasiones, considera que el Estado o los gobiernos están obligados a que se realicen informados para ejercer su derecho de libre determinación; pero el último documento expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos toma otro rumbo, y da cuenta del apoyo a las empresas mineras.

Del informe de Anaya se extrae el fragmento: “En virtud de su derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas son libres de entablar negocia­ciones directamente con las empresas si así lo desean. De hecho, las negociaciones directas entre las empresas y los pueblos indígenas pueden ser la forma más eficiente y conveniente de llegar a acuerdos para la extracción de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas que respeten plena­mente los derechos de los pueblos indígenas, y pueden proporcionar a estos oportunidades de promover sus propias prioridades de desarrollo”.

Herrera habla que en el año del 2009, Anaya sostuvo una posición contraria a la de su último informe, y en ese documento refiere que es el Estado quien debe garantizar el proceso y respeto de los resultados de la consulta.

Asegura que las empresas deben efectuarla, pero en un carril distinto al de los gobiernos, porque el Estado debe garantizar la debida diligencia. “Las consultas y el diálogo encaminado a definir el modelo de desarrollo que va a afectar a estos pueblos no debe transferirse a otros actores, puesto que esto puede poner en duda la objetividad, la parcialidad y la efectividad de todo el proceso”.

Esta controversia, abre otra ruta informativa, porque miembros de la ONGs en centro y sur América, atestiguaron que en sus respectivos países, se informa a los pueblos sobre los daños de la minería, porque tanto los gobiernos como las empresas efectúan campañas para convencerlos que vendan sus tierras y permitan la extracción de minerales, con prebendas o promesas que no se cumplirán: se les miente a los habitantes de las comunidades.

En este juego de campañas y contracampañas, las ONGs en América Latina se enfocan en socializar el daño de este mecanismo de extracción y en afinar las consultas, la única arma legal para impedir la instalación de un proyecto; la otra es la movilización campesina e indígena en los lugares.

 

El trabajo en México

extractivismoEleuterio Rodríguez trabajó durante seis meses en una mina en la sierra de Durango, estado norteño en México; su labor era auxiliar a un minero abriendo brecha en el subsuelo, pero sin casco, guantes y ropa adecuada. Tampoco le entregaron un tapabocas.

Fumaradas de polvo le tocó tragar mientras taladraba su compañero las capas geológicas. De ocho horas en ocho, se le fue acumulando roca fracturada en los pulmones.

Alega que los pobladores del lugar saben dónde hay mejores vetas que las explotadas por las grandes mineras, pero prefieren burlarse de los geólogos que llegan al lugar a buscar los mejores tiros. Incluso lo hacen para evitar que sigan con la depredación de lo medio ambiente.

Eleuterio vive en la ciudad de Durango y trabaja barriendo banquetas y pintando casas o haciendo trabajos de jardinería porque perdió seis, el argumento: se le dijo que le pagarían directamente a su esposa; pero durante ese tiempo estuvo incomunicados de ella, y no supo que no cobró una sola quincena hasta que lo despidieron.

Su complexión física era exacta para el trabajo, sostener al que hace los boquetes, corpulento y alto, acostumbrado al trabajo duro y constante; por todo lo demás era desechable, y lo fue hasta que bajaron de la camioneta de la empresa en una de las calles de Durango.

No cree que alguna autoridad haga algo en su defensa, y por eso no interpuso denuncia alguna quiso que se le pagara lo que trabajó. Deja en claro que es demasiado el poder de las empresas mineras y su relación con los gobiernos, y perderá si comienza un juicio laboral. Está esperanzado en encontrar algún empleo de custodio en alguna cárcel. Siempre y cuando guarde el secreto de haber ido explotado en una mina serrana sin goce de sueldo.

En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), existen solamente 52 juicios legales de trabajadores a empresas mineras. Y Zacatecas registra 18 de ellos, y en Coahuila, Guanajuato, Hidalgo y Baja California sur son 5; Chihuahua y Sonora con 3; Sinaloa y San Luis Potosí con 2; y con uno, Tamaulipas, Michoacán, Nayarit y el Estado de México.

Al respecto Miguel Mijangos, representante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), habla de una disputa entre los dos sindicatos mineros en México, uno liderado por Napoleón Gómez Urrutia, y el blanco de Carlos Pavón, nacido para adelgazar los derechos laborales y en los contratos durante la administración federal panista: “no respetan antigüedad, pagos por accidentes y otras prestaciones que históricamente están vinculadas a los derechos laborales patronales”.

En el tema sindical, refiere la pugna generala creación de secciones de ambos mandos en varias minas, y el ejemplo son en la Sierrita de Galeana en el estado norteño de Durango y en Carrizalillo, en Guerrero. “Ello genera un ambiente hostil en la contratación de trabajadores, pues la empresa empuja a que sean por la vía del sindicato de Carlos Pavón, pues para ellos significa menos pagos en todo. Pero, por otra parte, el sindicato de Gómez Urrutia normalmente le gana la partida en el tribunal a la empresa y también establece su sección”.

Los acuerdos extralaborales se dan por el divisionismo de los sindicatos, y al final, incide en pocas demandas o juicios contra empresas mineras, dice.

El outsoursing viene a la alza en México, y considera Mijangos que dejan en indefensión a los trabajadores más que si los subcontrataran, porque ahora la empresas buscan a empleados que no sean sindicalizados, y se genera competencia por los espacios desvaneciendo las prestaciones laborales.

