Entradas etiquetadas como Ley de Minería

Hay 160 solicitudes de exploración minera a punto de ser aprobadas

Abr 16, 2014

A pesar que se realizaron 7 jornadas de socialización de la Ley de Minerías en la que la población dijo “NO”; los diputados y diputadas del Congreso Nacional siguieron adelante con esta ley que está causando serios conflictos a nivel nacional.

Luego de la aprobación de la nueva Ley de Minerías, se encuentran en trámite más de 160 solicitudes de exploración minera en el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin). Al menos 26 de estas solicitudes corresponden al departamento de Valle.

En la aldea El Transito, en el sur del país, la ciudadanía denuncia que el gobierno conoce el problema desde el año pasado y pese a que las organizaciones comunitarias todas las semanas realizan visitas o denuncias ante la Fiscalía del Medio Ambiente, policía nacional, DNIC, Inhgeomin, Serna, en fin en todos lados, todas las autoridades se hacen de la vista gorda y siguen dejando a una comunidad expuesta a las agresiones y graves riesgos como lo sucedido hace una semana donde se produjo un enfrentamiento entre mineros y comunidad.

Pamela Matamoros secretaria del patronato de El Tránsito en Nacaome Valle, aseguró que en el departamento de Valle, hay más de 26 solicitudes para exploración minera en contra de la voluntad de las comunidades.

Matamoros agregó que seguirán las acciones para evitar la instalación de esta industria que únicamente deja dolor y desolación en las comunidades.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/858-hay-160-solicitudes-de-exploraci%C3%B3n-minera-a-punto-de-ser-aprobadas

, , , ,

Deja un comentario

Instalada la “segunda fiebre del oro”, Honduras requiere aplicación de la nueva Ley de Minería

18:44
14
Abril
2014
Tegucigalpa – Las comunidades hondureñas involucradas en el rubro de la minería parecen desconocer las reglas claras para su exploración y explotación, la normativa vigente parece ser desconocida para ellos, este hecho les ha llevado incluso a declararse en alerta por considerar que se les está afectando su recurso agua y la contaminación del ambiente incide en su entorno. Pero la llamada “segunda fiebre del oro” se ha instalado en la región.
Así en la zona de Nueva Esperanza, en Atlántida, la población se opone a la exploración minera y ha iniciado sendas protestas, mismas que se repiten en las comunidades indígenas de Locomapa y El Negrito, en Yoro, otras en Intibucá, en occidente, y ahora en El Tránsito, en el departamento de Valle.

Pero también en Choluteca existe inconformidad acerca de la llegada de las minas, en vista de la amarga experiencia dejada por la minera Entremares en el Valle de Siria, en el central departamento de Francisco Morazán, en donde las secuelas siguen latentes.

Para evitar episodios de consecuencias insospechadas, los legisladores aprobaron entre el año pasado, la nueva Ley de Minería que de acuerdo a las autoridades del medio ambiente fue ampliamente consensuada entre las comunidades porque en la misma se indica que ellas son actores claves en la decisión acerca si opera o no una empresa minera en su zona.

El país incluso se sumó a la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), por sus siglas en inglés, orientada a que las empresas dedicadas a este rubro rindan cuentas y sean más transparentes en sus acciones.

La nueva Ley de Minería enfrenta ahora desafíos en donde se establece que cuando se quiera explotar una mina, habrá un plazo de 60 días para consultar a la comunidad y socializar el proyecto, algo que no ha pasado en la localidad de El Tránsito, en Nacaome, Valle.

Allí al parecer se ha querido reactivar una vieja mina que operó allá por los años 1800, en la época de la minera Rosario Minning Company. Particulares sin orden de ningún tipo están detonando en la vieja mina y los habitantes denuncian que se les está contaminando el agua.

El alcalde de Nacaome, Valle, Víctor Flores, manifestó que no ha autorizado ningún permiso de explotación, en tanto la nueva ley de minería que ya se encuentra vigente señala que el pueblo debe ser consultado para que opere una mina, y que si éste niega el permiso, la empresa puede en tres años volver a intentar una nueva consulta. Nada de eso está ocurriendo en la región de El Tránsito.

Fiscales del ambiente y técnicos de la Secretaría del Ambiente se han desplazado a la zona para analizar la problemática que al parecer es similar a la de otras zonas en el país, en donde el gobierno se ve obligado a atender el problema antes que los afectados se revuelvan o que los interesados dejen nula la nueva ley, ahuyentado así la inversión extranjera y las mismas garantías de seguridad jurídica que ofrece el Estado.

La Ley de Minería contempla un plazo para que los beneficiados de las licencias comiencen la etapa de explotación, caso contrario les quitarán ese derecho. Las concesiones mineras pueden ser de exploración, explotación y/o beneficio. Las mismas pueden ser metálicas, no metálicas, de gemas o piedras preciosas.

La Ley de Minería aprueba también la explotación de cielo abierto y pese a las protestas de grupos ecologistas, los legisladores dejaron este método de explotación por considerar que la nueva normativa contiene mecanismos más rigurosos de control y vigilancia.

Más del 60 por ciento del territorio hondureño es apto para la exploración y explotación minera, según cifras del gobierno hondureño, y en los últimos nueve años se ha producido una especie de una segunda fiebre del oro en Centroamérica al anunciarse el interés de empresas mineras canadienses y estadounidenses, de explorar y explotar al menos 250 proyectos a lo largo del istmo, diseminados en al menos 23 regiones vírgenes.

En Honduras el interés por la minería no sólo se traduce en oro, ahora también el país ha entrado a la fase del otro oro hondureño como es el óxido de hierro, el cual se exporta principalmente hacia Asia. Como las mineras, las empresas dedicadas a la extracción del óxido de hierro tampoco están dejando mucho beneficio a las comunidades y será hasta ahora que está vigente la nueva ley minera, que empezarán a pagar un canon más adecuado por exploración y explotación.

La industria minera genera al país divisas por un poco más de 300 millones de dólares, según proyecciones oficiales que esperan un repunte de la industria en los próximos años, siempre y cuando la participación de las comunidades sea efectiva, porque a diferencia de hace más de una década, la defensa del medio ambiente se ha instalado más fuertemente en Honduras.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/04/14/Ciencia+y+Tecnolog%C3%ADa/Instalada.la.segunda/85053.html

, , , , , , , ,

Deja un comentario

Hay más de 160 solicitudes de exploración minera en trámite

13 de Abril de 2014

10:00PM   – Redacción: Denisse Rodríguez. Redacción La Prensa denisse.rodriguez@laprensa.hn

En Honduras existen 64 zonas mineras metálicas diseminadas en Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro.

En Honduras, la explotación minera está diseminada en gran parte del territorio nacional. Hay subterránea y de cielos
En Honduras, la explotación minera está diseminada en gran parte del territorio nacional. Hay subterránea y de cielos

Tegucigalpa. Después de la aprobación de la nueva Ley de Minerías, este rubro ha cobrado mayor fuerza, pues en este momento se encuentran en trámite más de 160 solicitudes de exploración minera en el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).

“Más de 160 solicitudes de concesiones han llegado, pero no todas serán aprobadas, hay que depurarlas, ver si realmente cumplen los requisitos y verificar si la zona de exploración no es protegida.

Hay muchas cosas que evaluar”, informó a LA PRENSA Carlos Padilla, jefe de Fiscalización de Inhgeomin.

Sin embargo, dijo que las que serán aprobadas ya están casi listas para ser concesionadas. De esa manera, las empresas comenzarán la primera etapa, consistente en la exploración.

La Ley de Minerías fue aprobada el 23 de abril de 2013.

