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Crear Comités Populares de Salud para salir de crisis en salud, propone doctor Efraín Fajardo

Jul 25, 2014

Según el especialista en sistema de salud, doctor Efraín Fajardo, la crisis en salud que vive Honduras es tan cruel que no hay ni los elementos básicos para darles un tratamiento digno a los pacientes, sin embargo, asegura que aún estamos a tiempo para salir de ella.

“Hay que ir empoderando de manera progresiva a las comunidades para que sean las comunidades las supervisoras, las auditoras sociales de los servicios de salud a través de la creación de los Comités Populares de Salud,” aseguró Fajardo.

Hace unas semanas la población hondureña se estremeció al enterarse de la muerte del paciente Luís Alfonso Cabrera de 24 años que murió en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula tras que sus heridas agarraran gusanos a causa de negligencia médica y falta de medicamentos.

Sobre esta crisis en salud, A Mecate Corto (AMC) dialogó con el doctor Efraín Fajardo (EF), médico de profesión, especialista en cirugía, catedrático en el área de medicina de la Universidad Católica de Honduras, Unicah, integrante por muchos años de la organización Médicos sin Fronteras.

AMC. ¿Qué opina usted sobre lo acontecido en el Mario Catarino Rivas?
EF. Es una dolorosa expresión de la profunda crisis tanto material, económica, organizativa, administrativa, moral y ética en la que se encuentra sumido, desgraciadamente, nuestro maltrecho sistema de salud.

AMC. ¿Es el sistema de salud el que falla?
EF. Honduras es un país de profundas contradicciones. En Honduras hay una insalvable contradicción porque fíjese que en teoría tenemos un sistema de salud muy avanzado, mucho más avanzado que el de países más desarrollados que nosotros, pero en la práctica, es una dolorosa contradicción, un contraste pavoroso entre lo que dice la constitución de la república y lo que viven los pacientes que asisten a los hospitales y centros de salud.

AMC. ¿Cómo se expresa esa crisis en términos prácticos?
EF. No hay los elementos básicos para darles un tratamiento digno a los pacientes. No hay acetaminofén, no hay un antibiótico básico, no hay insulina en los hospitales, no hay medicamentos para la hipertensión arterial, no hay medicamentos para las diarreas y las infecciones respiratorias que diezman a nuestra niñez y no digamos tratamiento para pacientes cancerosos, para pacientes con insuficiencia renal, pacientes con enfermedades crónicas. Los pacientes en Honduras están condenados a muerte.

AMC. ¿Esta crisis en salud es sólo material?
EF. No, la crisis profunda es también en el aspecto ético-moral. La corrupción galopante, la enorme cantidad de personas que son activistas, son paracaidistas, son trabajadores supernumerarios, son trabajadores fantasmas y que absorben una gran cantidad de presupuesto.

AMC. ¿Y qué podemos decir del personal que atiende a los pacientes?
EF. La cosa va para peor. Hay una completa deshumanización del personal en los hospitales. Un ejemplo es lo que pasa en el Mario Catarino Rivas, tú llevas a un paciente grave, que necesita urgentemente una camilla entonces allí los mismos trabajadores te ofrecen un menú: si quieres acostar a tu paciente en un cartón grueso en el suelo, eso te cuesta 50 lempiras y si lo quieres acostar en una camilla vieja sin colchón y sin sábana te cuesta 200 pesos y si la quieres con colchón y sábana te cuesta entre 250 y 300 lempiras.

AMC. ¿Estamos hablando de mafias en los hospitales?
EF. Sí. También está comprobado que hay una red de delincuentes internos dentro de los hospitales que a los pacientes graves y terminales les desconectan sus aparatos para que mueran más pronto y los inducen a que compren los servicio funerarios a una mafia que opera allí mismo en el hospital (Mario Catarino Rivas).

AMC. ¿Quiénes están involucrados?
EF. Aquí hay involucrados funcionarios del ministerio de salud, eso se conoce y no es nuevo, se sabe quiénes son, muchos de ellos son activistas de los partidos tradicionales que no trabajan en el hospital y tienen un cargo y un puesto dentro del hospital y se dedican a delinquir con las necesidades del hospital.

AMC. ¿Qué significa destapar toda esa corrupción?
EF. Destapar esa olla significa poner en el banquillo de los acusados y en un juicio político a todo el sistema económico y político de este país, a los funcionarios públicos, a los partidos tradicionales, a los grandes capitales nacionales vinculados a capitales transnacionales que son los que realmente mueven el negocio de la salud.

AMC. ¿En manos de quién están los pacientes en Honduras?
EF. El pueblo es rehén y víctima de delincuentes de toda laya, que son los dueños de un sistema de salud cada vez más privatizado, cada vez más ineficiente, cada vez más negligente, cada vez más deshumanizado.

AMC. ¿Y quién debe sentar en ese banquillo de los acusados a los que tienen secuestrada la salud?
EF. A mi criterio es el pueblo organizado, la sociedad civil, son los trabajadores, son los pobladores los que deben enjuiciar a todo este sistema político.

AMC. ¿Cómo lograrlo?
EF. A mí me parece que esto pasa por profundos cambios políticos, poner a los trabajadores, poner a la gente honrada, que los hay y mucho, que están profundamente frustrados, que están profundamente desencantados, hay periodistas, hay artistas, hay empresarios. Hay que arrebatarle el poder político a quiénes lo han usufructuado por décadas y generar un nuevo Estado.

AMC. ¿Eso es posible, hay condiciones en el país?
EF. Yo creo que la fuente del poder procede del pueblo, procede de los votantes que van a las urnas, aquí es sabido como inmensos fraudes electorales escamotean la voluntad popular, la falsifican y eligen entre comillas a candidatos que no ganaron. Yo creo que debemos exigir profundos cambios en la ley electoral y en las estructuras que regentan las actividades electorales.

AMC. ¿Con eso basta?
EF. No por supuesto que no, la organización política de la población es un proceso que estamos convencidos debe iniciar desde abajo. Se deben parar ya a los políticos de oficio, deben descalificarse a esos grupos y castas que hacen tanto daño. Debe nacer de los barrios, de las aldeas y de los caseríos una nueva forma de organización social y de poder verdaderamente popular donde estén representados transparentemente los mejores intereses del pueblo.

AMC. ¿Por qué no se valora lo público?
EF. Porque el modelo neoliberal orienta a eso, a la degradación de los servicios públicos para reemplazarlos por servicios privados. El modelo neoliberal en general tiene como principio degradar al Estado, reducirlo a su más mínima expresión, y que el Estado sea solo un árbitro que sirva para dar licitaciones a los ricos.

AMC. ¿Cómo salvar la salud pública?
EF. Hay que ir empoderando de manera progresiva a las comunidades para que sean las comunidades las supervisoras, las auditoras sociales de los servicios de salud a través de la creación de los Comités Populares de Salud.

AMC. ¿En qué consisten esos comités populares de salud?
EF. Es encargarse de que se garantice el acceso de salud a la población en una comunidad, se manejan toda la información sobre su población, cuántos son niños, cuántas mujeres, cuántas en edad fértil, cuantos jóvenes, cuántos adultos, cuántas personas de la tercera edad, y un estudio de posibles enfermedades y planificar las atenciones médicas con apoyo incluso de autoridades municipales.

AMC. ¿Esto es municipalización de la salud?
EF. No. Es municipalización de la salud en el buen sentido porque es el pueblo el que gerencia los servicios de salud desde abajo. Aquí el municipio asume la responsabilidad que le corresponde en la administración de la cosa pública en el territorio municipal apoyado por el pueblo, por los trabajadores, por la gente de las aldeas y los caseríos.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1219-crear-comit%C3%A9s-populares-de-salud-para-salir-de-crisis-en-salud-propone-doctor-efra%C3%ADn-fajardo

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Los Estados Unidos y los niños migrantes

2014-07-23

ACentral,EE.UU

José Arnoldo Sermeño Lima

Clasificado en:   Política: Politica, DerechosHumanos, |   Internacional: Internacional, Migracion, |   Social: Social, Ninez, |
Disponible en:   Español       
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Más allá de la situación coyuntural, la fragilidad de los estados y la falta de consensos para políticas fiscales progresivas deben salir a colación en reunión entre Obama y presidentes del Triángulo Norte.

Los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica se reunirán con el de Estados Unidos (EUA) el próximo viernes 25 para discutir sobre la migración de menores no acompañados. La semana pasada lo hicieron en Tegucigalpa funcionarios de esos cuatro gobiernos en la Conferencia Internacional sobre Migración, Niñez y Familia junto a otros de México, de organismos internacionales y de la sociedad civil.
Según el prestigioso Colegio de la Frontera Norte, de México, en solo los primeros seis meses de este año fueron detenidos por la patrulla fronteriza de los EUA un total de 34,611 menores centroamericanos; siendo 13,282 hondureños, 11,479 guatemaltecos y 9,850 salvadoreños. Esta emigración se ha acelerado, dado que en todo el año 2013 habían detenido a 20,805; en 2012 a 10,146 menores; en 2011 capturaron a 3,933; en 2010 a 4,444 y en 2009 a 3,304 ([i])
Pero el problema va más allá de los números: podría ser sólo un puñado de menores emigrados, y debería ser suficiente para preocuparse por las causas que lo provocan. Lamentablemente eso ocurre hasta que estalla numéricamente la llamada “emergencia humanitaria”.
Entonces empiezan a buscar causas, incluyendo la política migratoria del país receptor. Si bien la migración es un derecho humano -especialmente cuando hay menores involucrados, y a pesar de que los EUA no sea suscriptor de la Convención de los Derechos del Niño ([ii])-, debe tenerse presente también que los Estados se arrogan el derecho a regularla, incluyendo a los mismos países centroamericanos. ([iii])
Para encontrar soluciones integrales –como dice el documento salido de la Conferencia de la semana pasada- deben enfrentarse las diversas problemáticas involucradas en el fenómeno migratorio, que es multicausal, como lo señalan todos esos gobiernos.
Al tratar multicausalidades debe tenerse cuidado de no caer en la célebre parábola de los ciegos describiendo un elefante, que lo hacían según la parte del animal que tenían cerca: quien quedó próximo al colmillo lo describía como tal, así como el que quedó cerca de la pata o de la oreja o de la cola. Sin embargo el elefante   -o la realidad, para el caso que nos ocupa- es uno solo, y no sólo sus partes, por lo que debe evitarse creer que tenemos LA verdad, contentándonos con la que tenemos en lo inmediato a nuestra forma de ver las cosas.
Debe distinguirse entonces no sólo las causas de los efectos, sino que también deben diferenciarse las causas fundamentales de las intermedias.
Sin duda que entre las causas endógenas se encuentran la violencia en todas sus formas, la reunificación familiar y la distorsión informativa que hacen los “coyotes”; pero todas ellas están condicionadas en diferente grado por la situación de pobreza en que vive la mayoría de la población en esos países.([iv]) Podría contra argumentarse que otros países centroamericanos tienen indicadores de pobreza semejantes a los del Triángulo Norte ([v]) y que, sin embargo, no expulsan tanta población; pero en ello entra en juego un nuevo factor: la influencia que ha tomado el crimen organizado especialmente en los tres primeros países, pues no tienen como en los otros a la comunidad organizada y vinculada a los entes del Estado, habiendo perdido éstos sus espacios de control en el Triángulo Norte.

 

La dependencia de todas esas causas intermedias de una última que es la pobreza y la falta de oportunidades para los grupos sociales más desfavorecidos en la sociedad -así como también cada vez más para las capas medias mal pagadas o en situación económica insegura-, tiene a su vez como determinantes otros cuatro elementos:
En primer lugar, la debilidad de las instituciones del Estado ha permitido desde la segunda mitad del siglo XIX una creciente corrupción pública y privada en beneficio de elites que controlan los entes gubernamentales de cada país, lo que se vio acelerado en las últimas décadas con los procesos de privatización de entidades públicas.
A lo largo del tiempo esos mecanismos han retroalimentado la riqueza de las elites, que han entronizado un sistema que no puede llamarse capitalista pues éste requiere que la mayoría de la población tenga capacidad de consumo para dinamizar la economía, lo que no ocurre en estos países donde la gran mayoría vive en pobreza. Las elites tienen ahora inversiones regionales e internacionales, y en sus centros comerciales benefician de un consumo artificial producto de las remesas enviadas por los emigrados ([vi]). Llaman “Responsabilidad Social Empresarial” el dar migajas de su banquete para no responder con lo que debería ser su verdadera responsabilidad pues evaden o eluden el pago de impuestos, como lo señaló en 2006 el entonces embajador de Estados Unidos en El Salvador, Sr. Douglas Barclay.([vii])
Un tercer elemento son las opciones políticas que los Estados Unidos han apoyado en Centroamérica. Al calor de la guerra fría fortalecieron a ese status quo en la región por medio de Carlos Castillo Armas en la Guatemala de 1954,[viii] o con $2 millones diarios en apoyo militar a regímenes violadores de los derechos humanos en El Salvador durante los años 80, o también en ese período financiaron -incluso con el Irangate- a la Contra en Honduras para desestabilizar al gobierno Sandinista. Sin embargo, las ex guerrillas en El Salvador y Nicaragua llegaron al poder, y la realidad mostró que no ocurrió ninguno de los cataclismos que las elites habían hecho temer a los EUA… La ironía quedó plasmada en el discurso del embajador de Estados Unidos en El Salvador al inaugurar la nueva sede de su embajada, ya en tiempos de paz, pero que había sido construida durante la guerra: en un momento dado de su disertación se dirigió a los representantes de la exguerrilla en ese acto más o menos en estos términos: “Estas instalaciones fueron planificadas para que ustedes no lograran entrar a ellas, y ahora ustedes están entre los invitados de honor…” Sin embargo, pareciera que a lo largo del tiempo las opciones que los Estados Unidos han privilegiado en la región quedan resumidas en la célebre frase de Roosevelt sobre Somoza…([ix]) ¿Continuará esa lógica actualmente, cuando es evidente que las elites centroamericanas no han hecho más que crear y agravar continuamente el problema, así como exportarlo hacia los Estados Unidos?
Finalmente el cuarto elemento es que este fenómeno debe verse también en el marco del actual proceso de desarrollo del capitalismo, que acelera las inequidades y desigualdades en todo el mundo, como lo han estudiado tanto Acemoglu y Robinson([x]) como Piketty.([xi]) Así se tiene que en la identificación de los ultra ricos en el mundo, hecha por Wealth-X ([xii])con financiamiento de UBS ([xiii]) -entendiendo por ultra ricos a quienes tienen una fortuna neta de por lo menos $EUA 30 millones-se muestra que en 2013 la ultra elite de Honduras estaba formada por 215 personas con un capital total de $EUA 30 mil millones, en Guatemala eran 245 individuos con un monto igual y en El Salvador eran 150 personas con $EUA 20 mil millones.[xiv] Si se calcula el promedio, resultan $139.5 millones para cada miembro de la ultra elite hondureña, $122.4 millones para la guatemalteca y $133.3 millones para cada miembro de la súper minoría salvadoreña. Esas cifras contrastan al compararlas con el ingreso nacional bruto per cápita en cada uno de esos países: $E3,426, $4,235 y $5,915, respectivamente,[xv]pudiendo de esto colegirse el altísimo nivel de concentración de la riqueza en esos tres países. Por algo CEPAL los ubica entre los países de la última categoría con brechas severas de bienestar.[xvi]
En la reunión del viernes próximo los cuatro presidentes deberían considerar que no hay razón para que los menores emigren si no es porque sus padres lo han hecho antes, y éstos lo han hecho por falta de oportunidades, tanto en la población más pobre como también para las reducidas capas medias. El resto de causas intermedias –violencia y distorsión informativa- tienen su sustrato principalmente en la misma falta de oportunidades.
¿Será tema en esa reunión que en ninguno de esos tres Estados centroamericanos se han logrado consensos para aplicar políticas fiscales progresivas, ni para alcanzar un desarrollo social inclusivo y sostenible, o para fortalecer las instituciones y además establecer una división real entre los poderes del Estado -es decir el checks and balances de la constitución de los EUA-, elemento fundamental para que prevalezca una ética que intimide a la corrupción pública y privada? Esos tres Estados tampoco han cumplido con sus respectivos preceptos constitucionales ni en defensa de los derechos de los menores ([xvii]) ni del trabajo para su población([xviii]). Los programas de “empleo por horas” o el trabajo en las maquilas -donde vulneran los más elementales compromisos internacionales contraídos por esos Estados- no son respuesta ni siquiera para el plazo inmediato.
Tampoco son soluciones las campañas mediáticas que se están difundiendo en los tres países para que los jóvenes no emigren, intentando contrarrestar la desinformación de los “coyotes” que los incitan a emigrar. Los slogans de “¡Quédate!” traen de inmediato a la mente la pregunta: “¿A qué?”. Los programas de “reinserción” que los gobiernos planean establecer para los deportados invocan la misma pregunta: ¿Dónde se va a reinsertar un joven, cuando al salir de ese programa no encontrará un empleo decente? ¿A las pandillas, o a “la Bestia”?
Cuando los presidentes centroamericanos planteen el viernes próximo al de Estados Unidos la necesidad de una “responsabilidad compartida” -como es el discurso que están usando- ¿se referirán sólo al hecho que la demanda de droga en el norte alimenta la criminalidad y violencia en el sur, o también abordarán la responsabilidad que tienen los cuatro Estados al no impulsar –e incluso oponerse-a los cambios socioeconómicos y éticos que necesitan estos países?
Los cuatro presidentes planearán cómo evitar la emigración de menores y de sus padres desde el triángulo norte centroamericano, donde lo que abunda es población joven. ¿Discutirán también sobre los que se quedan? ¿Sobre esos que en los semáforos venden agua, maní o espectáculos tirando fuego desde su boca? ¿Hablarán sobre los campesinos con un solo tiempo de comida al día, o sobre los que arriesgan su vida en minas artesanales, y sobre los empacadores en los supermercados y los lavadores de car wash que viven sólo de las propinas? Los presidentes deberían hacerlo, pues esas personas son las que mañana buscarán emigrar o irrumpir en las campanas de cristal donde todavía viven las elites centroamericanas. ¿Discutirán también los presidentes sobre el futuro de los hijos de las capas medias, que no encuentran empleo a pesar de la inversión que hacen en educación y -quienes lo logran- son subpagados porque en estas sociedades se desconoce la meritocracia y se priorizan los “contactos”? Todos ellos ya son emigrados, aún viviendo en su propio país… ¿Qué pierden con trasladarse a otro con más oportunidades, por muy riesgosa que sea la travesía?
Martes, 22 de julio de 2014
José Arnoldo Sermeño Lima
Columnista de ContraPunto