Esa falsa competencia laboral hace que tanto la empresa, como los sindicatos y los administradores del outsourcing abusen, y si algún trabajador reclama se le despide o lo amenaza despidiendo a amigos o familiares, dice al ejemplificar que así sucede en Carrizalillo, y por esto ya no realizan demandas.

 

Defender lo sagrado

En la zona wirrarica, se encuentran detenidas toda actividad de extracción de las 78 concesiones aprobadas, y 38 son administradas por First Majestic y Proyecto Universo trae las restantes 40 por la empresa Revolution Resources. Y una filial de Frisco, empresa de Carlos Slim Helú.

Es una zona protegida, la reserva Ecológica y Cultural de Wirikuta desde el año 1994 aún así existen 22 aprovechamientos mineros, abarcando aproximadamente 98 mil hectáreas de las más de 140 mil que forman la reserva, el 70 por ciento.

La movilización es pacífica y es importante de la unidad de los pueblos y con las ONGs que luchan contra la minería, dice Santos de la Cruz, integrante del Frente en Defensa de Wirikuta. Y el primer logro que menciona es la no extracción mientras se valora en los tribunales la razón jurídica.

No hay respuesta efectiva del Gobierno mexicano, y es por eso que las movilizaciones y los recursos legales han servido, asienta.

Y habla sobre uno de los problemas que vive el movimiento de defensa, porque las empresas mineras y los funcionarios de los municipios cercanos, y principalmente de Real de Catorce siembran la noticia falsa en la zona, “porque nos ponen como los malos, que nos queremos adueñar de su patrimonio. Lo hacen para causar problemas y dividirnos. Nosotros nos hemos acercado a ellos con éxito y se generó el movimiento”.

 

El apoyo institucional al extrativismo

Existe una Ley en la que se prohíbe a los propios nacidos en el territorio argentino el trabajar el modelo de extracción a cielo abierto. “Todas las concesiones tiene que ser entregadas a empresas extranjeras”, dice Carla Díaz Moreno activista de provincia de La Rioja.

También el Estado gaucho, otorga 30 años de estabilidad fiscal, -dice-, lo que se traduce en el no pago de impuestos ni de insumos para la extracción de minerales. “Y encima son subsidiados por el Gobierno nacional”.

Del total de impuestos declarados, a estas empresas se les reintegra entre un 8 y un 10 por ciento de lo tributado, asegura Díaz Moreno.

Recuerda que en Famatina, el saqueo viene desde la presencia de los españoles y luego por los ingleses, y ahora las trasnacionales buscan comenzar con la minería a cielo abierto. “La lucha en Argentina es en toda la cordillera de Los Andes. Nuestro pueblo ha logrado unirse y sacarse a la minera de encima. Se ha logrado frena a las empresas. Tenemos las desventaja que el gobierno nacional impulsa y avala la imposición de la minería en los pueblos”.

 

El conflicto andino

El Coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca Tupayachi, relata que en Perú la resistencia civil es alta, y en los últimos años lograron la destitución de dos funcionarios del gabinete nacional, y alude a los casos de Minas Conga y Tía María, en la gente se opone a la actividad minera.

Existen más conflictos, y uno es porque la gente solicita a las empresas mineras beneficios para los habitantes, ganancias por la extracción o fuentes en empleo; otros para evitar la depredación de los recursos naturales de la zona, asienta.

Con el auge de los metales en la última década por el aumento de los precios se generan importantes ingresos que van a dar al gobierno, que es ineficaz para administrarlos y mejorar el servicios de educación, salud, o ser competitivos, alega.

Resume que la Defensoría del pueblo registra en Perú 220 conflictos y el 55 por ciento están vinculados a la actividad minera.

El coordinador Regional en América Latina del Revenue Watch Institute, Carlos Monge, habla de los principales problemas generados en el país andino son de resistencia y convivencia, los últimos con una complejidad importante, porque las comunidades se enfrentan al ambiental y social generado por la instalación de megaproyectos mineros.

Monge reconoce que la resistencia logró poner a su favor el espacio político en cada región, y se vinculan. “En el caso de Tía María, la municipalidad jugó un rol importante para detener la actividad minera por el proceso de consulta con los instrumentos legales”.

En Conga hubo muertos y heridos por el conflicto de resistencia. “Se reprime a las personas que están en contra de la actividad minera”. Habla de la estrategia de los campesinos peruanos, pues rotan su presencia en el lugar para impedir el paso de maquinaria, y les permite la vigilancia de hasta 500 personas de permanentemente y evitar que se vacíen por las empresas mineras las lagunas ubicadas a 3,000 metros de altura.

En Perú existe la figura del Gobernador regional, y es otro pilar en el que sostiene la resistencia pues es un campesino o un maestro del lugar el que ocupa el cargo, afirma.

Pero, también existen los mineros populares, pues son habitantes de las mismas comunidades dedicadas a la extracción de minerales, y es el espacio, en el centro-sur del territorio peruano el lugar donde más se practica esta actividad sin el control adecuado de sustancias tóxicas, “es una minería sucia y se usa el arsénico con las manos, y en las casas, lo que hace más daño que incluso la gran minería”, advierte.

 

Lo promueven como país minero

extractivismo_mineria-degradacionEn el caso colombiano, se promueve la extracción de minerales como la vocación colombiana, con eco en las empresas de este tipo, pues en 2004 el registro es de mil 200 licencias y en el 2013 se contabilizan 9 mil 400 para hacer exploración, dijo Fabio Velázquez Carrillo, director de la Unidad de Proyectos de la Fundación Nacional por Colombia.