“La Ley de Minerías ya nos da la posibilidad de recaudar fondos para el instituto y el Estado, ya que de 2012 para atrás la ley estaba cancelada y no podíamos hacer cobros de canon y penalidades, entre otras”.

Según un informe del Banco Central de Honduras (BCH), hasta el tercer trimestre de 2013, los productos no tradicionales reportaron un valor exportado de $1,817.8 millones, de los cuales las exportaciones mineras alcanzaron 6.9% de participación del total, que equivale a $125.42 millones, logrando un aumento de $8.1 millones por las exportaciones de óxido de hierro, zinc, plomo y plata.

Padilla informó que hasta el tercer trimestre de este año, Inhgeomin ha recaudado L28 millones, por lo que se espera que este año sea muy favorable para el rubro.

Zonas mineras

En Honduras existen 64 zonas mineras metálicas diseminadas en los departamentos de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro.

“Tenemos 64 zonas mineras a las que se les ha dado contrato. Esto no quiere decir que sea igual número de compañías porque algunas tienen varias zonas o puntos de donde extraen el mineral”, dijo Miguel Martínez, técnico catastral de Inhgeomin.

Explicó cada uno de los requisitos que deben cumplir las empresas que quieran explorar recursos minerales del país. Esta es la primera etapa para luego pasar a la explotación.

La exploración consiste en que la firma a la que se otorgó la concesión cuantifica el yacimiento o la reserva del mineral y con base en ese dato saca un porcentaje de ganancia, es decir cuánto hay de mineral y cuántos son los gastos y, si es factible, continúa con el proceso de explotación.

“Primero se pide la identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer actos de comercio. Eso tiene el fin de demostrar que tienen capacidad para ejercer el proyecto”.

Luego, el solicitante debe realizar una descripción de los vértices del área solicitada. Martínez explicó: “No quiere decir que si solicitan mil hectáreas, por ejemplo, para una exploración metálica, van a extraer todo el mineral. No es rentable. Tienen que buscar yacimientos que sean rentables para el proyecto y son puntos específicos, no serían todas las mil hectáreas”.

También el interesado debe identificar la sustancia de interés, presentar recibo de canon establecido, hacer un programa de actividades con la descripción correspondiente y plan de inversión mínima comprometida.

Además se debe presentar estados financieros, copia de la notificación presentada a la municipalidad correspondiente (ubicación de la zona minera), donde se informa de la intención de presentar la solicitud de concesión minera de exploración.

Una vez admitida la solicitud con los documentos respectivos, la autoridad minera por una sola vez deberá publicarlo en el diario de mayor circulación en la zona, en la radio y en la página de la institución. De esta manera, la gente interesada se dará cuenta y puede oponerse si es el caso, explicó Martínez.

Esperar más

Miriam Bueso, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (Anamimh), dijo que espera que el próximo año el rubro cobre mayor fuerza debido a que la ley aún es reciente.

“Para 2015 esperamos ver el panorama más seguro y que vengan más empresas; efectivamente algunas están entrando a hacer exploraciones”, expuso.

Indicó que la minería es una industria de alto riesgo porque la inversión es muy alta y se debe estar seguro de que el mineral que se busca tenga buen precio en el mercado internacional para sacar los costos de inversión.

 

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/tegucigalpa/641668-96/hay-m%C3%A1s-de-160-solicitudes-de-exploraci%C3%B3n-minera-en-tr%C3%A1mite

, , ,

Deja un comentario

El Negrito: primer municipio libre explotación minera

Mar 28, 2014

En ejercicio de su libre determinación, El Negrito, Yoro, se convirtió en el primer municipio en Honduras auto-declarado territorio libre de explotación minera. Esta decisión fue tomada en un cabildo abierto a petición de más de 50 comunidades quienes a través de una caminata exigieron a la actual administración encabezada por el alcalde Delvin Salgado que firmara esta determinación.

“Estamos amenazados por compañías mineras interesadas en la explotación de nuestros  bienes naturales. Todo esto motivado por la aprobación de la nueva Ley de Minería y la complicidad del Gobierno de la República;  el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin)  y  la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), quienes son las que dan el certero golpe  final legalizando y otorgando concesiones mineras por encima de la voluntad del pueblo”, indicó Modesta Morales, presidenta de la Red de Juntas de Agua del sector de Guaymas.

“Con esta determinación enviamos un claro mensaje de rechazo a la explotación de la minería y la tala del bosque,  rechazamos las tres solicitudes de concesiones mineras aprobadas, dos metálicas de oro y carbón y una no metálica, por SERNA, en nuestro municipio no queremos esta industria”, dijo el alcalde Delvin Salgado.

“Hemos visto los desastres que se han hecho en otros lados y las consecuencias que está viviendo mucha gente en el Valle de Siria ubicado al norte de Francisco Morazán y en el municipio San Andrés, Copán, en el occidente hondureño”, agregó el edil.

“Estamos en contra de aquello que venga a hacernos daño. Todas las fuentes de agua provienen de la parte alta de la montaña y es precisamente allí donde se quiere hacer la explotación minera”, expresó el sacerdote Andrés Colindres, encargado de la parroquia de El Negrito, y dijo que como iglesia también se han sumado a la lucha organizada en contra de esta explotación.

Aprueban veda forestal

Tras la autorización del Instituto de Conservación Forestal (ICF)  de cortar 200 árboles en la comunidad de Santa Elena, a pesar que están a menos de 80 metros de una fuente de agua y 400 árboles más ubicados en las aldeas El Cimarrón y La Coroza, las comunidades en cabildo abierto aprobaron una veda forestal. “La denuncia ya se interpuso en los diferentes entes, pues es preocupante para nosotros que se estén entregando los recursos naturales de un día para otro, en un mes el gobierno central y el Instituto de Conservación Forestal  ha otorgado la explotación de 3 mil metros cúbicos de madera en la cordillera Mico Quemado. Por eso las comunidades y la alcaldía hemos acordado  prohibir el corte de madera en toda esta zona”, expresó Delvin Salgado.

Por su parte José Ángel Hernández, presidente de la Comisiòn municipal de la compra de microcuencas, indicò que la decisión de  otorgar 10 años de veda es importante, ya que la desforestación  está reduciendo  la cantidad de agua que abastece al municipio.

El pueblo de El Negrito, que habita en 32 comunidades del sector de Guaymas, 18 comunidades de la montaña y todo el casco urbano  ha formado una Comisión para la compra y protección de Microempresas (COMIC), además son las principales protagonistas en la declaratoria de “municipio libre de explotación minera y los 10 años de veda en el bosque”.

La voz y fuerza del Pueblo    

El proceso tomó fuerza el año anterior cuando las comunidades se organizaron y desarrollaron  varias  movilizaciones en contra la imposición de explotación minera.  Las comunidades movilizadas y organizadas se unificaron en su diversidad con la consigna: “la voz del pueblo es la única que puede decidir sobre el presente y destino de sus territorios”.

Desde entonces se comprometieron a defender sus tierras, cultivos y forma de vida ante cualquier imposición o proyecto que ponga en riesgo a las futuras generaciones.  Estanislao Bustillo de la Red de Patronatos de Guaymas indicó que  la minería no solo amenaza los recursos de El Negrito, sino también los de El Progreso y Santa Rita en el departamento de Yoro.

En el caso de la ciudad ribereña, las organizaciones aglutinadas en la Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (Aidevish), arrancó un compromiso de las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Alexander López, de declarar al municipio libre de explotación minera.