[Iii]Ver, por ejemplo, el artículo 35 de la constitución política de la República de Honduras.
[Iv] Según datos del gobierno respectivo, 51% de la población guatemalteca y 60% de la hondureña vive bajo la línea de pobreza (PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2013, p. 161). En el año 2008, 40% de hogares salvadoreños vivían en pobreza (Ministerio de Economía, Midiendo la Pobreza en El Salvador: Valoraciones Conceptuales y Desafíos Metodológicos)
[V] Según el gobierno nicaragüense, 46.2% de su población vive bajo la línea de pobreza. PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2013, p. 161
[vi] En 2010, las remesas llegaron a significar 16.1% del PIB en Honduras y El Salvador, y 9.6% en Guatemala. Sermeño Lima, J. Los Centroamericanos en Estados Unidoshttp://www.lamjol.info/index.php/PDAC/article/view/919
[vii] Invitado por la fundación empresarial FUSADES, el 16 de octubre de 2006 el entonces embajador de EUA en El Salvador –Sr. Douglas Barclay- advirtió que la violencia requería de más policías en las calles, y para ello se necesitaba de recursos por medio del pago de impuestos, y que el gobierno debía rendir cuentas sobre el uso de los mismos. “No hay espacio para gorrones que le roben la posibilidad de un mejor futuro a sus conciudadanos”, indicó. http://www.elsalvador.com/noticias/2006/10/17/nacional/discurso.asp
[viii] Schlesinger, S., Kinzer, S., Bitter Fruit: The Story of the American Coup in Guatemala
[x]Acemoglu, D. Robinson, J.The Origins of Power, Prosperity and Poverty. Why Nations Fail, Crown Publishers, New York, Capítulos 11 al 15.
[xi] Piketty, T. Le capital au XXIe siècle. Les libres du nouveau monde. Seuil, capítulos 7 al 16.
[xii] Wealth-X es una red de inteligencia de mercado utilizada por bancos y marcas de consumo de lujo, dirigidas a los ultra ricos (http://www.wealthx.com/about/introduction/)
[xiii] UBS proporciona asesoría para proteger e incrementar la riqueza de personas e instituciones en más de 50 países (http://www.ubs.com/global/en.html )
[xiv] Wealth-XConnecting you to Wealth (Sponsored by UBS). World Ultra Wealth Report 2013, p. 61
[xv] PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2013, p. 145 y 146
[xvi] CEPAL, La Hora de la Igualdad. Brechas por Cerrar, Caminos por Abrir. XXXIII Período de Sesiones, 2010. p 203 y 204
[xvii] Establecidos en las constituciones políticas de Honduras (Art 119), Guatemala (Art 51) y El Salvador (Arts. 34 y 35)
[xviii]Constituciones de Honduras (Art 127), Guatemala (Art 101) y El Salvador (Art 37)

Fuente: http://alainet.org/active/75612

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OABI: Dineros saqueados por Mario Zelaya serán devueltos al Seguro Social

800 millones de lempiras en efectivo tiene en su poder la OABI.

Luego de que el Congreso Nacional aprobó una reforma al artículo “78-A”, de la Ley de Privación de Dominio, que establece que los bienes provenientes de delitos como secuestro, extorsión y corrupción podrán ser devueltos a los afectados, abre una puerta para que una parte de los dineros saqueados al Seguro Social regresen a la institución.
Las autoridades de la Oficina Administradora de Bienes Incautados dijeron a HRN, que una vez sea publicada en La Gaceta la reforma del artículo “78-A” de la Ley de Privación de Dominio se podrán vender o subastar las 33 propiedades quitadas hasta el momento al ex director del Seguro Social y prófugo de la justicia, Mario Zelaya.
De acuerdo con la OABI, las propiedades quitadas a Mario Zelaya serán subastadas para luego entregarle el dinero a su legítimo dueño el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Actualmente, la OABI mantiene en su poder 800 millones de lempiras, dichos dineros están depositados en cuentas a plazo fijo en bancos del sistema financiero nacional.
De igual manera, el último recuento de la OABI en poder de HRN, revela que esta institución mantiene bajo su responsabilidad 43 aeronaves de las cuales la mayoría fueron quitadas al crimen organizado.

De igual manera, la Oficina Administradora de Bienes Incautados tiene en su poder 726 vehículos, de estos 236 se venderán como chatarra y el resto se encuentra en buen estado.

Se estima que los vehículos en condición de chatarra tienen un costo de dos millones de lempiras y más de cien millones de lempiras los automotores en buen estado.

Asimismo, la OABI tiene en su dominio 176 embarcaciones, todas quitados al crimen organizado.

Las autoridades de la OABI, contabilizan que de estas 176 embarcaciones 15 son barcos pesqueros y el resto lanchas rápidas fabricadas con aluminio con una longitud de 25 pies y con un costo aproximado de 120 mil lempiras por unidad.

De igual manera, se revela que la OABI, mantiene bajo su custodia casi 200 bienes inmuebles; de estos unas 120 son viviendas, 68 lotes, un hotel, dos bodegas, varios condominios, un zoológico, dos haciendas ganaderas y tres fincas de palma africana.

Hasta el momento son 33 propiedades las que se le han asegurado al ex director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, dichos bienes aun no han sido calculados, pero con la actual reforma al artículo “78-A” de la Ley de Privación de Dominio estos dineros retornarían al Seguro Social. (Fin)

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/oabi-dineros-saqueados-por-mario-zelaya-ser%C3%A1n-devueltos-al-seguro-social

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Honduras: Diputados coinciden en que Ministerio Público está obligado a llamar a Lobo por declaraciones de corrupción en IHSS

lunes, 21 de julio de 2014

Autor del articulo: Proceso Digital / Lunes 21 de Julio 2014 – 19:21
Tegucigalpa – Luego que el ex presidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), revelara que tenía conocimiento de los actos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), un grupo de diputados coincidieron en que la Fiscalía está en la obligación de llamarlo a declarar.
Recientemente el ex mandatario Lobo expresó que tenía conocimiento del despilfarro que existía en el Seguro Social, al tiempo que justificó que el proceso electoral y la democracia debían primar en ese momento.
En ese sentido, la diputada por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Doris Gutiérrez, manifestó que el Ministerio Público está en la obligación de llamar al ex mandatario por sus declaraciones en torno a la escandalosa corrupción en ese centro hospitalario.

Manifestó que “son declaraciones bastante desafortunadas las del ex presidente Lobo”.
Subrayó que dichas revelaciones muestran que el ex mandatario habría “puesto en primer lugar a su partido y a un proceso electoral, en lugar de poner la vida, la salud y la seguridad de las personas”.
En base a lo anterior, dijo que “el Ministerio Público debería de llamarlo aunque haya dicho que firmó la vendita intervención en dos semanas o tres semanas antes que terminara su Gobierno”.
Además, calificó las declaraciones como “un acto de irresponsabilidad. Es una actitud de negligencia y falta de cumplimiento a los deberes de los funcionarios públicos”.
Por su parte, el diputado nacionalista, Rolando Dubón Bueso, acotó que “si el Ministerio Público requiere de una declaración del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, tiene el derecho de hacerlo”.
En referencia a la magnitud de las revelaciones de Lobo, el congresista refirió que “con las dimensiones de corrupción y como la persona mayor informada del país (Lobo Sosa), no es posible que no se haya dado cuenta”.
“El Ministerio Público está obligado a profundizar en las investigaciones, independientemente quien esté involucrado”, reiteró.
 http://www.proceso.hn/2014/07/21/Term%C3%B3metro/Diputados.coinciden.en/89661.html

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/07/honduras-diputados-coinciden-en-que-mp.html

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Honduras: Corrupción del Seguro se reproduce en Salud

lunes, 21 de julio de 2014

No han recibido presiones para dejar dormir el caso del Seguro Social, aseguró ayer el fiscal Roberto Ramírez Aldana.

No han recibido presiones para dejar dormir el caso del Seguro Social, aseguró ayer el fiscal Roberto Ramírez Aldana.
Tiempo.hn / 20 de Julio 2014 – 23:55  Tegucigalpa, Honduras.
 El modo operandi de los hechos de corrupción en el Seguro Social es el mismo que se dio en la Secretaría de Salud, aseguró el coordinador de la Unidad de Apoyo Fiscal, Roberto Ramírez Aldana, quien lleva el caso de esa institución de previsión en los tribunales de justicia.
Ramírez Aldana se pronunció en estos términos tras la intervención que fue ordenada en el Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula, por parte del gobierno en el que no hay ni insumos, ni medicamentos ni equipo para atender a la población.

“Nosotros creemos que es necesaria una intervención y creo que todo el modo operandis que hemos visto en el Seguro Social se reproduce en otros sectores como en la Secretaría de Salud”, enfatizó.
Según el fiscal, uno de los temas más vulnerables que el país y las autoridades pueden enfrentar es el de la corrupción en el sector público, no solamente en el Seguro Social, si no vemos que se extendió a todo el sistema de salud.
Indicó que en este sector desde el año pasado han hecho investigaciones y han presentado requerimientos especiales por el manejo de los medicamentos de los almacenes centrales de Salud y algunos hospitales.
EMPLEADOS ORGANIZADOS
“Desde el momento que usted encuentra grupos de personas y muchos de ellos empleados de esas instituciones del Estado que están organizados para llevar a cabo una finalidad, que es defraudar, tanto a la administración pública como a los propios pacientes, se puede hablar de organizaciones especiales para delinquir”, manifestó.
Para el abogado, estos casos deben ser manejados bajo un enfoque especial y eso tiene que ver que el país se modernice, se actualice, en una lucha más frontal contra la corrupción bajo un enfoque de criminalidad organizada.
“El Ministerio Público está haciendo un buen uso de los recursos para que, de alguna manera, sacar el tema de corrupción de ese enfoque cotidiano que teníamos y aplicar esas nuevas técnicas en los casos como hacer pruebas anticipadas; entregas vigiladas; agentes encubiertos y toda la gama de operaciones que las convenciones internacionales nos permiten”, expresó.
Ante los cuestionamientos de algunos sectores como el Consejo Nacional Anticorrupción que se le ha dado pruebas y no se ha conseguido que se encarcele a ninguna persona, más que una sola, dijo que ha sostenido algunas reuniones con estos interesados en saber cómo está el caso del Seguro Socia.
“El caso no se ha detenido, nosotros estamos desarrollando líneas especiales de investigación que tienen que ver con incautación de bienes, de cuentas y de operaciones financieras transnacionales, eso se ha vuelto sumamente complejo”.
SEGUROS DEL TRABAJO
“Quiero decirles que de alguna manera la protesta que ha existido por una supuesta falta de acción del Ministerio Público y lo hemos valorado, respetamos las posiciones de algunos sectores, pero estamos muy claros, muy seguros del trabajo que se está haciendo”, enfatizó.

Sin embargo, dijo que lamentaba no compartir la mayoría de las informaciones que se está produciendo en este caso, pero habrá el momento en el cual el Ministerio Público dará la conferencia de prensa para eliminar muchas de las individualizaciones que la prensa tiene.

Manifestó que han avanzado en identificar algunas redes, algunas pequeñas organizaciones dentro y fuera del Seguro Social y del país. “En eso hemos estado muy ocupados, creo que el Ministerio Público ha dado y va seguir dando respuesta muy concretas sobre este caso”.
“Nosotros en ningún momento, principalmente  el equipo profesional que está a cargo de este tema, hemos recibido línea, o presiones ni para hacer o dejar de hacer algo en este caso, tenemos una libertad, estamos trabajando, estamos muy ocupados en desarrollar las investigaciones para no dejar aristas sueltas”, apuntó el abogado en relación a los comentarios que surgen que están dejando dormir el proceso.
 http://www.tiempo.hn/portada/noticias/corrupcion-del-seguro-se-reproduce-en-salud

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/07/honduras-corrupcion-del-seguro-se.html

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Honduras: Afiliados al IHSS ya no aguantan // Lobo dice que su gobierno detectó la corrupción en IHSS,pero decidió no intervenirlo por cercanía de elecciones

viernes, 18 de julio de 2014

La señora Lucia Dubón, paciente con insuficiencia renal crónica, muestra a los periodistas tres recetas que deberá comprar porque no hay en la farmacia del Seguro Social.

Tiempo.hn / San Pedro Sula, Honduras.

La falta de insumos médicos obligó a un grupo de afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a exigir al gobierno que presten atención a ese problema.
Instalados en una carpa, en el portón principal que da acceso a la emergencia del Seguro Social, el grupo de protestantes aseguró que es necesario que el pueblo denuncie y no se quede callado ante los atropellos.
Indicaron que el gobierno hace las deducciones puntualmente, pero esos fondos no se utilizan para la compra de medicamentos e insumos.
 “Estamos en este lugar para hacernos escuchar en contra de una institución que debe estar dando los servicios para lo cual fue creado, pero que gracias a un grupo de corruptos ahora se encuentra en estas condiciones”, expresó, Marcia Ferrera, derechohabiente del IHSS.
ENFERMOS RENALES

Apoyando el movimiento se encontraba ayer, Lucia Dubón, paciente de insuficiencia renal crónica, quien expuso ante los medios de comunicación que en el área de nefrología no tienen medicamentos.
“Aquí andamos la cartera llena de recetas porque no hay medicamentos, ya los jefes de los trabajos ni  quieren que uno venga al Seguro porque ya se sabe que solo a perder el tiempo,  nos enfermamos de tanto trabajar, tenemos derecho a la salud”, afirmó la señora.

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Lobo dice que su gobierno detectó la corrupción en IHSS,pero decidió no intervenirlo por cercanía de elecciones

Autor del articulo: Proceso Digital   
Viernes 18 de Julio 2014 – 14:01

Tegucigalpa – El ex presidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), reveló que fue su administración la que detectó la escandalosa corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), sin embargo no decidió intervenirlo debido a la proximidad de las elecciones generales, lo que pondría en peligro, según él, el proceso de consolidación de la democracia.

- El ex mandatario declaró que “yo firmé el decreto de intervención”.
- Desmintió que con fondos públicos haya adquirido una lujosa vivienda en EEUU y agregó que el inmueble es del banco y que la pagará en 20 años.
Lobo justificó que las elecciones políticas eran primordiales para fortalecer la democracia en Honduras, frente al desfalco en el Seguro Social, que según investigaciones de la Fiscalía, involucra a más de 300 personas y que data desde hace varias administraciones gubernamentales.
Como parte de la justificación, Lobo Sosa subrayó que fue él en su gestión quien firmó el decreto de intervención, al tiempo que preguntó: “¿Me dicen quién firmó la intervención del Seguro?”.
Las declaraciones del ex mandatario fueron brindadas a periodistas en el aeropuerto internacional Toncontín, hasta donde llegó para viajar a los Estado Unidos.
Continuando con el tema del descalabro financiero del IHSS, el ex gobernante refirió que “se salta la liebre de donde menos la espera uno”, refiriéndose al ex director Mario Zelaya, quien es el principal señalado por los actos de corrupción en ese centro hospitalario y que además se encuentra prófugo de la justicia y se ofrece una recompensa de 1 millón de lempiras para quien ayude a dar con su detención.
Pormenorizó que “yo tengo la institución como Gobierno, tengo un consejo directivo que está integrado por la empresa privada, los trabajadores, el Colegio Médico de Honduras, que voy a imaginarme que va a haber tal problema como el que me dijeron a mí”.
Al mismo tiempo reveló que el desfalco en el IHSS, “lo detectamos nosotros el año pasado”.
Asimismo, dijo que “no se hizo la intervención antes de las elecciones porque iba a generar un relajo enorme y había que hacer el proceso, se trataba de consolidar la democracia en Honduras”.
Sobre la denuncia que ha trascendido en los medios de prensa sobre la adquisición de su parte de una lujosa vivienda en Estados Unidos, Lobo refirió que “ahorita no es mía, aún es del banco y dentro de 20 años que termine de pagarla, entonces no tiene ninguna relación con los otros temas de corrupción que se dieron y que se dan en todos los gobiernos”.

Fuente: http://www.hondurastierralibre.com/2014/07/honduras-afiliados-al-ihss-ya-no.html

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Incautan cuatro propiedades más a nombre de Mario Zelaya.

El director de fiscales del Ministerio Público, Rolando Argueta, informó este jueves, que cuatro inmuebles más fueron incautados al ex director del Seguro Social, en las últimas horas.

El director de fiscales del Ministerio Público, Rolando Argueta, informó este jueves, que cuatro inmuebles más fueron incautados al ex director del Seguro Social, en las últimas horas.

Las acciones del MP forman parte de una serie de denuncias hechas por el Consejo Nacional Anticorrupción, las cuales fueron cotejadas por la Unidad de Investigación de la Fiscalía, que comprobó que las irregularidades habían sido cometidas por funcionarios del seguro social.