Dentro del programa de desarrollo de este país, la minería tiene un papel preponderante como un ingreso financiero, admite. Y en los lugares donde se han solicitado licencias y las aceptadas, se ubican en lugares habitados incluso.

Uno de los mecanismos para lograr esta cifra de concesiones, es que el gobierno nacional de Colombia contrapone principios constitucionales –asegura-, sobre el respeto al medio ambiente y las poblaciones que son minorías, y el movimiento social es constante para evitar que la minería a cielo abierto se efectúe.

Advierte otra amenaza: la minería artesanal, y explica que en Colombia existe una tradición ancestral para la extracción minera de metales como el oro, y genera también daño ambiental y se comenzó ya con el debate sobre los mecanismos de control ecológico y su regulación.

La violencia no queda fuera de esta vorágine colombiana de explotación mineral, porque afirma que pequeñas mafias de narcotraficantes lavan dinero al hacerse pasar por mineros. Incluso, se forman grupos paramilitares que obtienen ingresos por medio del comercio de metales.

Ejemplifica, Velázquez Carrillo, con el municipio de Piedras por la resonancia lograda en la opinión pública y en a clase política de Colombia, porque el alcalde del lugar llamó a una consulta popular para saber si estaban a favor o en contra que la minera asentada en este sitio arrojara los desechos de los procesos de exploración en predios cercanos, y el resultado fue claro, porque el 99 por ciento se opuso.

Y comenzó el debate legal en todo el país, porque se habló que este mecanismo de no contaba con la validez jurídica. “Lo que repercutió es lo simbólico de la posibilidad de reaccionar la soberanía popular para negarse a una empresa”. Y anuncia una secuencia de consultas para saber si las comunidades desean o no la instalación de las mineras en su territorio, y comenzar con una nueva forma de resistencia.

 

Se quedan sin agua

En el caso de El Salvador, su principal problema es la depredación del agua por la actividad minera en su propio territorio, como en la frontera con Guatemala y Honduras, advierte Edgardo Mira activista.

Entonces, para los salvadoreños la única forma de conservar el vital líquido para las comunidades es prohibir la minería metálica, porque en la frontera guatemalteca hay 90 proyectos y en los linderos con Honduras, son 40 más, lo que acabaría con el agua circulante en El Salvador, y se coordinan con organizaciones de los dos países para detener las concesiones colindantes.

Asegura que se socializa con las comunidades para lanzar la Ley Especial de Prohibición de Minería Mecánica y erradicar esta actividad.

 

Frenar por fisuras en la Ley

El caso guatemalteco fue explicado por Jorge Grijalva, integrante del Colectivo Selva Madre, y no solamente aplica en la minería, sino también en la agricultura. En el caso del modelo extractivo, asegura que se han detenido proyectos porque se logra la defensa legal validando lagunas legales y permite frenan el comienzo de la extracción, pero igual la resistencia civil; hace ya dos años no se les permite la entrada.

 

Luego del Golpe de Estado, campo libre

En Honduras, tras el golpe de Estado por Porfirio Lobo en 2009, se generó la posibilidad de 860 proyectos mineros, y el 60 por ciento ya son concesiones, además que la Ley garantiza las ganancias de las empresas.

Pedro Landa, coordinador en la Coalición Nacional de Redes Ambientales, explica que para evitar protestas o eliminar a los hondureños que se nieguen a permitir el libre paso de las compañías mineras, se tipificó como delito el bloquear carreteras, estrategia recurrente para evitar el paso de maquinaria para la extracción de minerales. Incluso, es causa de cárcel el atentar contra la libre empresa.

El hondureño asegura durante el proceso de gestación de la Ley Minera, tuvo injerencia de asesores de Canadá y Chile. Lo que se tradujo en un 60 por ciento de territorio permitido para la extracción de oro y plata principalmente.

Los consorcios mineros, pagan al Estado el 6 por ciento de sus ganancias, y el gobierno, 2 por ciento lo invierte en la policía y el ejército, fuerzas armadas que persiguen a los opositores de los megaproyecto para extraer metales.

Y recuerda, como en el caso colombiano, narcotraficantes solicitan las concesiones, pero no las usan, solamente lavan dinero por medio de la Ley de Transparencia de la Industria Extractiva del país centroamericano.

Juan Armendares, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, refiere que esta actividad implica el militarismo contra el pueblo por la petición de las empresas mineras al criminalizarse la estrategia para detener el saqueo del subsuelo.

Plantea el daño a todo lo viviente en los puntos geográficos de los proyectos, incluso a nivel celular, porque en el momento que se liberan los metales pesados atrapados en las presión de la corteza terrestre, son inhalados y van directo a los tejidos, incluso de los órganos reproductivos, y ahí las malformaciones en fetos.

Habla sobre dos casos en específico: Carrizalillo en México y Valle de Siria en Honduras los daños a la salud de los habitante del lugar, son irreversibles, pues hay personas con úlceras en la córnea e iris irritados en los ojos; procesos de envejecimiento prematuro en la piel, también hiperpigmentación y la hiperqueratosis; alopecia, la sindactalia, que son dedos unidos.

Refiere el término coloquial de la “rasquiña” como otros de los daños colaterales de la explotación minera: un deseo irrefrenable de rascarse durante todo el día y en la noche también, los que adquirieron, no duermen.