Articulación de luchas

“Dentro de las estrategias de los mega-proyectos, las presas, hidroeléctricas y minas vienen juntas. Lo bueno es que poco a poco en Honduras y América Latina se está haciendo consciencia sobre la forma en que se les impone a las comunidades estos proyectos”, manifestó el ambientalista Juan Mejía.

El proceso de resistencia y articulación de los pueblos en defensa de los bienes comunes  lleva poco tiempo de construcción, sin embargo  es un reto desarrollar una verdadera articulación  para la  puesta en marcha de lucha nacional unificada.  “Lo ideal sería que se decrete al país como un territorio libre de explotación minera, pero eso se logrará en la medida en que el pueblo hondureño tome consciencia  y exija que estos proyectos de la muerte no se instalen en sus territorios, por eso la decisión tomada por la población de El Negrito es aplaudible y debe servir de modelo para el resto de los municipios”, concluyó el ambientalista.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/821-el-negrito-el-primer-municipio-libre-explotaci%C3%B3n-minera

, , , , , ,

Deja un comentario

COPINH advierte que detrás del discurso de centro izquierda de JOH, se esconden políticas entreguistas

E-mail Print PDF

Tegucigalpa.

La Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares  e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres advirtió recientemente que el gobierno de Juan Orlando Hernández comenzará a aplicar una serie de leyes que atentan contra la soberanía de los pueblos y que violan los derechos humanos de la nación hondureña. Cáceres dijo que detrás del discurso de “centro izquierda” que manejará el gobierno se esconden las políticas entreguistas de la actual administración.

La dirigenta se expresó en esos términos durante  un foro organizado por el Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia (Sitrapani) al cumplirse 30 años de la desaparición forzada en 1984 a manos de escuadrones de la muerte de su líder Gustavo Morales y del sindicalista de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Rolando Vindel.

Berta Cáceres señaló que el movimiento social tiene un gran reto por delante, porque la situación viene más difícil, con más militarización, más represión,  y la consolidación de la transnacionalización que es un hecho en este país y que tenemos que enfrentarlo de manera articulada, superando todas las diferencias y sectarismo que tengamos.

Cáceres advirtió que hay que estar preparados porque el gobierno de Juan Orlando Hernández comenzará a tener un discurso de “centro izquierda”, por lo que habrá que estar alertas, porque después de haber aprobado en el gobierno anterior las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la Ley de Minería, la Ley de Intervención de las Comunicaciones Privadas, ahora viene la aplicación de estas leyes.

En torno a la situación que enfrentan las mujeres en condiciones de abandono delas  políticas públicas, Cáceres apuntó que “ cuando se trata de mujeres indígenas o negras es triple la carga de marginación, por el hecho de que las mujeres son personas empobrecidas, surge la necesidad de luchar por las mujeres como sujetos políticos activos, no como objetos, floreros o adornos en las organizaciones, no como mujeres limitadas a una secretaría de la mujer, sino que a procesos liberadores que le apuesten a desmontar todas las formas de opresión”, expresó Cáceres.

Es desde esa lucha que el  COPINH ha venido haciendo un modesto esfuerzo donde mantenemos una batalla sin tregua, una lucha constante donde tiene que ver, no solo la defensa de los territorios donde estamos ubicados como pueblos originarios, sino también en la defensa de la autodeterminación, explicó la dirigenta social.

Cáceres resaltó que las mujeres están llamadas a luchar por toda una construcción cultural, política, histórica y espiritual que los pueblos han venido batallando desde hace miles de años.

Por otra parte resaltó que muchos movimientos sociales han asumido el compromiso de defender  la autonomía de los pueblos y de los “cuerpos”, porque las mujeres no han estado solo escuchando, sino también proponiendo y creando planes de vida.

“Esta realidad nos llama a tener más coherencia y a no solo limitarnos a tener un cargo para las mujeres o tener un discurso con inclusión de género o algún proyecto y metodologías con enfoque de género; debemos dar un paso más allá que implique un posicionamiento político contra la opresión, la lucha anti patriarcal y deben debatirse temas como la inclusión, la justicia, la igualdad, la democratización y la vida”, acotó Cáceres.

La dirigente del COPINH consideró que es necesario replantearse todos estos temas, porque en el COPINH no ha sido fácil posicionar una organización indígena mixta, con un posicionamiento anti patriarcal, no solo anticapitalista y antirracista.

Frente al avance de estos procesos  vienen reacciones sexistas, patriarcales violentas contra las mujeres, sobre todo cuando tenemos que liderar dichos procesos políticos, expuso Berta Cáceres.

“No es lo mismo recibir la agresión y la represión de los que dominan, sean capitalistas o patriarcales, no es lo mismo cuando somos mujeres, que cuando son hombres, así que desde experiencia de criminalización que hemos vivido por la defensa de nuestros derechos territoriales y culturales, como la lucha de Río Blanco que el próximo 1 de abril cumple un año de toma del territorio”.

“Día y noche, una lucha que ha expulsado a la transnacional más grande de este planeta en la construcción de represas como SYNOHIDRO (capital chino), enfrentar poderes como DESA, FICOHSA, el Banco Mundial, el Banco Holandés y a SIEMENS, a todos estos monstruos transnacionales, ese pueblo heroico sigue manteniéndose firme”, subrayó Cáceres.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3040:copinh-advierte-que-detras-del-discurso-de-centro-izquierda-de-joh-se-esconden-politicas-entreguistas&catid=58:amb&Itemid=181

, , , , , , ,

Deja un comentario

Los demonios de la minería en América Latina

17 marzo, 2014Publicado en: Destacada, Latinoamérica

Por Gilberto Lastra

latinoamerica_nomineriaSaquean empresas mineras a países de la América Latina con el consentimiento de sus propios gobiernos, y dejan una estela de contaminación irreversible por el uso de sustancias como el arsénico, cianuro de sodio o el ácido sulfúrico para la concentración de metales, por el método de extractivo a cielo abierto.

Organizaciones No Gubernamentales en América del sur, hablan que al día se utilizan 80 millones de litros de agua para el lavado de la molienda de la montaña tras la aplicación 8 toneladas de explosivos.

La pulverización de los cerros libera partículas de metales pesados que se introducen al organismo del ser humano, y afecta los tejidos y el metabolismo de los habitantes de las zonas cercanas a los aprovechamientos. Niños nacen deformes, brotan úlceras en la retinas y la piel sufre de hiperqueratosis.

La última resistencia son los pueblos, pero en centro y sur América, los gobiernos ajustan las leyes para evitar que protesten e impidan el acceso de la maquinaria en su territorio: se les criminaliza, agrede y detiene.

Según la ONG Mining Watch Canada, el gobierno de este país juega un papel preponderante en esta depredación porque el 60 por ciento las corporaciones mineras cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto con pocos requisitos, permitiéndoles esconder información y el 75 por ciento del total se registra en territorio canadiense.

En los países donde instalan sus proyectos, los negocios pagan solamente por impuestos por sus trabajadores y no por los metales que extraen. Y al comprar o rentar los terrenos, lo hacen por un valor inferior su precio comercial, detallan activistas de América Latina.

El extractivismo aumentó en los últimos años por el incremento en las demandas de algunos metales como el oro, la plata, cobre y litio para insumo de la industria automotriz y de telefonía celular, como en la de alimentos, el aluminio para la fabricación de latas.

 

El paraíso de las mineras

Una empresa minera en Canadá puede cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto con más facilidades que en otros centros financieros en el mundo, porque se les exigen menos requisitos como lo son las pautas voluntarias, reportar recursos minerales y menos informes.