El despilfarro financiero del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) ascienden a más de dos millones de lempiras, de lo cual ya guardan prisión el José Bertetty, ex gerente financiero y José Zelaya ex gerente de Suministros y Compras.

En el proceso de investigación, tras el aseguramiento de nuevos bienes al ex director, el Ministerio Público alabó las acciones de la Secretaría de Seguridad por la recompensa de un millón de lempiras a quien informe sobre el paradero de Mario Zelaya.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/incautan-cuatro-propiedades-m%C3%A1s-nombre-de-mario-zelaya

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¿Quién es el responsable de la huida de los niños hondureños?

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Dana Frank

Dana Frank

De pronto, todos los ojos están sobre los 47.000 menores no acompañados por adultos que procedentes de América Central han sido interceptados en la frontera de los EE.UU. desde principios de este año, el mayor número de los cuales provienen de Honduras. Con toda razón, la mayoría de los debates han puesto de relieve que las pandillas y la violencia son la causa inmediata de su huida.

Sin embargo, en esta discusión sobre Honduras no aparece el régimen post-golpe de Estado que rige el país, que es en gran parte responsable de la gran criminalidad que ha sobrepasado el país. Igualmente ausente es la responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos con este régimen. Sí, las pandillas están fuera de control en Honduras. Pero la pandilla verdaderamente peligrosa es el gobierno de Honduras. Y los dólares de nuestros impuestos  se están vertiendo en él, mientras que nuestros altos funcionarios alaban sus virtudes.

Este 28 de junio se cumplió el quinto aniversario del golpe militar que depuso al presidente de Honduras democráticamente electo Manuel Zelaya. Desde entonces, una serie de administraciones corruptas ha desatado un control criminal abierto de Honduras, de arriba a abajo del gobierno. El actual presidente Juan Orlando Hernández, quien asumió el cargo en enero, era él mismo un entusiasta partidario del golpe de Estado, los informes del Congreso de Honduras establecen que en 2012 llevó a la expulsión ilegal de cuatro miembros de la Corte Suprema y el nombramiento ilegal de un nuevo Fiscal General para un mandato de cinco años.

La policía de Honduras es mayoritariamente corrupta, opera en estrecha colaboración con el narcotráfico y el crimen organizado. En agosto pasado, incluso una comisión del gobierno hondureño que supervisa la depuración de la policía admitió que el 70 por ciento de la policía está “más allá de poder rescatarla.” InSight Crime concluye: “una serie de poderosos grupos locales, conectados a las élites políticas y de la economía … manejan la mayor parte de las actividades del hampa en el país.  Ellos han penetrado profundamente la policía hondureña.”

La respuesta de Hernández a la corrupción de la policía, sin embargo, ha sido la militarización peligrosa. No sólo el ejército regular ahora patrullan los barrios residenciales, aeropuertos y cárceles, pero la nueva fuerza de  5.000 efectivos  de la policía militar de Hernández va expandiéndose en todo el país. El poder judicial y los fiscales a menudo son corruptos también. El Informe del Departamento de Derechos Humanos del Estado de los EE.UU. para el año 2013 en Honduras habla de “impunidad generalizada”, causada por un sistema de justicia débil. “Los autores de asesinatos y otros crímenes violentos rara vez son llevados ante la justicia”, informa la orgaización Human Rights Watch. Como resultado, después del golpe Honduras ahora cuenta con la tasa de homicidios más alta del mundo, según cifras de las Naciones Unidas.

Peor aún, la policía y los propios militares matan y golpean a las personas con impunidad. La organización Human Rights Watch ha documentado numerosas denuncias de asesinatos de activistas de los derechos de la tierra por parte de fuerzas de seguridad, e informa que “la impunidad de los graves abusos de la policía es un problema crónico.” Hasta el pasado mes de diciembre, el jefe nacional de la policía fue Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, quien de acuerdo con documentos obtenidos por la Associated Press (AP), participó en los asesinatos de muerte en el período 1998-2002. Más recientemente la AP ha documentado al menos cinco presuntos asesinatos de los escuadrones de la muerte por la policía hondureña. El 13 de mayo, los nuevos policías militares rodearon, gasearon y  golpearon brutalmente, y expulsaron por la fuerza de la sala principal del congreso a 36 congresistas del partido de centro-izquierda de la oposición LIBRE.

Al mismo tiempo, el gobierno post-golpe de Estado está destruyendo rápidamente gran parte de lo que queda de la economía hondureña. En los dos años siguientes al golpe, 2010-12, el gasto en vivienda pública, la salud y la educación se redujo, según el Centro para la Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research), mientras que la pobreza extrema se incrementó en 26,3 por ciento. “A través de las privatizaciones neoliberales, recortes y reorganizaciones que están acabando con empleos sindicalizados del sector público”, observa German Zepeda, Secretario General de la Federación de Honduras de Trabajadores Agroindustriales. En mayo, por ejemplo, todo el organismo encargado de los asuntos de la infancia fue eliminado y todos sus activos liquidados. La AFL-CIO reporta que las leyes laborales raramente se cumplen, los asesinatos y amenazas contra sindicalistas no son investigados, y un programa del sector privado, “la creación de puestos de trabajo” tan pregonado rompe el tiempo completo, el empleo permanente y lo convierte en un trabajo precario a tiempo parcial, eliminando el acceso al sistema de salud pública y la elegibilidad para la sindicalización, junto con un salario digno.

En este escenario global, los niños de hecho mueren. Con pocos puestos de trabajo y sin un sistema de justicia penal eficaz, las pandillas verdaderamente aterradoras han proliferado, y el tráfico de drogas engendra violencia espectacular, incluyendo múltiples masacres de niños en abril y mayo divulgadas en todos los medios. Según Casa Alianza, la organización independiente que lidera y aboga por los niños sin hogar en Honduras, solo en el mes de mayo 2014, 104 jóvenes fueron asesinados; entre 2010 y 2013, 458 niños menores  de 14 años fueron asesinados.

El 6 de mayo, José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, denunció que la policía están operando operar “limpieza social” escuadrones de la muerte matando a los niños.

Dos días más tarde, su coche parado fue embestido por un vehículo de seguridad del gobierno y fue brutalmente golpeado y arrestado por la policía militar, según Amnistía Internacional (Amnesty International).

Sin embargo, a pesar de la abrumadora evidencia, el gobierno de EE.UU. sigue apoyando, incluso celebrando el régimen. Dos días después de que los policías militares atacaron a los miembros de la oposición en el Congreso, la Embajadora de  EE.UU. Lisa Kubiske elogió sin rodeos al presidente Hernández, alabó los TIGRES – una peligrosa nueva unidad de fuerzas especiales que ha promovido – y dijo que los EE.UU. quiere invertir “más y más en la policía hondureña”.  El Comandante John Kelley del Comando Sur de EE.UU., al visitar Honduras el 19 de mayo, elogió Hernández por su “impresionante” y exitoso trabajo contra los narcotraficantes. Ahora, como una respuesta a la afluencia de los menores no acompañados en la frontera, la Casa Blanca ha autorizado $ 8,5 millones en fondos adicionales para la corrupta policía hondureña.

Los EE.UU. está vertiendo ciertamente fondos a la policía hondureña y los militares, en nombre de la lucha contra el tráfico de drogas. Las cifras exactas no están disponibles, pero de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso aproximadamente $ 25 millones fluyeron a las fuerzas de seguridad de Honduras en 2013. Otros fondos de Estados Unidos apoyan las fuerzas hondureñas a través de USAID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad (CARSI).

Al mismo tiempo, las políticas de los Estados Unidos están contribuyendo directamente a la destrucción de la economía hondureña – de ahí la falta de puestos de trabajo viables. El Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA), por ejemplo, ha obligado a los pequeños y medianos productores a competir con la agroindustria EE.UU. y otras corporaciones. En Honduras como en otros lugares, las políticas neoliberales impuestas por el Fondo financiado por Estados Unidos Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial promueven la eliminación de puestos de trabajo del sector público, la privatización y la reducción de los servicios sociales un comunicado fechado el 13 de junio del Directorio Ejecutivo del FMI, por ejemplo,  aboga por  “la reducción de la masa salarial” del gobierno hondureño.

El Congreso de los EE.UU., sin embargo, ha desafiado en voz alta y claramente la política de EE.UU. El 28 de mayo, 108 miembros del Congreso, encabezados por la congresista Janice Schakowsky (D-Illinois), enviaron una carta al Secretario de Estado John Kerry cuestionando el apoyo de EE.UU. para el régimen. La Ley de Asignaciones Consolidadas de 2014 coloca los derechos humanos como condicionante en una parte sustancial de la asistencia de los EE.UU. a las fuerzas de seguridad hondureñas.

Mientras los jóvenes hondureños corren el riesgo de peligros espectaculares al cruzar las fronteras para tratar de escapar del horror de su país, los EE.UU. debe asumir la responsabilidad de esa pesadilla, y cortar sus lazos con las pandillas de los oligarcas que gobiernan Honduras, dejar de verter fondos en sus policías y militares incluidos los fondos para la capacitación de la policía.  Al mismo tiempo, tenemos que tratar a los niños que llegan con gran cuidado y respeto, que se observen los procedimientos legalmente establecidos. Tenemos que darles abogados, permitir a los observadores independientes inspeccionar todas las instalaciones en las quelos retienen, y si sus padres están aquí, hacer todo lo posible para reunirlos con sus familias en los EE.UU.

Fuente: http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=3221:iquien-es-el-responsable-de-la-huida-de-los-ninos-hondurenos&catid=67:monitoreo&Itemid=192

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“Los zopilotes” dominaban el Hospital Mario Catarino

14 de Julio de 2014

11:24PM  -  Redacción   

 

Banda estaba involucrada en el cobro ilegal de dinero a pacientes, familiares y empleados del cuarto piso del centro. Controles de seguridad instalados para evitar ingreso de delincuentes.

Tegucigalpa, Honduras

Una peligrosa banda denominada “Los Zopilotes” sería la responsable de los terribles actos delictivos cometidos al interior del Hospital Mario Catarino Rivas, según las pesquisas realizadas por EL HERALDO.

El pasado 10 de julio las autoridades de la Secretaría de Salud informaron sobre el inicio de una intervención del centro hospitalario, que según indicaron permanece secuestrado por “grandes mafias”.

El proceso que, según la ministra de Salud, Yolani Batres, había comenzado dos semanas antes de su anuncio en los medios de comunicación, surgió en medio del escándalo por el fallecimiento de un paciente engusanado.

En el momento las autoridades aseguraron que además de intervenir por la supuesta ausencia de sensibilidad y humanidad de los empleados de la salud, el proceso era de vital importancia ya que la vida de los pacientes, de sus familiares y de los empleados estaba amenazada por el crimen organizado.

Bandas

Y es que al interior del centro existen grupos delictivos que hacen dinero a costillas de los pacientes.

Fuentes de entero crédito informaron a EL HERALDO que miembros de la banda “Los Zopilotes” serían los responsables de realizar los cobros ilegales dentro de la institución.

La fuente explicó que los malhechores mantenían secuestrado el cuarto piso del centro donde se localiza el área de hospitalización de ortopedia y donde prácticamente habían hecho su sede para imponer impuestos a todas las personas que pretendían ingresar al área.

Según se conoció, los delincuentes actuaban en complicidad con empleados de la institución y se les atribuye terroríficos hechos como la desconexión de equipos médicos a pacientes en estado crítico con el fin de hacer negocios con empresas funerarias.

Este último extremo fue confirmado por el teniente coronel de la 105 brigada, Saúl Carrillo, quien también es miembro de la junta interventora nombrada en el Catarino.

En esta junta también participan los profesionales Lenin Palencia, Jorge Fonseca, Rosario Cruz y Merlin Fernández.

El teniente señaló que “tenemos claro que hay grupos internos que trabajan para criminales, como maras y traficantes de ataúdes”.

Sin embargo, dijo que el grupo de criminales está identificado y que procederán contra ellos conforme a la ley.

Las acciones

Según el viceministro de Salud, Francis Conteras, los actos irregulares dentro del Mario Catarino obligaron la intervención de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), que desde el pasado viernes se apoderó de los portones del centro hospitalario.

Esta medida fue adoptada como mecanismo de control para evitar que al centro ingresen los malhechores a cometer sus fechorías. Indicó que la seguridad brindada por la empresa privada, que meses atrás era la misma que operaba en el Hospital Escuela Universitario, fue desalojada y que más de 90 militares han ocupado sus puestos.

Explicó que las autoridades de Fusina impusieron un estricto control de ingreso y que ahora solo se permite entrar a personas debidamente identificadas.

Otros hallazgos

La ministra de Salud, Yolani Batres, informó ayer que la junta interventora ha organizado su labor dentro del Mario Catarino para investigar otras anomalías del centro.

Entre estas, la funcionaria indicó que se investigará la fuga de medicamentos del centro hospitalario “que debía darse en el Mario Catarino Rivas pero se daba en puestos de venta frente al hospital”.

La funcionaria aseguró que por estas y otras acciones irregulares ya han sido separados algunos empleados a quienes se les realizó el debido proceso administrativo y las investigaciones correspondientes.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/729289-331/los-zopilotes-dominaban-el-hospital-mario-catarino

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Ley de secretos hondureña potencia corrupción y limita a la prensa

Thelma Mejía

TEGUCIGALPA, 8 jul 2014 (IPS) – El articulado de la nueva ley de secretos oficiales de Honduras constituye un cerrojo a la libertad de expresión, potencia la corrupción y vuelve secreta información pública hasta por 25 años en materia de defensa y seguridad, revela un informe reservado al que accedió IPS.

La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional, más conocida como ley de secretos oficiales, fue aprobada la noche antes de que se clausurase la anterior legislatura del unicameral Congreso Nacional, el 24 de enero.

En una maratónica sesión parlamentaria de dos días, se sancionaron un centenar de decretos y leyes que allanaban el camino al nuevo gobierno de Juan Orlando Hernández, quien asumió el 27 enero y pertenece al derechista Partido Nacional, como su predecesor, Porfirio Lobo.

 

“Esa ley para lo sirve es para que el gobierno haga como el gato, que se encarga de tapar su propia inmundicia”, dijo a IPS con ironía el comerciante Eduardo Tinoco, que cada semana paga 20 dólares por concepto de extorsión a una de las pandillas que controla El Sitio, un barrio del noreste de la capital.

“Yo pago impuesto aquí por todo, hasta por vivir pago ahora, y esa ley de secretos solo servirá para tapar el desvío de fondos que usan para la seguridad y otros negocios del gobierno. No hay que darle más vueltas”, acotó Tinoco, quien posee una pequeña tienda alimentaria.

La ley se había bloqueado en octubre de 2013 por la reacción de la Asociación de Medios de Comunicación y presiones internacionales, que la consideraron lesiva al derecho a la información y la libertad de expresión

Pero se retomó en enero, sin que se sepa bien cómo porque en los archivos del parlamento no aparecen registros de audio que indiquen cuando se reintrodujo el proyecto de ley, según confiaron a IPS funcionarios legislativos que pidieron el anonimato.

Un informe elaborado por un equipo de expertos para el estatal y autónomo Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), revela que la ley de secretos carece de una definición clara sobre qué se entiende por seguridad nacional y esa ambigüedad abre la discrecionalidad para que todo aquello que consideren sensible se tipifique como secreto.

El IAIP es el órgano responsable de asegurar la transparencia en Honduras, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. IPS obtuvo su reporte, que sería difundido en unas semanas.

La ley de secretos oficiales indica en su artículo 3 que, bajo el término de “seguridad nacional”, se pueden clasificar como reservados “los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o defensa nacional y el logro de los objetivos en estas materias”.

La norma divide la clasificación de información en: reservada, confidencial, secreto y ultra secreto. Tienen un período de reserva de cinco, 10, 15 y 25 años que serán prorrogables si así lo determina el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, responsable de clasificar o desclasificar.

Este Consejo lo integran los tres poderes del Estado, la Fiscalía General de la República, los titulares de Defensa y Seguridad, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Es información reservada es aquella de “nivel inferior” que se refiera a información, documentación o material estratégico interno de los entes del Estado cuya revelación pueda causar “efectos institucionales no deseados”.

El término confidencial se adjudica a la información de un “nivel intermedio” cuya revelación podría originar “riesgo inminente” o amenaza directa contra la seguridad, la defensa nacional y el orden público. “Este material podría dañar o perjudicar internamente” a la seguridad nacional si estuviera públicamente disponible, señala.

El secreto fija un “nivel alto” en materias clasificadas en el orden nacional, en el ámbito estratégico interno y externo del Estado, cuya revelación es un riesgo inminente en contra del “orden constitucional, la seguridad, la defensa nacional, las relaciones internacionales y el logro de los objetivos nacionales”.

Mientras que ultra secreto determina “el más alto nivel” de clasificación, cuya divulgación podría provocar un daño interno y externo “excepcionalmente grave” al atentar contra la seguridad, la defensa, la soberanía e integridad territorial, y el logro de los objetivos nacionales.

Omar Rivera, del Grupo de Sociedad Civil, que aglutina a organizaciones de incidencia política y de derechos humanos, dijo a IPS que esta “amplia discrecionalidad de la ley preocupa mucho, porque así todo puede ser secreto”.

Su mayor preocupación lo representa el impuesto de seguridad que pagan las empresas y particulares desde hace dos años, como aporte en la lucha contra la inseguridad y la violencia. Con esta ley, “es imposible obtener información que nos diga con certeza en qué se invierten esos millonarios recursos que recoge el Estado”, alertó.

El informe del IAIP subraya, precisamente, esas discrecionalidades, al afirmar que puede clasificarse como “ultra secreto” cualquier información en la cual un funcionario público resulte implicado en actos de corrupción.

“Esa clasificación sería por 25 años, termino en el cual prescribe la acción penal en contra de los servidores públicos por actos de corrupción, volviendo así imposible la deducción de responsabilidades”, expresa el análisis de la ley.