 

Cooperativismo disfrazado

En Bolivia, durante los años 80 se hicieron cambios en las leyes para fomentar la minería artesanal, y una forma de trabajar de manera corporativista en los pueblos, pero 20 años después, con los precios de los metales a la alza, esta forma de subsistencia se convirtió en un problema porque abarca el 60 por ciento de la actividad minera nacional, y el gobierno, solamente un 11 por ciento. El resto son empresas canadienses, japonesas, suizas y belgas.

El miembro del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Javier Gómez, refiere el crecimiento desmedido del gremio minero que sigue sin pagar impuestos pero aumentó su producción por la demanda de metales existente en el mundo y son 200 mil personas trabajando.

Habla también de la voracidad de los extractores locales afectan al sector agrícola. “Son empresas tapadas por lo que ellos llaman corporativo de trabajadores, pero en realidad son empresarios, en buena parte, que sobreexplotan la actividad de los empleados”.

En Bolivia la fuerza política más importante es la de los mineros, porque controlan más del 60 por ciento de las concesiones. “Están exentos de todo pago, de toda norma ambiental. Y desplazan a otro tipo de economías agropecuarias”.

Fuente: SDPnoticias

Fuente: http://www.movimientom4.org/2014/03/los-demonios-de-la-mineria-en-america-latina/

, , , , , , ,

Deja un comentario

“We came back to Struggle”

Indigenous communities in Honduras are fighting against new mining projects

The dirt road winds its way up into the mountains of Yoro, dropping down to cross the Locomapa River at several points along the way. It’s March, nearing the end of the dry season in this part of Honduras, and the pink blossoms of carao trees stand out against the dusty landscape of corn fields and coniferous forest. Near the river, in the community of San Francisco Campo, Celso Alberto Cabrera sits outside his simple wooden home. It is here that Indigenous Tolupan members of the San Francisco de Locomapa tribe maintained a 13-day road blockade in August 2013 to protest antimony mining in the tribe’s territory. And it is here that three Tolupan blockade participants were murdered on August 25. Cabrera’s 71-year-old mother, María Enriqueta Matute, was shot and killed in her kitchen. Armando Fúnez Medina and Ricardo Soto Fúnez were shot on the dirt patio outside the house, next to the road that runs through the middle of town.

photo of a hillside that has been stripminedphoto John Donaghy

“They died because they were involved with the resistance,” Cabrera said. The blockade ended with the murders and, that same day, Cabrera and seven other community leaders fled the region due to death threats. An arrest warrant issued for the two murder suspects hasn’t been carried out, but after the Inter-American Commission on Human Rights ordered precautionary measures for 38 people from the region, Cabrera and six others returned to Locomapa in February.

In theory, tribal policies mandate that no resource extraction can take place in the tribe’s territory without the approval of the tribal assembly, in which a majority of the tribe’s 900- plus members must be present to make decisions. No such authorization has occurred. “If the communities say no to mining, then that must be respected,” said Ramón Matute, who spent six months in exile due to his leadership in the struggle against mining.

Extractive projects are moving forward at an ever-increasing pace across Honduras, as the government tries to stay afloat by putting natural resources on the auction block. A combination of militarization and the lack of proper consultation – let alone free, prior, and informed consent from local communities – is causing conflict and resistance in Indigenous territories.

“We’re up against powerful interests,” Bertha Cáceres, general coordinator of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras, said of the struggles against extractive and energy projects throughout the country. It’s not only mining that worries her, but also hydroelectric dam construction, logging, and oil exploration. “Our concern is that all of the territories could end up in the hands of transnational corporations,” she said.

In the five years since the June 2009 coup that ousted President Manuel Zelaya, the Honduran government has issued an unprecedented number of natural resource concessions. National and international energy corporations now hold rights to dozens of rivers, including waterways on which Indigenous Tolupan, Lenca, and Garifuna communities depend. In March, British multinational BG Group began offshore oil and gas exploration in a 13,500-square-mile area off the coast of the remote Moskitia region, and Chevron has expressed interest in the area. Mining activities are expanding, and mining interests are exploring the mineral potential of 950 sites throughout the country.

Honduras is a signatory to the International Labour Organization Convention No. 169 on the rights of Indigenous and tribal peoples, as well as a signatory to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Yet the government’s obligations under these international agreements have not been adopted into national legislation. At the same time, legislative initiatives such as the 2011 Investment Promotion and Protection Law have strengthened the legal protections for private investment.

“Never before in all the history of Honduras has there been a greater push by the state to guarantee foreign investment,” said Miriam Miranda, general coordinator of OFRANEH, a federation representing the 46 Afro-Indigenous Garifuna communities spread out along the Caribbean coast. The Honduran government is increasingly focused on natural resource exploitation, and particularly mining, as a solution to its crippling debt. “The greater the economic crisis of the state, the greater the crisis for Indigenous peoples as well because the resources in our territories are placed at much greater risk,” Miranda said.

A new General Mining Law, passed in January 2013, opened the floodgates for mining around the country. The law put an end to a moratorium on mining concessions in place since 2006. Less than a week before the National Congress ratified regulations defining how the new mining law would be enacted, the Honduran government announced that 280 new mining concessions were in the works.

North American and European companies are currently operating four large-scale metallic mines in Honduras that produce gold, silver, zinc, lead, and iron. The extraction of iron oxide for export to China is expanding at a rapid pace, and new metallic and non-metallic mining plans are underway. The environmental and social impacts from the now closed San Martin gold mine in the Siria Valley, less than 100 miles from Locomapa, have been the center of mining resistance. “We’ve heard and seen that mining in the Siria Valley left behind destruction, left behind illnesses,” Ramón Matute said. Siria Valley residents have carefully documented and shared with communities throughout Central America their experience with community displacement, contamination and depletion of water sources, and health problems in the region affected by Goldcorp’s open pit mine.