Jen Moore, encargada del programa para América Latina para Mining Watch Canada, asegura que también existen ventajas tributarias: no pagan impuestos sobre inversiones fuera del país; existen relaciones exteriores armonizadas para servir la industria minera, que incluye la promoción diplomática, la cooperación internacional; impunidad en casos de abuso; fuerte dependencia sobre mecanismos voluntarios; poca implementación de la ley anti-corrupción, respuestas lentas a solicitudes bajo la ley de acceso a la información, y obstáculos para demandar a empresas en Canadá por violaciones fuera del país.

Moore habla de 12 casos en que funcionarios canadienses abren brecha o interfieren con gobiernos o activistas, uno de ellos en España, en Guatemala fue en tres ocasiones, y en la Canadá misma una vez; en Honduras y Ecuador presionaron los diplomáticos para la creación o reformas de una ley minera; en Filipinas y Costa Rica también participan al promover o mediar en conflictos de empresas.

En el caso de México, relata Moore la presencia de funcionarios canadienses fue en los estados de Chiapas y Morelos. En el primer caso, por medio de solicitud de acceso a la información al gobierno canadiense, se dio a conocer que la embajada apoyó a la empresa Blackfire Exploration que se le involucra en el conflicto por actividades mineras en que fue tiroteado el activista Mariano Abarca. Y en los documentos se detalla que sabían de existencia de activista antes de su asesinato.

En Morelos, habla Moore sobre la intervención de la embajadora Sara Hradecky a favor de la empresa Esperanza Resources, mina que causó protestas de los pobladores, junto con el Gobernador Graco Ramírez.

Miguel Mijangos Leal, activista de la Red Mexicana de Afectados por la Minera (REMA), asegunda a Moore en el tema las facilidades ofrecidas por el gobierno canadiense, al afirmar que este 60 por ciento de empresas, emiten acciones en Bolsa se inscribe en el Toronto Stock Exchange (TSX), en donde, entre 2007 y 2011, se destinaron 220 mil millones de dólares canadienses al financiamiento minero, más de un tercio del total mundial.

La Bolsa de Toronto se ubica muy por delante de su competidor directo, el London Stock Exchange (LSE). En 2011, el 90 por ciento de las acciones emitidas por el sector minero en el mundo fueron administradas por el TSX.

 

Relatoría de la ONU y sus asegunes

En el documento “Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indíge­nas, James Anaya”, (A/HRC/18/35) para el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el año del 2011, hay un reconocimiento explícito del daño en las comunidades nativas de los territorio del globo terráqueo por la industria extractiva.

Da la razón que: “los proyectos de extracción de recursos naturales y otros grandes proyectos de desarrollo llevados a cabo en territorios indígenas o en proximidad de ellos constituyen una de las fuentes más importantes de abuso de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo”.

En otro informe, James Anaya, urge a los Estados a crear legislación para regular el modelo extractivista, por ser la única manera viable de garantizar que no habrá abusos por las empresas trasnacionales ni en su territorio ni en sus recursos naturales.

Fue en el reporte «Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya: Las industrias extractivas y los pueblos indígenas » (A/HRC/24/41), Consejo de Derechos Humanos, de 2013.

“En el contexto de las industrias extractivas, la obligación del Estado de proteger los derechos humanos entraña necesariamente la existencia de un marco regulatorio que reconozca plenamente los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, así como los derechos que pueden verse afectados por las operaciones de extracción; que exija el respeto de esos derechos tanto en todas las decisiones administrativas pertinentes del Estado como en el comportamiento de las empresas extractivas; y que prevea sanciones y recursos efectivos cuando esos derechos sean vulnerados por actores públicos o privados. Ese marco regulatorio requiere leyes o reglamentos que incorporen las normas internacionales de derechos indígenas y que las pongan en práctica a través de los distintos componentes de la administración del Estado que rigen la tenencia de la tierra, la minería, la extracción y explotación de petróleo, gas y otros recursos naturales”.

Según Silvia Herrera, asesora de proyectos para la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), Anaya, para solicitar el respeto de los pueblos indígenas, utiliza la herramienta legal, la debida diligencia, para que aplicar las leyes internacionales en el momento que la del Estado sea débil o nula.

Herrera refiere los estos fragmentos de los informes del Relator Especial y habla que aún y con estos mecanismos legales a nivel internacional, en el momento de la instalación de una empresa extractiva, no se les solicita si quiera audiencia para tener el consentimiento a los pobladores de los lugares donde pretende extraer minerales en América.

Cita los ejemplos de la etnia Ixil en Guatemala, de la comunidad afro-descendiente de Anchicayá en Colombia, e incluso de los Guarani-Kaiowá en Brasil.

“A pesar de lo anterior, y de los avances en el ámbito legislativo y jurisprudencial en varios países de la región (referente al Convenio 169 creado por la Organización Internacional del Trabajo), el desarrollo de proyectos sin el consentimiento libre, previo e informado – y sus consecuencias en materia de violación de los derechos de los pueblos indígenas- son aún una constante en América Latina”.

Reconoce los puntos a favor de las comunidades al Relator Especial, pero contrapone en el último informe, en el que habla Anaya de la “extracción preferida”, para lograr una asociación entre los nativos y las empresas, pues considera que en América Latina no existen las condiciones, al menos en el corto plazo, para que se logre por el sistemático abuso de las negociantes mineras.

Otro de los puntos que critica Herrera sobre los informes del Relator Especial, es quién debe de hacer las consultas para aprobar la instalación de un proyecto extractivo, porque en reiteradas ocasiones, considera que el Estado o los gobiernos están obligados a que se realicen informados para ejercer su derecho de libre determinación; pero el último documento expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos toma otro rumbo, y da cuenta del apoyo a las empresas mineras.

Del informe de Anaya se extrae el fragmento: “En virtud de su derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas son libres de entablar negocia­ciones directamente con las empresas si así lo desean. De hecho, las negociaciones directas entre las empresas y los pueblos indígenas pueden ser la forma más eficiente y conveniente de llegar a acuerdos para la extracción de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas que respeten plena­mente los derechos de los pueblos indígenas, y pueden proporcionar a estos oportunidades de promover sus propias prioridades de desarrollo”.

Herrera habla que en el año del 2009, Anaya sostuvo una posición contraria a la de su último informe, y en ese documento refiere que es el Estado quien debe garantizar el proceso y respeto de los resultados de la consulta.

Asegura que las empresas deben efectuarla, pero en un carril distinto al de los gobiernos, porque el Estado debe garantizar la debida diligencia. “Las consultas y el diálogo encaminado a definir el modelo de desarrollo que va a afectar a estos pueblos no debe transferirse a otros actores, puesto que esto puede poner en duda la objetividad, la parcialidad y la efectividad de todo el proceso”.

Esta controversia, abre otra ruta informativa, porque miembros de la ONGs en centro y sur América, atestiguaron que en sus respectivos países, se informa a los pueblos sobre los daños de la minería, porque tanto los gobiernos como las empresas efectúan campañas para convencerlos que vendan sus tierras y permitan la extracción de minerales, con prebendas o promesas que no se cumplirán: se les miente a los habitantes de las comunidades.

En este juego de campañas y contracampañas, las ONGs en América Latina se enfocan en socializar el daño de este mecanismo de extracción y en afinar las consultas, la única arma legal para impedir la instalación de un proyecto; la otra es la movilización campesina e indígena en los lugares.

 

El trabajo en México

extractivismoEleuterio Rodríguez trabajó durante seis meses en una mina en la sierra de Durango, estado norteño en México; su labor era auxiliar a un minero abriendo brecha en el subsuelo, pero sin casco, guantes y ropa adecuada. Tampoco le entregaron un tapabocas.

Fumaradas de polvo le tocó tragar mientras taladraba su compañero las capas geológicas. De ocho horas en ocho, se le fue acumulando roca fracturada en los pulmones.