En tanto, el experto en derecho humanitario Roberto Velásquez advirtió a IPS que esa ley está dedicada expresamente al periodismo y la libertad de expresión, al poner cerrojos para investigar o difundir información.

Se refiere al artículo 10 de los 17 de la norma, que establece que ”cuando una materia clasificada permita prever que pueda llegar a conocimiento de los medios de comunicación, se notificará a estos el carácter de la misma, con el objeto de su clasificación”.

Asimismo, si una persona tiene conocimiento de una información clasificada está obligada a “mantener el secreto” y entregarla a la autoridad civil, policial o militar más cercana.

La nueva norma lesiona directamente la Ley de Transparencia, vigente desde hace cinco años, al quitar al IAIP la potestad de clasificar la información considerada secreta, así como contradecir artículos que garantizan la libertad de expresión e investigación periodística.

Doris Madrid, presidenta del IAIP, dijo a IPS que confían en una reforma a la ley de secretos, al entrar en contradicciones con la Constitución y tratados internacionales, pero en el Congreso una propuesta de revisión o derogación de la norma fue desestimada en marzo.

IPS pudo saber que Transparencia Internacional condicionó la suscripción de un convenio con el gobierno sobre presupuesto abierto a una revisión de la ley.

Honduras es considerada una de las naciones más opacas de América Latina por la percepción de corrupción y por su manejo de la materia de seguridad. En abril, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indicó que este país de 8,4 millones de personas tiene la tasa de homicidios más alta del mundo.

El Observatorio de la Violencia de la pública Universidad Nacional Autónoma de Honduras fijó esa tasa en 79,7 homicidios por cada 100.000 personas. Ahora, las autoridades pasaron a negar al Observatorio las cifras de muertes violentas, denunciaron sus directivos.

http://www.ipsnoticias.net/2014/07/ley-de-secretos-hondurena-potencia-corrupcion-y-limita-a-la-prensa/

Fuente: http://voselsoberano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16883:ley-de-secretos-hondurena-potencia-corrupcion-y-limita-a-la-prensa&catid=1:noticias-generales

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Honduras Arrests Point to Drug Traffickers’ Use of Commercial Airports

The plane and two detainees The plane and two detainees

Honduras authorities detained two Mexican pilots as they attempted to take off from a commercial airport with the help of a “mafia” involving airport staff, according to the air force, indicating how official corruption can undermine attempts to halt the flow of illicit air traffic.

The two Mexican pilots were detained on July 6, carrying some 400 gallons of fuel and $12,000 aboard a plane they were planning to fly out of the Goloson International Airport in the city of La Ceiba, reported Proceso. The pair were arrested on charges of preparing to traffic illegal drugs, and authorities believe they were headed to the La Mosquitia region in eastern Honduras.

The accused had reportedly flown in from San Pedro Sula, asking for permission to land at Goloson to perform tests on the plane’s motor. While there, they removed the seats from the plane to make room for the fuel, which they received from people waiting in nearby vehicles — one of whom was also arrested, reported La Prensa.

According to La Ceiba Air Force Commander Javier Barrientos, evidence in the case strongly points to the collaboration of officials from the airport and from the city, who may have facilitated the pilots’ entry into the country. He attributed the case to the actions of a “large mafia” operating out of the airport, and claimed employees from the control tower, airport security, and migration authorities “permitted these [types of] situations,” reported Proceso.

InSight Crime Analysis

Recent years have seen a sharp increase in drug flights passing through Honduras with northern-bound cocaine shipments. This development was spurred in part by authorities clamping down on air traffic in neighboring Guatemala, as well as the chaos following the 2009 coup, which helped turn Honduras into a narco-storehouse.

SEE ALSO: Honduras News and Profiles

Both the previous government and the current administration of President Juan Orlando Hernandez have made concerted efforts to reduce illicit drug flights, prioritizing the destruction of illegal airstrips, passing a shoot-down law in January and purchasing radar systems from Israel. One of the radars has already arrived in the country, while the other two are expected in August.

Nonetheless, the recent case indicates that systemic corruption also plays a role in facilitating aerial drug trafficking in Honduras, and will have to be addressed if authorities are to successfully combat drug flights.

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-briefs/honduras-arrests-drug-traffickers-commercial-airports

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30 DELITOS ENFRENTARÁ EL CAJERO DE LA TESORERÍA DE LA UNAH

7 de Julio del 2014

 

Catorce delitos por malversación de fondos públicos y dieciséis delitos por falsificación de documentos, enfrentará en los tribunales de justicia, el Cajero General de la Tesorería de la UNAH, Francisco Antonio Obando Torres, por el desfalco de 3,6 millones de lempiras en perjuicio de la Máxima Casa de Estudios.

Ricardo Castro, Fiscal de Delitos Generales del Ministerio Público (MP), manifestó que “se descubrieron 14 acciones diferentes, por lo tanto se han presentado 14 delitos de malversación de caudales públicos, en este caso en perjuicio de la administración pública, como ofendida la Universidad y en eso también se presentaron 16 delitos de falsificación de documentos”.

De acuerdo a Castro, de encontrarse culpable al funcionario  de todos los delitos que se le imputan, este  podría ser condenado a una pena de 95 años de prisión.

Actualmente el acusado actúa como Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Previsión de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (IMPREUNAH), además fue presidente de una de las juntas directivas y se desempeñó por 24 años como tesorero del Sindicato de Trabajadores de la UNAH (SITRAUNAH). Obando Torres trabaja en la Alma Mater desde hace 28 años.  

Modus operandi

La rectora de la UNAH, Julieta Castellanos explicó  que los fondos que se malversaban proceden del dinero que ingresaba a la caja de la Universidad por concepto de los pagos que se realizan en la institución por concepto de graduación, pago de boletas, entre otros.

La funcionaria expresó que “se elaboraban las boletas de depósito en efectivo escribiendo la cantidad en letras de los valores enviados o depositados, pero dejando un espacio en blanco al margen izquierdo. Luego se hacían originales para no tener dificultad en la alteraciones de la boleta de depósito. Una vez devuelta la boleta, sellada y fechada por el BCH, procedían a insertar el espacio en blanco la cantidad correcta que debió ser depositada”.

Investigación

Las irregularidades fueron detectadas por el departamento de contabilidad de la UNAH, que encontraron indicios que las copias de las boletas presentaban alteraciones entre los valores depositados en efectivo y los créditos operados por el Banco Central de Honduras (BCH).

Al observar dicha irregularidad, inmediatamente las autoridades de la UNAH ordenaron una investigación analizando las boletas de depósitos realizados por tesorería general de la UNAH en la cuenta número 11103-01-000124-4 que la institución maneja en BCH.

Castellanos explicó que el 24 de junio se reunieron con el Fiscal General para denunciar el hecho delictivo y entregarle toda la información sobre los acontecimientos, junto a la firma digitalizada de 11 empleados que trabajan en tesorería para que realizaran un peritaje grafístico que identificó la firma de Francisco Obando en las boletas de depósito, tanto en los originales como en las adulteradas.

Durante ocho días el Ministerio Público procesó y constató la información de la investigación, que inició la UNAH, por lo que procedieron a la captura del acusado por los delitos de malversación y falsificación de fondos públicos.

Comunicado investigación UNAH

Fuente: http://www.presencia.unah.edu.hn/administracion/articulo/30-delitos-enfrentara-el-cajero-de-la-tesoreria-de-la-unah-

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Confabulación del Estado y “coyotes” generan especulación en el mercado

Jul 04, 2014

Por varias horas los consumidores y consumidoras se apostaron en las afueras de la Suplidora Nacional de Productos Básico, Banasupro, con la intención de lograr llevar un par de libras de frijoles a sus hogares. La alegría duró poco, a pocas horas los quintales traídos de Etiopía se esfumaron.

En las últimas semanas el alto precio del grano, hasta 100 lempiras la medida, nos recuerda la crisis alimentaria que mantiene a 8 de cada diez personas viviendo en pobreza. A la preocupación del frijol, se suma el anuncio de los productores de maíz quienes advierten del alza de este producto como resultado del alto costo de los insumos y los combustibles.

Para Jorge Díaz, productor de la Red  de Comercialización Alternativa, Red Comal, el  problema de abastecimiento del frijol y el resto de los granos básicos es producto de la confabulación entre el Estado y los coyotes. “Los intermediarios son los mayores beneficiarios y el Estado a través de las distintas instancias públicas los respalda debido a la inoperancia que existe”, dice Díaz.

El problema radica en la incapacidad de los gobiernos de prever lo que puede ocurrir en los meses próximos. “Con esfuerzo propio los productores logran mantener el consumo nacional, pero hay meses que el clima o la falta de apoyo técnico y financiamiento reducen la cantidad de siembra. Es en estos meses donde el Estado debe almacenar para poder abastecer y no generar especulación en los meses venideros”, agrega el productor.

Crisis alimentaria

Un estudio realizado en años anteriores por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh, estima que en la mayoría de los municipios del país, el ingreso promedio de las mujeres jefas de hogar es de aproximadamente 1,982 lempiras mensuales, situación que apenas se incrementa a 2,187 lempiras cuando el jefe de hogar es del sexo masculino.

Este ingreso contrasta con el costo de la canasta básica para una familia en el área rural, que se estima es más de 6 mil lempiras. Con los raquíticos ingresos obtenidos por muchas familias apenas cubren entre el 31% y el 35% del costo de la canasta básica de alimentos, dejando al margen otras necesidades que tienen que ver con la salud, la educación, vestimenta y recreación.

El economista Claudio Salgado, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) aclara que la especulación se produce cuando un grupo acapara un determinado producto para obtener más ganancias a costa de las necesidades, del hambre de las mayorías.

“Controlan la producción y fijan el precio como ellos quieren, su única preocupación es obtener ganancias a costa de lo que sea”, dijo Salgado.
Para abastecer el mercado nacional se requiere de 2.5 millones de quintales de frijoles, “lo que convierte en difícil que una sola persona pueda acaparar el grano, pero lo que de fondo está es que el gobierno no tiene ninguna política de fomento de la agricultura. No apoyan a los pequeños productores y esto nos está poniendo en serios problemas, ya que no logramos los suficientes granos para sostener la demanda. El campo está abandonado”, argumentó el economista.

Abandono del campo

El abandono del campo por parte de los gobiernos hizo que muchos hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, se vinieran para el área urbana, abandonando la tierra para dedicarse a otras labores que les permitieran subsistir. Esta migración interna conllevó al abandono del campo hasta quedar sin la fuerza laboral.

Pero en los últimos años hemos visto como los campesinos han iniciado un proceso de recuperación de tierras para volver a producir los granos básicos y las hortalizas que les permitan garantizar los alimentos en primer lugar para su familia y para salvar de la crisis la seguridad alimentaria del país. Pero esta lucha enfrenta serias trabas por parte de los terratenientes que junto a los órganos represores del Estado persiguen y asesinan a los campesinos sin tierras.

Por ahora hay más de 300 mil familias sin un pedazo de tierra que cultivar por lo que se ven obligados a recuperar aquellas tierras ociosas, fiscales o que pertenecen al Estado y que han sido acaparadas por terratenientes, azucareras u otros empresarios que buscan a como dé lugar adueñarse de las mejores tierras que tiene el país.

Actualmente el agro hondureño está en peores condiciones al no funcionar la reforma agraria que recibió el tiro de gracia por parte del gobierno nacionalista que dirigió Rafael Leonardo Callejas al aprobar en 1992 la ley de modernización agrícola.

Cada día las demandas en el campo se vuelven más fuertes y necesarias. Como bien lo menciona el diputado y analista Rafael Alegría de Vía Campesina, “el abandono del agro no sólo se expresa y repercute en la producción sino en la seguridad alimentaria. Esto hace que los hombres y las mujeres del campo no tengan educación, salud, vivienda tampoco servicios básicos como agua potable, letrinización, electricidad y recreación”.

La gente del campo, la misma que ha sostenido, alimentado y subsidiado a las ciudades, es la que hoy sobrevive en condiciones estructuralmente inhumanas. Y esto es así porque la tierra y los recursos naturales en general son vistos por las multinacionales y sus socios locales, a partir de las ganancias y capitales que se les pueden extraer y nunca desde la propia realidad humana de las comunidades.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1153-confabulaci%C3%B3n-del-estado-y-%E2%80%9Ccoyotes%E2%80%9D-generan-especulaci%C3%B3n-en-el-mercado

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Encuentran desfalco de más de tres millones de lempiras en la UNAH

Jul 04, 2014

Francisco Antonio Obando Torres, fue encontrado culpable después de una investigación de dos meses y un peritaje grafístico a su firma, por elaborar boletas de depósito en efectivo escribiendo la cantidad en letras de los valores  y dejando un espacio en blanco. Los depósitos los realizaba en el Banco Central de Honduras (BCH).

De acuerdo a la relación de hechos, que dio a conocer la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, a principios de mayo de 2014 el auxiliar de contabilidad, encargado de las conciliaciones bancarias, detectó diferencias entre los valores depositados en efectivo y los créditos operados por el BCH.

“Una vez que estaban bastante confirmadas las sospechas se amplió la información y se pidió al Banco Central las copias de la boletas comprobando que existe una diferencia de 3.6 millones de lempiras”, declaró Castellanos, una hora después de que los miembros de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) capturaran a Obando Torres.

Castellanos explicó que los 3.6 millones de lempiras provenían del pago de servicios que realizan los estudiantes de las diferentes carreras en la máxima casa de estudios.

“O sea, pagan boletas para trámites, laboratorios, etcétera; tenemos una cuenta especial a la que se trasladan todos estos valores, es el único contacto directo que hay con dinero en la universidad, porque todo lo demás se maneja a cuentas y por transferencias electrónicas”,  especificó.

Agregó que la investigación realizada por el personal de la UNAH fue entregada, junto con el registro de firmas de todos los empleados de tesorería, al titular del Ministerio Público. “Hicimos la denuncia y pedimos que la investigación se llevara a cabo de forma secreta para que no se fugara esta persona y no existiera impunidad”.

Así operaba Obando Torres

Según los resultados de la investigación, el cajero general de la UNAH elaboraba las boletas de depósito en efectivo escribiendo la cantidad en letras de los valores o depósitos, pero dejaba un espacio en blanco “al margen izquierdo”.

“Se elaboraban originales para no tener dificultad en la alteración de la boleta de depósito”, indica el informe.

Demostraron que una vez devuelta la boleta, sellada y fechada por el BCH procedían a insertar en el espacio en blanco la cantidad correcta que debió ser depositada.

Al mismo tiempo dijeron que fue el jefe del Departamento de Contabilidad el que ordenó profundizar la investigación analizando las boletas de depósitos “a la vista”, realizados por la Tesorería General de la UNAH en la cuenta número: 11103-01-000124-4 en el Banco Central de Honduras.

Autoridades del Ministerio Público indicaron que Obando Torres, que  es acusado por malversación de caudales públicos y falsificación de documentos, podría recibir una condena mínima de 95 años de prisión.

Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1150-encuentran-desfalco-de-m%C3%A1s-de-tres-millones-de-lempiras-en-la-unah

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Corruption in the Northern Triangle: The siren song of crime – The new wave of illicit networks across Central America

 

Ivan Briscoe | July 03, 2014

The end of the civil wars in the Northern Triangle countries have made way for stable democracies. Despite this development, however, the governments of Honduras, Guatemala, Nicaragua and El Salvador remain infiltrated with corruption and malpractices. The former patrimonial regimes are still important sources of mobilization, which has created parallel states in these countries. Informal relationships, money and fear have initiated a vicious cycle of governmental emergency responses, militarization and crime that only virtuous policies with public backing can replace.

The tinkle of an ice-cream cart is possibly not the first sound that comes to mind at the thought of corruption. For the Congress of Honduras, however, tilín tilín is the chosen term to describe the payment of bribes to deputies. In light of the country’s predicament as Central America’s most violent country, the region’s second poorest and, according to Transparency International, its most corrupt, there is something jarring in hearing that one of the most systemically toxic forms of graft should be synonymous with a frozen sweet.

The Northern Triangle trilogy

This article is part of a trilogy on the security threats facing the Northern Triangle, that includes Honduras, Nicaragua, El Salvador and Guatemala. These countries are challenged by the highest levels of youth violence in the world, the highest homicide rates, powerful drug trading groups, weak institutions and political crime. The influx of migrants in the United States reflects the instability in Central-American countries, as people flee to escape violence and poor living conditions. Many national, regional and international strategies have been developed to combat the region’s biggest threats in an integrated way, but often they have been counterproductive.

This trilogy therefore address each of the problems separately - the drug trade, gang wars and corruption - in order to untangle their causal relationship. All three articles present an overview of the security problems and their causes, the different strategies that have been developed to counter the proliferation of drugs, gangs and corruption, and evaluate their success.

The article on the relationship between drugs and violence, by Pien Metaal and Liza ten Velde of the Transnational Institute, untangles the relationship between the drug industry and high homicide rates for more effective violence reducing policies. This article on illicit networks by Ivan Briscoe of the Clingendael Institute sheds light on the intertwined structures of patrimonial relationships and the development of the state after the civil wars in the Northern Triangle, creating a criminal complexion of governments. And the article on anti-gang policies and gang responses by Chris van der Borgh of the University of Utrecht and Wim Savenije of the Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, set out the gang phenomenon and how it’s evolution has been shaped by ineffective policies.

Over 17 years have now passed since the last of the civil wars which blighted the region came to a formal end. By that time, over 300,000 people had died across the region in three armed conflicts – in El Salvador, Nicaragua and Guatemala – that were rooted in extreme levels of social stratification and economic inequality, fanned by the breeze from the Cuban Revolution, and eventually fought according to the black-and-white logic of the Cold War.