Tolupan activists don’t have to look far for positive inspiration, either. Fifty miles west of Locomapa, thousands of residents of the municipality of El Negrito took to the streets on March 28 to protest gold and coal mining concessions. During a packed town hall meeting, municipal authorities backed the communities’ decision to ban all mining in the municipality. More often, however, the official response to community struggles for their lands and resources is militarization, criminalization, and repression. For example, when residents in Santa Barbara in western Honduras took to the streets on March 24 to protest mining, the Honduran government sent in the military police to evict their road blockade. Under the 2013 mining law, a percentage of mining royalties are paid directly into a security fund that finances the military police and other recently created security forces.

In Tolupan territory the resistance movement continues despite the 2013 murders and ongoing threats. Since Matute and other community leaders returned home to Locomapa and reunited with those who stayed behind, they have been busy organizing. “We didn’t come here to stay hidden in our houses. We came back to continue the struggle,” said Matute, secretary of the grassroots tribal Preventative Council, which was organized in the 1990s to defend natural resources from unrestrained exploitation.

José María Pineda hasn’t returned to Locomapa since August 2013. One of the most visible community leaders speaking out against resource extraction in Tolupan territory, Pineda has been the main target of death threats. But his time away from home hasn’t been wasted. He has traveled as far as Washington, DC to denounce human rights violations to the Inter-American Commission on Human Rights. For Pineda, the issue comes down to consultation and consent. “So long as that doesn’t happen, we’re right to oppose the continuing extraction of the riches of our Indigenous tribes in the municipality of Yoro,” he told Earth Island Journal in an interview in Tegucigalpa, the Honduran capital.

Back in Locomapa, the sweet aroma of ocote pine lingers in the air as the sun begins its descent behind the mountains. Sitting outside the house where his mother was killed, Celso Alberto Cabrera plays with his granddaughter. “My mother died defending a right, and we have to do the same because we’re thinking of the children who will be around after we’re gone,” he said.

Cabrera takes comfort in the fact that communities throughout Honduras are speaking out against destructive mining practices. “We feel it gives us great strength because we know that it’s not just us, that there are other organizations that are fighting this same battle,” he said. “We know that if at a certain point all of us in this struggle shout together, we will be heard.”

Sandra Cuffe is a freelance journalist currently based in Central America. Follow her on Twitter: @Sandra_Cuffe.

Fuente: http://www.earthisland.org/journal/index.php/eij/article/we_came_back_to_struggle/

, , , , ,

Deja un comentario

Serna absorberá el ICF y el Instituto de Minas

Martes 11 de febrero de 2014

08:50 pm  – Redacción 

Operará con tres subsecretarías, asegura el ministro. Estructura se modificará hasta que se apruebe un nuevo presupuesto.

El ministro José Antonio Galdámez (derecha) se reunió con su viceministro de Energía, Elvis Rodas.

El ministro José Antonio Galdámez (derecha) se reunió con su viceministro de Energía, Elvis Rodas. (Redacción)

Tegucigalpa,

Honduras

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) sufrirá una trasformación en su estructura orgánica al adherírsele el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y el recién creado Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).

Estas dos instituciones se sumarán desde ya a las funciones de la nueva Serna, pero será hasta el mes de octubre, con motivo de la aprobación del nuevo presupuesto, que se reformarán las leyes respectivas para dar vida al superministerio.

El ministro José Antonio Galdámez informó a EL HERALDO que tiene instrucciones precisas del gobernante Juan Orlando Hernández de eficientar los recursos, dinamizar y agilizar todo lo relacionado con la política energética, minera y forestal.

“Nos ha pedido que hagamos un proceso de reestructuración en la Serna, que estará conformada por tres instituciones que estaban trabajando de manera separada: recursos naturales, energía y ambiente más minas y el Instituto de Conservación Forestal (antes Cohdefor)”, dijo el ministro.

Como el Inhgeomin y el ICF están operando con el presupuesto que se les aprobó a finales de la última legislatura, continuarán así hasta que se hagan los ajustes respectivos a finales de año, pero operacionalmente estarán ligados a la Serna.

Es muy probable que a la Serna se le agregue una o dos letras relacionadas con minas y la función forestal, para eso están trabajando los expertos, refirió Galdámez, quien durante el gobierno de Lobo Sosa se desempeñó como subdirector del ICF.

Consecuentemente, en la Serna operarán tres viceministerios: Subsecretaría de Ambiente y Minas, Subsecretaría de Energía y Subsecretaría Forestal. Cada una tendrá bajo su mando varias direcciones.

“Los tres viceministerios permitirían una adecuada articulación y que no se concentren muchas de las acciones en una o dos personas. La idea es que seamos bastante funcionales, prácticos y que llevemos a crear un clima de inversión dentro del país”, expresó.