Alega que los pobladores del lugar saben dónde hay mejores vetas que las explotadas por las grandes mineras, pero prefieren burlarse de los geólogos que llegan al lugar a buscar los mejores tiros. Incluso lo hacen para evitar que sigan con la depredación de lo medio ambiente.

Eleuterio vive en la ciudad de Durango y trabaja barriendo banquetas y pintando casas o haciendo trabajos de jardinería porque perdió seis, el argumento: se le dijo que le pagarían directamente a su esposa; pero durante ese tiempo estuvo incomunicados de ella, y no supo que no cobró una sola quincena hasta que lo despidieron.

Su complexión física era exacta para el trabajo, sostener al que hace los boquetes, corpulento y alto, acostumbrado al trabajo duro y constante; por todo lo demás era desechable, y lo fue hasta que bajaron de la camioneta de la empresa en una de las calles de Durango.

No cree que alguna autoridad haga algo en su defensa, y por eso no interpuso denuncia alguna quiso que se le pagara lo que trabajó. Deja en claro que es demasiado el poder de las empresas mineras y su relación con los gobiernos, y perderá si comienza un juicio laboral. Está esperanzado en encontrar algún empleo de custodio en alguna cárcel. Siempre y cuando guarde el secreto de haber ido explotado en una mina serrana sin goce de sueldo.

En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), existen solamente 52 juicios legales de trabajadores a empresas mineras. Y Zacatecas registra 18 de ellos, y en Coahuila, Guanajuato, Hidalgo y Baja California sur son 5; Chihuahua y Sonora con 3; Sinaloa y San Luis Potosí con 2; y con uno, Tamaulipas, Michoacán, Nayarit y el Estado de México.

Al respecto Miguel Mijangos, representante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), habla de una disputa entre los dos sindicatos mineros en México, uno liderado por Napoleón Gómez Urrutia, y el blanco de Carlos Pavón, nacido para adelgazar los derechos laborales y en los contratos durante la administración federal panista: “no respetan antigüedad, pagos por accidentes y otras prestaciones que históricamente están vinculadas a los derechos laborales patronales”.

En el tema sindical, refiere la pugna generala creación de secciones de ambos mandos en varias minas, y el ejemplo son en la Sierrita de Galeana en el estado norteño de Durango y en Carrizalillo, en Guerrero. “Ello genera un ambiente hostil en la contratación de trabajadores, pues la empresa empuja a que sean por la vía del sindicato de Carlos Pavón, pues para ellos significa menos pagos en todo. Pero, por otra parte, el sindicato de Gómez Urrutia normalmente le gana la partida en el tribunal a la empresa y también establece su sección”.

Los acuerdos extralaborales se dan por el divisionismo de los sindicatos, y al final, incide en pocas demandas o juicios contra empresas mineras, dice.

El outsoursing viene a la alza en México, y considera Mijangos que dejan en indefensión a los trabajadores más que si los subcontrataran, porque ahora la empresas buscan a empleados que no sean sindicalizados, y se genera competencia por los espacios desvaneciendo las prestaciones laborales.

Esa falsa competencia laboral hace que tanto la empresa, como los sindicatos y los administradores del outsourcing abusen, y si algún trabajador reclama se le despide o lo amenaza despidiendo a amigos o familiares, dice al ejemplificar que así sucede en Carrizalillo, y por esto ya no realizan demandas.

 

Defender lo sagrado

En la zona wirrarica, se encuentran detenidas toda actividad de extracción de las 78 concesiones aprobadas, y 38 son administradas por First Majestic y Proyecto Universo trae las restantes 40 por la empresa Revolution Resources. Y una filial de Frisco, empresa de Carlos Slim Helú.

Es una zona protegida, la reserva Ecológica y Cultural de Wirikuta desde el año 1994 aún así existen 22 aprovechamientos mineros, abarcando aproximadamente 98 mil hectáreas de las más de 140 mil que forman la reserva, el 70 por ciento.

La movilización es pacífica y es importante de la unidad de los pueblos y con las ONGs que luchan contra la minería, dice Santos de la Cruz, integrante del Frente en Defensa de Wirikuta. Y el primer logro que menciona es la no extracción mientras se valora en los tribunales la razón jurídica.

No hay respuesta efectiva del Gobierno mexicano, y es por eso que las movilizaciones y los recursos legales han servido, asienta.

Y habla sobre uno de los problemas que vive el movimiento de defensa, porque las empresas mineras y los funcionarios de los municipios cercanos, y principalmente de Real de Catorce siembran la noticia falsa en la zona, “porque nos ponen como los malos, que nos queremos adueñar de su patrimonio. Lo hacen para causar problemas y dividirnos. Nosotros nos hemos acercado a ellos con éxito y se generó el movimiento”.

 

El apoyo institucional al extrativismo

Existe una Ley en la que se prohíbe a los propios nacidos en el territorio argentino el trabajar el modelo de extracción a cielo abierto. “Todas las concesiones tiene que ser entregadas a empresas extranjeras”, dice Carla Díaz Moreno activista de provincia de La Rioja.

También el Estado gaucho, otorga 30 años de estabilidad fiscal, -dice-, lo que se traduce en el no pago de impuestos ni de insumos para la extracción de minerales. “Y encima son subsidiados por el Gobierno nacional”.

Del total de impuestos declarados, a estas empresas se les reintegra entre un 8 y un 10 por ciento de lo tributado, asegura Díaz Moreno.

Recuerda que en Famatina, el saqueo viene desde la presencia de los españoles y luego por los ingleses, y ahora las trasnacionales buscan comenzar con la minería a cielo abierto. “La lucha en Argentina es en toda la cordillera de Los Andes. Nuestro pueblo ha logrado unirse y sacarse a la minera de encima. Se ha logrado frena a las empresas. Tenemos las desventaja que el gobierno nacional impulsa y avala la imposición de la minería en los pueblos”.

 

El conflicto andino

El Coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca Tupayachi, relata que en Perú la resistencia civil es alta, y en los últimos años lograron la destitución de dos funcionarios del gabinete nacional, y alude a los casos de Minas Conga y Tía María, en la gente se opone a la actividad minera.

Existen más conflictos, y uno es porque la gente solicita a las empresas mineras beneficios para los habitantes, ganancias por la extracción o fuentes en empleo; otros para evitar la depredación de los recursos naturales de la zona, asienta.

Con el auge de los metales en la última década por el aumento de los precios se generan importantes ingresos que van a dar al gobierno, que es ineficaz para administrarlos y mejorar el servicios de educación, salud, o ser competitivos, alega.

Resume que la Defensoría del pueblo registra en Perú 220 conflictos y el 55 por ciento están vinculados a la actividad minera.

El coordinador Regional en América Latina del Revenue Watch Institute, Carlos Monge, habla de los principales problemas generados en el país andino son de resistencia y convivencia, los últimos con una complejidad importante, porque las comunidades se enfrentan al ambiental y social generado por la instalación de megaproyectos mineros.

Monge reconoce que la resistencia logró poner a su favor el espacio político en cada región, y se vinculan. “En el caso de Tía María, la municipalidad jugó un rol importante para detener la actividad minera por el proceso de consulta con los instrumentos legales”.

En Conga hubo muertos y heridos por el conflicto de resistencia. “Se reprime a las personas que están en contra de la actividad minera”. Habla de la estrategia de los campesinos peruanos, pues rotan su presencia en el lugar para impedir el paso de maquinaria, y les permite la vigilancia de hasta 500 personas de permanentemente y evitar que se vacíen por las empresas mineras las lagunas ubicadas a 3,000 metros de altura.