It is no small achievement that relatively stable democracies have emerged since then, despite occasional interruptions like the Honduran coup of 2009. Nor can it be denied that constituencies previously excluded from political life – be they the former guerrillas of El Salvador (FMLN), the Sandinistas of Nicaragua or the Mayan peoples of Guatemala –  have grown in political prominence and, in the case of the first two, become dominant actors in government. And it is certainly a historical first that, following elections in El Salvador and Costa Rica this year, half of the region’s six Spanish-speaking countries are now run by the left, even though the other three remain in the hands of the right.

Yet whereas the old patriarchal regimes have seemingly fallen away, a criminal complexion and illicit infiltration of parties, state institutions, police and judiciary have been developing within the new wave of governments and now pose some of the most serious challenges to this post-conflict political transformation. Scandals pointing to deep collusion between criminals and officials are frequent, serious and generally go unpunished, above all in the Northern Triangle of Honduras, Guatemala and El Salvador (see the box below).

Finding proof of the collusion between criminals and officials

The International Criminal Court in The Hague is now carrying out a preliminary study into the murders of dozens of journalists, politicians and community leaders in Honduras since the coup. One assassination that has reached a local court, that of the 71-year-old former counter-narcotics chief Alfredo Landaverde, shot dead just days after accusing the police in San Pedro Sula of linkages to narco-trafficking, ended last year with the imprisonment of one low-level hit man. No link whatsoever to any organized criminal structure was proven, and possibly not even sought.

Meanwhile, it took the arrival in Guatemala in 2007 of a UN body, the Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG), to force the police and public prosecutors to devote attention to extra-judicial executions, trafficking and fraud carried out with official complicity. Yet the Commission has vented its frustration at the last ditch salvation of the suspects it has pursued: 18 leading magistrates, described by the CICIG in 2012 as the “Judges of Impunity”. It is currently hard to say how much of the work of the Commission and its crusading ally, Attorney General Claudia Paz, will remain in place once Paz leaves office in May, or when the Commission’s mandate ends next year.

An unstoppable tide?

The list of known cases and crimes goes on and on: deputies taking pay-cuts, customs servicing drug traffickers, police extorting locals, or members of military special forces operating drug cartels. Nevertheless, the ethical and legal plasticity of these officials does not strike most Central Americans as more than a minor problem; or at least, it is far from being their most acute worry. A recent report by the United Nations Development Programme on citizen security in Latin America (Seguridad Ciudadana con rostro humano) stresses that in the region as a whole, and most acutely in the Central American isthmus, citizens’ principal fear stems from their experience of petty crime, violent robbery, blackmail and murder; 80% of Guatemalans, for instance, regard youth gangs and ordinary crime as the most serious threats to their safety. A poll carried out at the start of this year by the country’s main newspaper, Prensa Libre, echoed these findings: while 52% stated that insecurity was the country’s main problem, only 3% regarded corruption as the most important concern.

It is this gap between the dominant fears of Central Americans, above all those living in Honduras, Guatemala and El Salvador, and the tolerance of systemic flaws in the way their countries are ruled, that goes to the heart of the difficulties in reforming state and judicial systems. On one side, this lop-sided public concern generates a political culture in which, despite all the evidence showing how ineffective the approach has been in curbing the rise of the region’s murder rate since 2000, repressive mano dura policies against crime with a military flavour remain enormously popular (while both Honduras and Guatemala rank among the Latin American countries most inclined to support a military rather than a democratic government).

Both Guatemalan President Otto Pérez Molina, a retired general, and the newly elected president of Honduras, Juan Orlando Hernández, have built their political reputations on a tough approach to crime, notwithstanding evidence that placing security forces on an emergency footing, or creating ‘liberated spaces’ for their action, has been the precondition to a most dramatic flourishing of state-connected organized crime. The current state of the de facto militarized Guatemalan prison system throws up an interesting example: an estimated 80% of the country’s blackmails, one of the crimes most feared by the public, are conducted from jails. One reason for this is the rising prices prison officials charge to exempt inmates from chores and other ritual humiliation.

It should be added that neither of these presidents are slave to a mano dura philosophy that they know from the inside. Pérez Molina is internationally recognized for his call to decriminalize drug use and trafficking, while Hernández has, among a flurry of initiatives, conducted a mini-purge of his country’s police force. However, there is no doubting the public inclination towards crime policies that are not only ineffective, but decidedly counterproductive. Alongside this punitive gut instinct is a readiness to indulge the corrupt acts of officials or, if not to approve them, at least to regard them as ineradicable, and so thoroughly embedded as to be beyond any power to reform.

The head of a local anti-corruption organization in Guatemala admitted to me last year that he had lost hope. “The situation has become unstoppable,” he said. “There’s a direct connection between politics and illicit business, and the country is losing the capacity to confront the problem. We don’t even bother going to Congress any more to discuss this with deputies. Laws are just passed for money.”

To prove his point, this activist advised me to consult a special investigation carried out by the newspaper El Periódico into the fortune accumulated by the Guatemalan vice-president, Roxanna Baldetti, whose property wealth is now estimated at 13.4 million dollars even though she has was born into a lower middle-class housing estate and has spent most of her professional life in public service. The report featured a number of photos extracted from her son’s (now defunct) Instagram account: among the shots of fancy shoes and views from private planes was a photo of the sun rising over a hotel swimming pool, with the caption ‘Champagne & cocaine !!!’. It is perhaps worth adding that legal action has been taken by Pérez Molina against the editor of the newspaper, José Ruben Zamora, for allegedly seeking to extort money from the state.

Military, parallel and opportunist states

At the same time, it is no mystery to any Central American to find that the main failures of the state, whether in its feeble provision of basic services, guarantees of security or capacity to generate equitable development, stem from a public sector and political establishment that act first and foremost on the basis of private, factional or criminal interests. Understanding how this system emerged, and how democracy has altered its shape and intensity, is crucial in pointing in the direction of what may be done to stop the seemingly unstoppable.

The three states of the Northern Triangle, together with Nicaragua, were profoundly marked by their early and exceedingly brutal colonization by the Spaniards, which in turn gave rise to a stratified and segregated class and ethnic system and to governments led by and deferential to business and military elites. A social order that is unbreakable, repressive and yet prone to violent spasms suffuses the great 1946 novel by Guatemala’s Nobel Prize laureate Miguel Ángel Asturias, Señor Presidente. By the second half of the twentieth century, however, the soporific certainties of a cast-iron social structure were being challenged in numerous ways, not least by jolts in economic growth and surges in agro-industrial production generated by the Central American Common Market, established in 1960.

It is against this backdrop of social volatility, rising inequality, revolutionary agitation and a US-approved military backlash that the dictatorships and conservative regimes of all four countries – the Somozas in Nicaragua, the various military-sanctioned governments of Guatemala, ARENA in El Salvador and the Liberal-National party duopoly of Honduras – morphed into repressive forces. Counter-insurgency provided the justification for exceptional security measures, which were invariably brutal, and in the case of Guatemala, genocidal. Yet within the protected spaces carved out by the war against ‘subversion’, huge and illicit profits could also be generated. The Somoza regime discovered this in the grand theft of donations following the earthquake of 1972 – a crime that hastened its downfall. Elsewhere, control over borders, customs, prisons and arms provided all the means necessary to make contact with criminal groups, ally with them, and even incorporate them into state-led mafia.

Eventual peace and transitions to democracy signalled an end to this era, although each country followed its own path. Guatemala was guided to democracy under military control, and with strict business vetoes on policy through the strategic use of multiple informal channels such as the media, judiciary and political financing. Nicaragua’s exhausted voters ejected the revolutionary government at the first opportunity. However, even as the formal systems of power were reshaped, state and sub-state powers from the counter-insurgency anchored themselves into new informal networks. It is here that the ‘parallel state’ nestled: a concoction of politicians, retired and serving military and police, and criminal agents, who were intent on defending their business interests and taking advantage of opportunities for profit. 1 Its structure in Guatemala was first laid bare, famously, by the report Hidden Powers published by the Washington Office on Latin America, which named the cast and crew behind some of the most ungratifying episodes of pillage and political murder in the post-conflict period, above all that of Bishop Juan José Gerardi, bludgeoned to death in 1998 days after presenting a major report on war crimes.

Yet the composition of these sub-state units operating through mystery and intimidation, above all in Guatemala and El Salvador, could not withstand domestic and international scrutiny. Perhaps more importantly, they were also to be sidelined by two new entrants in Central America’s shadow political economy: narco-traffickers seeking an alternative route to the North American market, and urban gangs –most notably maras – formed out of a demographic shift to big cities and deportees from the United States.

The initial reaction of some political leaders in Honduras and Guatemala was to allow the parallel state structures to capture the drug market, and to eliminate the violent youth gangs. Hence the programmes of extra-judicial liquidation that seemingly flourished under Guatemalan President Oscar Berger (2004-2008), and which were documented by civil society groups in Honduras, where a significant percentage of the 1,500 young people murdered between 1998 and 2002 were reportedly killed by off-duty security forces and their accomplices. 2 But the forces that were distributing and decentralizing illicit opportunity, enabling markets for drugs, firearms, migrants (especially women and girls), extortion, robbery and fraud to spread, as well as cultivating far better gateways to launder money, have proved much stronger and more resilient than those seeking to concentrate criminal powers in a few dark offices.

A new opportunity space for crime

It is this dynamic that has generated Central America’s new condition as a decentralized opportunity space for illicit combinations that traverse the boundaries of crime, the state and business. Illicit networks can subvert the formal order of a sovereign state in any number of blatant or subtle ways. They grab territorial control when needed to traffic drugs, as in the municipality of El Paraíso in Copán, on the border of Honduras and Guatemala, ruled by a 32-year-old mayor who has 20 bodyguards and describes himself as “the king of the town”. Less obtrusively, these networks have woven criminal activity into numerous state and security bodies, especially when contracts and licenses are stake, influenced appointments across the judiciary, and pumped political parties with funds.

According to one experienced deputy in charge of campaigns for a Guatemalan party, “money is not a problem – I can get it. The problem is where I get it from.” By his reckoning, 50% of campaign funds now come from companies seeking special treatment, and 25% from narco-traffickers. It should be added that this latter figure reaches an alleged 90% in Honduras (according to a source linked to organized crime cases in the country), though it is of course impossible and extremely dangerous to verify these numbers.

The Guatemalan deputy in question is one of a number of honest and reformist politicians: many senior figures in Central America are repelled by avarice in public service. But it is hard to channel this indignation when political entrepreneurs have become so skilled at tapping new sources of illicit finance in favour of what they claim to be radical and reformist goals. Both Manuel Zelaya, deposed left-leaning president of Honduras, and Manuel Baldizón, a leading presidential candidate in Guatemala, have struck redistributionist and progressive stances, yet both – and Baldizón in particular  – appear to have nourished clandestine links. Indeed, it may now be hard even to conceive any form of political mobilization without some such ties.

Even so, it would be a mistake to discount the possibility of sweeping change. Central America’s economies are growing modestly as a whole – although there is a stark difference between booming Panama and El Salvador, one of Latin America’s worst performers. Any sudden reversal of economic fortune may expose deep grievances at poor governance. The CICIG in Guatemala, as well as the leadership of Attorney General Paz, have shown that major corruption cases can be fought – if not always won. Costa Rica’s electorate appears to have voted for its new president, Luis Guillermo Solís, largely on the basis of its revulsion at corruption. Meanwhile, the truce with the maras in El Salvador, or the relatively low crime rate achieved by community policing in Nicaragua, have shown the merits of novel initiatives within a local context. Though even in Nicaragua, as the drugs case against the nightclub empresario Henry Fariñas showed, it has been supremely difficult to separate the police from some form of involvement in the narco trade.

More than ever, it seems clear where Central America’s people and government should direct their efforts: to controlling money laundering, stiffening the autonomy of oversight bodies, bringing development to border regions, and eliminating graft from security forces and judiciaries. But in democracies where money and fear are important sources of mobilization, achieving public backing for these policies requires making lucid, tangible connections between progress in combating civil insecurity and improvements to the integrity of the state. It is this virtuous cycle that is needed to replace the current vicious cycle of emergency, militarization and crime, and the siren song of the ice-cream bell.

Co-reader

Benedicte Bull, director of the Norwegian Latin America Research Network and associate professor at the University of Oslo.

Photo credit main picture: Pablo Andrés Cardozo Hernández

Footnotes

  • 1. Briscoe, I. (2008). The proliferation of the Parallel State, Fride working paper 71.
  • 2. Amnesty International (2003) Honduras  Zero Tolerance… for impunity Extrajudicial Executions of Children and Youths since 1998

Fuente: http://www.thebrokeronline.eu/Articles/Corruption-in-the-Northern-Triangle-The-siren-song-of-crime?utm_source=The+Broker&utm_campaign=b6ab398d42-2014_07July_Monthly&utm_medium=email&utm_term=0_ce1057f088-b6ab398d42-236511853

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Anti-gang policies and gang responses in the Northern Triangle – The evolution of the gang phenomenon in Central America

Wim Savenije, Chris van der Borgh | July 03, 2014

During the past decade, gangs have become a powerful and violent presence in El Salvador, Guatemala and Honduras, the ‘Northern Triangle’ of Central America. 1 The particular evolution of the gang phenomenon has been deeply shaped by a series of reactions and adaptations to ill-developed security policies 2 that have been unable to tackle the underying causes of gang emergence and growth 3. These anti-gang policies have varied from ignoring the gangs, tough ‘mano dura’-style police interventions, to the facilitation of a truce between the main gangs.

 

The Northern Triangle trilogy

This article is part of a trilogy on the security threats facing the Northern Triangle, that includes Honduras, Nicaragua, El Salvador and Guatemala. These countries are challenged by the highest levels of youth violence in the world, the highest homicide rates, powerful drug trading groups, weak institutions and political crime. The influx of migrants in the United States reflects the instability in Central-American countries, as people flee to escape violence and poor living conditions. Many national, regional and international strategies have been developed to combat the region’s biggest threats in an integrated way, but often they have been counterproductive.

This trilogy therefore address each of the problems separately - the drug trade, gang wars and corruption - in order to untangle their causal relationship. All three articles present an overview of the security problems and their causes, the different strategies that have been developed to counter the proliferation of drugs, gangs and corruption, and evaluate their success.

The article on the relationship between drugs and violence, by Pien Metaal and Liza ten Velde of the Transnational Institute, untangles the relationship between the drug industry and high homicide rates for more effective violence reducing policies. The article on illicit networks by Ivan Briscoe of the Clingendael Institute sheds light on the intertwined structures of patrimonial relationships and the development of the state after the civil wars in the Northern Triangle, creating a criminal complexion of governments. And this article on anti-gang policies and gang responses by Chris van der Borgh of the University of Utrecht and Wim Savenije of the Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, set out the gang phenomenon and how it’s evolution has been shaped by ineffective policies.

From a network of relatively small, autonomous and loosely connected local street chapters, the Mara Salvatrucha (MS) and 18th Street Gang (18St) have developed into groups of violent entrepreneurs 4, controlling local neighbourhoods and generating income principally through extortion, as well as being involved in the local drug trade.  In the last decade their locus of control has moved from the streets to prisons. Far from being homogeneous and static entities, both gangs consists of various groups, each with their own interests. Therefore security policies have the potential to intervene in internal relations and dynamics linked to contentious issues, like power, profits and status. Focusing on the unifying and fragmenting trends within gangs, the first section of this article discusses the zero-tolerance policies that have been dominant over the past 15 years, while the second section looks at efforts to reduce gang violence in El Salvador by facilitating a truce. Since the emergence of gang problems in Central America in the 1990s, governments have been unable to stimulate processes that fragment and weaken the gangs, and their security policies have often rather tended to unify and strengthen the gang structure and organization.

Origins and development: poverty, marginalization and the United States

The MS and 18St gangs have their roots in the streets of Los Angeles. During the 1960s and 1970s, migrant youths of Meso-American origin formed and joined street gangs to protect themselves from discrimination and being beaten up by similar youths. Some joined one of the many existing gangs, including the 18th Street Gang predominantly formed by youths of Mexican origin 5. In the 1980s, Salvadoran youths became involved in these street dynamics, eventually founding a group that later became known as the Mara Salvatrucha. Youths from Guatemala and Honduras followed suit in joining the gangs roaming the streets of Los Angeles’ migrant neighbourhoods. In the 1990s, many gang members were deported back to Central America after being arrested, and founded gang chapters or ‘cliques’ (clikas) in their native countries/ 6

Security policies: From negligence to zero tolerance.

Ignoring the growing gang or ‘mara’ phenomenon  (1992 – 2002)

In the first decade, the authorities and politicians ignored the new and growing gang phenomenon, which was largely a problem of poor and marginal neighbourhoods. Violent confrontations between the gangs were treated as tragic incidents, and there was no clear plan or security policy to confront the budding problem. One of the first efforts to install a special framework to confront gang violence occurred in 1996 with the passing of a transitional emergency law against delinquency and organized crime in El Salvador. 7 The law stated that anyone participating in a group or organization whose objective was to commit offences would face one to three years in prison. The same sentence would apply to gang members who participated in fights, even if it was not possible to identify those responsible for causing injuries. 8 The intention to persecute gang members for belonging to a delinquent group became something of a general model that would be reiterated in the region in the decade that followed.

Enforcement of the law, however, was rather lax and in 1997 it was declared unconstitutional. It therefore had no real impact on the gang situation in the country. Over the next few years there were few gang-oriented social or security policies and the phenomenon continued to establish itself firmly in the Northern Triangle.  