En el caso de Inhgeomin (antes Dirección de Fomento de la Minería), esta institución tuvo una vida fugaz porque apenas fue aprobada a finales del año pasado con motivo de la creación de la nueva Ley General de Minería, que la desprendió de la Serna para darle una estructura autónoma.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Serna-absorbera-el-ICF-y-el-Instituto-de-Minas

, , , ,

Deja un comentario

IDAMHO: Inconstitucionales 25 artículos de la Ley de Minería en Honduras

Escrito por Luis Vallecillo en Mié, 02/05/2014 – 13:20

Versión para impresiónVersión PDF

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) presentó el Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley General de Minería ante la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Los problemas ambientales son mucho más profundos pues que hay un mayor  deterioro ambiental  que en otros países en donde hay más control y estamos convencidos que la realización de los derechos fundamentales en honduras no solo tenemos que verlo desde el punto de vista colectivo y no de forma individualmente que están afectando estos derechos así como las víctimas de la minería a nivel de todo un país”, indicó Clarisa Vega, directora de IDAMOH.
La Ley General de Minería, contenida en el decreto legislativo número 238-2012 y publicado en el diario oficial la Gaceta el 2 de abril del 2013, fue cuestionada antes de su aprobación y ahora que se encuentra plenamente vigente, contiene vicios de constitucionalidad y por lo tanto debe ser derogada tanto por razones de forma, como de fondo o contenido.
Argumentos 
En las razones de forma se encuentran no hubo participación ciudadana en la aprobación de la Ley, no se respetó el proceso legislativo (dispensa de 2 debates), no se remitió al Presidente de la República en el plazo establecido (debido proceso).
En las razones de contenido se encuentra también se explica cómo cada artículo de la Ley violenta los preceptos constitucionales y tratados, se pretende la inconstitucionalidad de al menos 25 artículos de la Ley, se exponen ejemplos de hechos anteriores (experiencia).
Agregado a esto también se constató que hubo  explotación sin límites de tiempo, no se prohíben métodos extremos, profundidad indefinida, monopolio/área concesión, adicionar o sustituir sustancias, explotación en áreas protegidas y el abierto irrespeto a la autonomía municipal.
El recurso, preparado por el Instituto de Derecho ambiental de Honduras y con el apoyo de líderes comunitarios y demás miembros de la sociedad civil, pretende que los magistrados de la sala de lo Constitucional, declaren inconstitucional de al menos 35 artículos de la referida Ley, por violentar directamente los preceptos y garantías constitucionales y también los protocolos, tratados y convenios internacionales de las que Honduras forma parte y que contienen derechos humanos fundamentales reconocidos mundialmente.
Vega agregó que “muchas de estas áreas afectadas  han estado desprotegidas y ha habido casos interesantes ya que hay una asociación de comunidades afectadas por la minería y que tiene su paralela de comunidades que apoyan la minería así que nos espera una gran tarea en relación de que tenemos que hacer conciencia”.
Documental 
La organización también presentó su documental “La Mina San Martin en el Valle de Siria: un ejemplo de los impactos de la minería en Honduras” donde expuso parte de las consecuencias de una explotación minera sin controles efectivos, evaluaciones de impacto ambiental, medidas de reparación de daños y participación pública.
En este documental, Juan Almendares Bonilla, representante del movimiento ecologista Madre Tierra señaló que “los argumentos que se han dado para justificar esta Ley de Minería no me parecen que tienen una base científica, técnica, además no estamos no solo es de documentar esto si no de ver los seres humanos del valle de siria que están enfermos y yo los he visto y los ha visto gente de otros países y da terror aprobar una Ley Minera que favorezca a las empresas multinacionales”.
En los últimos 30 años el Estado de Honduras ha concedido en concesiones a compañías mineras, el 30% del territorio, estas compañías primordialmente son de Estados Unidos y Canadá.
“La socialización fue una farsa ya que al final fue reafirmar la explotación minera a base de cianuro y a cielo abierto y eso lo que hace indudablemente es reproducir el modelo de explotación minera”,  lamentó Bonilla, al destacar que el interés de las transnacionales en la extracción minera en Honduras es comprensible por la ventaja competitiva de ser un país con leyes y reglamentos muy permisivos, muchas exoneraciones, bajos cánones de por pago territorial, la falta de rigor en cumplimiento de estándares ambientales, nulo compromiso con las poblaciones locales”.

Uso de sustancias tóxicas
La minería genera y emplea en sus procesos, productos y sustancias tóxicas y se puede considerar una actividad de alto riesgo para la salud humana y la vida al utilizar sustancias como el cianuro, el plomo, el arsénico, el cadmio, el mercurio, y otros potencialmente tóxicos.
Dependiendo de la utilización de dichos elementos, ligados a la aparición de enfermedades como el cáncer, enfermedades pulmonares, dermatológicas, respiratorias, neurológicas; daños en los riñones, daños en el sistema reproductor, encelofatías  agudas, problemas gastrointestinales, cardiovasculares, disfunciones del aparato nervioso, afección del sistema inmunológico alteraciones genéticas, desarrollo anormal de embriones entre otros.
Los miembros de la IDAMHO concluyeron que “la leyes aprobadas por el Congreso Nacional deben responder la anhelo de los hondureños de una Honduras mejor, sustentada en los principios de la democracia participativa y desarrollo sostenible, considerando la situación de vulnerabilidad del país y el respeto a los derechos humanos a la vida a la integridad física, a la salud a la libertad de asociación, acceso a la información, a la propiedad, a un medio ambiente sano e igualdad ante la ley”.

, , , ,

Deja un comentario

Diez mineras metálicas sacarán brillo a la economía de Honduras en 2014

29 de Enero de 2014

10:05PM   – Redacción: Bessy Lara. La Prensa bessy.lara@laprensa.hn

Las expectativas del sector minero hondureño han aumentado para este año por el interés de los inversionistas extranjeros en la extracción de oro y plata; hay 950 sitios de investigación en todo el país

San Pedro Sula. La búsqueda de potencial minero para atraer nuevas inversiones es parte de los desafíos que enfrenta la industria del sector, que para este año contempla la apertura de 10 empresas mineras metálicas, afirman representantes de la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (Anamimh).