En Perú existe la figura del Gobernador regional, y es otro pilar en el que sostiene la resistencia pues es un campesino o un maestro del lugar el que ocupa el cargo, afirma.

Pero, también existen los mineros populares, pues son habitantes de las mismas comunidades dedicadas a la extracción de minerales, y es el espacio, en el centro-sur del territorio peruano el lugar donde más se practica esta actividad sin el control adecuado de sustancias tóxicas, “es una minería sucia y se usa el arsénico con las manos, y en las casas, lo que hace más daño que incluso la gran minería”, advierte.

 

Lo promueven como país minero

extractivismo_mineria-degradacionEn el caso colombiano, se promueve la extracción de minerales como la vocación colombiana, con eco en las empresas de este tipo, pues en 2004 el registro es de mil 200 licencias y en el 2013 se contabilizan 9 mil 400 para hacer exploración, dijo Fabio Velázquez Carrillo, director de la Unidad de Proyectos de la Fundación Nacional por Colombia.

Dentro del programa de desarrollo de este país, la minería tiene un papel preponderante como un ingreso financiero, admite. Y en los lugares donde se han solicitado licencias y las aceptadas, se ubican en lugares habitados incluso.

Uno de los mecanismos para lograr esta cifra de concesiones, es que el gobierno nacional de Colombia contrapone principios constitucionales –asegura-, sobre el respeto al medio ambiente y las poblaciones que son minorías, y el movimiento social es constante para evitar que la minería a cielo abierto se efectúe.

Advierte otra amenaza: la minería artesanal, y explica que en Colombia existe una tradición ancestral para la extracción minera de metales como el oro, y genera también daño ambiental y se comenzó ya con el debate sobre los mecanismos de control ecológico y su regulación.

La violencia no queda fuera de esta vorágine colombiana de explotación mineral, porque afirma que pequeñas mafias de narcotraficantes lavan dinero al hacerse pasar por mineros. Incluso, se forman grupos paramilitares que obtienen ingresos por medio del comercio de metales.

Ejemplifica, Velázquez Carrillo, con el municipio de Piedras por la resonancia lograda en la opinión pública y en a clase política de Colombia, porque el alcalde del lugar llamó a una consulta popular para saber si estaban a favor o en contra que la minera asentada en este sitio arrojara los desechos de los procesos de exploración en predios cercanos, y el resultado fue claro, porque el 99 por ciento se opuso.

Y comenzó el debate legal en todo el país, porque se habló que este mecanismo de no contaba con la validez jurídica. “Lo que repercutió es lo simbólico de la posibilidad de reaccionar la soberanía popular para negarse a una empresa”. Y anuncia una secuencia de consultas para saber si las comunidades desean o no la instalación de las mineras en su territorio, y comenzar con una nueva forma de resistencia.

 

Se quedan sin agua

En el caso de El Salvador, su principal problema es la depredación del agua por la actividad minera en su propio territorio, como en la frontera con Guatemala y Honduras, advierte Edgardo Mira activista.

Entonces, para los salvadoreños la única forma de conservar el vital líquido para las comunidades es prohibir la minería metálica, porque en la frontera guatemalteca hay 90 proyectos y en los linderos con Honduras, son 40 más, lo que acabaría con el agua circulante en El Salvador, y se coordinan con organizaciones de los dos países para detener las concesiones colindantes.

Asegura que se socializa con las comunidades para lanzar la Ley Especial de Prohibición de Minería Mecánica y erradicar esta actividad.

 

Frenar por fisuras en la Ley

El caso guatemalteco fue explicado por Jorge Grijalva, integrante del Colectivo Selva Madre, y no solamente aplica en la minería, sino también en la agricultura. En el caso del modelo extractivo, asegura que se han detenido proyectos porque se logra la defensa legal validando lagunas legales y permite frenan el comienzo de la extracción, pero igual la resistencia civil; hace ya dos años no se les permite la entrada.

 

Luego del Golpe de Estado, campo libre

En Honduras, tras el golpe de Estado por Porfirio Lobo en 2009, se generó la posibilidad de 860 proyectos mineros, y el 60 por ciento ya son concesiones, además que la Ley garantiza las ganancias de las empresas.

Pedro Landa, coordinador en la Coalición Nacional de Redes Ambientales, explica que para evitar protestas o eliminar a los hondureños que se nieguen a permitir el libre paso de las compañías mineras, se tipificó como delito el bloquear carreteras, estrategia recurrente para evitar el paso de maquinaria para la extracción de minerales. Incluso, es causa de cárcel el atentar contra la libre empresa.

El hondureño asegura durante el proceso de gestación de la Ley Minera, tuvo injerencia de asesores de Canadá y Chile. Lo que se tradujo en un 60 por ciento de territorio permitido para la extracción de oro y plata principalmente.

Los consorcios mineros, pagan al Estado el 6 por ciento de sus ganancias, y el gobierno, 2 por ciento lo invierte en la policía y el ejército, fuerzas armadas que persiguen a los opositores de los megaproyecto para extraer metales.

Y recuerda, como en el caso colombiano, narcotraficantes solicitan las concesiones, pero no las usan, solamente lavan dinero por medio de la Ley de Transparencia de la Industria Extractiva del país centroamericano.

Juan Armendares, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, refiere que esta actividad implica el militarismo contra el pueblo por la petición de las empresas mineras al criminalizarse la estrategia para detener el saqueo del subsuelo.

Plantea el daño a todo lo viviente en los puntos geográficos de los proyectos, incluso a nivel celular, porque en el momento que se liberan los metales pesados atrapados en las presión de la corteza terrestre, son inhalados y van directo a los tejidos, incluso de los órganos reproductivos, y ahí las malformaciones en fetos.

Habla sobre dos casos en específico: Carrizalillo en México y Valle de Siria en Honduras los daños a la salud de los habitante del lugar, son irreversibles, pues hay personas con úlceras en la córnea e iris irritados en los ojos; procesos de envejecimiento prematuro en la piel, también hiperpigmentación y la hiperqueratosis; alopecia, la sindactalia, que son dedos unidos.

Refiere el término coloquial de la “rasquiña” como otros de los daños colaterales de la explotación minera: un deseo irrefrenable de rascarse durante todo el día y en la noche también, los que adquirieron, no duermen.

 

Cooperativismo disfrazado

En Bolivia, durante los años 80 se hicieron cambios en las leyes para fomentar la minería artesanal, y una forma de trabajar de manera corporativista en los pueblos, pero 20 años después, con los precios de los metales a la alza, esta forma de subsistencia se convirtió en un problema porque abarca el 60 por ciento de la actividad minera nacional, y el gobierno, solamente un 11 por ciento. El resto son empresas canadienses, japonesas, suizas y belgas.

El miembro del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Javier Gómez, refiere el crecimiento desmedido del gremio minero que sigue sin pagar impuestos pero aumentó su producción por la demanda de metales existente en el mundo y son 200 mil personas trabajando.

Habla también de la voracidad de los extractores locales afectan al sector agrícola. “Son empresas tapadas por lo que ellos llaman corporativo de trabajadores, pero en realidad son empresarios, en buena parte, que sobreexplotan la actividad de los empleados”.

En Bolivia la fuerza política más importante es la de los mineros, porque controlan más del 60 por ciento de las concesiones. “Están exentos de todo pago, de toda norma ambiental. Y desplazan a otro tipo de economías agropecuarias”.

Fuente: SDPnoticias

Fuente: http://www.movimientom4.org/2014/03/los-demonios-de-la-mineria-en-america-latina/

, , , , , , ,

Deja un comentario

Serna absorberá el ICF y el Instituto de Minas

Martes 11 de febrero de 2014

08:50 pm  - Redacción 

Operará con tres subsecretarías, asegura el ministro. Estructura se modificará hasta que se apruebe un nuevo presupuesto.