Strong hand (‘mano dura’ style) (2002 – 2013)

The gangs became a hot political topic in the Central American region in 2002 when Honduran president Maduro launched Operation Tolerancia Cero, followed a year later by Operation Libertad, both of which were designed to clamp down on gang members (Gutierez Rivera, 2009; Andino Mencía, 2005). In keeping with the police and military raids in gang-infested neighbourhoods and the widespread arrest of suspected members, the penal law was changed so that being a gang member could be punished by three to six years in prison. El Salvador followed suit when President Flores’ Mano Dura plan ordered the National Civic Police (PNC) and the Armed Forces of El Salvador (FAES) to confront the gangs, and urged the National Assembly to pass a proposed anti-gang law (Ley Antimaras). 9 Although Guatemala adopted similar rhetoric, it never adopted a special anti-gang law nor did it engage in the same kind of intense anti-gang security operations as its neighbours. 10

What all these security policies had in common was that the police, usually with help from military forces, entered poor and marginalized neighbourhoods with a gang presence in force, looking for youths with baggy clothes, tattoos or gathering in small groups. With a few exceptions, the police have not been very apt at establishing the relations of trust with the local population necessary for severely disrupting criminal activities and dismantling gang structures. 11 Gutierez Rivera 12 aptly observed that in gang-dominated neighbourhoods the security forces are “almost foreign, acting alone in unfamiliar territory”. 13 So when they found someone acting or dressing strangely, they arrested them on suspicion of being gang members. 14 However, because of a clear lack of evidence, most of the youths were freed relatively quickly by the public prosecutors. 15 In El Salvador, the Prosecutor’s Office (Fiscalía General de la República [FGR]) came in for criticism because they often refused accept the legal grounds for the arrests and felt obliged to acquit the suspects. 16

Renewed military involvement in public security maintenance

From 2002 onwards, the military have increasingly become involved in the fight against gangs. 17 This implied a break with the trend started after the end of the civil wars in Guatemala and El Salvador, in which the military in the Northern Triangle were largely withdrawn – although not completely – from public security duties and new civil police institutions were created. Responsibility for internal security was transferred to the police while the military, with their reputation severely damaged by accusations of human right abuses 18, was consigned to their barracks. Only in exceptional circumstances were the armed forces permitted to intervene in public security.

The military, however, became visible on the streets again in all three Northern Triangle countries, with joint police and military patrols a common sight in popular neighbourhoods. But it did not stop there. In October 2009 in El Salvador, President Funes authorized exclusive military units to patrol designated urban areas with the mandate to stop and search persons and vehicles, to arrest presumed delinquents and hand them over to the police. 19 President Lobo of Honduras signed a decree in December 2011 giving the military the authority to conduct “patrols, raids, arrests and violent actions against citizens who disturb the law”. 20

The renewed presence of the military has generated significant concern in civil society and academic circles, which see this as an apparent re-militarization of public security in the region. 21 Ill-trained for public security tasks, the military clearly cannot do much more than preventive patrolling or forcefully backing up police operations. Indeed, their relative ineffectiveness in confronting ordinary and organized crime provokes disquiet even in military circles, especially in Guatemala and El Salvador, about this involvement in public security tasks. 22

Their lack of training in public security tasks can easily engender practices disrespectful of human rights or provoke episodes that go badly wrong. In urban areas with a strong gang presence, prejudices intermingled with fear of violent encounters, the relationship between the security forces and the population, especially youths, can rapidly deteriorate. In effect, the participation of the military in preventing violence has meant little more than simply hoping that their visible presence and the arrests they make will deter violent or criminal acts. Despite general public approval of military involvement in public security, the temporary reduction in gang violence that has occurred in some of the neighbourhoods they patrol and the diminished feelings of insecurity among certain sectors of the population (mainly the middle class), local gang and delinquent structures remain mostly intact. 

Gang reactions: the counterproductive aspects of tough security policies

The underlying idea of the ‘mano dura’ policies, insomuch as they existed, was that by locking up gang members, the police would disband the gangs. The sub-director of the PNC of El Salvador, commissioner Pedro González, avowed this belief succinctly by stating that they were hunting down gang leaders so that “the other members would look for something different to do”. 23 In Honduras the intended logic was similar, with massive arrests aimed at communicating to gang members and delinquents that the government was watching them. However, lack of evidence resulted in a large group of youths entering and leaving the legal system like passing through a revolving door. Among the detainees, however, were also gang members who already had legal cases pending against them. These mostly hard-core gangsters were kept in prison, augmenting the population in an already overcrowded prison system. 24 This latter group included leaders of local cliques who got to know each other in detention and reformed gang structures from inside jaIL.

The prime focus on capturing and incarcerating gang members has not only failed to secure the streets, but also helped to transform the prison system into the headquarters or central meeting point of many of the gang networks in the Northern Triangle 25, and gang cliques and their activities are now largely controlled by incarcerated gang members. Indeed, local gang members own respect and obedience to the imprisoned leaders. Not complying with the demands and orders of the latter can be costly: they are frequently killed by their comrades. 26

When the prisons became a central intersection of gang relations, the relatively autonomous and loosely connected cliques in the neighbourhoods started to organize themselves in different fractions – known as ‘programs’ (MS) or ‘canchas’ (18St) – consisting of local cliques established into geographically and hierarchically more integrated structures. In time a national leadership structure (‘ranfla national’) also emerged. The gang structures became more cohesive, but the other side of the coin was that deadly internal purges linked to power conflicts between incarcerated leaders and those in the neighbourhoods became notorious. All in all, the gangs never became totally unified or homogeneous.

In 2010, for instance, the 18St in El Salvador was split into three conflicting fractions 27, and their members were condemned by the gang structure in Los Angeles for becoming fractured as a result. 28 The MS was also becoming more and more divided between different fractions or ‘programs’, consisting of various local cliques sometimes geographically distant from each other. The police even claimed that some programs maintained direct links with cliques outside the country, especial in the United States. 29 The individual programs, however, used to go their own way without taking too much account of the other programs or cliques. Some cliques have acquired profitable business activities and have become more focused on generating income and securing a niche in the illegal market, than being preoccupied with the gang as a whole. At the same time, others resent the lack of solidarity from their richer brothers or challenge part of their illegal activities and income.

Control over the streets from inside the prison system also has its problems. The cliques in the neighbourhoods do not always obey or take account of orders from inside. These conflicts are not only about power, but also concern control over income from illegal gang activities, like extortion or drug dealing and trafficking.

The process of surviving ‘mano dura’-style security polices led to professionalization of the gangs’ involvement in criminal activities (Savenije, 2009), to a certain extent due to demands to financially support the growing number of incarcerated members and their families. The gangs resorted more and more to extortion of local businesses and public transport companies and they soon became specialized in these practices, although some cliques have also become seriously involved in the drug trade. 30 The more profits these incomes generated for the local cliques or programs, the higher the stakes were in the conflicts over the illegal activities.

A new strategy in El Salvador: facilitation of peace talks between the gangs

Towards the end of 2011, a new strategy addressing the gang problem was implemented in El Salvador. The new Minister for Justice and Public Security, Munguia Payés, who took office in November 2011, decided to take the enduring power of the gangs more seriously, and based his security policies on what he saw as an inescapable reality. He argued that the gangs were responsible for 90% of homicides in El Salvador, 31 and decided to turn to the imprisoned leaders in order to try to broker a truce between the gangs. Attempting to evade the political costs of starting direct talks with the gangs, he gave the task of initiating a secret dialogue with and between the imprisoned gang leaders to a close associate, ex guerrillero Raul Mijango, and to the army bishop Monsignor Colindres. 32

The leaders agreed to stop the violence between them and so to reduce the homicides. As an important confidence-building move and an important step in facilitating the truce, 30 gang leaders were transferred from the high security prison in Zacatecoluca to several low security prisons. 33 This gave them the opportunity not only to interact freely with the imprisoned rank and file of the gangs, but also to communicate and enforce the truce on the streets. 34 The leaders held their word and within days the murder rate fell from around 14 to just under four homicides a day. 35 The leaders demonstrated not only that they were effectively in charge of the gangs, but the reduction also indicated that the gangs were indeed responsible for a large proportion of the astonishing high homicide rate in the country. 36

Talks continued between the facilitators and the gang leaders and were conducted to a next phase, known as ‘Municipalities Free from Violence’. The basic idea was to bring the truce to the municipal level and create a process of pacification where gang members would not only cease hostilities between them, but would also reduce their criminal practices, including homicides, extortion, robbery, assault, would allow free passage to local residents, handover their arms, etc.. 37

The process however became stuck in June 2013, after a new Minister of Justice and Public Security, Ricardo Perdomo, took office. 38 He publicly distanced himself from the process, seeing it mostly as a ploy by the gangs to protect their interests in the drugs trade, but the threat of an increase in homicides rates effectively held him back from denouncing the truce and sending the gang leaders back to Zacatecoluca prison. He left however the sole responsibility for its implementation to the true facilitators, the gang leaders, and municipalities, without offering any support and even restricting access and communication with the gang leaders. 39

Gang reactions: renewed cohesion and burgeoning resistance

The process of the truce fomented the unifying trends within gangs. It stimulated their cohesion around a more defined leadership by facilitating an older generation of incarcerated leaders to take control. As result of their being moved to low security facilities, they were able to communicate with their homeboys, not only in jail, but even more importantly, in the neighbourhoods. Initially based on their reputation as a veteran generation of leaders who cared about the gangs as a whole, they convinced the homeboys on the street to comply with the truce. Those who did not comply, faced severe sanctions. The power of violence was the way the older generation imposed itself on the streets.

Although the fragmenting trends were weakened, resistance remained. For instance, some cliques of a breakaway fraction of the 18St -the ‘Revolutionaries’- are not committed to the truce 40, and other leaders do not stick to it unconditionally. Even more worrying, younger homeboys continue to see rival gang members as legitimate targets and the use of violence against them as a valid way to gain respect and status. 41 Inside the gangs, therefore, there are various forms of contention, not only about power and autonomy but also about how to gain respect as a gang member. Furthermore, the previous conflicts about illegal markets have not disappeared completely.

No easy solutions

While the stakes are high in security terms , it has proved to be extremely complex for governments to deal with the gang issue. The short overview presented above shows that security policies in the Northern Triangle have boosted the evolution of the gangs rather than stopped it. Apart from negligence, the answers have usually been to look for quick fixes to a complex phenomenon, focusing on short-term security solutions at the expense of trying to tackle the causes of the gang emergence and growth. Without a policy that addresses the social and economic roots of the problem, this generates the risk that the short-term security policies reinforce the gangs.

The repressive anti-gang policies have not diminished gang power or lessened the attraction they exert over young kids in marginal neighbourhoods. Within such a context, the government’s effort to open a dialogue with the gang, while unpopular and risky, seems one of the few viable options open to changing the security situation in the Northern Triangle. However, dialogues with gangs are extremely difficult to explain to the larger public and zero tolerance policies and discourses remain the most popular option.

There is clearly a link between the strong unifying and fragmenting trends in the gang development and national security policies. Ironically, the unifying processes seem mainly reactions to the ‘mano-dura’ style policies in the region and the truce facilitated by the Salvadoran government; while the fragmenting influences are usually related to internal dynamics like competing power claims and illegal commercial interests of different factions. The Northern Triangle countries have not been able to elaborate consistent long-term strategies to deal with the gangs and do not seem to contemplate the potential but plausible unintended consequences of their policies. The ill-developed and short-term security policies in the region have been no match for the gangs’ enormous capability to adapt to new situations.

There is no easy solution to the gang phenomenon in Central America. A more integrated long-term security policy, combining social prevention and rehabilitation efforts with consistent law enforcement strategies is essential, but very difficult to develop. A dialogue with the gangs about how to create new opportunities for their members and families should be part of the process, but strong yet coherent law enforcement strategies to confront those that opt to continue with violent and delinquent gang activities will also be crucial.

Co-readers

Ana Glenda Tager, Latin American Regional Director at Interpeace.

Dennis Rodgers, Professor of Urban Social and Political Research at the University of Glasgow

Photo credit main picture: Kevin Dean http://www.betaart.com

Footnotes

  • 1. There are also gangs in Nicaragua, but these are different from the ones in the Northern Triangle. See for an analysis and explanation: Rocha, J.L. (2006). Mareros y pandilleros: ¿Nuevos insurgentes, criminales?  Envío, 293: 39-51; and Rodgers, D. (2012). Nicaragua’s gangs: Historical legacy or contemporary symptom? NACLA Report on the Americas, 45(1): 66-69.
  • 2. Aguilar, J. (2007). Los resultados contraproducentes de las políticas antipandillas. Estudios Centroamericanos, 62(708), 877-90.

    Savenije, W. (2009). Maras y barras. Pandillas y violencia juvenil en los barrios marginales de Centroamérica. San Salvador: FLACSO El Salvador.

  • 3. Jütersonke, O., Muggah, R., and Rodgers, D. (2009). Gangs, Urban Violence, and Security Interventions in Central America. Security Dialogue, 40(4-5), 373-397
  • 4. Volkov, V. (2002). Violent entrepreneurs. The use of force in the making of russian capitalism. Ithaca: Cornell University Press.
  • 5. Ward, T. W. (2013). Gangsters Without Borders. An Ethnography of a Salvadoran Street Gang. New York: Oxford University Press.

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    Smutt, M., & Miranda, L. (1998). El fenómeno de las pandillas en El Salvador. San Salvador, El Salvador: UNICEF, FLACSO – Programa El Salvador.

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  • 11. Savenije, W. (2010). Persiguiendo seguridad. Acercamiento de la policia a las comunidades con problemas de insegurida en Central América.  San Salvador: FLACSO El Salvador.
  • 12. Gutierez Rivera, L. C. (2009). Enclaves y territorios estrategias territoriales del estado y de las pandillas en Honduras. Berlin: Freien Universität Berlin. Unpublished PhD thesis.
  • 13. “casi extranjera, actuando sola, en un territorio desconocido”
  • 14. Mateo, J. (2011). Street gangs of Honduras. In T. Bruneau, L. Dammart, & E. Skinner, Maras. Gang violence and Security in Central America (pp. 87-103). Austin: University of Texas Press.

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    Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. (1998). Guatemala- nunca más. Informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, 4 tomos. Ciudad de Guatemala;

    Comisión para el Esclarecimiento Histórico. (1999). Guatemala, memoria del silencio. 12 tomos. Ciudad de Guatemala;

    Salomón, L. (1999). Las relaciones civiles – militares en Honduras. Balances y perspectivas. . Tegucigalpa, Honduras: Centro de Documentación de Honduras y Asociación Sueca para el Desarrollo Internacional.

  • 19. Amaya Cóbar, E. (2012). (2012). Militarización de la seguridad pública en El Salvador, 1992-2012. Urvio. Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana(12), 71-82.
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  • 21. Coalición contra la impunidad. (9 de May de 2013). Honduras: “Nos preocupa la militarización de la Policía”. Recuperado el 17 de May de 2013, de El Libertador: http://www.ellibertador.hn/?q=article/honduras-”nos-preocupa-la-militarización-de-la-policía”-advierte-coalición-contra-la-impunid;

    Centro de Estudios de Guatemala. (2012). Las múltiples violencias y las juventudes. Ciudad de Guatemala: Delegación de la Unión Europea;

    Loxton, J. (2006). ¿Imperialismo o negligencia? La militarización de la asistencia norteamericana hacia América Latina. Boletín del Programa Seguridad y Ciudadanía(1). Obtenido de http://www.flacso.cl/flacso/main.php?page=noticia&code=1349

  • 22. Savenije, W. (in press). Enfrentando a las pandillas y el crimen organizado. Los militares en la seguridad pública en El Salvador, Guatemala y Honduras. En M. Misse, D. Míguez, & A. Isla, Crimen organizado y estado en Amércia Latina.Buenos Aires: Araucaria.
  • 23. “para que sus miembros busquen otras cosas que hacer”. Gutiérrez, E. (2003, 10 24). PNC anuncia caza de 309 líderes de clicas. El Diario de Hoy, p. 16;

    International Crisis Group. (2012). Reforma policial en Guatemala: obstáculos y oportunidades. Informe sobre América Latina N°43. Bruselas.

  • 24. Martínez Ventura, J. (2005). Límites democráticos al poder penal: Reformas de la seguridad pública y la justicia penal. San Salvador, El Salvador: FESPAD Ediciones;

    Rodríguez Barrillas, A., & Peréz Castillo, G. (2005). Transparentando el Plan Escoba. Análisis de la estrategia policial en relación con las pandillas juveniles en Guatemala. Revista centroamericana justicia penal y sociedad, 22, 11-84.