Entre los lugares adonde podrían operar están Olancho, Santa Barbara, El Paraíso, Choluteca y el norte de Francisco Morazán.

Según las cifras del Banco Central de Honduras (BCH) a octubre de 2013, la participación de los productos de la actividad minera en las exportaciones de mercancías generales, según la actividad económica, fue de 6.9%, lo que equivale a unos $232.7 millones.

Dicho valor es positivo al representar $11.5 millones más que lo registrado en el mismo período de 2012. El aumento obedece al incremento de la comercialización del óxido de hierro, hacia China especialmente, plata y plomo.

Dentro de ese contexto, a octubre de 2013 las exportaciones de óxido de hierro sumaron $62.7 millones para un crecimiento de 21.2% en relación con el año anterior.

Los envíos de plata generaron unos $24.8 millones, para un aumento de 7.7%; las exportaciones de zinc alcanzaron $24.7 millones, y por plomo se lograron $15.9 millones, lo que significa un alza de 13.4%.

En el caso específico de la minería metálica se contabilizaron más de $600 millones por exportaciones durante los últimos tres años, lo que le valió para posicionarse entre los rubros potenciales en el país.

 

Nuevas concesiones

En la actualidad, hay 950 sitios de investigación en todo el país para determinar la factibilidad de abrir nuevos yacimientos.

Con la aprobación de la nueva Ley de Minería en los comienzos del año 2013 y la definición de un nuevo Gobierno, inversionistas han puesto sus ojos en Honduras por la abundancia de todo tipo de material.

“Nos alegra porque significa creación de empleo”, dice Santos Gabino Carvajal, asesor y expresidente de la Anamimh.

Explica que muchos inversionistas europeos y asiáticos se dedicarán a la extracción de materiales que no han sido muy explotados.

“Hay muchas solicitudes de explotación de óxido de hierro que habían permanecido paralizadas, pero ya están en trámite. Se otorgarán concesiones que estaban en espera, algunas más grandes de las que habían existido en el área de los no metales”, indica. No obstante, una buena parte de los yacimientos se abrirán en los rubros de construcción o metales básicos, que en su mayoría sirven para cubrir la demanda local.

“Hablamos de metales como el hierro, plomo, zinc, entre otros. En todo se va a extraer mayor cantidad. También habrá canteras para sacar antimonio, yeso y caliza”, detalla Carvajal.

Además, en varios departamentos del occidente se comercializarán piedras preciosas como el jade, ópalo y otras de tipo ornamental. “Este será un buen año para la industria minera”, añade.

David Alcántara, jefe de la unidad de Ambiente y Seguridad del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), asegura que muchas de las nuevas empresas están interesadas en extraer oro y plata.

Honduras cuenta en la actualidad con siete minas metálicas y unas 300 no metálicas. Cada año se instalan de 25 a 50 minas no metálicas, las que en su mayoría están cerca del Valle de Sula y de Tegucigalpa.

 

La atracción de inversiones

Entre los esfuerzos que se hacen para atraer la inversión en este rubro figuran el convenio con la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (Eiti, por sus siglas en inglés), un organismo internacional que transparentará los procesos y verificará que las comunidades donde hay minas tengan impactos positivos.

“Esto posicionará al país en un nivel alto, lo que atraerá inversión”, dice Carlos Salinas, encargado de la secretaría de Eiti. Sin embargo, una preocupación para la industria extractiva se relaciona con la Ley de ordenamiento tributario aprobado por el Congreso Nacional (CN), porque elevará sus costos de exportación.

Flor Santamaría, gerente de Comunicaciones de la mina El Mochito, califica las medidas fiscales como un “golpe millonario”.

“Empleamos a 1,300 personas y no queremos despidos. Las nuevas medidas nos aumentan la energía eléctrica y los derivados del petróleo”, concluye.

Fuente: http://www.laprensa.hn/economia/445301-96/diez-mineras-metalicas-sacaran-brillo-a-la-economia-de-honduras-en-2014

, , , , , ,

Deja un comentario

On the Matter of Mining: Primum Non Nocere

One of the things you can count on in Honduras during the next four years is that there will be a lot more mining, mainly by foreign companies. In July 2013, President Lobo announced that the Honduran government, through the newly-created Honduran Institute of Geology and Mining (Inhgeomin), would award 280 concessions for mining as a way to increase revenue to help pay for the country’s growing public debt and lack of liquidity due primarily to an extremely inefficient tax collection system, widespread government incompetence and corruption, and a gross lack of national productivity. The concessions, made possible by the new Mining Law, pushed by President-elect Juan Orlando Hernández when he was president of the National Congress and passed by Congress on January 23, 2013, would essentially open up large swaths of Honduran land for all sorts of new mining, including the particularly destructive open pit kind.

With the Mining Law taking effect on April 23, 2013 and its regulations having entered into force on September 4, the path is now open for Inhgeomin to begin to seriously consider new mining and exploration permit applications. In December alone, there were at least 110 of these applications submitted. You can sense the momentum is quickly building for massive mining activity in Honduras by Canadians and others, as well as oil exploration off the country’s Caribbean coast by the British and others, and the continued construction of large hydroelectric projects (dams) by the Chinese and others.