El ministro José Antonio Galdámez (derecha) se reunió con su viceministro de Energía, Elvis Rodas.

El ministro José Antonio Galdámez (derecha) se reunió con su viceministro de Energía, Elvis Rodas. (Redacción)

Tegucigalpa,

Honduras

La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) sufrirá una trasformación en su estructura orgánica al adherírsele el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y el recién creado Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).

Estas dos instituciones se sumarán desde ya a las funciones de la nueva Serna, pero será hasta el mes de octubre, con motivo de la aprobación del nuevo presupuesto, que se reformarán las leyes respectivas para dar vida al superministerio.

El ministro José Antonio Galdámez informó a EL HERALDO que tiene instrucciones precisas del gobernante Juan Orlando Hernández de eficientar los recursos, dinamizar y agilizar todo lo relacionado con la política energética, minera y forestal.

“Nos ha pedido que hagamos un proceso de reestructuración en la Serna, que estará conformada por tres instituciones que estaban trabajando de manera separada: recursos naturales, energía y ambiente más minas y el Instituto de Conservación Forestal (antes Cohdefor)”, dijo el ministro.

Como el Inhgeomin y el ICF están operando con el presupuesto que se les aprobó a finales de la última legislatura, continuarán así hasta que se hagan los ajustes respectivos a finales de año, pero operacionalmente estarán ligados a la Serna.

Es muy probable que a la Serna se le agregue una o dos letras relacionadas con minas y la función forestal, para eso están trabajando los expertos, refirió Galdámez, quien durante el gobierno de Lobo Sosa se desempeñó como subdirector del ICF.

Consecuentemente, en la Serna operarán tres viceministerios: Subsecretaría de Ambiente y Minas, Subsecretaría de Energía y Subsecretaría Forestal. Cada una tendrá bajo su mando varias direcciones.

“Los tres viceministerios permitirían una adecuada articulación y que no se concentren muchas de las acciones en una o dos personas. La idea es que seamos bastante funcionales, prácticos y que llevemos a crear un clima de inversión dentro del país”, expresó.

En el caso de Inhgeomin (antes Dirección de Fomento de la Minería), esta institución tuvo una vida fugaz porque apenas fue aprobada a finales del año pasado con motivo de la creación de la nueva Ley General de Minería, que la desprendió de la Serna para darle una estructura autónoma.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Serna-absorbera-el-ICF-y-el-Instituto-de-Minas

, , , ,

Deja un comentario

IDAMHO: Inconstitucionales 25 artículos de la Ley de Minería en Honduras

Escrito por Luis Vallecillo en Mié, 02/05/2014 – 13:20

Versión para impresiónVersión PDF

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) presentó el Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley General de Minería ante la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Los problemas ambientales son mucho más profundos pues que hay un mayor  deterioro ambiental  que en otros países en donde hay más control y estamos convencidos que la realización de los derechos fundamentales en honduras no solo tenemos que verlo desde el punto de vista colectivo y no de forma individualmente que están afectando estos derechos así como las víctimas de la minería a nivel de todo un país”, indicó Clarisa Vega, directora de IDAMOH.
La Ley General de Minería, contenida en el decreto legislativo número 238-2012 y publicado en el diario oficial la Gaceta el 2 de abril del 2013, fue cuestionada antes de su aprobación y ahora que se encuentra plenamente vigente, contiene vicios de constitucionalidad y por lo tanto debe ser derogada tanto por razones de forma, como de fondo o contenido.
Argumentos 
En las razones de forma se encuentran no hubo participación ciudadana en la aprobación de la Ley, no se respetó el proceso legislativo (dispensa de 2 debates), no se remitió al Presidente de la República en el plazo establecido (debido proceso).
En las razones de contenido se encuentra también se explica cómo cada artículo de la Ley violenta los preceptos constitucionales y tratados, se pretende la inconstitucionalidad de al menos 25 artículos de la Ley, se exponen ejemplos de hechos anteriores (experiencia).
Agregado a esto también se constató que hubo  explotación sin límites de tiempo, no se prohíben métodos extremos, profundidad indefinida, monopolio/área concesión, adicionar o sustituir sustancias, explotación en áreas protegidas y el abierto irrespeto a la autonomía municipal.
El recurso, preparado por el Instituto de Derecho ambiental de Honduras y con el apoyo de líderes comunitarios y demás miembros de la sociedad civil, pretende que los magistrados de la sala de lo Constitucional, declaren inconstitucional de al menos 35 artículos de la referida Ley, por violentar directamente los preceptos y garantías constitucionales y también los protocolos, tratados y convenios internacionales de las que Honduras forma parte y que contienen derechos humanos fundamentales reconocidos mundialmente.
Vega agregó que “muchas de estas áreas afectadas  han estado desprotegidas y ha habido casos interesantes ya que hay una asociación de comunidades afectadas por la minería y que tiene su paralela de comunidades que apoyan la minería así que nos espera una gran tarea en relación de que tenemos que hacer conciencia”.
Documental 
La organización también presentó su documental “La Mina San Martin en el Valle de Siria: un ejemplo de los impactos de la minería en Honduras” donde expuso parte de las consecuencias de una explotación minera sin controles efectivos, evaluaciones de impacto ambiental, medidas de reparación de daños y participación pública.
En este documental, Juan Almendares Bonilla, representante del movimiento ecologista Madre Tierra señaló que “los argumentos que se han dado para justificar esta Ley de Minería no me parecen que tienen una base científica, técnica, además no estamos no solo es de documentar esto si no de ver los seres humanos del valle de siria que están enfermos y yo los he visto y los ha visto gente de otros países y da terror aprobar una Ley Minera que favorezca a las empresas multinacionales”.
En los últimos 30 años el Estado de Honduras ha concedido en concesiones a compañías mineras, el 30% del territorio, estas compañías primordialmente son de Estados Unidos y Canadá.
“La socialización fue una farsa ya que al final fue reafirmar la explotación minera a base de cianuro y a cielo abierto y eso lo que hace indudablemente es reproducir el modelo de explotación minera”,  lamentó Bonilla, al destacar que el interés de las transnacionales en la extracción minera en Honduras es comprensible por la ventaja competitiva de ser un país con leyes y reglamentos muy permisivos, muchas exoneraciones, bajos cánones de por pago territorial, la falta de rigor en cumplimiento de estándares ambientales, nulo compromiso con las poblaciones locales”.

Uso de sustancias tóxicas
La minería genera y emplea en sus procesos, productos y sustancias tóxicas y se puede considerar una actividad de alto riesgo para la salud humana y la vida al utilizar sustancias como el cianuro, el plomo, el arsénico, el cadmio, el mercurio, y otros potencialmente tóxicos.
Dependiendo de la utilización de dichos elementos, ligados a la aparición de enfermedades como el cáncer, enfermedades pulmonares, dermatológicas, respiratorias, neurológicas; daños en los riñones, daños en el sistema reproductor, encelofatías  agudas, problemas gastrointestinales, cardiovasculares, disfunciones del aparato nervioso, afección del sistema inmunológico alteraciones genéticas, desarrollo anormal de embriones entre otros.
Los miembros de la IDAMHO concluyeron que “la leyes aprobadas por el Congreso Nacional deben responder la anhelo de los hondureños de una Honduras mejor, sustentada en los principios de la democracia participativa y desarrollo sostenible, considerando la situación de vulnerabilidad del país y el respeto a los derechos humanos a la vida a la integridad física, a la salud a la libertad de asociación, acceso a la información, a la propiedad, a un medio ambiente sano e igualdad ante la ley”.