  • 25. Cruz, J. M. (2011). Government Responses and the Dark Side of Gang Supression. En T. Bruneau, L. Dammart, & E. Skinner, Maras. Gang violence and Security in Central America (págs. 137-157). Austin: University of Texas Press.
  • 26. See, for instance, Marroquín, 2012, 8 22.
  • 27. Martínez, C., & Sanz, J. L. (2011, 10 13). El barrio roto. Capítulo 1. Todas las muertes del Cranky. Retrieved 10 13, 2011, from El Faro: http://www.salanegra.elfaro.net/es/201110/cronicas/5645//es/201110/cronicas/5645/
  • 28. Interview with the leader of the 18St. San Salvador, April 17th, 2011. This is not strange taking into account the fluent contacts Salvadoran migrants maintain with relatives in their homeland.
  • 29. The National Civil Police in El Salvador have done an extensive exercise of geographically mapping the cliques, their relationships in the form of programs and canchas, and their relationships with different cliques in the USA.
  • 30. Dudley, S. S. (2010, May). Drug Trafficking Organizations in Central America: Transportistas, Mexican Cartels and Maras. Working Paper Series on U.S.-Mexico Security Collaboration. Washington: Woodrow Wilson Center for International Scholars & University of San Diego.
  • 31. Munguía Payes dismissed the analyses of academics and left-wing NGOs, who claimed that 25-30% of homicides were attributable to gangs. Castillo, B. (2011, 11 29). ‘Munguía Payés declara la “Guerra al crimen”. Diario CoLatino, p. 4.
  • 32. Martínez, C., & Sanz, J. L. (11 de 9 de 2012). El Faro. Recuperado el 12 de 9 de 2012, de La nueva verdad sobre la tregua entre pandillas: http://www.salanegra.elfaro.net/es/201209/cronicas/9612/
  • 33. Trasladan de Zacatraz a la cúpula de la MS y 18. (14 de 3 de 2012). Recuperado el 15 de 3 de 2012, de Diario de Hoy: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6729759
  • 34. Saenz, J. L., & Martínez, C. (2012, 5 14). El trabajo de monseñor Colindres y Raúl Mijango era una pieza de mi estrategia. Retrieved 5 14, 2012, from El Faro: http://www.salanegra.elfaro.net/es/201205/entrevistas/8541/
  • 35. Marroquín, D. (2012, 3 16). Homicidios han comenzado a reducirse, según ministro. Recuperado el 17 de 3 de 2012, de El Diario de Hoy: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6735674;

    Marroquín, D. (2012, 8 22). ‘Matan a dos supuestos cabecillas de mara’. El Diario de Hoy, p. 23

  • 36. This strong fall in homicides rates has been questioned by some actors as a possible manipulation by the government. However police data show a systematic fall in murder rates and it is not clear in how far government officials have the capacity to manipulate these records; even more so in a situation where the police are very distrustful about the truce. However, the interpretation of the lowering of homicide rates is complicated by the increasing number of disappearances. There are no clear data available about missing persons, but occasionally clandestine mass graves are being found.
  • 37. Mijango, R., & Colindres, F. (23 de 11 de 2012). Pronunciamiento a la nación de Raúl Mijango y Fabio Colindres. Comunicado: el 22 de noviembre de 2012. Recuperado el 7 de 12 de 2012, de Crónicas Guanacas: http://cronicasguanacas.blogspot.com/2012/11/pronunciamiento-la-nacion-de-raul.html
  • 38. Sanz, J. L., & Dada, C. (2013, 7 30). Lo que debilitó la tregua es la falta de respuesta económica y social del gobierno. Retrieved 7 31, 2013, from El Faro: http://www.salanegra.elfaro.net/es/201307
  • 39. Serrano, I. (17 de 9 de 2013). Mijango: La tregua ha caminado gracias a los pandilleros, nadie más ha hecho nada. Recuperado el 17 de 9 de 2013, de La Página: http://www.lapagina.com.sv/nacionales/81718/2013/05/15/Mijango-La-tregua-ha-caminado-gracias-a-los-pandilleros-nadie-mas-ha-hecho-nada
  • 40. ‘Pandillas desconocen nueva tregua y dicen que “únicos” mediadores son Mijango y Colindres’; El Faro, April 30th, 2014. Accessed through: http://www.salanegra.elfaro.net/es/201404/cronicas/15324/
  • 41. Group interview with leaders of the Mara Salvatrucha and the different fractions of the 18th Street Gang; February 20th, 2014.

Fuente: http://www.thebrokeronline.eu/Articles/Anti-gang-policies-and-gang-responses-in-the-Northern-Triangle?utm_source=The+Broker&utm_campaign=b6ab398d42-2014_07July_Monthly&utm_medium=email&utm_term=0_ce1057f088-b6ab398d42-236511853

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Detienen a empleado de la Universidad Autónoma de Honduras por supuesta corrupción

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Por haber cometido desfalco de más de tres millones de lempiras, fue detenido el jefe de Caja de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Francisco Obando Torres.

El señalado fue aprehendido en los predios de la máxima casa de estudios y trasladado de inmediato a la sede de la Policía de Investigación para ser interrogado.

Autoridades universitarias dijeron que el imputado estaría relacionado con el saqueo de 3.6 millones de lempiras de las arcas de la institución; dieron con Obando luego que investigaran de por qué había faltante de dinero.

Asimismo, señalaron que encontraron boletas de depósito originales y adulteradas firmados por Torres, quien será acusado por los delitos de abuso de autoridad y estafa, entre otros.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/detienen-empleado-de-la-universidad-aut%C3%B3noma-de-honduras-por-supuesta-corrupci%C3%B3n

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Corruption Prompts Honduras to Replace Migration Agency

Honduras' migration office Honduras’ migration office

Honduras has created a new National Migration Institute after firing all personnel from the directorate formerly in charge of migratory affairs for allegedly facilitating human trafficking, showing unusual government resolve to root out official corruption and collaboration with organized crime.

The new institute, which President Juan Orlando Hernandez created via a presidential decree, will work as an independent body that coordinates with the National Investigation and Intelligence Unit. It will be responsible for formulating migration policies, enforcing existing legislation regarding migration, and taking measures to control immigration, according to the decree.

Personnel of the National Migration Institute will be chosen through a selection process that involves confidence testing.

The new body will replace the General Migration Directorate and will receive all of the documentation, information and budget money from the old system.

President Hernandez’s decree comes after all employees of the former directorate were relieved of their duties based on indications that much of the central leadership and customs staff colluded with human traffickers, reported El Mundo. According to sources consulted by La Prensa, a network that trafficked minors and migrants operated with support from individuals in the General Migration Directorate, who provided passports and other services for the criminals.

InSight Crime Analysis

The need for a complete overhaul of Honduras’ migration services acts as another example of how corrupt Honduran institutions help contribute to organized criminal activities, with the functions of the national police, judicial system and political elite also seriously compromised by corruption.

However, the fact the government is willing to undertake such reforms at least reaffirms its recently recognized increased efforts to tackle human trafficking. Nevertheless,in the US State Department 2014 Trafficking in Persons report (pdf) that commended the country’s actions, Honduras remained a Tier 2 source and transit country (the third worst category), and the need for further measures to prevent and prosecute human trafficking was highlighted.

SEE ALSO: Honduras News and Profiles

The decision to eliminate the current migration institution also represents a show of political will to combat institutional links to crime that has been uncommon in the country until now, despite an ongoing and highly politicized process to purge the police — which has seen little in the way of results. However, changing the name and firing the employees will not in itself be enough; adequate screening measures will also need to be strictly enforced, and top-level corruption investigated and prosecuted.

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-briefs/institutional-corruption-prompts-honduras-to-replace-migration-agency

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Honduras: mandan a batallón a exgerente administrativo del IHSS por amenazas de muerte

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Por presuntas amenazas de muerte fue trasladado el exgerente administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), José Ramón Bertetty, de la cárcel de Támara al Primer Batallón de Infantería.

Bertetty –apresado por el desfalco a la institución– fue movilizado bajo fuertes medidas de seguridad hacia la unidad militar ubicada en las afueras de la capital, tras haber sido intimidado al interior del centro carcelario.

Autoridades dijeron que al exservidor público se le trasladó la noche de ayer y hasta hoy se oficializó la noticia.

No se dieron más detalles sobre el operativo para mover a Bertetty al batallón donde se encuentra recluido.

Cabe recordar que el exgerente administrativo del IHSS se encuentra preso por los delitos contra la administración de fondos públicos y privados de pensiones y por abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública.

Asimismo, operadores de justicia e investigación han confirmado el hallazgo de más propiedades en varias ciudades de Honduras; también se encontraron otros bienes en Chile y Estados Unidos.

El Ministerio Público detalló que empresas, casas y otros bienes fueron comprados con los fondos que fueron saqueados del IHSS, dirigido por Mario Zelaya, hoy prófugo de la justicia.

La Junta Interventora de la entidad reveló que se drenaron fondos por más de seis mil millones de lempiras.

Fuente: http://www.ellibertador.hn/?q=article/honduras-mandan-batall%C3%B3n-exgerente-administrativo-del-ihss-por-amenazas-de-muerte

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Comisión especial limpiará podredumbre en Transporte

1 de Julio de 2014

09:36PM  -   Redacción   

 

Investigarán “festín” de permisos de operación, coimas, tráfico de influencias y manejo irregular de los recursos públicos.

El presidente Hernández aseguró que atacará la corrupción al interior de la Dirección de Transporte.
El presidente Hernández aseguró que atacará la corrupción al interior de la Dirección de Transporte.

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad determinó intervenir en la desbordante corrupción existente al interior de la Dirección General de Transporte.

El organismo aprobó la creación de una comisión especial que se encargará de sanear la institución, cuyos empleados están siendo sometidos a una serie de pruebas de confianza desde la semana anterior.

El objetivo es ponerle fin al histórico “festín” de permisos de operación, las coimas, el tráfico de influencias y el mal manejo de recursos al interior de la Dirección de Transporte.

La limpieza estará a cargo del titular de Transporte, Yovanni Dubón; el subcomisionado de Policía, Danilo Mejía; el teniente coronel Elías Antonio Melgar, y el general en condición de retiro, Miguel Ángel García Padget.

El presidente Juan Orlando Hernández advirtió que la comisión tiene instrucciones de poner a la orden de los tribunales de justicia a todos aquellos funcionarios que estén vinculados en actos de corrupción en esta dependencia.

Aseveró además que la instancia está facultada para cancelar o suspender todos aquellos permisos de operación de buses y taxis que considere irregulares a fin de garantizar el orden y la seguridad en el sistema de transporte público.

“La comisión puede cesantear y despedir sin derecho a prestaciones y poner en los tribunales a aquellos empleados de la Dirección General de Transporte que hayan delinquido”, advirtió el Presidente.

En los últimos años la Dirección de Transporte se ha constituido en una de las instituciones del sector público con los mayores niveles de corrupción producto de la operación de redes y mafias vinculadas al sector transporte.

Hernández anunció que además se estudiarán alternativas encaminadas a brindar una mayor seguridad en las unidades de transporte mediante el uso de la tecnología y la presencia de la Policía y las Fuerzas Armadas en las diferentes estaciones.

El proceso de reorganización contempla la revisión total del actual esquema de transporte público, saturado de microbuses, unos legales y otros ilegales, que a diario violentan incluso las normas de tránsito.

También se tiene previsto revisar el tema de la operación de las mototaxis, que mantienen invadidas las calles de las principales ciudades del país.

“Los miembros de la comisión van con toda la autoridad de transparentar los procesos, permisos y trámites, así como buscar soluciones con tecnologías para evitar que en los autobuses se pague con dinero en efectivo, sino con tarjetas prepago, por ejemplo; y la utilización de más cámaras para prevenir asaltos”, aseveró Hernández.

 Fuente: http://www.elheraldo.hn/pais/725005-331/comisi%C3%B3n-especial-limpiar%C3%A1-podredumbre-en-transporte

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Dirección de Migración desaparece envuelta en actos de corrupción

El gobierno hondureño creó vía decreto el Instituto Nacional de Migración, ente que se encargará de velar por los derechos de los migrantes.

La Dirección General de Migración y Extranjería contenida en el decreto 208-2003 y sus reformas, la cual está envuelta en actos de corrupción desaparece, pero únicamente el nombre ya que esta será sustituida por el Instituto Nacional de Migración, según lo establece el artículo 6 del decreto ejecutivo PCM 031-2014.

Esto lo confirmó el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, a través del canal oficial del Estado la noche del lunes (ayer), después de haberlo consensuado en Consejo de Ministros.

Al tiempo que indicó que se harán las respectivas investigaciones para castigar a las personas involucradas en la corrupción que envuelve la antigua administración de esta entidad.

Hernández advirtió que la fiscalía realizará las investigaciones correspondientes con el fin de que estos actos no queden impunes, ya que es lamentable que migración esté relacionada con el tráfico de personas.

La nueva oficina de Migración será integrada por el director Ever Danilo Mejía, Antonio Melgar Urbina y Miguel Ángel García Padgett, ambos subdirectores.

Asimismo coordinará sus acciones con la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y contará con las Unidades administrativas, técnicas y operativas y el personal será seleccionado mediante concurso y se les realizará pruebas de confianza.

Según el artículo 7 del decreto ejecutivo se creará una comisión de transición integrada por el secretario de Defensa, Samuel Reyes; el ministro de la Presidencia, Reinaldo Sánchez; la viceministra de Derechos Humanos, Karla Cueva; el director de la Dirección de Inteligencia del Estado, Julián Pacheco Tino; y el portavoz y asesor presidencial, Ebal Díaz. Esta Comisión ejecutará su misión en el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario.

Fuente: http://www.radiohrn.hn/l/noticias/direcci%C3%B3n-de-migraci%C3%B3n-desaparece-envuelta-en-actos-de-corrupci%C3%B3n

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How a Guatemala Drug Trafficker Operated in Honduras

Jairo Orellana Morales, alias "El Pelon" Jairo Orellana Morales, alias “El Pelon”

Intelligence reports obtained by the media in Honduras show how a captured drug trafficker and cocaine thief from Guatemala operated with the complicity of Honduran officials, highlighting the importance of Honduras in Central American drug operations.

According to intelligence reports accessed by El Heraldo, Honduran officials provided Jairo Orellana Morales, alias “El Pelon,” and his collaborators with falsified documents that facilitated their drug trafficking operations in the border region.

Members of Honduras’ national police also allegedly gave Orellana protection that allowed him to operate in Honduras for years.

The reports also provided insight into El Pelon’s operations in Honduras, identifying him as the author of various revenge killings in San Pedro Sula and detailing his role as a cocaine thief who set up drug deals, then murdered the suppliers and stole their shipments.

The new details of Orellana’s operations emerged shortly after authorities seized 17 properties and four businesses, and froze 22 bank accounts in San Pedro Sula and Santa Cruz de Yojoa thought to be associated with Orellana’s front men in Honduras.

InSight Crime Analysis

Orellana, who was captured in May, operated in the Guatemala-Honduras border region from an early age. He was known for his shifting loyalties and his predilection for “tumbes” (drug robberies), which earned him the title “The King of Theft” and nearly got him killed on at least one occasion.

For years, Orellana was associated with the Lorenzana clan, which operated principally in the Guatemalan provinces of Zacapa and Chiquimula. He had a child with the daughter of the family patriarch. He also became an important business partner of the Zetas — who maintained links with the Lorenzanas — after they began operating in the region. However, as the Zetas’ influence declined in Guatemala, and Orellana’s relationship with the Lorenzanas soured, he reportedly began selling cocaine to rival groups in Mexico, including the Sinaloa Cartel.

SEE ALSO: Lorenzanas Profile

El Pelon’s operations on the Honduran side of the border are no secret. He operated particularly in the Copan province, which is home to the Valles criminal group, and likely relied on their support for his operations — although this may have changed after he reportedly stole a major cocaine shipment from the group in 2012.

The latest reports help illustrate the extent of Orellana’s’ influence in Honduras, and how this network of support facilitated his operations. Honduran police are notoriously corrupt, and the border region, where there is little central state presence, is particularly vulnerable to criminal influence in politics.

Fuente: http://www.insightcrime.org/news-briefs/guatemala-drug-trafficker-operated-help-honduras-officials

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Crearon empresa en Estados Unidos para lavar dinero del IHSS

29 de Junio de 2014

11:01PM  -  Redacción   

Una de las “empresas de maletín” que estafaron al Seguro Social usó el dinero para fundar una compañía de venta de equipo médico y bienes raíces en Estados Unidos, como cortina de humo para justificar dinero.

Tegucigalpa, Honduras

La corrupción al interior del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) alcanzó niveles sin precedentes en Honduras y semejantes a las operaciones de crimen organizado transnacional.

Parte del presupuesto del IHSS fue desviado para crear una empresa en Estados Unidos y así lavar su origen ilícito, de acuerdo a información a la que tuvo acceso la Unidad Investigativa de EL HERALDO.

Según las pesquisas del Ministerio Público (MP), la sociedad fundada en Estados Unidos con recursos del IHSS es una empresa que se dedica al suministro de insumos médicos.

También esta compañía se dedica al negocio de bienes raíces y distribución de computadoras y equipos informáticos.

“Hemos detectado que empresas se fundaron en Estados Unidos con dinero del IHSS, tenemos las pruebas y le seguimos la pista a otros elementos, pero ya tenemos identificada cómo se realizaron estas acciones ilegales”, dijo una fuente de entero crédito a EL HERALDO.

Para realizar la operación de lavado en el exterior, exfuncionarios del IHSS hicieron uso de la red de “empresas de maletín” que crearon para defraudar a la institución.

Estas “empresas de portafolio” son Sumimed, Impromeh y Compromed, que recibían contratos fraudulentos con el IHSS y posteriormente montaron la sociedad en Estados Unidos, de acuerdo a los informes en poder de EL HERALDO.

Los contratos que firmaron estas compañías no se cumplieron, pero el dinero de pagos del IHSS sí llegó a sus arcas, las que para justificar su mala procedencia usaron los recursos para instituir las compañías en Estados Unidos y así tender una segunda cortina de humo sobre los millones de lempiras mal habidos.

“Hay accionistas que tienen estas ‘empresas de maletín’ que son los mismos accionistas que tiene en Estados Unidos, así hemos unido la información y determinar que el dinero del Seguro también se sacó para Estados Unidos”, indicó la fuente.

Sumimed, Impromeh y Compromed son las mismas empresas que también transfirieron los pagos de Seguro a empresas de bienes raíces en Honduras para que estas después compraran millonarios inmuebles.

Los cerebros de este mecanismo de lavado de dinero en Estados Unidos eran el exjefe de Compras y Suministros del IHSS, José Rojas, y el gerente administrativo, José Ramón Bertetty, según las investigaciones.

El Ministerio Público solicitó a las autoridades de Estados Unidos que les suministrara la información sobre quiénes figuran como dueños de estas empresas y cuáles fueron los trámites que hicieron para crearlas.

De igual manera, se prevé solicitar a Estados Unidos reportes sobre posibles transacciones financieras que se hicieron desde Honduras para financiar la creación de estas sociedades.