 

All of this “investment” is being driven by the Honduran government’s thirst for capital… at any cost. It’s exactly the same reason the government has always had to borrow so much money from international and domestic banks and beg for foreign aid from foreign governments. Same reason it has had to then dispatch special emissaries pleading for debt pardons or desperately try to sell hundreds of millions of dollars of Honduran debt at extremely high rates of interest on international bond markets.

 

For reasons already generally stated in the first paragraph, Honduras never seems to have enough money to pay its bills and be able to invest wisely in its people to empower them to become self-sufficient and productive enough to successfully compete in world markets, or even regional ones. Consequently, its government all too often ends up trying to sell whatever it can to raise cash, quickly. It’s always like a yard sale in Honduras. Unfortunately (extremely so), this means selling off the natural resources of the country, which almost always ends up destroying the land and contaminating its water resources. This would be bad enough, degrading enough in-and-of-itself, but ultimately these type of “development” policies usually end up harming the vast majority of the Honduran people, especially those whose very survival depends on farming the land and drinking the water from the rivers, streams, and lakes. In other words, it is a method for starving and poisoning the people.

 

It’s a crazy sort of development advocated by short-sighted bureaucrats in Tegucigalpa (and backed by wealthy businessmen in San Pedro Sula) who seem isolated from the realities of the people in most of the rest of country, don’t care, or are at a complete loss for innovative alternative solutions. What is  certain is that they are hell-bent on violating the cornerstone of the Hippocratic Oath, primum non nocere… first, do no harm. (1/3/14)

Fuente: http://www.hondurasweekly.com/component/k2/item/20578-on-the-matter-of-mining-primum-non-nocere

, , , , , , , ,

Deja un comentario

La explotación minera hace repetitivas las tragedias

La explotación minera hace repetitivas las tragedias
“Con la nueva Ley de Minería nos  encontramos con un retroceso visible, si la ley anterior tenía 13 artículos  inconstitucionales y esta los repite  eso  nos va dando la pauta de que el Estado no está jugando un papel objetivo sino  parcializado a favor de la explotación minera”, expresó el analista  Fabricio Herrera en el análisis de realidad mensual que realiza el Equipo de  Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC en El Progreso, Yoro.

Herrera fue el responsable de la  investigación “La mina San Martín en el Valle de Siria” del Instituto  de Derecho Ambiental de Honduras, IDAMHO, con información detallada acerca de  la exploración, explotación y cierre de dicha mina.
Según Herrera la mina San Martín ha  sido la única que ha completado su proceso en Honduras, desde la exploración  hasta el pos cierre, por lo cual se puede evidenciar si ésta dejó el desarrollo  que tanto pregona esta industria para extraer los minerales del país.
“En términos económicos y  generales, la minería no aporta lo suficiente al producto interno bruto de  país, en este caso generó problemas y burbujas económicas en la localidad y  particularmente en el municipio San Ignacio, Francisco Morazán”, dijo.
En el año 2000 la empresa ”  Minerales Entremares Honduras S.A. de C.V ” obtuvo una concesión del  Estado hondureño para establecer allí la “Mina San Martín” en la zona  del Valle de Siria, para poder explotar 14 mil 100 hectáreas cuadradas en los  municipios de El Porvenir y San Ignacio en el departamento de Francisco  Morazán, para fines de extracción de oro.
Este estudio también muestra que hubo  daños en el tejido social y en la salud de la población que vivía en las  cercanías de la mina, 62 fueron las personas encontradas con metales pesados en  la sangre y enfermedades producidas por la contaminación de la mina y de esto  no se ha responsabilizado a nadie.
Herrera es de la opinión de que esta  industria solo trae más tragedias al país, y ahora con la nueva Ley de Minería,  el Estado se ha encargado de promocionar el territorio nacional como si fuera mercancía.
Estas tragedias son palpables en el  Valle de Siria, pero también en San Andrés, La Unión, Copán, donde Aura  Minerals extrae oro  y donde tres  comunidades han sido desplazadas sin las medidas de mitigación necesarias.  Según Herrera, a estas personas no se les ha garantizado nunca vivir en un  ambiente sin contaminación, pues la mina se ha extendido a grandes niveles.
“La mina de San Andrés al ser  igual de cielo abierto y teniendo las comunidades mucho más cerca que las de  San Martín, evidentemente provocará superiores cantidades de daño hacia la  salud humana.
Pero vemos la actitud de los  funcionarios en favor de estas empresas. Cuando entregamos el informe a  tomadores de decisiones, los empleados de  Ingeomin (Instituto de Geología y Minería) actuaron de una manera tan terrible  casi como porristas defendiendo intereses mineros en vez de resguardar los  intereses de la sociedad”, contaba Herrera.
Actualmente, son 500 concesiones para  explotación minera metálica y no metálica, las que están en espera, una  avalancha contra comunidades como Nueva Esperanza en Atlántida que ya lleva un  año en oposición a un proyecto de exploración de óxido de hierro, esto les ha  traído la misma división que produjo la mina San Martín en Valle de Siria.
Ante esta situación Herrera instó a las  comunidades que están en peligro, muchas de Atlántida, Francisco Morazán,  Choluteca y Santa Bárbara, los departamentos más apetecidos, a que se articulen  para defender, no solo la porción que les toca sino todo el territorio  nacional.

Fuente: http://tt.radioprogresohn.net/~rprog/multimedia/boletines_2013/boletin308/plantillacompleta/index.html#ir1

, , ,

Deja un comentario

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 55 seguidores