, , , ,

Deja un comentario

Diez mineras metálicas sacarán brillo a la economía de Honduras en 2014

29 de Enero de 2014

10:05PM   – Redacción: Bessy Lara. La Prensa bessy.lara@laprensa.hn

Las expectativas del sector minero hondureño han aumentado para este año por el interés de los inversionistas extranjeros en la extracción de oro y plata; hay 950 sitios de investigación en todo el país

San Pedro Sula. La búsqueda de potencial minero para atraer nuevas inversiones es parte de los desafíos que enfrenta la industria del sector, que para este año contempla la apertura de 10 empresas mineras metálicas, afirman representantes de la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (Anamimh).

Entre los lugares adonde podrían operar están Olancho, Santa Barbara, El Paraíso, Choluteca y el norte de Francisco Morazán.

Según las cifras del Banco Central de Honduras (BCH) a octubre de 2013, la participación de los productos de la actividad minera en las exportaciones de mercancías generales, según la actividad económica, fue de 6.9%, lo que equivale a unos $232.7 millones.

Dicho valor es positivo al representar $11.5 millones más que lo registrado en el mismo período de 2012. El aumento obedece al incremento de la comercialización del óxido de hierro, hacia China especialmente, plata y plomo.

Dentro de ese contexto, a octubre de 2013 las exportaciones de óxido de hierro sumaron $62.7 millones para un crecimiento de 21.2% en relación con el año anterior.

Los envíos de plata generaron unos $24.8 millones, para un aumento de 7.7%; las exportaciones de zinc alcanzaron $24.7 millones, y por plomo se lograron $15.9 millones, lo que significa un alza de 13.4%.

En el caso específico de la minería metálica se contabilizaron más de $600 millones por exportaciones durante los últimos tres años, lo que le valió para posicionarse entre los rubros potenciales en el país.

 

Nuevas concesiones

En la actualidad, hay 950 sitios de investigación en todo el país para determinar la factibilidad de abrir nuevos yacimientos.

Con la aprobación de la nueva Ley de Minería en los comienzos del año 2013 y la definición de un nuevo Gobierno, inversionistas han puesto sus ojos en Honduras por la abundancia de todo tipo de material.

“Nos alegra porque significa creación de empleo”, dice Santos Gabino Carvajal, asesor y expresidente de la Anamimh.

Explica que muchos inversionistas europeos y asiáticos se dedicarán a la extracción de materiales que no han sido muy explotados.

“Hay muchas solicitudes de explotación de óxido de hierro que habían permanecido paralizadas, pero ya están en trámite. Se otorgarán concesiones que estaban en espera, algunas más grandes de las que habían existido en el área de los no metales”, indica. No obstante, una buena parte de los yacimientos se abrirán en los rubros de construcción o metales básicos, que en su mayoría sirven para cubrir la demanda local.

“Hablamos de metales como el hierro, plomo, zinc, entre otros. En todo se va a extraer mayor cantidad. También habrá canteras para sacar antimonio, yeso y caliza”, detalla Carvajal.

Además, en varios departamentos del occidente se comercializarán piedras preciosas como el jade, ópalo y otras de tipo ornamental. “Este será un buen año para la industria minera”, añade.

David Alcántara, jefe de la unidad de Ambiente y Seguridad del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), asegura que muchas de las nuevas empresas están interesadas en extraer oro y plata.

Honduras cuenta en la actualidad con siete minas metálicas y unas 300 no metálicas. Cada año se instalan de 25 a 50 minas no metálicas, las que en su mayoría están cerca del Valle de Sula y de Tegucigalpa.

 

La atracción de inversiones

Entre los esfuerzos que se hacen para atraer la inversión en este rubro figuran el convenio con la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (Eiti, por sus siglas en inglés), un organismo internacional que transparentará los procesos y verificará que las comunidades donde hay minas tengan impactos positivos.

“Esto posicionará al país en un nivel alto, lo que atraerá inversión”, dice Carlos Salinas, encargado de la secretaría de Eiti. Sin embargo, una preocupación para la industria extractiva se relaciona con la Ley de ordenamiento tributario aprobado por el Congreso Nacional (CN), porque elevará sus costos de exportación.

Flor Santamaría, gerente de Comunicaciones de la mina El Mochito, califica las medidas fiscales como un “golpe millonario”.

“Empleamos a 1,300 personas y no queremos despidos. Las nuevas medidas nos aumentan la energía eléctrica y los derivados del petróleo”, concluye.

Fuente: http://www.laprensa.hn/economia/445301-96/diez-mineras-metalicas-sacaran-brillo-a-la-economia-de-honduras-en-2014

, , , , , ,

Deja un comentario

On the Matter of Mining: Primum Non Nocere

One of the things you can count on in Honduras during the next four years is that there will be a lot more mining, mainly by foreign companies. In July 2013, President Lobo announced that the Honduran government, through the newly-created Honduran Institute of Geology and Mining (Inhgeomin), would award 280 concessions for mining as a way to increase revenue to help pay for the country’s growing public debt and lack of liquidity due primarily to an extremely inefficient tax collection system, widespread government incompetence and corruption, and a gross lack of national productivity. The concessions, made possible by the new Mining Law, pushed by President-elect Juan Orlando Hernández when he was president of the National Congress and passed by Congress on January 23, 2013, would essentially open up large swaths of Honduran land for all sorts of new mining, including the particularly destructive open pit kind.

With the Mining Law taking effect on April 23, 2013 and its regulations having entered into force on September 4, the path is now open for Inhgeomin to begin to seriously consider new mining and exploration permit applications. In December alone, there were at least 110 of these applications submitted. You can sense the momentum is quickly building for massive mining activity in Honduras by Canadians and others, as well as oil exploration off the country’s Caribbean coast by the British and others, and the continued construction of large hydroelectric projects (dams) by the Chinese and others.

 

All of this “investment” is being driven by the Honduran government’s thirst for capital… at any cost. It’s exactly the same reason the government has always had to borrow so much money from international and domestic banks and beg for foreign aid from foreign governments. Same reason it has had to then dispatch special emissaries pleading for debt pardons or desperately try to sell hundreds of millions of dollars of Honduran debt at extremely high rates of interest on international bond markets.

 

For reasons already generally stated in the first paragraph, Honduras never seems to have enough money to pay its bills and be able to invest wisely in its people to empower them to become self-sufficient and productive enough to successfully compete in world markets, or even regional ones. Consequently, its government all too often ends up trying to sell whatever it can to raise cash, quickly. It’s always like a yard sale in Honduras. Unfortunately (extremely so), this means selling off the natural resources of the country, which almost always ends up destroying the land and contaminating its water resources. This would be bad enough, degrading enough in-and-of-itself, but ultimately these type of “development” policies usually end up harming the vast majority of the Honduran people, especially those whose very survival depends on farming the land and drinking the water from the rivers, streams, and lakes. In other words, it is a method for starving and poisoning the people.

 

It’s a crazy sort of development advocated by short-sighted bureaucrats in Tegucigalpa (and backed by wealthy businessmen in San Pedro Sula) who seem isolated from the realities of the people in most of the rest of country, don’t care, or are at a complete loss for innovative alternative solutions. What is  certain is that they are hell-bent on violating the cornerstone of the Hippocratic Oath, primum non nocere… first, do no harm. (1/3/14)

Fuente: http://www.hondurasweekly.com/component/k2/item/20578-on-the-matter-of-mining-primum-non-nocere

, , , , , , , ,

Deja un comentario

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 29 seguidores