También se indaga si el jefe de toda esta organización que defraudó al Seguro Social era el exdirector ejecutivo de la institución, Mario Zelaya, quien se encuentra prófugo de la justicia por un caso de compra sobrevalorada de boletos de avión.

En eses sentido, la investigación del Ministerio Público sobre la malversación de recursos en el Seguro Social también abarca el delito de lavado de activos.

“Claro que vamos con esa linea de investigación porque hay indicios claros de que se lavó dinero mediante empresas fachada”, dijo la fuente.

El Ministerio Público bautizó la investigación de la defraudación al IHSS como el caso empresas fachada.

Para hacer más viable la investigación de este caso, se reactivará con Estados Unidos el Convenio de Asistencia Legal Mutua y para ello se trabaja de forma conjunta con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

El Ministerio Público ha incautado 29 propiedades, entre lujosas residencias y lotes, valoradas en 165 millones de lempiras que fueron adquiridas por empresas de bienes raíces que recibieron dinero de las “empresas de portafolio” que estafaron al IHSS.

Ley contra lavado en EUA

De comprobarse el lavado de activos en Estados Unidos, los responsables de este delito se exponen a severas sanciones que impone la legislación que castiga este crimen.

La Ley contra el Lavado de Dinero de 1986, sección 1956, establece una pena de 20 años de prisión o 500 mil dólares de multa a quien sea que transporte, transmita o transfiera instrumentos monetarios o fondos a un lugar dentro de Estados Unidos desde un sitio fuera de Estados Unidos.

En general, este estatuto hace ilegal el realizar ciertas transacciones financieras con ganancias generadas a través de actividades ilegales tales como el narcotráfico, fraude en Medicare y desfalco, entre otros.

Por otro lado, la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos de Honduras castiga con privación de libertad de 15 a 20 años a quien por sí o por interpósita persona adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta o transfiera recursos que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia.

El delito tipificado de lavado será enjuiciado y sentenciado como delito autónomo, es decir que la actividad ilícita que generó el capital en cuestión será ventilado en un proceso judicial distinto.

Para quienes hayan prestado sus nombres para figurar como dueños de las “empresas de maletín” y las compañías de bienes raíces podrían ser sancionados con cárcel.

Robaron “identidades”

Para simular que eran empresas debidamente constituidas, los estafadores del IHSS les dieron nombres de empresas reales a las “compañías de maletín”.

Por ejemplo, en México se encuentra legalmente constituida la empresa Sumimed, pero en Honduras “le robaron la patente” para justificar los pagos del Seguro, explicó la fuente.

Por ese motivo, se le sigue la pista a empresas con nombres de Sumimed, Impromed y Compromed en Venezuela, México y Colombia para determinar si tienen alguna relación con sus homónimas en Honduras o simplemente duplicaron sus denominaciones.

De momento se han identificado tres “empresas de maletín” mediante las cuales se estafó al Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero no se descarta que hayan otras “sociedades de portafolio” que también sirvieron para obtener recursos de la institución de manera ilegal.

Las primeras tres “empresas de maletín” identificadas recibieron al menos 320 millones de lempiras, de acuerdo a los registros preliminares del Ministerio Público.

Pero la cifra de pagos irregulares podría aumentar de confirmarse la existencia de más “empresas de portafolio” que también suscribieron contratos anómalos con el Seguro Social.

Policía dice que está cerca de atrapar al exdirector del IHSS, Mario Zelaya

El paradero del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, sobre quien pesa una orden de captura, tiene siete meses de misterio, mientras crecen las sospechas de que recibió ayuda de las autoridades para salir del país.

A Zelaya se le interpuso un requerimiento fiscal por un caso de venta sobrevalorada de boletos de avión, pero la acción judicial se hizo después de que el Ministerio Publico manifestara sus intenciones de enjuiciarlo.

Cuando se presentó la acusación, se supone que Zelaya ya había abandonado el país.

EL HERALDO supo, de fuente de entero crédito, que Zelaya estuvo en contacto con un exfuncionario del Seguro Social que luego pasó al servicio exterior para que le ayudara a refugiarse fuera del país.

Incluso, se rumorea que ha sido visto en actividades deportivas en otra nación y que eso es de conocimiento de las autoridades policiales.

EL HERALDO consultó a una fuente de la Policía Nacional y solo dijo que “estamos cerca de atraparlo”.

La Interpol ha reportado que se emitió alerta roja en contra de Mario Zelaya para que se le dé captura en caso de que se encuentre fuera del país.

Un funcionario consular de Honduras en Barcelona mencionó hace algunos meses haber visto en esa ciudad a Zelaya.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/inicio/724364-331/crearon-empresa-en-estados-unidos-para-lavar-dinero-del-ihss

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Policía ayudó a capo chapín a extender su red en Honduras

29 de Junio de 2014

10:33PM  -  Redacción   

 

Recibía cooperación de autoridades para que él y los miembros de su banda pudieran traficar droga.

El supuesto narcotraficante fue detenido en mayo pasado por delitos relacionados con el trasiego de droga.
El supuesto narcotraficante fue detenido en mayo pasado por delitos relacionados con el trasiego de droga.

Tegucigalpa, Honduras

La incautación de bienes y cuentas bancarias que manejaban testaferros del supuesto narcotraficante Jairo Estuardo Orellana Morales ha evidenciado cómo las organizaciones criminales del vecino país se han extendido en Honduras para ocultar sus propiedades de origen ilícito.

De acuerdo a informes de inteligencia en poder de EL HERALDO, Orellana Morales, alias “El Pelón”, contó con la complicidad de funcionarios gubernamentales para brindarle a él y sus compinches protección y documentos hondureños falsos para traficar con droga y adquirir bienes.

El sospechoso, detenido y acusado en Guatemala el 15 de mayo de 2014 por narcotráfico, tenía vínculos con los carteles de Los Zetas y Sinaloa, por lo que la ayuda que recibió de parte de los instituciones estatales significó un fomento de la extensión de esos grupos criminales en el país.

El documento indica que autoridades de la Policía Nacional fueron parte de los colaboradores del supuesto capo chapín y por eso se crearon las condiciones para que operara con impunidad durante un tiempo considerable.

La forma en que Orellana Morales recibía asistencia de parte de entes públicos generó impunidad e inseguridad jurídica, analiza el reporte.

El jueves pasado, el Ministerio Público incautó 17 propiedades en San Pedro Sula y Santa Cruz de Yojoa, cuatro empresas y 22 cuentas bancarias que estaban a nombre de “prestanombres” de ese supuesto narco de 40 años, nacido en Gaula, Guatemala.

Estilo Sinaloa

La información de inteligencia apunta a que Orellana Morales operaba en Honduras “al estilo Sinaloa”, por la forma sangrienta con la que exterminaba a sus enemigos.

Durante 2014 se han realizado varios ajustes de cuentas en los que han sido asesinadas al menos 13 personas por órdenes del guatemalteco, se indica en el informe.

Para el caso, el supuesto capo habría dado la orden para que se diera muerte a su exsocio guatemalteco Jorge Antonio Barillas, quien en Honduras se hacía llamar José Antonio Molina, porque se habría quedado con el dinero del pago de una droga.

De igual manera se supone que mandó a liquidar a los mexicanos Juan José López y Adolfo León López en San Pedro Sula porque, al parecer, se apoderaron de dinero que le pertenecía a Orellana.

Los infortunados llegaron a Honduras procedentes del cartel de Sinaloa utilizando documentos hondureños con los nombres de Juan Carlos Rivera Guerra y su hijo Luis Adolfo Rivera Fuentes.

Otra muerte relacionada con ajuste de cuentas ordenada por el guatemalteco es la de su asociado hondureño Dennys Bonilla Guzmán, asesinado en las inmediaciones de PriceSmart de San Pedro Sula, y en cuya residencia se encontró droga y 680 mil dólares, entre otras cosas que lo ligaban al crimen organizado.

A Jairo Estuardo Orellana Morales se le conoce como el “Rey del Tumbe” porque se dedicaba a tumbar (robar) droga a organizaciones enemigas o a grupos que pretendían venderle.

Su estrategia era casi siempre la misma, dice el informe, porque una vez acordada la compra de un cargamento a organizaciones hondureñas o incluso guatemaltecas, al momento de hacer la entrega les quitaba la cocaína y luego mataba a los repartidores.

El lugar donde se pactaba que se iba a hacer la transacción y realizaba la muerte de los vendedores de droga siempre tenía que ser una zona que estuviera bajo su control.

Ascenso criminal

El supuesto capo era el guardaespaldas de Waldemar Lorenzana, alias “El Patriarca” (extraditado a Estados Unidos), quien en 2008 le ordena matar a Juancho León, un poderoso narcotraficante guatemalteco con el que mantenían una ardua competencia.

Según el informe, “El Pelón” entendió que se le presentaba una buena oportunidad y se propuso ocupar el vacío dejado por León.

Posteriormente, Orellana se une con otro narco en ascenso, Mario Ponce, y juntos comenzaron a formar una alianza con Los Zetas para controlar el tráfico de droga de Centroamérica a México.

Años después, Ponce fue capturado en Honduras, lo que le dejó el camino libre a Orellana.

Cirugías de telenovela

Como hacen otros capos, Orellana se ha practicado varias cirugías de rostro “de telenovela” para no ser identificado, dice el informe.

El 13 de noviembre de 2012 escapó de un atentado armado en su contra en una clínica donde se disponía practicarse una nueva cirugía de rostro. Producto de este atentado murieron 7 personas. No se especifica en el documento dónde sucedió el ataque.

Fuente: http://www.elheraldo.hn/sucesos/723909-219/polic%C3%ADa-ayud%C3%B3-a-capo-chap%C3%ADn-a-extender-su-red-en-honduras

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Avanzan modalidades del crimen organizado en Honduras y Guatemala

21:52
28
Junio
2014
Tegucigalpa – Honduras y Guatemala, dos de los tres países que conforman el triángulo norte de América Central, enfrentan actualmente una fuerte batalla contra la criminalidad organizada que se ramifica con fuerza en todas sus modalidades en la subregión, advirtieron expertos en un foro público promovido desde la sociedad civil en Honduras.

El delito se perfecciona en el norte del istmo y cada vez sus estrategias dejan a la autoridad con un rezago que muchas veces hasta se vuelve voluntariamente o no en cómplice del crimen.

En esa instancia, que reunió a diversos sectores sociales, humanitarios, policiales y de juventud, un grupo de panelistas abordó el tema del crimen organizado y la impunidad en Honduras, en donde se abordó este fenómeno desde una perspectiva histórica, su recorrido en los últimas cuatro décadas, las respuestas del Estado y las posibles alternativas para evitar que su avance se profundice y deteriore aún más la institucionalidad hondureña.

También se contó con la presencia de un experto de la organización internacional Impunity Watch, quien contó la experiencia en Guatemala y los tentáculos del crimen organizado, en especial el narcotráfico, en ese país centroamericano, que junto a Honduras y El Salvador comparten las cifras de violencia e inseguridad más altas de América Latina en materia de muertes violentas.

Promovido por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), el evento sirvió para abrir el tema a la ciudadanía y las organizaciones de sociedad civil y de la academia, indiferentes hasta ahora del impacto de este fenómeno en el país, su institucionalidad y en la gente.

Wilfredo Méndez, director del Ciprodeh, dijo que el país vive un avance de la criminalidad organizada más allá de lo que se registra públicamente, haciendo preciso la búsqueda de sinergias entre la sociedad y la autoridad para comenzar a desmontar estas estructuras del crimen organizado.

A su vez, el subcomisionado de la Policía Nacional, Orlin Cerrato, es del criterio que sólo este tipo de articulaciones “nos ayudará a ser más efectivos en este tipo de luchas, es preciso construir conocimiento en estos temas cotidianos para saber cómo abordarlos más significativamente”, dijo.

Una historia ligada a la conquista

Para el historiador Jorge Amaya, al abordar el tema de las élites, la corrupción y el crimen organizado, la historia de Honduras desde épocas de la colonia está ligada a este fenómeno, en donde los conquistadores españoles se peleaban entre sí por el poder.

Honduras, dijo Amaya, se ha caracterizado a lo largo de su historia por las rivalidades entre grupos, las vinculaciones de las redes de corrupción con las élites políticas, la violencia militar, la resistencia indígena y el reparto del botín de guerra, entre otros.

Todos estos factores, dijo, afectaron el proceso de gobernabilidad y fue el de las rivalidades entre los propios conquistadores españoles, el que prolongó el proceso de Conquista territorial de Honduras por espacio de unos 80 años, entre 1523 y 1580.

Amaya hizo todo un rastreo histórico que permite comprender los conflictos históricos de Honduras y sus debilidades institucionales, mismas que son un caldo de cultivo para que florezcan las modalidades con que opera el crimen organizado actualmente.

En el evento se dijo que la historia del crimen organizado, en especial el narcotráfico en Honduras, data desde los años setenta y mediados de los ochenta, pero fue a partir del 2006, con la lucha antidrogas en Colombia y México, como nuevamente el tráfico de drogas ha copado la agenda pública nacional, regional e internacional, ante el desplazamiento de los carteles mexicanos y colombianos de la droga a Centroamérica, en especial los países del triángulo norte.

El uso de los mercados ilícitos

Una breve radiografía del narcotráfico en Honduras fue compartida en el espacio de reflexión al presentarse la ruta que tiene actualmente la droga desde el atlántico, el occidente, el centro, el nororiente y ahora una posible expansión al sur del país, luego que las autoridades destruyeran una supuesta narco pista en el departamento de Choluteca.

Cómo se mueven estas redes y lo que dicen los informes de las Naciones Unidas en sus investigaciones al respecto, fueron parte del debate, en donde también se abordó el tema del lavado de activos y su impacto en la economía.

Mauricio Díaz, del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, es del criterio que el crimen organizado en sus modalidades de tráfico de drogas, trata de personas, robo de vehículos, secuestros, extorsiones, tráfico de armas y de migrantes, entre otros, se encuentra instalado en la región centroamericana, en donde Honduras no es la excepción.

Así dijo que los mercados ilícitos son muy usados por las redes criminales y “poco o nada se conoce sobre este mercado, por ser un tema en donde uno expone su vida muy fácilmente”.

Díaz dio cifras globales del blanqueo de dinero a nivel mundial, pero alertó que en el caso hondureño esta economía ilícita tiene cada vez una fuerte presencia que se manifiesta en el rubro de la construcción, la agricultura, la ganadería, entre otros.

Del verde al marrón

Para el sociólogo, Eugenio Sosa, la infiltración del crimen organizado en sus diversas modalidades, hace que el país tenga altos déficits de seguridad, porque hoy en día no puede asegurarse, en términos gráficos, que Honduras sea una nación “con zonas verdes libres de la droga, por citar algo”.

“Si uno colorea el país, uno puede decir que no hay muchas zonas verdes libres del narco, el color que más avanza es el marrón, y uno percibe que la delincuencia transnacional en algún momento se imbrica con la legalidad, y ese el desafío de una sociedad y del Estado para saber en qué momento ello se produce, cómo detectarlo y cómo abortarlo”, agregó.

Para el abogado Raúl Pineda Alvarado, quien junto a Eugenio Sosa, abordaron la parte de las respuestas institucionales del Estado frente a la criminalidad organizada transnacional, esta lucha se vuelve complicada para países como Guatemala, El Salvador y Honduras, porque aunque comparten la peor parte de la inseguridad regional, sus realidades son diversas y así deben ser las estrategias de combate: diversas pero complementarias.

“La lucha contra el tráfico de drogas es compleja, cara y equivocada. En la actividad de la interdicción al tráfico, Estados Unidos gasta 40 mil millones de dólares por año, México 10 mil millones por año y Centroamérica ha pedido 6 mil millones para efectuar una adecuada labor de interdicción”, dijo.

Pero, a su juicio, la estrategia está equivocada porque se orienta fundamentalmente a dificultar y reducir la oferta, pero se trabaja muy poco en la causa del problema que es la demanda.

Las manifestaciones en Guatemala

En este sentido, Pineda Alvarado dijo que si bien Honduras ha aprobado 23 leyes para el combate de la narcoactividad y el crimen organizado, algunas de estas, a su juicio, vulneran el estado de inocencia, la privacidad y otras garantías constitucionales.

En el caso de Guatemala, Michel Andrade, de Impunity Wacth, dijo que a diferencia de otros países centroamericanos, Guatemala ha tenido un acompañamiento permanente de las Naciones Unidas, pero aquí las modalidades del narcotráfico, el tráfico de personas, el secuestro, la extorsión, el lavado de dinero y el contrabando de armas son más fuertes.

De esta forma, agregó, tras citar un informe de las Naciones Unidas, que el crimen organizado amenaza la paz y la seguridad, viola los derechos humanos y mina el ejercicio de los derechos sociales económicos y culturales, así como el desarrollo político y cívico de las sociedades alrededor del mundo.

Se afirma que las organizaciones criminales en Guatemala son las más sofisticadas y peligrosas, en donde resalta una participación de agentes estatales en estos grupos ilegales. Muchos de estos agentes estatales fueron parte de los cuerpos de seguridad del Estado durante el conflicto interno con la guerrilla que ahora han pasado al servicio del narco, se explicó.

Guatemala, se afirmó, en uno de los países en donde el narcotráfico ha trabajado mejor sus redes de infiltración en el sector justicia, ha sabido usar la porosidad de sus puertos marítimos y terrestres para traficar la droga y ha logrado minar la credibilidad en las instituciones para deslegitimar el Estado de Derecho. Todo ello obliga, a repensar estrategias más dinámicas de cohesión entre los países del triángulo norte para salir del embudo en que los mantiene la lucha antidroga que se libra en México y en Colombia, se advirtió.

Fuente: http://www.proceso.hn/2014/06/28/Nacionales/Avanzan.modalidades.del/88543.html

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